País
Un paliativo insuficiente
22 de junio de 2020
Para los abogados del foro local, la resolución 000593 de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que dispuso el inicio de causas de manera electrónica es una medida importante, aunque consideran que es “un paliativo insuficiente”, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid-19.
Los profesionales del derecho sostienen que es un avance importante pero no determinante, dado que continúa la suspensión del trabajo en Tribunales -que algunos mal llaman feria-, porque en realidad los plazos están transcurriendo en los juicios en ejecución. Para los abogados esta nueva resolución permite algo muy importante que es promover nuevos juicios y pedir nuevos mediadores, porque hasta ahora la secretaria de expedientes se encontraba cerrada.
Es una apertura importante, pero hay cierto escepticismo entre los letrados porque el juez tiene la facultad de considerar sobre qué trámites procesales se pueden hacer y cuales no. Antes tenían que ser siempre cuestiones extraordinarias, ahora ya no dice extraordinaria, porque remite a otra resolución anterior, la 480, que sí decía que tenía que ser trámites de carácter urgente.
De acuerdo al análisis de los abogados la nueva resolución pareciera que el criterio de urgencia se mantendría, pero como faculta a los jueces a poder determinar aún en casos ‘no urgentes’, un juicio podría seguir tramitando si no hay un riesgo sanitario, sería un avance en los procesos.
“Una buena noticia va a ser cuando se levante la suspensión definitivamente de la actividad tribunalicia y se vuelta a trabajar con la nueva normalidad, con la realización de audiencias que en este momento se encuentras vedadas por la cuarentena”, se escucho decir a un abogado del foro local.
Para los letrados la resolución no dista de ser un paliativo insuficiente, aunque reconocen que no deja de ser importante para que a la brevedad los tribunales puedan funcionar a pleno, y más en Mar del Plata que no está afectada por el virus como en otros lugares como el AMBA ( la zona urbana común que conforman la ciudad autónoma de Buenos Aires y los 40 municipios del conurbano bonaerense).
LA RESOLUCIÓN
El máximo tribunal bonaerense resolvió implementar un régimen de ingreso, recepción y posterior distribución diaria por medios electrónicos de todas las causas correspondientes a los fueros Civil y Comercial, de Familia, Laboral, Contencioso Administrativo y Juzgados de Paz a partir del 25 de junio. Así lo dispuso la Corte a través de la resolución 593 que tiene como objetivo avanzar hacia la mayor normalización del servicio de justicia, «en consonancia con la protección de la salud de todas las personas de justicia involucradas y la tutela judicial efectiva».
La medida establece que «no altera la modalidad de prestación del servicio de personal actualmente vigente», lo que implica que no aumentará la cantidad de empleados que deberán ir a trabajar de modo presencial.
El nuevo régimen estará sujeto al monitoreo y evaluación de las secretarías de Planificación y Servicios Jurisdiccionales, la subsecretaría de Tecnología Informática y la dirección de la Justicia de Paz, dependencias que deberán elevar un informe conjunto a la presidencia de la Suprema Corte «propiciando correcciones y ajustes necesarias para su mejora y consolidación».
De acuerdo a las estadísticas consignadas en un informe de gestión dado a conocer el fin de semana por la Suprema Corte de Justicia, desde el inicio de la emergencia y hasta el 31 de mayo, en todos los fueros e instancias se dictaron 3.120.385 trámites por medios tecnológicos, se registraron 708.133 notificaciones y presentaciones electrónicas y se iniciaron, en forma remota, 13.040 expedientes judiciales .»Es previsible que estos números se incrementen de manera sustancial a partir de la entrada en vigor del nuevo régimen de inicio de toda clase de causas», señaló una fuente del Tribunal.
POR VIOLENCIA DE GÉNERO
También se estableció que desde este jueves las denuncias por protección contra la violencia ingresen por medios electrónicos a las Receptorías Generales de Expedientes o a los Juzgados de Paz. En este sentido se planteó que «de manera excepcional y por razones de urgencia impostergables» este tipo de causas «se podrán iniciar ante los Juzgados de Familia en turno».
La Corte agregó que «se arbitrarán los mecanismos para que los referidos organismos, exclusivamente de manera electrónica, las remitan a las receptorías, a los efectos de su debida registración y radicación definitiva».
Por otro lado, se determinó que en aquellos órganos cuyos servicios no han sido plenamente habilitados, una vez radicada la causa, «a pedido de parte, el órgano judicial podrá disponer las medidas factibles que estimare conducentes para el impulso del proceso»
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Diputados debatirá la baja de la edad de imputabilidad el 12 de febrero
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y tratarlo en el recinto de sesiones el día siguiente.
