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EEUU sanciona a un barco chino que depredó el Mar Argentino
22 de julio de 2025
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ordenó la incautación de todos los productos de mar capturados por el Zhen Fa 7, un barco potero chino que pescó en Mar Argentino, detrás de la milla 200. La embarcación fue sancionada por violaciones a los derechos humanos de su tripulación, incluyendo violencia sexual, retención de identidad y esclavitud.
Un caso resonante asociado al Zhen Fa 7 es el de Daniel Aritonang, un marinero indonesio que se enfermó a bordo debido a una pésima alimentación, no fue llevado a puerto a tiempo y murió al día siguiente de desembarcar de urgencia en Montevideo. El caso fue destapado gracias a una investigación periodística de Outlaw Ocean.
Durante los últimos 13 años, el Zhen Fa 7 concentró sus operaciones en el Pacífico Sur, frente a Ecuador, Perú y Chile, y en el Atlántico Sur, frente a la Patagonia, donde operó hasta el 16 de junio pasado. La Unidad de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos identificó múltiples indicadores de trabajo forzoso en sus operaciones, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
«Estados Unidos tiene normas para la importación y algunas tienen que ver con prohibir productos que tengan que ver con la pesca ilegal o de abuso de derechos humanos», explicó a Milko Schvartzman, experto en pesca ilegal del Círculo de Políticas Ambientales y denunciante en este caso.
La orden de incautar la pesca, según contó Schvartzman, está respaldada con pruebas que tiene Estados Unidos y es bastante excepcional.
El pesquero sancionado utilizaba como base el Puerto de Montevideo, Uruguay, conocido por la falta de controles e inspecciones.El puerto uruguayo es frecuentado por flotas de pesca INDNR (ilegal, no declarada y no reglamentada), debido a la ausencia de exigencias sobre la legalidad de la carga y las condiciones de vida a bordo.
En enero de 2025, la provincia de Santa Cruz avanzó en un acuerdo con empresas chinas para brindarles apoyo logístico, a pesar de sus antecedentes de abuso a los derechos humanos y pesca ilegal.
Impacto en los ecosistemas y la economía
La pesca INDNR afecta gravemente los ecosistemas marinos y la pesca legal, generando un impacto económico y social significativo. En junio de 2022, la Organización Mundial del Comercio (OMC) aprobó el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, que prohíbe el subsidio a flotas ilegales. Sin embargo, para que entre en vigor, necesita la ratificación de 112 países, y hasta ahora cuenta con 105.
En el ámbito de la Organización Marítima Internacional (OMI), se alcanzó un tratado clave para la seguridad de pescadores y buques pesqueros, aún pendiente de entrada en vigor. Aunque el Congreso argentino aprobó ambos acuerdos, estos permanecen sin ratificar por el Poder Ejecutivo Nacional, a pesar de que la Argentina es uno de los países más afectados por la pesca INDNR.
«Esta sanción del Zhen Fa 7 es muy importante porque es un caso que demuestra cómo algunos puertos son cómplices de estos casos como el de Montevideo. La Argentina debería ratificar el acuerdo de la OMC y así tendríamos menos de estos casos», sumó Milko Schvartzman.
REPERCUSIONES INTERNACIONALES
La sanción estadounidense se apoya en estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca aprobado por la OMC en 2022, que aún necesita ser ratificado por más países para entrar en vigor.
La Argentina aprobó dicho acuerdo en el Congreso, pero sigue sin ratificarlo a nivel del Poder Ejecutivo. Lo mismo ocurre con un tratado clave de la Organización Marítima Internacional (OMI) para mejorar la seguridad a bordo de buques pesqueros.
«Si Argentina ratificara estos tratados, podría prevenir casos como el del Zhen Fa 7 y sancionar más eficazmente la pesca ilegal», concluyó Schvartzman.
(Fuentes mnews.com/TNnoticias)
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Inflación de enero: el índice cerraría por encima del 2%
El arranque del año mostró una dinámica de precios persistente en los rubros más sensibles de la economía doméstica. Distintos relevamientos privados coinciden en que la inflación de enero se ubicará por encima del 2%, traccionada nuevamente por los aumentos en alimentos y bebidas, que no logran perforar el piso pese a la estabilidad macroeconómica y cambiaria.
