JUDICIALES
Habla la ‘Jueza de D10S’
27 de mayo de 2025
El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro define por estas horas si anula el juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona, a raíz del escandaloso documental protagonizado por la jueza Julieta Makintach.
La audiencia comenzó a las 10:30, donde los siete acusados por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Maradona comparecieron para definir su futuro procesal.
Los implicados en este caso son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y su jefe, Mariano Perroni.
Si prosperara la anulación del juicio, se prevé que el debate oral y público se reanude en 2026, según lo destacado por Rodolfo Baqué, defensor de la auxiliar de enfermería, Dahiana Gisela Madrid.
La jueza Makintach se vio inmersa en una controversia tras la divulgación de videos, editados y grabados en crudo, donde ella participó en un proyecto audiovisual realizado por la productora Pegsa y la cadena británica BBC. Esto motivó la necesidad de tratar su recusación.
Asimismo, había asumido la presidencia del tribunal, en lugar del magistrado Maximiliano Savarino, pero fue removida tras una solicitud del defensor de Leopoldo Luque, Julio Rivas.
La audiencia arrancó con Makintach, quien pidió la palabra: “No hay irregularidad, no hay delito, pero si puede haber es una gran operación mediática”
Según publicó Infobae, la jueza señaló : “No veo hechos precisos, claros, potencialmente ilícitos penalmente relevante del cual yo pueda darle alguna explicación”. “No hay sospecha ninguna de falta de neutralidad”, agregó.
“Yo no quiero ser una causa mal utilizada y tergiversada de este debate. Yo no me voy a apartar», enfatizó.
El video que complica la situación de la jueza en el Tribunal.
JUDICIALES
SANTO EMBARGO
San Lorenzo informó que en los últimos días debió enfrentar tres embargos distintos por "deudas heredadas" por directivos anteriores que acumulan un saldo que supera los USD 650.000.
La dirigencia del "Ciclón", liderada por Marcelo Culotta, continúa con una situación más que delicada; además de la "crisis" futbolística, afronta una nueva circunstancia hace tiempo con respecto al saneamiento contable tras haber asumido con un pasivo de más de 60 millones de dólares.
Por esto se le suma la retención por deudas con el exjugador Gonzalo Maroni, Alan Ignacio Poch (representante de los hermanos Pittón) y, por último, a Independiente de Villa del Rosario (club de formación de Nicolás Reniero).
En el caso de Maroni, llegó al club en 2022 bajo la gestión de Horacio Arreceygor, quien asumió ante la renuncia de Marcelo Tinelli como presidente; se trabó un embargo que asciende a los 261.250 dólares, sumados a los 83.000 en conceptos de honorarios profesionales por el juicio y su posterior ejecución.
A su vez, la dirigencia aclaró que los abogados que se encuentran trabajando actualmente no cobrarán remuneraciones por representar al club, como se hacía en gestiones pasadas.
Por el lado del representante de Bruno y Mauro Pittón, que arribaron en 2019 con Matías Lammens de presidente y Tinelli de vice, la retención de bienes se hizo sobre los ingresos a través de la empresa que, desde 2024, administra y procesa los cobros de cuotas sociales, aranceles, bonos y venta de entradas. El capital equivale a la suma de USD 175.000, más USD 52.500 en concepto de intereses y costas.
En la gestión de la directiva anteriormente mencionada de Lammens y Tinelli se gestó la venta de Nicolás Reniero en 2019, que fue transferido a Racing de Avellaneda, de la cual se adeudó el porcentaje sobre los derechos de formación que debió recibir el club Independiente de Villa del Rosario, el cual ejecutó el embargo sobre los ingresos de San Lorenzo por 68.678.400 pesos (70%), además de $105.000.000 de intereses y costas (sumas equivalentes en total a USD 113.145).
Para finalizar el comunicado, San Lorenzo remarcó que continúa con el trabajo para la regularización y readecuación de deudas heredadas, en busca de establecer esquemas de pago que permitan ordenar las obligaciones pendientes y reducir las contingencias económicas y judiciales para el club.
JUDICIALES
Nuevos Mediadores prejudiciales
Días atrás se registraron las firmas y sellos de los catorce nuevos mediadores-promoción 2026- del Departamento Judicial Mar del Plata, en el marco de una emotiva ceremonia celebrada en la sede del Colegio de Abogados, que transita sus primeros 70 años de vida institucional.
'Fue una hermosa reunión con la presencia de miembros del Centro de Mediación y de Consejeros titulares, miembros de Consejo Directivo representando a la autoridad colegial. Finalizado el encuentro, con las correspondientes toma de fotografías para el recuerdo, los presentes degustaron café con medialunas', informó en sus redes sociales el reconocido letrado Jorge Alberto Stinson, administrador experto del grupo de Mediadores Prejudiciales de Mar dell Plata y zona.
JUDICIALES
Causa Vialidad: embargan departamento de Cristina Kirchner donde cumple condena
La Justicia oficializó el embargo del departamento de la expresidenta Cristina Kirchner ubicado en la calle San José 1.111, donde actualmente cumple su condena por la causa Vialidad.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 notificó este jueves al Registro de la Propiedad Inmueble la medida que recae sobre el inmueble en el que reside la exmandataria, que fue embargado preventivamente tras un nuevo pedido del fiscal Diego Luciani.
En el fallo emitido el pasado 12 de agosto, el tribunal conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso dispuso avanzar sobre los bienes inscriptos a nombre de Los Sauces SA y Hotesur SA, cuyas acciones están en manos de Máximo y Florencia Kirchner.
Se incluyeron además inmuebles en el Complejo Madero Center, en la Ciudad de Buenos Aires; como también el Hotel La Aldea Del Chaltén y otros ubicados en El Calafate y Río Gallegos, en Santa Cruz.
La Justicia había condenado a Cristina Kirchner a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por la adjudicación irregular de 51 licitaciones al Grupo Austral de Lázaro Báez entre 2003 y 2015, por obras en la provincia de Santa Cruz. (NA)
