País
Un llamado a la política
20 de septiembre de 2024
La Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) presentó un duro informe en el que hace un fuerte llamado a que el Presidente de la Nación deje de agraviar periodistas y medios en pos de un debate democrático.
“La propensión del presidente de la Nación al agravio a periodistas y medios de comunicación perturba el debate democrático. Se contabilizan más de cincuenta periodistas y medios que han sufrido, en los últimos dos meses, imputaciones infundadas y descalificaciones estigmatizantes”, dice el informe que presentó el presidente de la Comisión Daniel Dessein al cierre de la 62 Asamblea General Ordinaria de Adepa que se realizó en la ciudad de Posadas.
El documento señala retrocesos preocupantes en materia de acceso a la información y critica las crecientes descalificaciones hacia periodistas por parte de funcionarios públicos nacionales. Además, subraya el rol clave del periodismo en tiempos de polarización y desinformación, destacando la necesidad de garantizar un debate público de calidad para fortalecer la democracia.
Este informe de la Comisión de Libertad de Prensa, presidida por Daniel Dessein, aborda los avances y retrocesos de la libertad de prensa en Argentina desde el retorno de la democracia, destacando tanto los hitos alcanzados como las preocupaciones actuales sobre la erosión de este derecho fundamental.
El informe recuerda que, desde la vuelta de la democracia, Argentina pasó por períodos de fortalecimiento y retroceso en la libertad de prensa. Entre los avances, se destacó la reforma constitucional de 1994, que consagró la protección de las fuentes de información, y la eliminación de la figura del desacato en 1993. Asimismo, la despenalización de las calumnias e injurias en 2009 y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que condenaron el uso de la publicidad oficial como forma de castigo por la línea editorial de los medios.
Derecho público
El informe también puso la alerta sobre el decreto reciente del Poder Ejecutivo nacional que introduce excepciones en el acceso a la información pública que, según ADEPA, abren las puertas a un angostamiento del nivel de acceso a la información por parte del periodismo y la ciudadanía en general.
Estas limitaciones, agrega, «van a contramano de los estándares constitucionales e internacionales» que promueven la transparencia como regla general y reservan el secreto solo para casos excepcionales y justificables.
En un contexto democrático, ADEPA subraya que la transparencia debe ser la norma, mientras que las excepciones solo pueden justificarse en casos muy específicos. Según el informe, «la transparencia es la regla; el secreto, la excepción», reiterando la importancia de que los funcionarios públicos mantengan un alto grado de visibilidad personal, en especial en aquellos aspectos que puedan afectar su gestión o toquen intereses públicos.
Un ejemplo destacado mencionado en el informe es el fallo de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que revocó una condena contra los editores de la revista Noticias por la publicación de información sobre un hijo no reconocido del entonces presidente. Este caso, explica ADEPA, sentó un precedente para asegurar que los funcionarios públicos estén sujetos a un mayor grado de escrutinio, y que la libertad de prensa no sea vulnerada por decisiones judiciales desproporcionadas.
El informe también destaca el papel crucial de la prensa para garantizar un debate público de calidad. Según el documento, «la calidad de una democracia depende de la calidad del debate público», y la prensa es una pieza fundamental para asegurar que la ciudadanía pueda acceder a información verificada que permita un intercambio de ideas fluido y tolerante, según destaca.
ADEPA advirtió sobre la degradación del lenguaje por parte de algunos funcionarios públicos, señalando que el estilo provocador y ofensivo deteriora la cohesión social y alimenta un clima de agresión y autocensura en el ámbito periodístico.
Era digital
Otro tema relevante del informe es la influencia de las redes sociales en la sociedad moderna. Si bien se reconoce que estas plataformas inicialmente prometían democratizar el acceso a la información y potenciar la libertad de expresión, el informe critica su papel en la amplificación de discursos de odio y noticias falsas.
«Vivimos en sociedades fragmentadas y polarizadas», afirma ADEPA, subrayando que las redes sociales contribuyeron al deterioro de la discusión pública y la salud institucional en varias democracias alrededor del mundo.
En ese sentido, ADEPA reafirma la importancia del periodismo como una herramienta indispensable para oxigenar el debate público en un entorno digital tóxico. La comisión enfatizó que «la vieja función de recabar y chequear información, contextualizarla, interpretarla y jerarquizarla» sigue siendo crucial en un mundo acelerado e impaciente. También se destacó la responsabilidad del periodismo de proporcionar información útil y veraz, que permita a los ciudadanos tomar decisiones informadas.
El documento de ADEPA hace a su vez un llamado urgente al Gobierno nacional, a los poderes locales y a la clase dirigente a atenuar el clima de confrontación y garantizar la plena vigencia de las libertades de expresión y prensa. En palabras de Arthur G. Sulzberger, citado en el informe, «con la prensa debilitada, los líderes demagógicos pueden guardar secretos, reescribir la realidad y actuar con impunidad, erosionando los cimientos de la democracia”
El informe concluye subrayando la necesidad de un periodismo responsable y moderno como un elemento clave para la defensa de las instituciones democráticas, y ADEPA insta a las autoridades y a la sociedad en general a reconocer el valor estratégico del periodismo y a promover un entorno que permita su desarrollo y sostenibilidad.
.
.
Diez frases claves del informe
- “Desde el regreso de la democracia, la Argentina vivió períodos de avances y retrocesos de la libertad de prensa”
- “Resulta preocupante el reciente decreto del Poder Ejecutivo por el cual se incorporan excepciones que abren las puertas a un angostamiento del nivel de acceso a información por parte del periodismo y la ciudadanía en general”
- “La propensión del presidente de la Nación al agravio a periodistas y medios de comunicación perturba el debate democrático; las acusaciones y los denuestos presidenciales motorizan a un ejército de troles, con el amparo del anonimato y de un financiamiento opaco, que multiplican agresiones verbales y abren así rendijas a la violencia física”
- “La libertad de prensa cumple un rol vital para prevenir abusos de poder y asegurar un acceso total a la información gubernamental, fortaleciendo la democracia”
- “El periodismo no es un oficio ejercido exclusivamente por almas puras e infalibles, pero existen estándares éticos, una responsabilidad con consecuencias legales y una validación profesional”
- “Las redes sociales generaron el terreno fértil para la amplificación de discursos de odio, la circulación de noticias falsas y la ruptura de muchos de los consensos sobre los que se construyó la paz social”
- “El periodismo es una de las principales herramientas con las que cuenta la sociedad para oxigenar el ecosistema digital contaminado con diatribas tóxicas”
- “El lenguaje es la principal herramienta de articulación social. Su degradación, a través del estilo provocador y ofensivo de los funcionarios públicos, deteriora la cohesión de la ciudadanía”
- “En las sociedades democráticas desarrolladas, la libertad de prensa es protegida mediante legislaciones que garantizan los derechos de autor de los medios periodísticos y promueven acuerdos justos con las plataformas tecnológicas”
- “Las plataformas tecnológicas globales vulneran de manera sistemática la propiedad intelectual de los medios periodísticos”
País
Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
País
El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
País
Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
