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JUDICIALES

Que abogados tengan fe

26 de mayo de 2025

Un proyecto de ley impulsado por la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Marcela Pagano busca establecer el libre ejercicio notarial de los abogados. De esta manera, el objetivo es que cualquier letrado matriculado pueda ejercer como escribano público sin necesidad de realizar una carrera específica, rendir exámenes corporativos o someterse a cupos impuestos por colegios notariales ni exámenes adicionales.

«Toda persona con título de abogado expedido por universidad argentina reconocida o debidamente revalidado conforme a la normativa vigente, queda habilitada para ejercer la función de escribano público, sin necesidad de cursar carreras adicionales, rendir exámenes corporativos o someterse a cupos cerrados impuestos por colegios notariales u organismos intermedios», establece el artículo 1º del proyecto que fue girado a la comisión de Justicia y apunta a desregular el actual sistema notarial.

Asimismo, el artículo 2º establece que los abogados matriculados podrán ejercer funciones de fe pública, autorizando instrumentos públicos «conforme a la legislación vigente, debiendo cumplir los mismos estándares técnicos, registrales y de responsabilidad profesional que rigen para los escribanos públicos»

«Quedan sin efecto todas las disposiciones normativas, reglamentarias o estatutarias que restringen el ejercicio notarial exclusivamente a quienes posean título de escribano o pertenezcan a un colegio notarial en carácter cerrado. El título de abogado será título habilitante suficiente», versa el artículo 3º.

En la fundamentación presentada por la diputada libertaria se sostiene que el objetivo es «garantizar el libre ejercicio profesional de los abogados de la República Argentina, reconociendo su plena capacidad legal para ejercer funciones de fe pública, hoy indebidamente restringidas por estructuras corporativas y normativas heredadas de modelos cerrados».

«En gran parte del país, la función notarial está reservada a cupos limitados bajo control exclusivo de colegios notariales, que imponen condiciones restrictivas, exámenes internos o cargos vitalicios, que impiden el acceso de miles de abogados al ejercicio público de sus funciones profesionales», afirma el proyecto.

«Esta situación no solo restringe derechos laborales y profesionales, sino que encarece y limita el acceso de la población a servicios notariales, concentrados en pocas manos y distribuidos de forma desigual en el territorio nacional. En sistemas jurídicos modernos y democráticos —como Estados Unidos, Canadá o Reino Unido—, los abogados ejercen funciones notariales sin necesidad de pertenecer a una estructura corporativa separada, garantizando el acceso ciudadano a servicios jurídicos simples, descentralizados y fiscalizados».

«Este proyecto propone una solución concreta y sencilla: reconocer que el título de abogado habilita a ejercer como escribano público, con las mismas obligaciones legales, fiscales y técnicas que ya establece la normativa notarial vigente. Se trata de desbloquear el acceso a una función pública, ampliar la competencia profesional, fomentar el federalismo profesional y eliminar privilegios gremiales que distorsionan el mercado de servicios legales y públicos», concluye.

JUDICIALES

SIN BALCÓN

El fiscal general de la Cámara Federal de Casación Mario Villar retiró el pedido para que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla en una cárcel común la condena de seis años de prisión en el caso Vialidad. Lo hizo a través de un escrito que presentó en el tribunal antes de una audiencia oral en el que las partes expusieron sus argumentos para debatir esta y otras condiciones de detención, como la tobillera electrónica.

A diferencia de lo que habían pedido sus colegas Diego Luciani y Sergio Mola, Villar sostuvo que la expresidenta puede permanecer con la morigeración de la pena, pero requirió cambio de domicilio. Con esta nueva postura, la Cámara de Casación ya no tendrá la posibilidad de analizar la detención en una cárcel y así Cristina de Kirchner se asegura su continuidad en prisión domiciliaria.

En su apelación, Luciani y Mola habían insistido con el pedido de traslado de la exmandataria a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal para cumplir la pena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Uno de sus argumentos centrales es que no estaban dadas las condiciones humanitarias para otorgar la morigeración de la pena a la ex presidenta.

Sin embargo, ante la Sala IV de la Casación Federal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, Villar no pidió que Cristina cumpla la condena del caso Vialidad en una cárcel común. Y explicó que “por no haberse quebrantado las condiciones del beneficio, no parece pertinente retrotraer la situación de la ejecución de la pena a una más gravosa que la actual”.

Y si bien no presentó oposición a que la pena se siga ejecutando en la modalidad de prisión domiciliaria “siempre que la condenada se mantenga a derecho”, el fiscal general propuso un cambio de domicilio; es decir que siga sus días de detención fuera del departamento de San José 1111.

En ese sentido, hizo referencia a los movimientos de militantes y seguidores fuera de la vivienda que alteran la tranquilidad de los vecinos del barrio. Además, hizo hincapié en que las salidas al balcón representan un riesgo para la seguridad de CFK y por eso sería una solución correcta trasladar el domicilio de cumplimiento de la condena.

Ante tales circunstancias, Villar entiende que es necesario un cambio de domicilio para que Cristina continúe gozando del beneficio del arresto domiciliario. Si los jueces coincidieran con él, será el abogado Carlos Beraldi quien deberá proponer nuevos inmuebles al juez Jorge Gorini que ejecuta la pena.

