Una protesta de trabajadores de pymes, estudiantes, personal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y representantes gremiales de ATE en el puente 25 de Mayo, sobre la colectora de la avenida General Paz, terminó con incidentes, gases y al menos dos agentes policiales heridos. Todo con Gabriel Katopodis, ministro bonaerense en el medio.

El tenso cruce tuvo lugar en los alrededores de la sede del INTI, en una de las colectoras de la autovía General Paz pero en el partido de San Martín. Fue cuando la Policía porteña desplegó un operativo que arrastró a los manifestantes hacia las veredas, para liberar el carril obstruido, tal como marca el protocolo nacional.

De la manifestación que buscaba visibilizar el cierre de unas 25.000 pymes desde que asumió Javier Milei, participaron dirigentes de ATE y se plegó personal del (INTI), donde se estima que habrá un nuevo recorte y peligran 700 puestos de trabajo.

El momento de mayor tensión se generó cuando los manifestantes intentaron desplegar una bandera que denunciaba el cierre de 25 mil pymes en San Martín y exigía la declaración de la “emergencia económica pyme” a nivel nacional. El ministro de Infraestructura de bonaerense, Gabriel Katopodis, intentó apaciguar los ánimos al verse involucrado en el medio del enfrentamiento.

“No vamos a permitir que sigan cerrando industrias. Estamos convencidos de que la Argentina sale adelante cuidando y defendiendo al empresario pyme. Nos estábamos manifestando pacíficamente, pero la violencia y el autoritarismo de Milei no permitió que empresarios de pie, industriales, trabajadores del INTI y estudiantes no se puedan expresar. Lo vamos a hacer todas las veces que sea necesario para frenar la destrucción del país”, expresó Katopodis.

La movilización, que reunió a unos 500 manifestantes, contó con la participación de distintas organizaciones sindicales, entidades públicas y educativas, referentes políticos y vinculados al sector, distintas cámaras y asociaciones empresariales. Se firmó un documento en defensa de las pymes y pondrán en marcha un plan de acción.

El cierre de pymes
La estadística sobre la caída de las pymes surge de un relevamiento de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que detectó que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 hay 24.437 empleadores o unidades productivas menos, lo cual equivale a una caída de 4,8% del total. En febrero pasado, el total de empleadores fue de 487.920, con una reducción mensual de 257 firmas. De esta manera, el indicador acumuló 17 meses consecutivos de retroceso.

“Nos estamos haciendo escuchar. Es hora de que empecemos a hacerlo porque nos han colocado en el lugar de villanos, cuando en realidad somos los que generamos puestos de trabajo”, afirmó Rubén Paleone, presidente de la Cámara de Manufactura del Cuero, y reconoció que es “uno de los sectores más castigados junto con los de indumentarias, textil y calzado.

“En términos económicos, Milei ha dañado más que la pandemia, ha sido más letal que el Covid. Durante la pandemia cerraron poco más de 14 mil empresas, y con este Gobierno ya se fundieron más de 25.000”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional e integrante del Frente Sindical Unidos (Fresu), un brazo sindical que se abrió de la CGT con la intención de forjar un perfil más combativo.

“En la pandemia se perdieron 140 mil puestos de trabajo y solamente en los últimos dos años se destruyeron más de 300 mil puestos de empleo registrados, y la capacidad industrial instalada durante la pandemia rondaba entre el 55 y el 60 por ciento, y ahora es menor al 50%. El futuro de la Argentina con este Gobierno es un futuro negro”, agregó. DIB

Foyto: Katopodis intentó frenar el avance policial contra los manifestantes.

El vicepresidente primero del Senado bonaerense, Mario Ishii, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia sanitaria y humanitaria en la provincia de Buenos Aires, en medio de un escenario que definió como “crítico” por la falta de recursos, medicamentos, insumos y profesionales en hospitales públicos.

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Pichetto y Monzó con otro gesto de acercamiento al kicillofismo
La jugada de Ishii, que se suma a una similar que hizo días atrás para declarar la emergencia alimentaria y nutricional, volvió a generar ruido entre funcionarios del Gobierno de Axel Kicillof. Es que en su escrito, el senador de Fuerza Patria cuestionó a los gobiernos de Javier Milei y Kicillof por igual, al señalar que ambos dirigentes deben reforzar la asistencia y garantizar el funcionamiento del sistema de salud en territorio bonaerense.

