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NO HAY LUGAR

10 de agosto de 2025

Un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) destacó que el primer semestre del 2025 concluyó con 12.019 personas privadas de su libertad en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Esto representa un crecimiento del 2,8% (323 personas más) respecto de las que había a fines de 2024. Las cifras son parte del reporte semestral “Población privada de libertad en cárceles federales”, que aborda el período enero-junio 2025, elaborado por la Procuvin.

A su vez, el informe indicó que al cierre del primer semestre de 2025 se registró una sobrepoblación de 8,4%. La cifra implica 928 personas detenidas por encima de las plazas disponibles de alojamiento en los establecimientos del SPF, entre ellos la cárcel de Coronda, a pesar del incremento de la capacidad de alojamiento en el último semestre (se sumaron 89 lugares).

Por otro lado, en relación a la situación procesal, el informe revela que el primer semestre concluyó con un 60% (7.208) de la población penal cumpliendo condena y el 40% restante está encarcelada sin condena firme (4.809).

En ese punto, el informe de la Procuvin puntualizó que, durante el período analizado, la cantidad de personas cumpliendo condena creció un 3,7% (259) y la cantidad de detenidos bajo prisión preventiva aumentó un 1,3% (64). En diciembre de 2024, eran 6.949 las personas condenadas y 4.745 las procesadas.

Los establecimientos federales más poblados del país son los del Área Metropolitana de Buenos Aires: el Complejo Penitenciario Federal (CPF) I de Ezeiza con 1.935 detenidos, el CPF II de Marcos Paz con 1.871 reclusos y el CPF de Villa Devoto con 1.552 detenidos.

En tanto, el reporte indicó que la nueva Unidad 36 de Santa Fe, inaugurada en diciembre 2024, absorbió con sus 320 detenidos el crecimiento poblacional registrado en el primer semestre 2025.


En relación al género, el 92,2% (11.081) de la población es de varones, el 7,5% (903) es de mujeres y el 0,3% (35) de personas trans. El informe indica que la cantidad de mujeres encarceladas en el SPF experimentó un aumento semestral del 6% -muy por encima del crecimiento de la población general- y la población travesti-trans disminuyó un 12,5%.

El documento estadístico indica que el 97,7% (11.744) de las personas privadas de su libertad son mayores de 21 años y que el 2,3% (275) son jóvenes de entre 18 y 21. Este último grupo etario reflejó un descenso considerable del 17,2%, (había 57 jóvenes menos que los 332 de diciembre de 2024).

Asimismo, la Procuvin también detalló que en el semestre aumentó el encarcelamiento de embarazadas (de 12 a 14 casos) y de mujeres con sus hijos, así como la cantidad de niños viviendo en la cárcel (de 6 a 10 casos). La oficina especializada informó que en junio de 2025, el 16,1% (1.933 personas) de la población detenida en cárceles federales es extranjera, mientras que son argentinos el 83,9% (10.086).

La información presentada toma como fuente los reportes publicados hacia el final de cada mes en el sitio web del SPF, que luego son sistematizados y procesados por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la Procuvin. Las cifras corresponden a personas encarceladas en unidades y complejos del SPF.

Esto no constituye el universo total de personas privadas de libertad bajo la órbita de la Justicia nacional y la Justicia federal, debido a que no incluye información sobre detenidos en cárceles provinciales, institutos penales para personas menores de edad ni dispositivos federales tales como dependencias de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal Argentina, entre otras.

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Iglesia cuestiona baja de la edad de imputabilidad y pide más educación

La Conferencia Episcopal Argentina advirtió que centrar el debate solo en la pena simplifica una realidad compleja y reclamó políticas de prevención, acompañamiento y educación para niños y jóvenes.

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación frente a las propuestas que impulsan la baja de la edad de imputabilidad como respuesta a los delitos cometidos por menores y llamó a priorizar políticas de prevención, educación y acompañamiento comunitario.

En un pronunciamiento difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, referente histórico en la educación y el acompañamiento de jóvenes, la Iglesia sostuvo que el debate centrado casi exclusivamente en la sanción penal deja en segundo plano las verdaderas causas del problema y las herramientas necesarias para evitar que los hechos se repitan.

Desde la CEA manifestaron su cercanía con el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos delictivos, aunque advirtieron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad "corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja", que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.

En ese sentido, recordaron un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que, según indicaron, siguen vigentes: el destino de los menores privados de libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social y la eficacia del sistema penitenciario como respuesta.