Finalmente, Villar planteó que la expresidenta debe seguir portando la tobillera electrónica en oposición a los pedidos de la defensa, al menos hasta que surjan informes que la dispensen. Fuente

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JUDICIALES

Rechazan pedido K para visitar a Cristina Kirchner sin permiso

El Tribunal Oral que ejecuta la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner por corrupción, afirmó que es “impertinente” el escrito de los senadores y diputados de Unión por la Patria en el que le informan a la Justicia que irán a visitar a la expresidenta a su departamento sin autorización judicial.

Señaló que los legisladores -que le enviaron una nota al tribunal advirtiéndole que iban a acudir a San José 1111 sin aviso y sin permiso- deben tramitar la autorización a través de los abogados defensores de la expresidenta Alberto Beraldi y Ary Llernovoy.

El Tribunal recordó en su resolución que ya había establecido reglas de conducta y advirtió que las personas que no están incluidas en la lista de visitantes autorizados deben pedir permiso en cada caso. Además, tienen que justificar el motivo de la reunión con Cristina Kirchner.

Así, los jueces respondieron al desafío que lanzaron ayer legisladores de Unión por la Patria cuando dijeron que sus fueros y su representación popular les dan atributos especiales para visitar a la expresidenta sin permiso.

El abogado Beraldi le planteó al tribunal que le explique cuál es el “criterio normativo” para autorizar o no la visita de los legisladores en caso de que las realicen. Y señaló que como “gozan de fueros e inmunidades parlamentarias”, los legisladores “no pueden ser limitados o restringidos por resoluciones judiciales”.

La defensa preguntó si debían hacer pedidos individuales por cada una de las visitas que se soliciten y planteó que se habilite un canal de asuntos de urgente tratamiento que no requieran demoras.

Los jueces dijeron que el pedido de Beraldi, más allá de como lo llame, es una “aclaratoria” y, por lo tanto, es “improcedente” pues están vencidos los plazos para presentarla.

“Se advierte que los solicitantes pretenden que se establezca y adelante un criterio judicial sobre circunstancias futuras, extremo que resulta manifiestamente impertinente al exigir, en alguna medida, que el tribunal se expida en abstracto sobre cuestiones cuyos pormenores de momento desconoce”, señalaron los magistrados.

No sin cierta ironía, dijeron: “Por más repetitivo que parezca, ya en la resolución del 17 de junio pasado se estableció como pauta de conducta que la parte debía informar una nómina de personas que podrían acceder al domicilio donde Fernández de Kirchner donde cumple su pena de prisión”.

Estas personas no requieren permiso pero debe “requerirse y motivarse” el acceso de cualquier otra persona que no esté en esa lista.

“A la luz de esa disposición, de hacerse lugar a esta última petición de la parte, se acabaría neutralizando la esencia de la regla impuesta que, precisamente, prevé el estudio de cada caso en particular que se encuentre por fuera del listado de personas autorizadas sin restricción alguna (según criterio de la interesada)“, señalaron.

Indicaron además que cuando los abogados presenten una solicitud de permiso “en la forma de estilo y habitual, serán atendidas con la diligencia que cada caso amerite”.

Por eso, los escritos de los diputados y senadores de Unión por la Patria se los mandaron a Beraldi y a Llernovoy, para que en todo caso, ellos hagan la solicitud de visita de cada legislador.

Mientras tanto, la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, fijó una audiencia para el 7 de julio próximo para definir si mantiene el actual régimen de visitas o si lo amplía, como solicitó la expresidenta.

Los únicos habilitados a ingresar sin permiso son hoy los integrantes de la familia de la expresidenta, sus abogados y los médicos. (DIB)

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JUDICIALES

Volvió a salir al balcón

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a utilizar el balcón del departamento donde se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria para saludar a la militancia. Es que horas antes la Justicia le había permitido salir al mismo en su casa de San José al 1111, en el barrio de Constitución. Sin embargo, los jueces le pidieron que actúe con “prudencia y sentido común” para evitar que se altere la tranquilidad del barrio.

Después de que durante la tarde le fuera colocada también la tobillera electrónica, la exmandataria reiteró su saludo a las personas presentes en las inmediaciones del edificio. Fernández había pedido que se aclare si dentro de las reglas de conducta que debe cumplir se le permitía salir al balcón.

Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu dijeron: “Debemos recordar (aunque resulte ocioso) que el tribunal no ha vedado a la señora Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en principio, el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita”.

“Se espera de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario y sus habitantes (única y exclusiva situación que se pretende proteger con la regla de conducta en cuestión)”, señaló el tribunal.

Así, durante la tarde el TOF 2 autorizó el uso del balcón y ordenó además la colocación de la tobillera electrónica. Los jueces incorporaron a la resolución del balcón la nota remitida por la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Seguridad Nacional, como así también los informes técnicos acompañados y, en virtud de ellos, dispusieron la colocación del dispositivo electrónico que habían ordenado.

Más temprano, el personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se había presentado en el departamento de la expresidenta para revisar las condiciones de la prisión domiciliaria y poder definir si era viable o no colocarle la tobillera electrónica.

La dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente del SPF y bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, inició de esa manera los informes técnicos de viabilidad. Se trató de un procedimiento habitual que se lleva a cabo ante requerimientos judiciales para casos en que se solicite la colocación de un dispositivo de señal inalámbrica para el control de presos.

La tobillera se conecta a una “unidad domiciliaria”, similar a un teléfono celular, que se instala dentro del departamento de la persona condenada y funciona como un localizador o GPS. Se encarga de enviar una señal constante al dispositivo que permite mantenerlo enlazado. Cuenta con un margen de cinco metros de distancia del domicilio. Pasado ese rango, se activa una alarma en la dependencia federal. (DIB)

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