La Libertad Avanza, junto a los bloques dialoguistas, buscará sancionar el próximo jueves en la Cámara de Diputados el proyecto del Régimen Penal Juvenil, que establece una reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, informaron fuentes legislativas.
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y el jueves tratarlo en el recinto de sesiones, y aclaró que se establecerá la edad de 14 años que fue consensuada el año pasado entre el oficialismo y un grupo de bloques opositores.
Ritondo formuló estas declaraciones al salir de la reunión que se efectuó entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los bloques de la Cámara de Diputados.
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Conciliación obligatoria
Tras la advertencia del gremio La Fraternidad de avanzar este jueves con un paro de trenes, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y desacivó por esa vía la medida de fuerza.
La decisión se terminó de definir luego de una reunión realizada en el Ministerio de Economía, de la que participaron delegados del sindicato, entre ellos, el secretario general del gremio, Omar Maturano, junto a representantes del área de Transporte, en la que no se llegó a un acuerdo.
Minutos después, llegó la confirmación oficial a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, en el que se informó que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que involucra tanto al sindicato como a las empresas del sector, Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A. Concesionaria.
De acuerdo al comunicado oficial, se establece un período de conciliación obligatoria de 15 días, “durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios ”.
Bajo esa misma línea, el Gobierno lanzó además una advertencia directa al sector sindical e intimó a La Fraternidad a “dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pueda afectar la normal prestación del servicio”.
La decisión oficial llegó luego de que el sábado el sindicato que nuclea a los maquinistas ferroviarios confirmara que avanzaría con un paro nacional de actividades por 24 horas para este jueves 5 de febrero, una medida que iba a afectar a todas las líneas de pasajeros y a algunos servicios de carga, tras un fallido encuentro con el sector empresarial, en el que las partes ofrecieron un aumento salarial del 2% para diciembre y del 1% para enero.
Desde el gremio reclaman una recomposición salarial por encima de la inflación y advierten que “en lo que va del año estamos perdiendo casi el 35% del salario”. Según cifras que maneja el sindicato, el sueldo básico de un maquinista es actualmente de $1.136.000, mientras que el de un ayudante de conductor ronda los $893.000.
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Piden la liberación de la argentina presa en Brasil por racismo
Agostina Páez, abogada argentina de 29 años, se encuentra detenida en Brasil por un caso relacionado con racismo. Actualmente, enfrenta el uso de una tobillera electrónica y no tiene acceso a su pasaporte para regresar a Argentina. La fiscalía brasileña ha solicitado su prisión preventiva, mientras que la Fundación Apolo ha solicitado la intervención de la Cancillería Argentina.
El reclamo de la Fundación Apolo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, sostiene que la imputación es desproporcionada debido a la falta de una condena firme por el cargo de injuria racial. Este incidente se produjo durante sus vacaciones en Río de Janeiro.
Según el documento presentado, Páez fue detenida tras un desacuerdo en un bar del barrio de Ipanema, donde se le acusó de realizar gestos considerados ofensivos.
La detención no solo resultó en la retención de su pasaporte, sino que también se le impuso un dispositivo de monitoreo electrónico que le impide regresar a Argentina mientras avanza la causa.
El reclamo indica que la respuesta del sistema penal brasileño no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que la medida restrictiva fue adoptada sin una evaluación adecuada de alternativas menos gravosas, además de no considerar la condición de mujer extranjera de la imputada.
Además, se destaca que existen registros fílmicos previos al incidente, en los cuales uno de los empleados del bar realizó gestos obscenos hacia ella y su acompañante, conducta que no fue adecuadamente considerada por las autoridades.
El documento argumenta que la abogada fue inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, y que su reacción debería ser entendida en ese contexto, lo que revertiría los roles de víctima y victimaria.
La fundación, liderada por el exlegislador Yamil Santoro, menciona la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Ley 20.957 del Servicio Exterior, destacando que la Cancillería está habilitada para intervenir ante una persecución penal que no cumple con criterios de razonabilidad o debido proceso.
Además, el escrito cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, que establecen un deber reforzado de protección en casos que involucran a mujeres en contextos de violencia o asimetría.
El texto también critica el uso del caso por parte de las fuerzas de seguridad brasileñas, quienes han difundido imágenes y mensajes en redes sociales oficiales, lo que refuerza una lógica de estigmatización y "mano dura" que es incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
La entidad solicita que la Cancillería ejerza activamente la protección consular y considere un reclamo diplomático ante el Estado brasileño para revisar las medidas cautelares impuestas y permitir el regreso de Páez a Argentina.
Por su parte, la justicia de Río de Janeiro ha avanzado en la causa, la cual ha tomado mayor complejidad, y el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva de la influencer, quien sigue en Brasil. La fiscalía argumenta que la joven "extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido" y la califica de tener una conducta "discriminatoria y ofensiva".NA
