JUDICIALES
Fiscalía pide perpetua
25 de enero de 2023
Los fiscales que intervienen en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en la localidad de Villa Gesell, pidieron hoy que los ocho acusados de matarlo a golpes sean condenados a prisión perpetua.
Tras un alegato de más de tres horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores, los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García consideraron acreditado que Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) son coautores del delito de «homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones».
El fiscal Dávila aseguró hoy en su alegato en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 en la puerta de un boliche de la localidad balnearia de Villa Gesell, que los ocho rugbiers imputados son «coautores» del homicidio porque tuvieron «el co-dominio del hecho, la posibilidad de emprender, proseguir y detener el curso causal del delito».
En el inicio de su exposición, el representante del Ministerio Público Fiscal ratificó la acusación inicial que postuló al comenzar el juicio el 12 de este mes, al afirmar que todos los imputados tuvieron una participación activa en el crimen del joven estudiante de abogacía.
Antes, su colega, el fiscal Gustavo García había considerado que los imputados atacaron «por sorpresa, a traición, sin que tuviera ninguna posibilidad de defenderse» a la víctima, y sostuvo que «no hubo pelea» entre ambos grupos, por lo que encuadró el delito en la figura de «homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con lesiones».
En las casi dos horas que duró su alegato, García repasó con la exposición de unas filminas la prueba presentada a partir de los testimonios de cuatro amigos de Fernando y tres empleados del boliche «Le Brique» de Villa Gesell, para referirse al incidente en el interior del lugar, que consideró «el móvil» que generó que lo mataran afuera.
La fiscalía exhibió las imágenes captadas adentro del boliche y analizadas por la Policía Federal Argentina, donde, según dijo García, «se observa a Máximo Thomsen señalando a alguien».
«Estamos convencidos de que era a Fernando y luego hace un gesto amenazante», expuso el fiscal.
Luego se reprodujeron en la sala de audiencias los videos sincronizados del momento en que son expulsados del boliche tanto el grupo de acusados como el de Fernando.
García dijo que tras la expulsión de «Le Brique», los acusados permanecieron «alrededor de siete minutos cerca de Fernando y sus amigos, acordando durante ese período de tiempo matar a Fernando Báez Sosa esperando el momento adecuado para hacerlo».
El abogado defensor Hugo Tomei cuestionó técnicamente la reproducción del video analizado por García porque entendió que «se asemeja más a una prueba que a un alegato» y consideró que es «un montaje» y «una prueba nueva» no adecuada para esta instancia, lo que fue rechazado por la presidenta del Tribunal, María Claudia Castro, quien dijo que el apoyo fílmico del alegato «es una metodología aprobada» y permitió que el Ministerio Público siguiera adelante.
García continuó con su alegato e hizo referencia a que «la alevosía agrava la menor posibilidad de defensa de la víctima» por una «situación de indefensión» y que «esta indefensión puede provenir por la inadvertencia de la víctima y también ser provocada por el agente».
En cuanto al concurso premeditado de dos o más personas, señaló que puede «ser instantáneo», «no requiere mucha deliberación» y que en este caso los imputados «siete minutos antes de iniciar el ataque se encontraron en la misma vereda a pocos metros de Fernando».
«De alguna manera en este hecho hubo una estrategia o una planificación de cómo iniciar el ataque», dijo.
El fiscal indicó que entre los ocho acusados «no hubo roles, todo hicieron todo, todo se pusieron de acuerdo para matar a Fernando, todos lo golpearon».
«No hubo pelea, obviamente que no hubo pelea», afirmó García, quien se refirió además la patada que dejó una impronta en el rostro de la víctima, y que de acuerdo a las pericias realizadas fue hecha con la zapatilla Cyclone que pertenecía a Thomsen: «Los toreros se llevan la oreja del toro, eso fue dejarle el sello a Fernando».
Luego reiteró que «hubo concurso premeditado de dos o más personas que se pusieron de acuerdo para matarlo y eligieron esa manera, con múltiples golpes de puño y patadas, sobre todo a la cabeza», por lo que aseguró que «no hay posibilidad» de encuadrarlo como «riña o agresión», tal como intentará demostrar la defensa.
