País
Impulsa una comisión investigadora por el fentanilo contaminado
15 de agosto de 2025
Mientras la cifra de muertos contabilizados por la crisis del fentanilo contaminado se acerca al centenar de víctimas fatales, tres bloques de la Cámara de Diputados presentaron proyectos para crear una comisión investigadora que ponga la lupa en las fallas de los controles estatales y las responsabilidades de los organismos públicos y de los laboratorios implicados.
Luego de que el PRO presionara con insistencia a través de la figura de Silvana Giudici, quien llevó al Congreso a familiares de víctimas, la comisión de Salud presidida por el peronista Pablo Yedlin se reunió ayer y firmó un dictamen unificado con un exhaustivo pedido de informes a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).Noticias Relacionadas
Entre las consultas, se solicitada información detallada sobre cantidad de casos y muertes confirmadas, discriminadas por edad, sexo, comorbilidades, situación clínica previa, institución de salud y jurisdicción.
También exigen conocer la cronología de la detección del brote, incluyendo los primeros signos de alerta, protocolos activados por el Ministerio de Salud y Anmat, y las medidas adoptadas con posterioridad para la remediación, control de daños y sanción a los laboratorios.
A su vez, piden información sobre la cantidad y tipo de lotes contaminados, los resultados de los análisis microbiológicos, y si tienen conocimiento de medicamentos potencialmente adulterados que aún estén en circulación en el mercado.
Otro aspecto sobre el que ponen la mira es la composición accionaria de los laboratorios implicados (HLB Pharma S.A. y Ramallo S.A.), cuándo obtuvieron habilitación para producir esos medicamentos y las inspecciones realizadas por Anmat.
Uno de los proyectos de resolución presentados para crear una comisión investigadora en el seno de la Cámara Baja tiene como autora a Giudici (PRO), mientras que Democracia para Siempre presentó otra iniciativa similar, al igual que Jorge Araujo Hernández de Unión por la Patria.
La propuesta de la legisladora cercana a Patricia Bullrich apunta a solicitar informes, documentos y antecedentes de los distintos poderes de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios o entes centralizados, descentralizados, autónomos y/o autárquico.
A su vez, propone convocar a funcionarios públicos y terceros interesados en los casos de fentanilo contaminado a los fines de proporcionar información.
La comisión estará facultada para recepcionar denuncias escritas u orales, y material probatorio sobre el objeto de la investigación, como asimismo presentar denuncias ante los organismos competentes.
Giudici propone un plazo de tres meses para concluir la investigación con un informe detallado de los hechos y conclusiones, para luego remitir el documento al Poder Judicial o al Ministerio Público de la Nación.
En tanto, el proyecto de resolución de Democracia para Siempre se enfoca en crear una comisión, con tres meses de plazo para concluir su actividad investigativa, a los fines de «determinar el grado de participación y responsabilidad de los organismos del Estado Nacional y el laboratorio HLB Pharma, así como todos aquellos privados que formaron parte de la cadena de compra y distribución de los lotes alterados».
«Al igual que hicimos cuando planteamos la creación de una comisión investigadora por el caso $LIBRA, creemos que el Congreso debe abocarse a investigar este hecho gravísimo que tiene en el centro de la escena a la Anmat y que se ha cobrado casi cien vidas», explicó el presidente del bloque, Pablo Juliano.
El bonaerense aclaró que “la misión de una comisión investigadora de determinar las responsabilidades políticas e institucionales de ninguna manera se superpone a la tarea que hace la Justicia de buscar responsabilidades penales”.
Por su parte, Carla Carrizo (DPS) señaló que «no alcanza un pedido de informes», ya que además es necesario que “se cite a los responsables de la Anmat para saber cómo es que estaban estos laboratorios autorizados”.
«Tenemos un Estado poroso, no controla como corresponde», alertó la diputada radical.
Para evitar lo que sucedió con la comisión investigadora Libra, la iniciativa de DPS prevé en su articulado un mecanismo de desempate a la hora de elegir las autoridades de la comisión.
El proyecto de Araujo Hernández se diferencia de los anteriores en el sentido de que propone crear una subcomisión dentro de la comisión de Salud, sin necesidad de crear una nueva comisión. (NA)
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
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Inflación de enero: el índice cerraría por encima del 2%
El arranque del año mostró una dinámica de precios persistente en los rubros más sensibles de la economía doméstica. Distintos relevamientos privados coinciden en que la inflación de enero se ubicará por encima del 2%, traccionada nuevamente por los aumentos en alimentos y bebidas, que no logran perforar el piso pese a la estabilidad macroeconómica y cambiaria.
Según revela la Agencia Noticias Argentinas (NA), los informes de las últimas semanas detectaron una aceleración de precios hacia el cierre del mes, concentrada en productos frescos y bienes de demanda inelástica. Si bien no hubo saltos abruptos, el "goteo" constante en góndolas, especialmente en carnes, verduras y aceites, fue suficiente para mantener la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El fenómeno responde a una inflación que "conserva núcleos duros" en la canasta básica. Aunque hubo factores que ayudaron a moderar el índice —como bajas estacionales en algunas verduras, ajustes suaves en lácteos y la estabilidad en precios regulados como combustibles—, el peso de los alimentos frescos fue determinante.
El escenario de febrero traerá una novedad técnica clave: el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios. Esta actualización, ajustada a hábitos de consumo más recientes, le dará mayor ponderación a los servicios y reducirá la incidencia relativa de los alimentos, lo que podría modificar la lectura estadística de la inflación en los próximos meses.
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Iglesia cuestiona baja de la edad de imputabilidad y pide más educación
La Conferencia Episcopal Argentina advirtió que centrar el debate solo en la pena simplifica una realidad compleja y reclamó políticas de prevención, acompañamiento y educación para niños y jóvenes.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación frente a las propuestas que impulsan la baja de la edad de imputabilidad como respuesta a los delitos cometidos por menores y llamó a priorizar políticas de prevención, educación y acompañamiento comunitario.
En un pronunciamiento difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, referente histórico en la educación y el acompañamiento de jóvenes, la Iglesia sostuvo que el debate centrado casi exclusivamente en la sanción penal deja en segundo plano las verdaderas causas del problema y las herramientas necesarias para evitar que los hechos se repitan.
Desde la CEA manifestaron su cercanía con el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos delictivos, aunque advirtieron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad "corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja", que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.
En ese sentido, recordaron un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que, según indicaron, siguen vigentes: el destino de los menores privados de libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social y la eficacia del sistema penitenciario como respuesta.
"La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución", señalaron, al tiempo que reafirmaron la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada "humana, integral y abierta a la esperanza".
El comunicado destaca el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria, sin negar los conflictos pero apostando a la inclusión y al desarrollo pleno de los jóvenes.
A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro y eviten respuestas tardías cuando el daño ya está hecho. "La verdadera prevención nace del cuidado compartido", subrayaron, y reclamaron familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.
Finalmente, la Conferencia Episcopal sostuvo que la niñez y la juventud representan "una tierra sagrada donde se siembra el futuro" y pidió especialmente por los jóvenes más vulnerables.