“No se puede llegar al invierno con hospitales y centros de salud colapsados, sin vacunas, sin insumos, sin medicamentos, con falta de profesionales y sin camas suficientes para atender a la población”, señaló el ex intendente de José C. Paz. “Es un hecho histórico y extremadamente grave que las vacunas no estén llegando cuando el invierno ya se aproxima y las enfermedades respiratorias comienzan a multiplicarse”, agregó.

Según el dirigente, cercano al kirchnerismo, existen obligaciones que corresponden a Nación y a Provincia, y no pueden seguir descargándolas sobre los municipios a los que no le llegan los recursos.

“Querer esconder esta crisis detrás de una pelea política es una forma de encubrir negligencias y responsabilidades institucionales. No se puede disfrazar una emergencia humanitaria como un debate partidario para evitar hacerse cargo. La gente no necesita relatos ni excusas: necesita vacunas, medicamentos, médicos, atención en salud mental y respuestas urgentes para proteger su vida”, añadió.

En detalle, la propuesta impulsada por el senador apunta a priorizar el funcionamiento del sistema sanitario por encima de cualquier gasto que no sea urgente, al tiempo que procura garantizar la provisión de medicamentos, vacunas, tratamientos y prestaciones básicas en hospitales y centros de atención primaria de toda la provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que en su momento, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, dijo que el senador no tomó contacto con él para presentar el proyecto y que se enteró “por las redes sociales”.

Esta vez, sí hubo comunicación con el titular de la cartera sanitaria, Nicolás Kreplak, pero desde la Provincia no coinciden con las responsabilidades que le carga a la administración bonaerense. Todo se da en un contexto de ajuste, caída de recursos y retiro del Gobierno nacional de políticas fundamentales, insisten.

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, brindó detalles del proyecto de ley para regular de manera integral la actividad de trabajadores de plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa prevé la creación de un Plan Integral y un Registro Provincial para el sector, además de nuevas herramientas de seguridad, cobertura laboral y asistencia estatal.

Según explicó el funcionario, el objetivo es “acompañar desde el Estado” a quienes actualmente desarrollan tareas “en condiciones de informalidad y sin derechos garantizados”. En ese marco, remarcó que el proyecto busca establecer “un piso de derechos para los trabajadores de plataforma”.

La propuesta establece que el Ministerio de Trabajo será la autoridad de aplicación y coordinará una mesa interministerial junto a las carteras de Salud, Seguridad, Transporte y Gobierno. Entre los principales puntos, se destaca la creación de una aplicación oficial integrada con la plataforma MiPBA, que permitirá registrar a trabajadores del sector, acceder a servicios y generar información estadística sobre la actividad.

“Con este proyecto de ley buscamos realizar un registro integral de trabajadores por medio de plataformas que no lo tenemos y que las compañías tampoco lo aportan”, sostuvo Correa.

La APP bonaerense incluirá un botón de pánico conectado con áreas de seguridad y otro destinado a emergencias sanitarias para casos de accidentes en la vía pública. Además, el proyecto contempla la contratación obligatoria de seguros por accidentes, invalidez y cobertura médica durante la jornada laboral y los trayectos.

Correa señaló que la iniciativa incorpora “los seguros obligatorios que hoy no lo tienen” y afirmó que se busca transparentar las condiciones en las que se desarrolla la actividad.

El texto también obliga a las empresas de plataformas a informar la cantidad de trabajadores activos, promedio de horas trabajadas e ingresos medios, con el objetivo de fortalecer la fiscalización y generar mayor transparencia en el sector.

Otro de los ejes apunta a reforzar controles sobre centros de distribución y almacenamiento utilizados por las plataformas, conocidos como “tiendas invisibles”, mediante inspecciones y georreferenciación de los puntos de operación.

Asimismo, el proyecto prevé la creación de paradores para trabajadores registrados, con acceso a agua potable, espacios de descanso y resguardo de herramientas, en coordinación con los municipios.

Finalmente, la iniciativa contempla convenios con el Banco Provincia para otorgar descuentos en repuestos, lubricantes y elementos de seguridad a quienes estén inscriptos en el registro oficial.

“Queremos transparentar y tener a ciencia cierta cómo se realiza la actividad y qué consecuencias están teniendo los trabajadores y trabajadoras”, expresó Correa, quien aseguró que la propuesta se basa en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).