País
COLAPSO PORTUARIO
28 de mayo de 2023
Las consecuencias de la profundización del cepo al comercio exterior, tras el cierre al grifo de los dólares destinados al pago de servicios de transporte internacional, presagian un escenario incierto.
El primero es el quebranto que enfrentan las Pymes dedicadas a prestar este servicio: los agentes de carga locales (forwarders), encargados de contratar para importadores y exportadores el transporte internacional de mercaderías, se están quedando sin trabajo debido a que sus proveedores (líneas marítimas) ya no aceptan cobrar localmente en pesos.
Estos agentes contratan espacio en barcos, bodegas de avión y camiones. Cobran sus servicios en pesos, y les pagan en pesos a los agentes locales de los transportistas internacionales quienes, antes del cambio de normativa del Banco Central, accedían al MULC para hacerse del dólar oficial que luego giraban a sus casas matrices.
Con la restricción de 90 días para remesar, las opciones que comenzaron a manejar las navieras fue aceptar pesos equivalentes a una cotización proyectada del dólar a 90 días (algunas arriesgan hasta $335 por dólar). La mayoría, en cambio, optó por dejar de cobrar en la Argentina.
La segunda consecuencia, es un reordenamiento del mercado que tenderá hacia una mayor concentración en manos de grandes operadores internacionales, y una profundización en la integración de servicios, que minimizaría las condiciones de competencia: compañías marítimas que empezarán a prestar servicios que, hasta ahora, realizaban empresas argentinas.
El tercer efecto es el extraordinario y exponencial aumento de costos, que se expresará por la extensión de los tiempos operativos: para retirar un contenedor en el puerto, los agentes de carga (en nombre de los importadores) deben presentar un «conocimiento de embarque» (bill of lading, o BL), que es el documento que acredita «al dueño de la carga» que sólo entrega la contraparte internacional cuando está pago el transporte.
Un flete marítimo, desde China, demora entre 30 y 40 días. La intervención del Gobierno en los contratos comerciales privados puede provocar una acumulación de contenedores en el puerto que no podrán nacionalizarse porque el pago del flete no se pudo realizar: o por el parking de 90 días, o porque la Sirase no está aprobada.
Las tarifas de «estadía» en las terminales son lo suficientemente caras como para desalentar que los contenedores se queden allí y sean retirados rápidamente. La interrupción de esta fluidez operativa se penaliza con extra costos.
El presidente de Fecacera, la federación nacional de cámaras de comercio exterior, Federico Rodríguez, lo explicó en estos términos: «Si los contenedores no se liberan por falta de pago, vamos a un colapso portuario y a que las líneas comiencen a rechazar carga, dejando de traer contenedores al país. Esto va a provocar un faltante de (contenedores) vacíos, condicionando así las exportaciones de alto valor agregado y limitando el ingreso de divisas».
«Es una espiral», acotó, tras indicar: «Cada vez van a entrar menos divisas para pagar mercaderías (de importación) y el riesgo es un freno de mano para toda la economía».
En el interior, agregó, ya se están viendo los efectos: «Los agentes de carga que operan con transporte terrestre internacional ya no están cargando camiones porque no pueden girar el pago».
Trabas a las importaciones
La cuarta consecuencia de cepo al comercio exterior es ya conocida por el mercado: más inflación. Cualquier otra alternativa para pagar en dólares lo que antes se pagaba localmente en pesos se traslada al final de la cadena. Por ejemplo, una importación que se realizaba en términos FOB (el vendedor en China se hace cargo de los costos hasta el embarque; el costo del transporte corre bajo responsabilidad del comprador argentino) se pasa a cotizar en términos CIF: el valor de la factura de la mercadería «se incrementa» al incorporar el concepto de flete y seguro. Y esto se traslada a precios.
También habrá mayores costos si las líneas marítimas, previendo el entorpecimiento operativo, deciden no correr el riesgo de dejar contenedores en Buenos Aires y tenerlos allí demorados hasta que se liberen. Si esto pasa, lo común es que se salten la escala y dejen los contenedores en Uruguay o Brasil. Esa escala adicional es a puro costo argentino. Y, también, se traslada a precios.
El quinto desenlace fatal es la recesión. Es el punto más curioso de la medida del Gobierno que muchos ilustran como “el tiro en el pie”.
La contradicción o el sinsentido se explícita en el hecho de que durante la pandemia la logística y el transporte internacional (y local) fueron declarados “esenciales”. Empresas y trabajadores no “pararon” porque el Gobierno entendió que se paralizaría la economía toda.Esa esencialidad quedó subyugada frente a la necesidad de dólares.
Las exportaciones
Al margen del desabastecimiento de productos importados, la exportación se ve impactada por igual por las restricciones en el pago de fletes y la inclusión de los servicios de transporte en el Sirase.
Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores (CERA), le envió una carta al ministro de Economía, Sergio Massa, solicitando «habilitar urgentemente un canal de diálogo» y una «suspensión temporal» de la medida porque «genera una disrupción inédita en el comercio internacional de nuestro país» e impacta de lleno en la credibilidad de la Argentina como país proveedor del mundo.
Los exportadores, ahora, deben cambiar la condición de pago de flete a «collect», como imponen las navieras. Es decir, que el comprador se tiene que hacer cargo del transporte.
Además, «que el exportador solicite una aprobación para el pago del servicio a la naviera del exterior es una solución que no se puede aplicar a la Pyme y que se dilata en forma indeterminada (los socios que han presentado Sirase para el pago de fletes hasta el momento no han tenido aprobación)», indica la carta de la CERA a Massa, que se suma a las remitidas por el Centro de Navegación, la Cámara de Importadores, la Asociación de Agentes de Carga y el Centro Despachantes de Aduana.
