País
Impulsa una comisión investigadora por el fentanilo contaminado
15 de agosto de 2025
Mientras la cifra de muertos contabilizados por la crisis del fentanilo contaminado se acerca al centenar de víctimas fatales, tres bloques de la Cámara de Diputados presentaron proyectos para crear una comisión investigadora que ponga la lupa en las fallas de los controles estatales y las responsabilidades de los organismos públicos y de los laboratorios implicados.
Luego de que el PRO presionara con insistencia a través de la figura de Silvana Giudici, quien llevó al Congreso a familiares de víctimas, la comisión de Salud presidida por el peronista Pablo Yedlin se reunió ayer y firmó un dictamen unificado con un exhaustivo pedido de informes a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).Noticias Relacionadas
Entre las consultas, se solicitada información detallada sobre cantidad de casos y muertes confirmadas, discriminadas por edad, sexo, comorbilidades, situación clínica previa, institución de salud y jurisdicción.
También exigen conocer la cronología de la detección del brote, incluyendo los primeros signos de alerta, protocolos activados por el Ministerio de Salud y Anmat, y las medidas adoptadas con posterioridad para la remediación, control de daños y sanción a los laboratorios.
A su vez, piden información sobre la cantidad y tipo de lotes contaminados, los resultados de los análisis microbiológicos, y si tienen conocimiento de medicamentos potencialmente adulterados que aún estén en circulación en el mercado.
Otro aspecto sobre el que ponen la mira es la composición accionaria de los laboratorios implicados (HLB Pharma S.A. y Ramallo S.A.), cuándo obtuvieron habilitación para producir esos medicamentos y las inspecciones realizadas por Anmat.
Uno de los proyectos de resolución presentados para crear una comisión investigadora en el seno de la Cámara Baja tiene como autora a Giudici (PRO), mientras que Democracia para Siempre presentó otra iniciativa similar, al igual que Jorge Araujo Hernández de Unión por la Patria.
La propuesta de la legisladora cercana a Patricia Bullrich apunta a solicitar informes, documentos y antecedentes de los distintos poderes de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios o entes centralizados, descentralizados, autónomos y/o autárquico.
A su vez, propone convocar a funcionarios públicos y terceros interesados en los casos de fentanilo contaminado a los fines de proporcionar información.
La comisión estará facultada para recepcionar denuncias escritas u orales, y material probatorio sobre el objeto de la investigación, como asimismo presentar denuncias ante los organismos competentes.
Giudici propone un plazo de tres meses para concluir la investigación con un informe detallado de los hechos y conclusiones, para luego remitir el documento al Poder Judicial o al Ministerio Público de la Nación.
En tanto, el proyecto de resolución de Democracia para Siempre se enfoca en crear una comisión, con tres meses de plazo para concluir su actividad investigativa, a los fines de «determinar el grado de participación y responsabilidad de los organismos del Estado Nacional y el laboratorio HLB Pharma, así como todos aquellos privados que formaron parte de la cadena de compra y distribución de los lotes alterados».
«Al igual que hicimos cuando planteamos la creación de una comisión investigadora por el caso $LIBRA, creemos que el Congreso debe abocarse a investigar este hecho gravísimo que tiene en el centro de la escena a la Anmat y que se ha cobrado casi cien vidas», explicó el presidente del bloque, Pablo Juliano.
El bonaerense aclaró que “la misión de una comisión investigadora de determinar las responsabilidades políticas e institucionales de ninguna manera se superpone a la tarea que hace la Justicia de buscar responsabilidades penales”.
Por su parte, Carla Carrizo (DPS) señaló que «no alcanza un pedido de informes», ya que además es necesario que “se cite a los responsables de la Anmat para saber cómo es que estaban estos laboratorios autorizados”.
«Tenemos un Estado poroso, no controla como corresponde», alertó la diputada radical.
Para evitar lo que sucedió con la comisión investigadora Libra, la iniciativa de DPS prevé en su articulado un mecanismo de desempate a la hora de elegir las autoridades de la comisión.
El proyecto de Araujo Hernández se diferencia de los anteriores en el sentido de que propone crear una subcomisión dentro de la comisión de Salud, sin necesidad de crear una nueva comisión. (NA)
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
