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Marcha, protesta, incidentes y ministro en el medio
20 de mayo de 2026
Una protesta de trabajadores de pymes, estudiantes, personal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y representantes gremiales de ATE en el puente 25 de Mayo, sobre la colectora de la avenida General Paz, terminó con incidentes, gases y al menos dos agentes policiales heridos. Todo con Gabriel Katopodis, ministro bonaerense en el medio.
El tenso cruce tuvo lugar en los alrededores de la sede del INTI, en una de las colectoras de la autovía General Paz pero en el partido de San Martín. Fue cuando la Policía porteña desplegó un operativo que arrastró a los manifestantes hacia las veredas, para liberar el carril obstruido, tal como marca el protocolo nacional.
De la manifestación que buscaba visibilizar el cierre de unas 25.000 pymes desde que asumió Javier Milei, participaron dirigentes de ATE y se plegó personal del (INTI), donde se estima que habrá un nuevo recorte y peligran 700 puestos de trabajo.
El momento de mayor tensión se generó cuando los manifestantes intentaron desplegar una bandera que denunciaba el cierre de 25 mil pymes en San Martín y exigía la declaración de la “emergencia económica pyme” a nivel nacional. El ministro de Infraestructura de bonaerense, Gabriel Katopodis, intentó apaciguar los ánimos al verse involucrado en el medio del enfrentamiento.
“No vamos a permitir que sigan cerrando industrias. Estamos convencidos de que la Argentina sale adelante cuidando y defendiendo al empresario pyme. Nos estábamos manifestando pacíficamente, pero la violencia y el autoritarismo de Milei no permitió que empresarios de pie, industriales, trabajadores del INTI y estudiantes no se puedan expresar. Lo vamos a hacer todas las veces que sea necesario para frenar la destrucción del país”, expresó Katopodis.
La movilización, que reunió a unos 500 manifestantes, contó con la participación de distintas organizaciones sindicales, entidades públicas y educativas, referentes políticos y vinculados al sector, distintas cámaras y asociaciones empresariales. Se firmó un documento en defensa de las pymes y pondrán en marcha un plan de acción.
El cierre de pymes
La estadística sobre la caída de las pymes surge de un relevamiento de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que detectó que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 hay 24.437 empleadores o unidades productivas menos, lo cual equivale a una caída de 4,8% del total. En febrero pasado, el total de empleadores fue de 487.920, con una reducción mensual de 257 firmas. De esta manera, el indicador acumuló 17 meses consecutivos de retroceso.
“Nos estamos haciendo escuchar. Es hora de que empecemos a hacerlo porque nos han colocado en el lugar de villanos, cuando en realidad somos los que generamos puestos de trabajo”, afirmó Rubén Paleone, presidente de la Cámara de Manufactura del Cuero, y reconoció que es “uno de los sectores más castigados junto con los de indumentarias, textil y calzado.
“En términos económicos, Milei ha dañado más que la pandemia, ha sido más letal que el Covid. Durante la pandemia cerraron poco más de 14 mil empresas, y con este Gobierno ya se fundieron más de 25.000”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional e integrante del Frente Sindical Unidos (Fresu), un brazo sindical que se abrió de la CGT con la intención de forjar un perfil más combativo.
“En la pandemia se perdieron 140 mil puestos de trabajo y solamente en los últimos dos años se destruyeron más de 300 mil puestos de empleo registrados, y la capacidad industrial instalada durante la pandemia rondaba entre el 55 y el 60 por ciento, y ahora es menor al 50%. El futuro de la Argentina con este Gobierno es un futuro negro”, agregó. DIB
Foyto: Katopodis intentó frenar el avance policial contra los manifestantes.
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AySA vuelve a manos privadas por US$340 millones
La empresa abastece de agua a más de 14 millones de personas. El grupo Rowing-Arcos-Transclor-PHX superó la oferta del otro postulante, Roggio S.A., que había propuesto por AySA US$285 millones.
Este jueves se conocieron las ofertas por el 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), y la propuesta más alta fue la del consorcio que encabeza Rowing, la empresa de Walter Román, y Transclor, de Mauricio Filiberti, con US$340,2 millones.
