JUDICIALES
Escándalo en el juicio por la muerte de Maradona
21 de mayo de 2025
Los jueces del TOC Nº3 de San Isidro resolvieron suspender por siete días el juicio por la muerte de Maradona tras el escándalo que envuelve a la jueza Julieta Makintach, quien está siendo investigada por presuntamente autorizar la realización de un documental sin el consentimiento de las partes.
El debate se reanudará el próximo martes 27 de mayo a las 10:30. El juez Maximiliano Savarino, quien preside y dirige el juicio, comunicó la decisión por unánime tras un breve cuarto intermedio en el que deliberaron el pedido que había realizado la Fiscalía.
Asimismo, el magistrado informó a todas las partes que para ese día será necesario que asistan nuevamente los siete imputados en la causa, tal como en las primeras audiencias. “Entendemos que es un plazo razonable que garantiza que el tribunal pueda resolver la cuestión”, alegó el juez Savarino al pronunciarse al respecto.
Antes de que se diera por finalizada la jornada de este martes, la jueza Makintach pidió la palabra e hizo un breve descargo en el que adelantó que, para que el proceso judicial no corra peligro, quizás ella misma tome la decisión de apartarse del debate.
“Entiendo la zozobra de todos. Estoy convencida de mi parcialidad (sic). Voy a dar las explicaciones del caso. Para denunciar a un juez hay que tener motivos fundados”, dijo Julieta Makintach. Luego agregó: “Ojalá alcance a dar las razones del caso. En caso de que haya algo que esté en peligro, quizás sea yo la que me aparte. Necesitan las pruebas y las razones para fundar”.
La medida adoptada por los jueces responde al pedido que había efectuado al comienzo de la jornada el fiscal Patricio Ferrari, quien junto a su colega Cosme Iribarren habían solicitado que el debate oral se pause por diez días, que es el plazo máximo que se puede suspender un juicio según el Código Procesal de PBA.
JUDICIALES
SANTO EMBARGO
San Lorenzo informó que en los últimos días debió enfrentar tres embargos distintos por "deudas heredadas" por directivos anteriores que acumulan un saldo que supera los USD 650.000.
La dirigencia del "Ciclón", liderada por Marcelo Culotta, continúa con una situación más que delicada; además de la "crisis" futbolística, afronta una nueva circunstancia hace tiempo con respecto al saneamiento contable tras haber asumido con un pasivo de más de 60 millones de dólares.
Por esto se le suma la retención por deudas con el exjugador Gonzalo Maroni, Alan Ignacio Poch (representante de los hermanos Pittón) y, por último, a Independiente de Villa del Rosario (club de formación de Nicolás Reniero).
En el caso de Maroni, llegó al club en 2022 bajo la gestión de Horacio Arreceygor, quien asumió ante la renuncia de Marcelo Tinelli como presidente; se trabó un embargo que asciende a los 261.250 dólares, sumados a los 83.000 en conceptos de honorarios profesionales por el juicio y su posterior ejecución.
A su vez, la dirigencia aclaró que los abogados que se encuentran trabajando actualmente no cobrarán remuneraciones por representar al club, como se hacía en gestiones pasadas.
Por el lado del representante de Bruno y Mauro Pittón, que arribaron en 2019 con Matías Lammens de presidente y Tinelli de vice, la retención de bienes se hizo sobre los ingresos a través de la empresa que, desde 2024, administra y procesa los cobros de cuotas sociales, aranceles, bonos y venta de entradas. El capital equivale a la suma de USD 175.000, más USD 52.500 en concepto de intereses y costas.
En la gestión de la directiva anteriormente mencionada de Lammens y Tinelli se gestó la venta de Nicolás Reniero en 2019, que fue transferido a Racing de Avellaneda, de la cual se adeudó el porcentaje sobre los derechos de formación que debió recibir el club Independiente de Villa del Rosario, el cual ejecutó el embargo sobre los ingresos de San Lorenzo por 68.678.400 pesos (70%), además de $105.000.000 de intereses y costas (sumas equivalentes en total a USD 113.145).
Para finalizar el comunicado, San Lorenzo remarcó que continúa con el trabajo para la regularización y readecuación de deudas heredadas, en busca de establecer esquemas de pago que permitan ordenar las obligaciones pendientes y reducir las contingencias económicas y judiciales para el club.
JUDICIALES
Nuevos Mediadores prejudiciales
Días atrás se registraron las firmas y sellos de los catorce nuevos mediadores-promoción 2026- del Departamento Judicial Mar del Plata, en el marco de una emotiva ceremonia celebrada en la sede del Colegio de Abogados, que transita sus primeros 70 años de vida institucional.
'Fue una hermosa reunión con la presencia de miembros del Centro de Mediación y de Consejeros titulares, miembros de Consejo Directivo representando a la autoridad colegial. Finalizado el encuentro, con las correspondientes toma de fotografías para el recuerdo, los presentes degustaron café con medialunas', informó en sus redes sociales el reconocido letrado Jorge Alberto Stinson, administrador experto del grupo de Mediadores Prejudiciales de Mar dell Plata y zona.
JUDICIALES
Causa Vialidad: embargan departamento de Cristina Kirchner donde cumple condena
La Justicia oficializó el embargo del departamento de la expresidenta Cristina Kirchner ubicado en la calle San José 1.111, donde actualmente cumple su condena por la causa Vialidad.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 notificó este jueves al Registro de la Propiedad Inmueble la medida que recae sobre el inmueble en el que reside la exmandataria, que fue embargado preventivamente tras un nuevo pedido del fiscal Diego Luciani.
En el fallo emitido el pasado 12 de agosto, el tribunal conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso dispuso avanzar sobre los bienes inscriptos a nombre de Los Sauces SA y Hotesur SA, cuyas acciones están en manos de Máximo y Florencia Kirchner.
Se incluyeron además inmuebles en el Complejo Madero Center, en la Ciudad de Buenos Aires; como también el Hotel La Aldea Del Chaltén y otros ubicados en El Calafate y Río Gallegos, en Santa Cruz.
La Justicia había condenado a Cristina Kirchner a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por la adjudicación irregular de 51 licitaciones al Grupo Austral de Lázaro Báez entre 2003 y 2015, por obras en la provincia de Santa Cruz. (NA)
