JUDICIALES
Fiscalía pide perpetua
25 de enero de 2023
Los fiscales que intervienen en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en la localidad de Villa Gesell, pidieron hoy que los ocho acusados de matarlo a golpes sean condenados a prisión perpetua.
Tras un alegato de más de tres horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores, los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García consideraron acreditado que Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) son coautores del delito de «homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones».
El fiscal Dávila aseguró hoy en su alegato en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 en la puerta de un boliche de la localidad balnearia de Villa Gesell, que los ocho rugbiers imputados son «coautores» del homicidio porque tuvieron «el co-dominio del hecho, la posibilidad de emprender, proseguir y detener el curso causal del delito».
En el inicio de su exposición, el representante del Ministerio Público Fiscal ratificó la acusación inicial que postuló al comenzar el juicio el 12 de este mes, al afirmar que todos los imputados tuvieron una participación activa en el crimen del joven estudiante de abogacía.
Antes, su colega, el fiscal Gustavo García había considerado que los imputados atacaron «por sorpresa, a traición, sin que tuviera ninguna posibilidad de defenderse» a la víctima, y sostuvo que «no hubo pelea» entre ambos grupos, por lo que encuadró el delito en la figura de «homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con lesiones».
En las casi dos horas que duró su alegato, García repasó con la exposición de unas filminas la prueba presentada a partir de los testimonios de cuatro amigos de Fernando y tres empleados del boliche «Le Brique» de Villa Gesell, para referirse al incidente en el interior del lugar, que consideró «el móvil» que generó que lo mataran afuera.
La fiscalía exhibió las imágenes captadas adentro del boliche y analizadas por la Policía Federal Argentina, donde, según dijo García, «se observa a Máximo Thomsen señalando a alguien».
«Estamos convencidos de que era a Fernando y luego hace un gesto amenazante», expuso el fiscal.
Luego se reprodujeron en la sala de audiencias los videos sincronizados del momento en que son expulsados del boliche tanto el grupo de acusados como el de Fernando.
García dijo que tras la expulsión de «Le Brique», los acusados permanecieron «alrededor de siete minutos cerca de Fernando y sus amigos, acordando durante ese período de tiempo matar a Fernando Báez Sosa esperando el momento adecuado para hacerlo».
El abogado defensor Hugo Tomei cuestionó técnicamente la reproducción del video analizado por García porque entendió que «se asemeja más a una prueba que a un alegato» y consideró que es «un montaje» y «una prueba nueva» no adecuada para esta instancia, lo que fue rechazado por la presidenta del Tribunal, María Claudia Castro, quien dijo que el apoyo fílmico del alegato «es una metodología aprobada» y permitió que el Ministerio Público siguiera adelante.
García continuó con su alegato e hizo referencia a que «la alevosía agrava la menor posibilidad de defensa de la víctima» por una «situación de indefensión» y que «esta indefensión puede provenir por la inadvertencia de la víctima y también ser provocada por el agente».
En cuanto al concurso premeditado de dos o más personas, señaló que puede «ser instantáneo», «no requiere mucha deliberación» y que en este caso los imputados «siete minutos antes de iniciar el ataque se encontraron en la misma vereda a pocos metros de Fernando».
«De alguna manera en este hecho hubo una estrategia o una planificación de cómo iniciar el ataque», dijo.
El fiscal indicó que entre los ocho acusados «no hubo roles, todo hicieron todo, todo se pusieron de acuerdo para matar a Fernando, todos lo golpearon».
«No hubo pelea, obviamente que no hubo pelea», afirmó García, quien se refirió además la patada que dejó una impronta en el rostro de la víctima, y que de acuerdo a las pericias realizadas fue hecha con la zapatilla Cyclone que pertenecía a Thomsen: «Los toreros se llevan la oreja del toro, eso fue dejarle el sello a Fernando».
Luego reiteró que «hubo concurso premeditado de dos o más personas que se pusieron de acuerdo para matarlo y eligieron esa manera, con múltiples golpes de puño y patadas, sobre todo a la cabeza», por lo que aseguró que «no hay posibilidad» de encuadrarlo como «riña o agresión», tal como intentará demostrar la defensa.
Al igual que en las audiencias anteriores, los padres de Fernando, Silvino Báez y Graciela Sosa, están presentes en la sala al igual que los ocho imputados Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).
También están presentes los padres de los acusados, quienes ingresaron esta mañana a la sede judicial a bordo de una combi.
El abogado Fernando Burlando, quien representa a los padres de Báez Sosa, adelantó antes de ingresar a los tribunales de Dolores que en su alegato presentará un video con las imágenes ya incorporadas a la causa para sostener las acusaciones y adelantó que pedirá que se investigue por falso testimonio a al menos cuatro personas que declararon en el debate.
Mañana, en tanto, será el turno de la defensa técnica, cuya estrategia esbozada durante el debate oral se basó en demostrar que el crimen del joven estudiante de abogacía fue en el contexto de un «homicidio en riña o agresión», que según el artículo 95 del Código Penal prevé una pena de entre 2 a 6 años.
