JUDICIALES
La escribana de Adorni negó que dos jubiladas le hayan prestado plata
8 de abril de 2026
La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró ante el fiscal federal, Gerardo Pollicita, y negó que dos jubiladas le hayan prestado la plata al jefe de Gabinete para las operaciones inmobiliarias.
Nevechenko fue la primera testigo de la causa que se presentó en Comodoro Py, estuvo dos horas declarando y certificó la compra del departamento de Caballito de Manuel Adorni.
“Trabajo para Adorni hace muchos años”, dijo la escribana sobre el vínculo que mantiene con el exvocero presidencial.
Nevechenko dijo que “no hubo irregularidades en las operaciones” que llevó adelante el jefe de Gabinete y aseguró las dos mujeres involucradas en la causa “no prestaron dinero para el inmueble de Caballito».
La jueza habría intervenido además en la escritura de una propiedad registrada a nombre de la esposa del funcionario, Julieta Bettina Angeletti, en Exaltación de la Cruz.
La presentación fue por la investigación judicial que analiza la compra del inmueble ubicado en el barrio porteño de Caballito. La operación, realizada el 18 de noviembre de 2025, fue declarada por un valor de 230 mil dólares y quedó bajo análisis por la estructura financiera utilizada para concretarla.
Según los registros inmobiliarios la propiedad tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas y a Claudia Sbabo. Ambas no solo figuraron como vendedoras del departamento sino también como acreedoras de un crédito hipotecario por 200 mil dólares que permitió completar la operación. Cada una aportó el 50% del préstamo, que quedó asentado en partes iguales a su nombre.
La intervención de la escribana fue clave en esa transacción y también en otra operación inmobiliaria vinculada al funcionario. La profesional habría participado además en la escritura de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, comprada en noviembre de 2025 y que figura a nombre de la esposa del jefe de Gabinete.
Pollicita pidió una serie de medidas de prueba con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la información declarada ante organismos oficiales. Entre los pedidos se incluyeron oficios a registros de la propiedad, de vehículos y requerimientos vinculados con movimientos financieros.
La fiscalía consideró que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario. La investigación tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, quien delegó el impulso de la causa en el fiscal. Pollicita también le pidió a la escribana la documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias en las que intervino.
La caussa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional, Marcela Pagano, que advirtió sobre presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario. Según su planteo el patrimonio de Adorni habría registrado un aumento del 500% en un período fiscal y habría omisiones en la información presentada.
Entre los puntos señalados en la denuncia se mencionaron activos financieros y depósitos en el exterior por más de 16 millones de pesos, así como la incorporación de US$24.500 en efectivo que, según se indicó, habrían tenido origen en préstamos familiares.
Otro de los aspectos que quedó bajo revisión es la declaración patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción. Adorni informó en ese documento la titularidad de la mitad de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y una propiedad en La Plata, sin consignar bienes ubicados en countries.
Además surgieron dudas en torno a un lote en el country Indio Cuá, donde las expensas figuran a nombre de Angeletti, lo que motivó consultas de los investigadores sobre la relación entre los bienes declarados y los movimientos patrimoniales recientes. (TN)
JUDICIALES
SANTO EMBARGO
San Lorenzo informó que en los últimos días debió enfrentar tres embargos distintos por "deudas heredadas" por directivos anteriores que acumulan un saldo que supera los USD 650.000.
La dirigencia del "Ciclón", liderada por Marcelo Culotta, continúa con una situación más que delicada; además de la "crisis" futbolística, afronta una nueva circunstancia hace tiempo con respecto al saneamiento contable tras haber asumido con un pasivo de más de 60 millones de dólares.
Por esto se le suma la retención por deudas con el exjugador Gonzalo Maroni, Alan Ignacio Poch (representante de los hermanos Pittón) y, por último, a Independiente de Villa del Rosario (club de formación de Nicolás Reniero).
En el caso de Maroni, llegó al club en 2022 bajo la gestión de Horacio Arreceygor, quien asumió ante la renuncia de Marcelo Tinelli como presidente; se trabó un embargo que asciende a los 261.250 dólares, sumados a los 83.000 en conceptos de honorarios profesionales por el juicio y su posterior ejecución.
A su vez, la dirigencia aclaró que los abogados que se encuentran trabajando actualmente no cobrarán remuneraciones por representar al club, como se hacía en gestiones pasadas.
Por el lado del representante de Bruno y Mauro Pittón, que arribaron en 2019 con Matías Lammens de presidente y Tinelli de vice, la retención de bienes se hizo sobre los ingresos a través de la empresa que, desde 2024, administra y procesa los cobros de cuotas sociales, aranceles, bonos y venta de entradas. El capital equivale a la suma de USD 175.000, más USD 52.500 en concepto de intereses y costas.
En la gestión de la directiva anteriormente mencionada de Lammens y Tinelli se gestó la venta de Nicolás Reniero en 2019, que fue transferido a Racing de Avellaneda, de la cual se adeudó el porcentaje sobre los derechos de formación que debió recibir el club Independiente de Villa del Rosario, el cual ejecutó el embargo sobre los ingresos de San Lorenzo por 68.678.400 pesos (70%), además de $105.000.000 de intereses y costas (sumas equivalentes en total a USD 113.145).
Para finalizar el comunicado, San Lorenzo remarcó que continúa con el trabajo para la regularización y readecuación de deudas heredadas, en busca de establecer esquemas de pago que permitan ordenar las obligaciones pendientes y reducir las contingencias económicas y judiciales para el club.
JUDICIALES
Nuevos Mediadores prejudiciales
Días atrás se registraron las firmas y sellos de los catorce nuevos mediadores-promoción 2026- del Departamento Judicial Mar del Plata, en el marco de una emotiva ceremonia celebrada en la sede del Colegio de Abogados, que transita sus primeros 70 años de vida institucional.
'Fue una hermosa reunión con la presencia de miembros del Centro de Mediación y de Consejeros titulares, miembros de Consejo Directivo representando a la autoridad colegial. Finalizado el encuentro, con las correspondientes toma de fotografías para el recuerdo, los presentes degustaron café con medialunas', informó en sus redes sociales el reconocido letrado Jorge Alberto Stinson, administrador experto del grupo de Mediadores Prejudiciales de Mar dell Plata y zona.
JUDICIALES
Causa Vialidad: embargan departamento de Cristina Kirchner donde cumple condena
La Justicia oficializó el embargo del departamento de la expresidenta Cristina Kirchner ubicado en la calle San José 1.111, donde actualmente cumple su condena por la causa Vialidad.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 notificó este jueves al Registro de la Propiedad Inmueble la medida que recae sobre el inmueble en el que reside la exmandataria, que fue embargado preventivamente tras un nuevo pedido del fiscal Diego Luciani.
En el fallo emitido el pasado 12 de agosto, el tribunal conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso dispuso avanzar sobre los bienes inscriptos a nombre de Los Sauces SA y Hotesur SA, cuyas acciones están en manos de Máximo y Florencia Kirchner.
Se incluyeron además inmuebles en el Complejo Madero Center, en la Ciudad de Buenos Aires; como también el Hotel La Aldea Del Chaltén y otros ubicados en El Calafate y Río Gallegos, en Santa Cruz.
La Justicia había condenado a Cristina Kirchner a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por la adjudicación irregular de 51 licitaciones al Grupo Austral de Lázaro Báez entre 2003 y 2015, por obras en la provincia de Santa Cruz. (NA)
