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‘Aún con bonos los jubilados de la mínima perderán $14.000 en 2022’

12 de noviembre de 2022

La Fundación Mediterránea presidida por María Pía Astori dio a conocer un informe por el cual reseña que «Aún con bonos los jubilados de la mínima perderán $14.000 en 2022 y para quienes cobran tres haberes mínimos la pérdida será de $217.000 en el año».

El informe en cuestión subraya que “recientemente, ANSES anunció que el próximo aumento por la Ley de Movilidad Jubilatoria será del 15,62% y además se le sumará un bono extra de $10.000 para quienes cobran el haber mínimo y de $7.000 para quieren percibir hasta dos mínimos.”

Así, en 2022 la evolución trimestral de los haberes jubilatorios no equiparar la evolución de precios. En todos los trimestres, los aumentos por movilidad fueron entre 4 y 6 pp por debajo de la inflación acumulada en el período de referencia. Asumiendo que el año acabe con una inflación en torno al 100% en diciembre, la movilidad acumulará un 72,4% de aumento.

De acuerdo al informe, el otorgamiento de bonos ha llevado a una situación en que los jubilados que cobran el mínimo han resguardado en mejor manera su poder adquisitivo frente a los que superan la mínima. Si bien pueden argumentarse razones distributivas, como régimen de previsión social se presenta un problema: quienes han cumplido cabalmente con las obligaciones para obtener una jubilación (años mínimos de aporte) y han aportado en mayor medida a ANSES, ven caer sus haberes reales efectivos frente a quienes cobran la mínima, grupo este último dominado por personas que se jubilaron vía moratorias, en muchos casos sin cumplir los requisitos que la ley original preveía.

Un ejercicio permite dimensionar la pérdida de poder adquisitivo que enfrentan los jubilados y pensionados: Si desde diciembre de 2017 los haberes mínimos se hubieran ajustado por inflación (y no por las fórmulas de movilidad vigentes desde ese año, además de las decisiones discrecionales del año 2020 ), el monto percibido por los jubilados en diciembre de 2022, a valor actual, sería un 35% mayor ($16.632 extras, ya que pasaría de $47.065 a $63.697).

Sí, en cambio se había comenzado a actualizar el haber mínimo por inflación en diciembre de 2019, con la actual gestión de gobierno, donde se suspendió la fórmula anterior, con una transición regida por la discrecionalidad y una nueva movilidad desde 2001, a multas de 2022 un jubilado cobraría $7.408 adicionales, agrega.

La pérdida se eleva para los jubilados que no reciben bonos. Al considerar una prestación que en diciembre será equivalente a 3 haberes mínimos ($150 mil pesos de bolsillo), se estima que, para recuperar lo perdido entre 2018 y 2022, con respecto a la evolución de precios de diciembre 2017, se le debería otorgar cada jubilado una suma de $698 mil pesos a precios constantes de noviembre de 2022 o el equivalente a casi 5 meses de su jubilación. Para recuperar lo perdido sólo en 2022, recibir $217 mil o haber y medio adicional.

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Iglesia cuestiona baja de la edad de imputabilidad y pide más educación

La Conferencia Episcopal Argentina advirtió que centrar el debate solo en la pena simplifica una realidad compleja y reclamó políticas de prevención, acompañamiento y educación para niños y jóvenes.

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación frente a las propuestas que impulsan la baja de la edad de imputabilidad como respuesta a los delitos cometidos por menores y llamó a priorizar políticas de prevención, educación y acompañamiento comunitario.

En un pronunciamiento difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, referente histórico en la educación y el acompañamiento de jóvenes, la Iglesia sostuvo que el debate centrado casi exclusivamente en la sanción penal deja en segundo plano las verdaderas causas del problema y las herramientas necesarias para evitar que los hechos se repitan.

Desde la CEA manifestaron su cercanía con el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos delictivos, aunque advirtieron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad "corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja", que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.

En ese sentido, recordaron un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que, según indicaron, siguen vigentes: el destino de los menores privados de libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social y la eficacia del sistema penitenciario como respuesta.

"La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución", señalaron, al tiempo que reafirmaron la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada "humana, integral y abierta a la esperanza".

El comunicado destaca el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria, sin negar los conflictos pero apostando a la inclusión y al desarrollo pleno de los jóvenes.

