País
Seguridad: Bullrich tiene un plan
15 de octubre de 2024
En su presentación en el marco de la discusión en comisión del Presupuesto 2025, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció un aumento del 19% en el presupuesto para su cartera, tras el veto a lasen medio de las unoversidades, al tiempo que presentó un plan para reducir homicidios en zonas conflictivas y pidió nuevas leyes para abordar la violencia en el fútbol y crímenes de género
La ministra de Seguridad, , anunció que el aumento del 19% en el presupuesto para 2025 que recibirá el área a su cargo será utilizado en la renovación y adquisición de equipamiento que considera clave para las fuerzas federales. Asi lo hizo saber ante en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Cámara Diputados de la Nación.
fue a defender el aumento del 19% en las partidas para el Ministerio de Seguridad que figura en el proyecto de Presupuesto 2025, que se debate en comisión en la Cámara de Diputados, y en ese marco destacó que uno de los problemas más serios que enfrenta su ministerio es la falta de helicópteros operativos para interceptar vuelos ilegales. Remarcó que, mientras los decomisos terrestres son significativos, el control aéreo es clave en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, y hasta ahora la falta de recursos aéreos ha sido un gran obstáculo.
“Los recursos presupuestarios son limitados, y por eso estamos pensando muy bien cómo priorizarlos”, dijo Bullrich, quien se presentó ante el Congreso en medio de decenas de tomas de facultades de universidades públicas tras el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario, que fue confirmado por el Congreso gracias a la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, el partido de Mauricio Macri, al igual que, dos semanas antes, el veto a la mejora de las jubilaciones.
“No podemos bajar la guardia, y con estas inversiones en equipamiento vamos a estar mejor preparados para enfrentar estos desafíos”, dijo la ministra.
La ministra de Seguridad, además, destacó los avances en la baja de la tasa de homicidios y anunció el lanzamiento del plan 90-10, que se aplicará en las zonas más conflictivas del país. Según Bullrich, el 90% de los homicidios en Argentina ocurren en solo el 10% del territorio, por lo que el objetivo es focalizar los esfuerzos en estos lugares para lograr una reducción significativa de los crímenes violentos.
“En 193 municipios de los 2.000 que tiene el país han ocurrido homicidios, y ese es nuestro foco. Hemos generado un comando unificado con los ministros de seguridad de las provincias que formarán parte de este plan 90-10”, explicó Bullrich. Inicialmente, el plan se implementará en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta y Santa Fe, donde se encuentran los municipios más afectados por la violencia. “Este es un plan que cruza todos los colores políticos del país, y será efectivamente el plan más importante de reducción de homicidios”, afirmó.
Además del plan 90-10, Bullrich anunció la presentación de dos nuevas leyes para abordar otros tipos de violencia. “Vamos a presentar dos leyes más. Una ley antibarras para bajar la violencia en el fútbol y una ley de homicidios vinculares y de género”, señaló la ministra. Según sus cifras, los homicidios vinculados a relaciones personales y de género representan el 10% de los homicidios en el país, por lo que considera fundamental abordar este tipo de crímenes con herramientas legales específicas.
Bullrich, delineó los principios fundamentales que marcarán la nueva estrategia del gobierno en la lucha contra el narcotráfico y la violencia en Argentina. Estos principios incluyen la focalización, la persecución penal, la inteligencia criminal, el uso de tecnología, y la gestión basada en evidencias.
“Para lograr estos objetivos, es crucial movilizar los recursos necesarios. Vamos a implementar cambios tanto en las fuerzas federales como en las provinciales”, aseguró Bullrich. Las áreas seleccionadas para el enfoque intensivo incluyen ciudades como Rosario, Santa Fe Capital, Villa Gobernador Gálvez, Córdoba Capital, y Gran Córdoba, así como municipios en la provincia de Buenos Aires, como 3 de Febrero, Moreno, Esteban Echeverría, General San Martín, y General Pueyrredón. La ministra destacó que este plan fue consensuado con los ministros de seguridad de cada región.
En un movimiento adicional, Bullrich anunció la implementación de un segundo plan bandera que se llevará a cabo en Orán y Aguas Blancas, mencionando que el intendente de Aguas Blancas fue detenido recientemente por narcotráfico. “Este tipo de situaciones nos muestra la urgencia y la importancia de actuar de manera contundente en estas localidades”, dijo la ministra.
Con estos enfoques, el gobierno argentino busca fortalecer la capacidad operativa y reducir significativamente la incidencia del narcotráfico y la violencia en las áreas más afectadas del país.
Bullrich también aseguró que el Estado ha logrado avances sin precedentes en la lucha contra el narcotráfico en Rosario, una ciudad que se había convertido en un bastión del crimen organizado. “Estamos recuperando el control de Rosario, y esto ha sido una prioridad”, afirmó Bullrich ante la Comisión de Presupuesto, donde expuso detalles del despliegue de las Fuerzas Federales en la ciudad santafesina.
País
Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
País
El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
País
Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