Según revela la Agencia Noticias Argentinas (NA), los informes de las últimas semanas detectaron una aceleración de precios hacia el cierre del mes, concentrada en productos frescos y bienes de demanda inelástica. Si bien no hubo saltos abruptos, el "goteo" constante en góndolas, especialmente en carnes, verduras y aceites, fue suficiente para mantener la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El fenómeno responde a una inflación que "conserva núcleos duros" en la canasta básica. Aunque hubo factores que ayudaron a moderar el índice —como bajas estacionales en algunas verduras, ajustes suaves en lácteos y la estabilidad en precios regulados como combustibles—, el peso de los alimentos frescos fue determinante.
El escenario de febrero traerá una novedad técnica clave: el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios. Esta actualización, ajustada a hábitos de consumo más recientes, le dará mayor ponderación a los servicios y reducirá la incidencia relativa de los alimentos, lo que podría modificar la lectura estadística de la inflación en los próximos meses.
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Iglesia cuestiona baja de la edad de imputabilidad y pide más educación
La Conferencia Episcopal Argentina advirtió que centrar el debate solo en la pena simplifica una realidad compleja y reclamó políticas de prevención, acompañamiento y educación para niños y jóvenes.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación frente a las propuestas que impulsan la baja de la edad de imputabilidad como respuesta a los delitos cometidos por menores y llamó a priorizar políticas de prevención, educación y acompañamiento comunitario.
En un pronunciamiento difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, referente histórico en la educación y el acompañamiento de jóvenes, la Iglesia sostuvo que el debate centrado casi exclusivamente en la sanción penal deja en segundo plano las verdaderas causas del problema y las herramientas necesarias para evitar que los hechos se repitan.
Desde la CEA manifestaron su cercanía con el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos delictivos, aunque advirtieron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad "corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja", que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.
En ese sentido, recordaron un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que, según indicaron, siguen vigentes: el destino de los menores privados de libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social y la eficacia del sistema penitenciario como respuesta.
"La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución", señalaron, al tiempo que reafirmaron la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada "humana, integral y abierta a la esperanza".
El comunicado destaca el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria, sin negar los conflictos pero apostando a la inclusión y al desarrollo pleno de los jóvenes.
A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro y eviten respuestas tardías cuando el daño ya está hecho. "La verdadera prevención nace del cuidado compartido", subrayaron, y reclamaron familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.
Finalmente, la Conferencia Episcopal sostuvo que la niñez y la juventud representan "una tierra sagrada donde se siembra el futuro" y pidió especialmente por los jóvenes más vulnerables.
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Los aumentos de febrero
El mes que comienza hoy volverá a ser un desafío para los bolsillos, ya que se esperan aumentos de todo tipo. Las subas incluyen al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros sectores.
Los aumentos de febrero impactarán en los alquileres. Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 34,6%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).
Los valores que comenzarán a regir para los inquilinos en los casos en que corresponda actualizar el contrato con el propietario:
Contrato anual por ICL (Ley de Alquileres derogada).
- Alquiler inicial: $ 400.000.
- Ajuste anual: 34,6%.
- Nuevo valor: $ 538.400.
Contratos post DNU sobre un alquiler de $ 500.000.
- Ajuste trimestral (6,08%): $ 530.400.
- Ajuste cuatrimestral (8,22%): $ 541.100.
- Ajuste semestral (12,81%): $ 564.050.
Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán el 2,80% en febrero. Este aumento también aplicará a los copagos.
La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) logró hace unas semanas la firma de un nuevo aumento salarial para enero, en el marco de las negociaciones paritarias con las tres principales operadoras del país, Claro, Telecom y Movistar.
En ese sentido, las empresas responsables de servicios de cable, Internet y telefonía comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de febrero, aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento que oscilará entre 2,8 y 3,5%, según el servicio y la operadora.
A partir de febrero entra en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas.
Según se informó, se busca que el precio del servicio se pague de manera más pareja a lo largo de todo el año, para suavizar los históricos que se generan en los meses de mayor consumo.
El aumento en los servicios dependerá de los consumos de cada usuario y su situación patrimonial.
A nivel general, la Secretaría de Energía aseguró que con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda, el 35% de los usuarios de luz pagará una factura promedio inferior a $ 22.000; el 66%, menos de $ 44.000: y el 81%, menos de $ 67.000.
En el caso del gas, durante los meses de invierno el 56% de los hogares pagará una factura inferior a $ 14.000; el 75%, menos de $ 56.000; y el 83%, menos de $ 73.000. DIB