También para mañana se espera que los ocho imputados utilicen su derecho a las últimas palabras frente a los jueces Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, al igual que los padres de Fernando, tras como prevé la Ley de Víctimas. Una vez que finalicen los alegatos, el TOC 1 dará a conocer la fecha de la sentencia, que se prevé que será el 30 o 31 de enero. (Telam)
JUDICIALES
La escribana de Adorni negó que dos jubiladas le hayan prestado plata
La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró ante el fiscal federal, Gerardo Pollicita, y negó que dos jubiladas le hayan prestado la plata al jefe de Gabinete para las operaciones inmobiliarias.
Nevechenko fue la primera testigo de la causa que se presentó en Comodoro Py, estuvo dos horas declarando y certificó la compra del departamento de Caballito de Manuel Adorni.
“Trabajo para Adorni hace muchos años”, dijo la escribana sobre el vínculo que mantiene con el exvocero presidencial.
Nevechenko dijo que “no hubo irregularidades en las operaciones” que llevó adelante el jefe de Gabinete y aseguró las dos mujeres involucradas en la causa “no prestaron dinero para el inmueble de Caballito".
La jueza habría intervenido además en la escritura de una propiedad registrada a nombre de la esposa del funcionario, Julieta Bettina Angeletti, en Exaltación de la Cruz.
La presentación fue por la investigación judicial que analiza la compra del inmueble ubicado en el barrio porteño de Caballito. La operación, realizada el 18 de noviembre de 2025, fue declarada por un valor de 230 mil dólares y quedó bajo análisis por la estructura financiera utilizada para concretarla.
Según los registros inmobiliarios la propiedad tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas y a Claudia Sbabo. Ambas no solo figuraron como vendedoras del departamento sino también como acreedoras de un crédito hipotecario por 200 mil dólares que permitió completar la operación. Cada una aportó el 50% del préstamo, que quedó asentado en partes iguales a su nombre.
La intervención de la escribana fue clave en esa transacción y también en otra operación inmobiliaria vinculada al funcionario. La profesional habría participado además en la escritura de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, comprada en noviembre de 2025 y que figura a nombre de la esposa del jefe de Gabinete.
Pollicita pidió una serie de medidas de prueba con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la información declarada ante organismos oficiales. Entre los pedidos se incluyeron oficios a registros de la propiedad, de vehículos y requerimientos vinculados con movimientos financieros.
La fiscalía consideró que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario. La investigación tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, quien delegó el impulso de la causa en el fiscal. Pollicita también le pidió a la escribana la documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias en las que intervino.
La caussa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional, Marcela Pagano, que advirtió sobre presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario. Según su planteo el patrimonio de Adorni habría registrado un aumento del 500% en un período fiscal y habría omisiones en la información presentada.
Entre los puntos señalados en la denuncia se mencionaron activos financieros y depósitos en el exterior por más de 16 millones de pesos, así como la incorporación de US$24.500 en efectivo que, según se indicó, habrían tenido origen en préstamos familiares.
Otro de los aspectos que quedó bajo revisión es la declaración patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción. Adorni informó en ese documento la titularidad de la mitad de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y una propiedad en La Plata, sin consignar bienes ubicados en countries.
Además surgieron dudas en torno a un lote en el country Indio Cuá, donde las expensas figuran a nombre de Angeletti, lo que motivó consultas de los investigadores sobre la relación entre los bienes declarados y los movimientos patrimoniales recientes. (TN)
JUDICIALES
Procesan y embargan a Tapia y Toviggino por presunta evasión fiscal
El juez Diego Amarante resolvió este lunes procesar a la cúpula directiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellos a su presidente, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.
La medida también alcanza al secretario general Cristian Malaspina y a los dirigentes Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo, a quienes se los considera responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.
Según la investigación judicial, los imputados no habrían depositado en tiempo y forma más de $19.300 millones correspondientes a impuestos y aportes patronales entre 2024 y 2025. La causa contempla, además, un agravante por la intervención de varias personas en una estructura organizativa.
Desde la defensa sostuvieron que la deuda fue finalmente saldada y negaron la existencia de delito. En ese sentido, Tapia rechazó las acusaciones y aseguró que no hubo responsabilidad ni personal ni institucional, al tiempo que cuestionó la difusión pública del caso.
El titular de la AFA había declarado el pasado 12 de marzo, en la última ronda de indagatorias, tras lo cual comenzaron a correr los plazos procesales que derivaron en la decisión del magistrado.
La causa continúa su curso en la Justicia, mientras se analizan las responsabilidades individuales de los dirigentes involucrados.
JUDICIALES
La Corte propone cambios en la forma de seleccionar a los jueces
La Corte Suprema de Justicia propuso una reforma en la manera en que se seleccionan los candidatos a jueces federales y nacionales para que sea analizada por el Consejo de la Magistratura. La intención es fijar un límite al margen de acción política en el criterio de selección.
El nuevo reglamento de selección de jueces propuesto lleva la firma de solo los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y no la del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
Los cambios propuestos reducen la discrecionalidad política en los concursos para jueces en momentos en que el Consejo de la Magistratura se dispone a cambiar su relación interna de fuerzas, con mayor incidencia del oficialismo de La Libertad Avanza en el organismo. Ahora el peso de la selección pasa por el diseño del banco de preguntas, la definición de los criterios de evaluación y la gestión del proceso.