La Iglesia rechaza la baja de la edad de imputabilidad y pide cambios profundos en las políticas juveniles.

A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro y eviten respuestas tardías cuando el daño ya está hecho. "La verdadera prevención nace del cuidado compartido", subrayaron, y reclamaron familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.

Finalmente, la Conferencia Episcopal sostuvo que la niñez y la juventud representan "una tierra sagrada donde se siembra el futuro" y pidió especialmente por los jóvenes más vulnerables.

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Los aumentos de febrero

El mes que comienza hoy volverá a ser un desafío para los bolsillos, ya que se esperan aumentos de todo tipo. Las subas incluyen al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros sectores.

Los aumentos de febrero impactarán en los alquileres. Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 34,6%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Los valores que comenzarán a regir para los inquilinos en los casos en que corresponda actualizar el contrato con el propietario:

Contrato anual por ICL (Ley de Alquileres derogada).

  • Alquiler inicial: $ 400.000.
  • Ajuste anual: 34,6%.
  • Nuevo valor: $ 538.400.

Contratos post DNU sobre un alquiler de $ 500.000.

  • Ajuste trimestral (6,08%): $ 530.400.
  • Ajuste cuatrimestral (8,22%): $ 541.100.
  • Ajuste semestral (12,81%): $ 564.050.

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán el 2,80% en febrero. Este aumento también aplicará a los copagos.

La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) logró hace unas semanas la firma de un nuevo aumento salarial para enero, en el marco de las negociaciones paritarias con las tres principales operadoras del país, Claro, Telecom y Movistar.

En ese sentido, las empresas responsables de servicios de cable, Internet y telefonía comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de febrero, aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento que oscilará entre 2,8 y 3,5%, según el servicio y la operadora.

A partir de febrero entra en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas.

Según se informó, se busca que el precio del servicio se pague de manera más pareja a lo largo de todo el año, para suavizar los históricos que se generan en los meses de mayor consumo.

El aumento en los servicios dependerá de los consumos de cada usuario y su situación patrimonial.

A nivel general, la Secretaría de Energía aseguró que con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda, el 35% de los usuarios de luz pagará una factura promedio inferior a $ 22.000; el 66%, menos de $ 44.000: y el 81%, menos de $ 67.000.

En el caso del gas, durante los meses de invierno el 56% de los hogares pagará una factura inferior a $ 14.000; el 75%, menos de $ 56.000; y el 83%, menos de $ 73.000. DIB

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Argentina recibiría deportados de otras nacionalidades desde EEUU

El prestigioso diario The New York Times asegura que hay conversaciones avanzadas entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par argentino , Javier Milei, para que Buenos Aires acepte inmigrantes que Washington no puede expulsar a sus naciones de origen.

De acuerdo a una investigación publicada este viernes por The New York Times, hay "conversaciones avanzadas" por este tema ya que se busca profundizar el alineamiento geopolítico entre ambas naciones.

La intención sería firmar un acuerdo que permita a la administración de Trump deportar inmigrantes de otras nacionalidades hacia la Argentina.

Ese pacto convertiría a la Argentina en un "tercer país" de acogida para expulsados que Washington no logra devolver a sus lugares de origen, ya sea por falta de relaciones diplomáticas o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje.

Sin embargo, horas después Milei pareció desmentir esa información al repostear un mensaje del militante de La Libertad Avanza (LLA) Daniel Parisini, quien se hace llamar el Gordo Dan, en el que negaba las tratativas.

Esta nueva iniciativa se enmarca en la agresiva campaña de deportación masiva movilizada por la administración de Trump, que busca disuadir los cruces ilegales y descomprimir su sistema migratorio derivando a los detenidos hacia naciones aliadas.

Para el gobierno de Milei, aceptar esos traslados representaría un gesto de alto valor para fortalecer su alianza con Estados Unidos, incluso a riesgo de contradecir su propia retórica de endurecimiento fronterizo a nivel local.

El New York Times destaca que esas charlas ocurren mientras la Casa Rosada intensifica sus propios operativos de control migratorio y reivindica cifras récord de expulsiones.

El mecanismo de "tercer país seguro" o acuerdos similares suelen utilizarse para enviar a nacionales de países con los que Estados Unidos tiene relaciones tensas o nulas, usándolos también como mensaje disuasorio para futuros migrantes.

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