El otro postulante a quedarse con la empresa que brinda agua potable a más de 14 millones de personas en el AMBA era el grupo liderado por Roggio SA, que propuso un pago de U$S285 millones. De acuerdo a información de NA, ambas ofertas están por debajo de los 450 millones que pretendía el Gobierno nacional.
Agua y Saneamientos Argentinos opera en 27 jurisdicciones: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 26 partidos del conurbano bonaerense.
En el Norte, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, San Martín, Escobar, San Miguel, Malvinas Argentinas, Pilar y José C. Paz. En el Oeste, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Merlo, Moreno y La Matanza. Y en el Sur, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela y Presidente Perón.
De todos modos se trata de la mayor privatización de la era Milei en términos de ingresos concretos para el Estado. Por otra parte, el 10% restante del capital de AySA seguirá en manos de los trabajadores, a través del programa de propiedad participada, que lo gestiona el sindicato, a cargo de José Luis Lingeri.
La concesión es por treinta años -vence en 2056-, con opción de prórroga de diez años más. Entre los compromisos de los nuevos adjudicatarios están la inversión total de U$S 15.040 millones y aumentar el alcance de los servicios del 75,3% actual al 78,9%, en el caso del suministro de agua, y del 63,9% al 65,3%, en las cloacas.
La empresa de suministro de agua vuelve a manos privadas dos décadas, después de que el gobierno de Néstor Kirchner rescindiera el contrato con el grupo francés Suez, que la operaba desde la privatización de 1993 -en la presidencia de Carlos Menem- bajo el nombre de Aguas Argentinas.
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Prohíben usar el celular en secundarias públicas y privadas
La iniciativa establece que los estudiantes no podrán utilizar estos dispositivos durante la jornada educativa, salvo cuando exista un requerimiento o una autorización explícita del docente y su utilización tenga objetivos pedagógicos.
La norma busca promover un uso seguro y responsable de celulares y otras pantallas dentro de las aulas y extiende al nivel secundario un criterio similar al que ya se encuentra vigente para las escuelas primarias bonaerenses.
Según el texto aprobado, el concepto de “uso responsable” implica que los dispositivos permanezcan sin utilizar durante el horario escolar, excepto en aquellas situaciones en las que sean necesarios para desarrollar alguna actividad educativa.
Ahora será el Poder Ejecutivo provincial el encargado de determinar cuál será la autoridad de aplicación. Ese organismo deberá elaborar protocolos, instrucciones y recomendaciones para establecer de qué manera se implementará la medida en los establecimientos.
Tal como publica DIB, la normativa también invita a los municipios bonaerenses a adherir y comenzará a implementarse una vez que sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante el tratamiento legislativo también se vinculó la regulación con otras problemáticas que afectan a los adolescentes, entre ellas la ludopatía y el acceso permanente a plataformas digitales desde los teléfonos celulares-
Foto: En muchos colegios, los chicos no pueden usar los celulares durante las horas de clase Ricardo Pristupluk
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DOCENTES NO VAN A CASES
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su adhesión al paro provincial de este miércoles, en reclamo por la situación salarial del sector, por lo que una vez más numerosos establecimientos públicos de la ciudad de los niveles Inicial, Primario y Secundario tendrán su actividad parcial o totalmente interrumpida, según la cantidad de adhesiones del personal no docente a la medida de fuerza.
"Paro Provincial, 7/10. La plata no alcanza. Que la crisis no la paguen los trabajadores. Los y las trabajadores/as paramos por salarios dignos y pase a planta permanente", anunciaron desde el sindicato en sus redes sociales.
"El salario no puede seguir perdiendo frente al costo de vida y el Gobierno Nacional debe reconocer que le adeuda recursos a la Provincia de Buenos Aires, fondos que impactan en las políticas públicas y en las condiciones de trabajo", completaron.
El calendario escolar acumulará de esta manera 26 jornadas sin clases en lo que va de 2026 en Bahía Blanca, producto de distintas medidas de fuerza -paros, jornadas o asambleas impulsadas por los diferentes gremios.
A esas jornadas se suman las huelgas llevadas adelante por la Sección Educación de ATE (24 y 25 de junio, y 30 de septiembre), el paro nacional de la CTERA (3 de agosto) y el provincial del Frente de Unidad Docente Bonaerense (1 de octubre).
