26 de agosto de 2020

Dos policías están siendo juzgados en el Tribunal Oral Federal N°1 de la ciudad, acusados de liberar zonas que coincidían con calles donde mujeres travestis/trans en situación de prostitución eran dispuestas para la venta de drogas.

El accionar de una banda que comercializaba estupefacientes en la denominada “Zona Roja” fue comprobado en un juicio abreviado parcial que condenó a seis personas y en el que los efectivos se negaron a participar.

En este sentido, en el sitio fisales.gob.ar se detalla que, en el marco de la pandemia, el juicio atraviesa distintas instancias de la virtualidad: en la sala de audiencias se encuentra el fiscal general  Juan Manuel Pettigiani, en representación del Ministerio Público Fiscal (MPF), la defensa de los acusados, y uno de los jueces, Roberto Falcone, mientras que los magistrados Héctor Sagretti y Omar Gutiérrez siguen el debate de manera remota desde San Martín; los mismo sucede con los acusados, detenidos en el penal de Marcos Paz.

Luego de escucharse la semana pasada testimonios aportados por el MPF, este jueves se presentarán testigos propuestos por la defensa. En tanto, para el viernes está previsto el inicio del alegato de la fiscalía.

Los policías están acusados por el delito de “comercio de estupefacientes agravado por la calidad de funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos en la ley”.

Probado el accionar de la organización criminal, al menos desde febrero de 2014 hasta el 13 de mayo de 2017, la hipótesis delictiva de este debate oral y público -que complementa el acuerdo de juicio abreviado alcanzado en septiembre de 2019- señala que la banda contaba con la participación, connivencia y protección policial.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, para que los condenados operaran en la denominada “zona roja” necesariamente debían contar con el apoyo y la discrecionalidad de control por parte de las fuerzas de seguridad.

La hipótesis se fue consolidando a partir del resultado que arrojaban las intervenciones telefónicas dispuestas en la investigación, las cuales demostraron cómo era el funcionamiento real de la organización que se valía de mujeres trans en situación de vulnerabilidad para vender estupefacientes para beneficio de sus explotadores.

Más allá de la cobertura en la zona para la venta de cocaína, los policías también están acusados de comercializar marihuana a modo de emprendimiento ilegal.