Al igual que en las audiencias anteriores, los padres de Fernando, Silvino Báez y Graciela Sosa, están presentes en la sala al igual que los ocho imputados Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).
También están presentes los padres de los acusados, quienes ingresaron esta mañana a la sede judicial a bordo de una combi.
El abogado Fernando Burlando, quien representa a los padres de Báez Sosa, adelantó antes de ingresar a los tribunales de Dolores que en su alegato presentará un video con las imágenes ya incorporadas a la causa para sostener las acusaciones y adelantó que pedirá que se investigue por falso testimonio a al menos cuatro personas que declararon en el debate.
Mañana, en tanto, será el turno de la defensa técnica, cuya estrategia esbozada durante el debate oral se basó en demostrar que el crimen del joven estudiante de abogacía fue en el contexto de un «homicidio en riña o agresión», que según el artículo 95 del Código Penal prevé una pena de entre 2 a 6 años.
También para mañana se espera que los ocho imputados utilicen su derecho a las últimas palabras frente a los jueces Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, al igual que los padres de Fernando, tras como prevé la Ley de Víctimas. Una vez que finalicen los alegatos, el TOC 1 dará a conocer la fecha de la sentencia, que se prevé que será el 30 o 31 de enero. (Telam)
JUDICIALES
El Gobierno flexibiliza trámite para designar jueces de la Corte
El Gobierno avanzó formalmente en la reconfiguración del sistema legal para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General de la Nación.
Mediante la publicación del Decreto 467/2026 en el Boletín Oficial, la administración de Milei dispuso una profunda reforma sobre los históricos decretos 222 y 588 del año 2003, flexibilizando los requisitos y suprimiendo etapas administrativas previas al envío de las postulaciones para los cargos mencionados.
La normativa, firmada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, elimina el filtro de exposición y observaciones ciudadanas que antes se desarrollaba bajo la órbita de la cartera judicial antes de la nominación formal.
El nuevo esquema deroga la obligación de publicar las candidaturas previamente para que sean de conocimiento público. A partir de ahora, la difusión de las hojas de vida y antecedentes de los aspirantes se canalizará exclusivamente mediante el Boletín Oficial y los portales web del Ministerio de Justicia, acortando sensiblemente los tiempos del trámite.
Bajo esta nueva modalidad, los nominados contarán con un margen de cinco días para aportar sus declaraciones juradas patrimoniales detalladas,
lcanzando tanto los bienes propios como los de sus cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, bajo los parámetros de la Ley de Ética Pública.
Otro de los puntos impacta en el rol de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si bien el Ejecutivo conservó la exigencia de evaluar el comportamiento impositivo y previsional de los postulantes, el nuevo texto establece por primera vez un tope máximo de cinco días para que el organismo fiscal elabore sus informes correspondientes, remarcando la obligación de preservar el secreto fiscal del candidato bajo análisis.
Finalmente, en términos de representatividad, el decreto firmado por Mahiques omitió replicar los criterios de sugerencia que contenía el texto original del año 2003, los cuales instaban al Presidente de la Nación a evaluar variables de diversidad de género, especialidades jurídicas y procedencia geográfica de los postulantes a la hora de estructurar la composición del tribunal supremo. (NA)
JUDICIALES
Duro testimonio sobre los últimos días de vida de Diego Maradona
La hija de Diego Maradona declaró este jueves en los tribunales de San Isidro en el juicio que investiga la muerte de Diego Maradona y brindó un estremecedor testimonio sobre las condiciones en las que vivía el exfutbolista en el country San Andrés de Tigre.
Entre lágrimas, Jana Maradona contó cómo fue acondicionada la habitación en la que su padre permaneció durante sus últimos días. “Como no pudieron conseguir una casa con habitación abajo, refaccionaron una. Taparon con cartones una ventana, le pusieron una puerta corrediza”, relató ante el tribunal.