"La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución", señalaron, al tiempo que reafirmaron la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada "humana, integral y abierta a la esperanza".

El comunicado destaca el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria, sin negar los conflictos pero apostando a la inclusión y al desarrollo pleno de los jóvenes.

La Iglesia rechaza la baja de la edad de imputabilidad y pide cambios profundos en las políticas juveniles.

A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro y eviten respuestas tardías cuando el daño ya está hecho. "La verdadera prevención nace del cuidado compartido", subrayaron, y reclamaron familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.

Finalmente, la Conferencia Episcopal sostuvo que la niñez y la juventud representan "una tierra sagrada donde se siembra el futuro" y pidió especialmente por los jóvenes más vulnerables.

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Los aumentos de febrero

El mes que comienza hoy volverá a ser un desafío para los bolsillos, ya que se esperan aumentos de todo tipo. Las subas incluyen al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros sectores.

Los aumentos de febrero impactarán en los alquileres. Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 34,6%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Los valores que comenzarán a regir para los inquilinos en los casos en que corresponda actualizar el contrato con el propietario:

Contrato anual por ICL (Ley de Alquileres derogada).

  • Alquiler inicial: $ 400.000.
  • Ajuste anual: 34,6%.
  • Nuevo valor: $ 538.400.

Contratos post DNU sobre un alquiler de $ 500.000.

  • Ajuste trimestral (6,08%): $ 530.400.
  • Ajuste cuatrimestral (8,22%): $ 541.100.
  • Ajuste semestral (12,81%): $ 564.050.

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán el 2,80% en febrero. Este aumento también aplicará a los copagos.

La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) logró hace unas semanas la firma de un nuevo aumento salarial para enero, en el marco de las negociaciones paritarias con las tres principales operadoras del país, Claro, Telecom y Movistar.

En ese sentido, las empresas responsables de servicios de cable, Internet y telefonía comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de febrero, aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento que oscilará entre 2,8 y 3,5%, según el servicio y la operadora.

A partir de febrero entra en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas.

Según se informó, se busca que el precio del servicio se pague de manera más pareja a lo largo de todo el año, para suavizar los históricos que se generan en los meses de mayor consumo.

El aumento en los servicios dependerá de los consumos de cada usuario y su situación patrimonial.

A nivel general, la Secretaría de Energía aseguró que con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda, el 35% de los usuarios de luz pagará una factura promedio inferior a $ 22.000; el 66%, menos de $ 44.000: y el 81%, menos de $ 67.000.

En el caso del gas, durante los meses de invierno el 56% de los hogares pagará una factura inferior a $ 14.000; el 75%, menos de $ 56.000; y el 83%, menos de $ 73.000. DIB

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Argentina recibiría deportados de otras nacionalidades desde EEUU

El prestigioso diario The New York Times asegura que hay conversaciones avanzadas entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par argentino , Javier Milei, para que Buenos Aires acepte inmigrantes que Washington no puede expulsar a sus naciones de origen.

De acuerdo a una investigación publicada este viernes por The New York Times, hay "conversaciones avanzadas" por este tema ya que se busca profundizar el alineamiento geopolítico entre ambas naciones.

La intención sería firmar un acuerdo que permita a la administración de Trump deportar inmigrantes de otras nacionalidades hacia la Argentina.

Ese pacto convertiría a la Argentina en un "tercer país" de acogida para expulsados que Washington no logra devolver a sus lugares de origen, ya sea por falta de relaciones diplomáticas o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje.

Sin embargo, horas después Milei pareció desmentir esa información al repostear un mensaje del militante de La Libertad Avanza (LLA) Daniel Parisini, quien se hace llamar el Gordo Dan, en el que negaba las tratativas.

Esta nueva iniciativa se enmarca en la agresiva campaña de deportación masiva movilizada por la administración de Trump, que busca disuadir los cruces ilegales y descomprimir su sistema migratorio derivando a los detenidos hacia naciones aliadas.

Para el gobierno de Milei, aceptar esos traslados representaría un gesto de alto valor para fortalecer su alianza con Estados Unidos, incluso a riesgo de contradecir su propia retórica de endurecimiento fronterizo a nivel local.

El New York Times destaca que esas charlas ocurren mientras la Casa Rosada intensifica sus propios operativos de control migratorio y reivindica cifras récord de expulsiones.

El mecanismo de "tercer país seguro" o acuerdos similares suelen utilizarse para enviar a nacionales de países con los que Estados Unidos tiene relaciones tensas o nulas, usándolos también como mensaje disuasorio para futuros migrantes.

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