El corolario de estos efectos, más allá de la imagen, el desaliento a la inversión y el estancamiento productivo es el desempleo (sólo los 2000 agentes de carga nacionales emplean a 10.000 personas) por la interrupción en la cadena de suministros que, en el corto y mediano plazo, se torna evidente.
Fuente IProefsional/CERA/ Fecacera.
País
Inflación de enero: el índice cerraría por encima del 2%
El arranque del año mostró una dinámica de precios persistente en los rubros más sensibles de la economía doméstica. Distintos relevamientos privados coinciden en que la inflación de enero se ubicará por encima del 2%, traccionada nuevamente por los aumentos en alimentos y bebidas, que no logran perforar el piso pese a la estabilidad macroeconómica y cambiaria.
Según revela la Agencia Noticias Argentinas (NA), los informes de las últimas semanas detectaron una aceleración de precios hacia el cierre del mes, concentrada en productos frescos y bienes de demanda inelástica. Si bien no hubo saltos abruptos, el "goteo" constante en góndolas, especialmente en carnes, verduras y aceites, fue suficiente para mantener la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El fenómeno responde a una inflación que "conserva núcleos duros" en la canasta básica. Aunque hubo factores que ayudaron a moderar el índice —como bajas estacionales en algunas verduras, ajustes suaves en lácteos y la estabilidad en precios regulados como combustibles—, el peso de los alimentos frescos fue determinante.
El escenario de febrero traerá una novedad técnica clave: el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios. Esta actualización, ajustada a hábitos de consumo más recientes, le dará mayor ponderación a los servicios y reducirá la incidencia relativa de los alimentos, lo que podría modificar la lectura estadística de la inflación en los próximos meses.
País
Iglesia cuestiona baja de la edad de imputabilidad y pide más educación
La Conferencia Episcopal Argentina advirtió que centrar el debate solo en la pena simplifica una realidad compleja y reclamó políticas de prevención, acompañamiento y educación para niños y jóvenes.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación frente a las propuestas que impulsan la baja de la edad de imputabilidad como respuesta a los delitos cometidos por menores y llamó a priorizar políticas de prevención, educación y acompañamiento comunitario.
En un pronunciamiento difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, referente histórico en la educación y el acompañamiento de jóvenes, la Iglesia sostuvo que el debate centrado casi exclusivamente en la sanción penal deja en segundo plano las verdaderas causas del problema y las herramientas necesarias para evitar que los hechos se repitan.
Desde la CEA manifestaron su cercanía con el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos delictivos, aunque advirtieron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad "corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja", que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.
En ese sentido, recordaron un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que, según indicaron, siguen vigentes: el destino de los menores privados de libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social y la eficacia del sistema penitenciario como respuesta.
"La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución", señalaron, al tiempo que reafirmaron la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada "humana, integral y abierta a la esperanza".
El comunicado destaca el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria, sin negar los conflictos pero apostando a la inclusión y al desarrollo pleno de los jóvenes.
A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro y eviten respuestas tardías cuando el daño ya está hecho. "La verdadera prevención nace del cuidado compartido", subrayaron, y reclamaron familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.
Finalmente, la Conferencia Episcopal sostuvo que la niñez y la juventud representan "una tierra sagrada donde se siembra el futuro" y pidió especialmente por los jóvenes más vulnerables.
País
Los aumentos de febrero
El mes que comienza hoy volverá a ser un desafío para los bolsillos, ya que se esperan aumentos de todo tipo. Las subas incluyen al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros sectores.
Los aumentos de febrero impactarán en los alquileres. Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 34,6%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).
Los valores que comenzarán a regir para los inquilinos en los casos en que corresponda actualizar el contrato con el propietario:
Contrato anual por ICL (Ley de Alquileres derogada).
- Alquiler inicial: $ 400.000.
- Ajuste anual: 34,6%.
- Nuevo valor: $ 538.400.
Contratos post DNU sobre un alquiler de $ 500.000.
- Ajuste trimestral (6,08%): $ 530.400.
- Ajuste cuatrimestral (8,22%): $ 541.100.
- Ajuste semestral (12,81%): $ 564.050.
Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán el 2,80% en febrero. Este aumento también aplicará a los copagos.
La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) logró hace unas semanas la firma de un nuevo aumento salarial para enero, en el marco de las negociaciones paritarias con las tres principales operadoras del país, Claro, Telecom y Movistar.
En ese sentido, las empresas responsables de servicios de cable, Internet y telefonía comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de febrero, aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento que oscilará entre 2,8 y 3,5%, según el servicio y la operadora.
A partir de febrero entra en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas.
Según se informó, se busca que el precio del servicio se pague de manera más pareja a lo largo de todo el año, para suavizar los históricos que se generan en los meses de mayor consumo.
El aumento en los servicios dependerá de los consumos de cada usuario y su situación patrimonial.
A nivel general, la Secretaría de Energía aseguró que con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda, el 35% de los usuarios de luz pagará una factura promedio inferior a $ 22.000; el 66%, menos de $ 44.000: y el 81%, menos de $ 67.000.
En el caso del gas, durante los meses de invierno el 56% de los hogares pagará una factura inferior a $ 14.000; el 75%, menos de $ 56.000; y el 83%, menos de $ 73.000. DIB