Además, explicó que Diego se quejaba constantemente por los ruidos de la cocina, ya que el cuarto estaba demasiado cerca de ese sector de la vivienda. Según describió, la cama era común y no había equipamiento médico especial ni condiciones adecuadas para asistirlo.
La declaración de Jana se dio en el marco del proceso judicial que intenta establecer si hubo negligencia o fallas en la atención médica que recibió Maradona antes de morir el 25 de noviembre de 2020.
La joven fue una de las últimas personas del entorno familiar que visitó al ídolo en la casa del country San Andrés y su testimonio aportó detalles sensibles sobre el aislamiento y las condiciones en las que atravesó sus últimos días.
Con visible emoción, Jana recordó distintas situaciones vinculadas al cuidado de su padre y dejó al descubierto el impacto que todavía genera la muerte del campeón del mundo. El juicio continúa con nuevas declaraciones y pericias para esclarecer qué ocurrió durante las horas previas al fallecimiento del exfutbolista.
JUDICIALES
La escribana de Adorni negó que dos jubiladas le hayan prestado plata
La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró ante el fiscal federal, Gerardo Pollicita, y negó que dos jubiladas le hayan prestado la plata al jefe de Gabinete para las operaciones inmobiliarias.
Nevechenko fue la primera testigo de la causa que se presentó en Comodoro Py, estuvo dos horas declarando y certificó la compra del departamento de Caballito de Manuel Adorni.
“Trabajo para Adorni hace muchos años”, dijo la escribana sobre el vínculo que mantiene con el exvocero presidencial.
Nevechenko dijo que “no hubo irregularidades en las operaciones” que llevó adelante el jefe de Gabinete y aseguró las dos mujeres involucradas en la causa “no prestaron dinero para el inmueble de Caballito".
La jueza habría intervenido además en la escritura de una propiedad registrada a nombre de la esposa del funcionario, Julieta Bettina Angeletti, en Exaltación de la Cruz.
La presentación fue por la investigación judicial que analiza la compra del inmueble ubicado en el barrio porteño de Caballito. La operación, realizada el 18 de noviembre de 2025, fue declarada por un valor de 230 mil dólares y quedó bajo análisis por la estructura financiera utilizada para concretarla.
Según los registros inmobiliarios la propiedad tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas y a Claudia Sbabo. Ambas no solo figuraron como vendedoras del departamento sino también como acreedoras de un crédito hipotecario por 200 mil dólares que permitió completar la operación. Cada una aportó el 50% del préstamo, que quedó asentado en partes iguales a su nombre.
La intervención de la escribana fue clave en esa transacción y también en otra operación inmobiliaria vinculada al funcionario. La profesional habría participado además en la escritura de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, comprada en noviembre de 2025 y que figura a nombre de la esposa del jefe de Gabinete.
Pollicita pidió una serie de medidas de prueba con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la información declarada ante organismos oficiales. Entre los pedidos se incluyeron oficios a registros de la propiedad, de vehículos y requerimientos vinculados con movimientos financieros.
La fiscalía consideró que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario. La investigación tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, quien delegó el impulso de la causa en el fiscal. Pollicita también le pidió a la escribana la documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias en las que intervino.
La caussa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional, Marcela Pagano, que advirtió sobre presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario. Según su planteo el patrimonio de Adorni habría registrado un aumento del 500% en un período fiscal y habría omisiones en la información presentada.
Entre los puntos señalados en la denuncia se mencionaron activos financieros y depósitos en el exterior por más de 16 millones de pesos, así como la incorporación de US$24.500 en efectivo que, según se indicó, habrían tenido origen en préstamos familiares.
Otro de los aspectos que quedó bajo revisión es la declaración patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción. Adorni informó en ese documento la titularidad de la mitad de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y una propiedad en La Plata, sin consignar bienes ubicados en countries.
Además surgieron dudas en torno a un lote en el country Indio Cuá, donde las expensas figuran a nombre de Angeletti, lo que motivó consultas de los investigadores sobre la relación entre los bienes declarados y los movimientos patrimoniales recientes. (TN)
