País
Detienen al Gran Hermano 2001
20 de marzo de 2023
Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición del reality Gran Hermano realizada en el año 2001 y actual productor del mismo programa que se emite en el canal Telefé, fue detenido en el marco de una causa por corrupción de menores, luego de seis allanamientos realizados en la ciudad misionera de Oberá y en las localidades bonaerenses de General Pacheco, Tigre y General Rodríguez, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.
Junto a Corazza, también fueron detenidas otras tres personas, entre ellas el jefe de la organización, por orden del juez Javier Sánchez Sarmiento, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48, que comenzó a investigar a la banda a raíz de la denuncia de dos personas de identidad reservada (actualmente mayores de edad) que dijeron haber sido víctimas cuando tenían entre 11 y 14 años.
La captura del exparticipante de Gran Hermano tuvo lugar esta mañana tras un allanamiento realizado en su domicilio, ubicado sobre la calle Montes de Oca al 300, partido de Tigre.
Mientras tanto, los otros tres imputados fueron identificados por la Justicia como Andrés Fernando Charpenet, Raúl Ignacio Mermet y Francisco Rolando Angelotti, a quien sindican como el jefe de la organización, según la agencia Telam
Todas las detenciones fueron llevadas a cabo tras seis allanamientos, cinco de los cuales se realizaron en las mencionadas localidades del norte del conurbano bonaerense y el restante en la ciudad de Oberá, en Misiones.
Como consecuencia de los procedimientos, se incautaron celulares, computadoras, discos externos, casetes VHS, pendrives y tablets, en tanto que los cuatro detenidos se encuentran a disposición del juez Sánchez Sarmiento, quien los indagará en las próximas horas.
Fuentes judiciales aseguraron a Télam que a todos ellos se les acusa «haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros».
Al respecto, detallaron que los abusos ocurrían en autos particulares en Caballito, Parque Centenario, Plaza Miserere, Costanera Sur, una quinta de Castelar, albergues transitorios del conurbano y domicilios particulares».
La sospecha de los investigadores es que el imputado Angelotti captaba a jóvenes y niños de la provincia de Misiones, de donde es oriundo, a través de sitios de chats en Internet para llevarlos a vivir con él a su domicilio de General Rodríguez. «Se cree que en ese domicilio del oeste del conurbano bonaerense se formalizaban las entregas y sometimientos», dijo un detective que participó de las investigaciones.
El ahora detenido Marcelo Corazza fue el ganador de la primera edición de Gran Hermano, la cual tuvo lugar en el año 2001 y que era conducido por la actriz Soledad Silveyra.
Actualmente, Corazza estaba involucrado como productor durante la edición 2022, la cual continúa emitiéndose en el canal Telefé y que llegará a su conclusión el lunes próximo.
A su vez, el ganador de GH 2001 participaba como panelista todos los viernes a la noche del programa «Gran Hermano: La noche de los ex», donde debatía con otros exparticipantes sobre los hechos desarrollados durante la actual temporada del reality.
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
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Inflación de enero: el índice cerraría por encima del 2%
El arranque del año mostró una dinámica de precios persistente en los rubros más sensibles de la economía doméstica. Distintos relevamientos privados coinciden en que la inflación de enero se ubicará por encima del 2%, traccionada nuevamente por los aumentos en alimentos y bebidas, que no logran perforar el piso pese a la estabilidad macroeconómica y cambiaria.
Según revela la Agencia Noticias Argentinas (NA), los informes de las últimas semanas detectaron una aceleración de precios hacia el cierre del mes, concentrada en productos frescos y bienes de demanda inelástica. Si bien no hubo saltos abruptos, el "goteo" constante en góndolas, especialmente en carnes, verduras y aceites, fue suficiente para mantener la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El fenómeno responde a una inflación que "conserva núcleos duros" en la canasta básica. Aunque hubo factores que ayudaron a moderar el índice —como bajas estacionales en algunas verduras, ajustes suaves en lácteos y la estabilidad en precios regulados como combustibles—, el peso de los alimentos frescos fue determinante.
El escenario de febrero traerá una novedad técnica clave: el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios. Esta actualización, ajustada a hábitos de consumo más recientes, le dará mayor ponderación a los servicios y reducirá la incidencia relativa de los alimentos, lo que podría modificar la lectura estadística de la inflación en los próximos meses.
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Iglesia cuestiona baja de la edad de imputabilidad y pide más educación
La Conferencia Episcopal Argentina advirtió que centrar el debate solo en la pena simplifica una realidad compleja y reclamó políticas de prevención, acompañamiento y educación para niños y jóvenes.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación frente a las propuestas que impulsan la baja de la edad de imputabilidad como respuesta a los delitos cometidos por menores y llamó a priorizar políticas de prevención, educación y acompañamiento comunitario.
En un pronunciamiento difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, referente histórico en la educación y el acompañamiento de jóvenes, la Iglesia sostuvo que el debate centrado casi exclusivamente en la sanción penal deja en segundo plano las verdaderas causas del problema y las herramientas necesarias para evitar que los hechos se repitan.
Desde la CEA manifestaron su cercanía con el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos delictivos, aunque advirtieron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad "corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja", que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.
En ese sentido, recordaron un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que, según indicaron, siguen vigentes: el destino de los menores privados de libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social y la eficacia del sistema penitenciario como respuesta.
"La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución", señalaron, al tiempo que reafirmaron la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada "humana, integral y abierta a la esperanza".
El comunicado destaca el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria, sin negar los conflictos pero apostando a la inclusión y al desarrollo pleno de los jóvenes.
A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro y eviten respuestas tardías cuando el daño ya está hecho. "La verdadera prevención nace del cuidado compartido", subrayaron, y reclamaron familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.
Finalmente, la Conferencia Episcopal sostuvo que la niñez y la juventud representan "una tierra sagrada donde se siembra el futuro" y pidió especialmente por los jóvenes más vulnerables.