Los jueces dispusieron elevar este reglamento al Plenario del Consejo de la Magistratura para su consideración y decidieron comunicarlo a las Cámaras nacionales y federales de todo el país y de los Supremos Tribunales de Justicia de las provincias. Se necesitan mayorías agravadas para su aprobación.
El trabajo lo venía realizando Rosenkrantz desde hace varios meses y Lorenzetti lo acompañó, dijeron fuentes del Consejo de la Magistratura. Rosatti quedó en soledad, lo que marca un cambio en la dinámica de funcionamiento de la Corte.
En el Consejo de la Magistratura hay otras propuestas, cerca de 14, pero en este caso se trata de una acordada de la Corte, que de todas manera el organismo colegiado está obligado a acatar.
Límites
El reglamento le pone límites al Consejo de la Magistratura al disponer, por ejemplo, que los concursos para jueces se realizarán de ahora en más con un banco de preguntas que se corregirá mediante un multiple choice. Las entrevistas personales solo pueden dar puntos al candidato con un límite del 10% del total.
Con el argumento de reforzar la transparencia y reducir la discrecionalidad, el nuevo esquema redefine no solo cómo se evalúa a los candidatos, sino también dónde reside el poder real dentro del proceso.
Hay un fuerte giro hacia un modelo reglado, pues antes tenía peso el examen de oposición, antecedentes y la entrevista personal con una valoración subjetiva. Ahora se impone una lógica de evaluación tabulada, automatizada y con reglas preestablecidas.
Entre las innovaciones aparece como regla la instauración de concursos anticipados. Es decir que siempre se harán concursos anticipados, antes de que se produzcan las vacantes. La medida busca licuar la influencia del contexto político en los concursos.
Doble examen
Otro cambio central es la implementación de un doble examen con anonimato reforzado. Una primera instancia general, de carácter objetivo y corrección automatizada, funciona como filtro técnico.
La segunda etapa, de carácter práctico, evalúa la capacidad de resolución de casos y redacción de sentencias . Todo el proceso se apoya en sistemas que garantizan la trazabilidad y el anonimato de los postulantes, en un intento por blindar la evaluación frente a interferencias externas.
La entrevista personal, uno de los momentos de mayor incidencia política, pierde peso. Su puntaje queda limitado a un 10% dentro del total, y su capacidad de alterar el orden de mérito se reduce al mínimo. Deja de ser el espacio donde se definían muchas ternas.
En paralelo, el nuevo reglamento introduce un sistema de evaluación de antecedentes tabulado. La formación académica, los promedios universitarios, la experiencia profesional y la trayectoria en la función judicial son ponderados mediante criterios objetivos y previamente definidos. La intención es sustituir valoraciones por métricas verificables.
También se avanza hacia la digitalización del proceso donde cada postulante contará con un legajo único, auditable y accesible, lo que mejora la transparencia y el control.
El nuevo modelo reduce de manera ostensible la capacidad de intervención de los consejeros en el concurso con la posibilidad de influir en las entrevistas o de alterar el orden de mérito, pues esa facultad queda acotada. Eran frecuentes las quejas de candidatos que terminaban bien en los exámenes y perdían lugares en la lista definitiva, o al revés. También eran frecuentes los casos de los candidatos de mitad de tabla que ascendían en la lista final, merced a la política. Ahora el poder pasa por el diseño del banco de preguntas, la definición de los criterios de evaluación y la gestión del proceso.
La Corte Suprema consolida su influencia sobre el proceso de selección en desmedro del Consejo de la Magistratura. Los cambios principales son la fijación de pautas objetivas de asignación para la categoría “especialización” y se incorporan indicadores como el de rendimiento académico en la carrera de grado. Si antes el examen consistía en la elaboración de una sentencia, ahora hay dos etapas: en la primera, se evalúan los conocimientos de derecho del concursante; en la segunda, su capacidad de resolver situaciones prácticas de su función.
El nuevo examen busca mayor amplitud y objetividad en los conocimientos jurídicos y prácticos de los concursantes. Antes los jurados elaboraban y corregían el examen. Ahora los que elaboran el examen no son los mismos que lo corrigen. Se evitan así filtraciones de consignas y sesgos en la calificación. La primera etapa es una calificación automatizada que mide conocimientos sin discrecionalidad en la calificación. La segunda etapa fija criterios claros para la asignación del puntaje en la resolución del caso.
Se preserva el anonimato de los concursantes y se privilegia la aplicación de normas neutrales e igualitarias en la corrección de las consignas. La discrecionalidad de la Comisión de Selección en la convocatoria a la entrevista y en la asignación de puntos, que muchas veces modifican los resultados derivados de antecedentes y exámenes, se limita. Así se busca eliminar la discrecionalidad política en la evaluación de los candidatos y se privilegia el resultado técnico de la evaluación de antecedentes y examen.
Foto Rosenkrantz, Rossi y Lorenzetti, los tres ministros actuales de la Corte.
