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Presupuesto 2026 prevé una baja del dólar y menos inflación
16 de septiembre de 2025
Tras el discurso del presidente Javier Milei, el gobierno dio a conocer las proyecciones macroeconómicas del proyecto de presupuesto 2026. Espera un tipo de cambio mayorista de $1.423 y una inflación de 10,1 %. Además, se prevé un crecimiento del 5 %.
Las estimaciones para fin de 2025 fueron llamativas. Particularmente la del dólar, ya que el gobierno prevé un valor de $1.325 para diciembre próximo, cuando la cotización hoy es de $1.467. En materia de inflación, la cifra esperada es de 24,5 %.
Por otra parte, según el presupuesto, el déficit comercial sería de u$s2.447 millones en 2025 y de u$s5.751 millones en 2026.
La recaudación tributaria crecerá 11 % real el año próximo y llegaría a $90,3 billones. Dos impuestos que subirán de manera notoria son los que gravan las Transferencias de Combustibles Líquidos y a las emisiones de dióxido de carbono. Estos van a crecer 71 % nominal, fruto de la aplicación de aumentos de la suma fija de períodos anteriores que fueron suspendidos.
A través del artículo 55 del proyecto, el Ministerio de Economía volverá a insistir en flexibilizar los requisitos para realizar canjes de títulos públicos. Actualmente, se exige que cualquier canje o reestructuración de deuda implique una mejora objetiva para el Estado. De aprobarse la modificación, podría hacerlo en condiciones menos favorables.
En la misma línea de desestructuración institucional, el gobierno busca eliminar los pisos de inversión del 6 % del PBI para educación y del 1 % para ciencia y tecnología.
La pauta fiscal del proyecto contempla un superávit del 1,5 % del PBI, cifra inferior al 2,2 % prometido al Fondo Monetario Internacional (FMI). En el discurso por cadena nacional, el presidente habló sobre la necesidad de llegar a un acuerdo con todos los sectores, y que de mínima el resultado del ejercicio del año próximo tiene que terminar “equilibrado”. El superávit financiero sería del 0,3 % del PBI.
El gobierno ajustó a la baja la previsión de superávit fiscal de 2025, de 1,6 % del PBI a 1,5 %.
Los fundamentos del presupuesto 2026 reflejan el cambio de escenario político. El oficialismo pasó de contar con la capacidad de aprobar iniciativas y recortes de gasto casi sin resistencia, a un contexto en el que deberá negociar con las demás fuerzas y destinar recursos como parte de esos acuerdos.
En términos del PBI, los ingresos del Estado representarían 14,3 %, mientras que las erogaciones se desagregarían de la siguiente forma: 6,5 % para previsión social, 2,3 % para asistencia social, 1,6 % en salarios, 0,7 % en subsidios económicos, 0,3 % en gasto de capital, 0,1 % en otros rubros y 1,4 % destinado al pago de intereses.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el gasto total de la administración nacional (85 % del gasto del SPN) subirá 5,7 % real entre 2025 y 2026. Los gastos que, según la clasificación por finalidades, tendrían un incremento real superior al promedio, serán: administración fiscal (+33 %), salud (+17 %), transporte (+8,3 %), educación y cultura (+7,8 %) y seguridad social (+5,4 %). Subirán meno o bajarán Con menor suba o disminución los servicios de defensa y seguridad, promoción y asistencia social, energía, combustibles y minería, dentro de servicios económicos, y servicios de la deuda pública, entre otros.
Al considerar a la totalidad del Sector Público Nacional y la clasificación del gasto por objeto, se aprecia que el gasto corriente tendría un incremento real del 5 % en 2026 respecto al año 2025 y el gasto de capital un incremento del 48 %, con lo cual, el gasto total crecería un 6 % real. Tres de once tipos de gasto detallados tendrían descensos reales: déficit operativo de empresas públicas (-26,7 %), otros gastos (-5,4 %) y bienes y servicios (-4,9 %). Los otros ocho se incrementan: transferencias de capital (+50,4 %), inversión real directa (+49,7 %), inversión financiera (+23,6 %), transferencias a universidades (+9 %), prestaciones a la seguridad social (+6,5 %) e intereses de deuda (+5,8 %).
Tras el veto de Javier Milei a la ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que generó malestar entre los jefes provinciales, el proyecto de Presupuesto 2026 estipula una suba del 104 % para esta partida, sobre los $278.232 millones establecidos para este año, de acuerdo al portal Presupuesto Abierto. Es decir, para el año próximo la partida para ATN será de $569.426 millones, una señal de que la Casa Rosada estaría dispuesta a abrir la billetera para dialogar con los gobernadores. Sería la herramienta con la que el ministro del Interior Lisandro Catalán buscaría acercar a los mandatarios que han tomado distancia del Gobierno.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
