JUDICIALES
Semana de alegatos
22 de enero de 2023
Tras la finalización de las audiencias correspondientes a la presentación de pruebas y testigos, el miércoles y jueves próximos serán los alegatos del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa que se lleva adelante en la ciudad de Dolores, donde la fiscalía, el particular damnificado y la defensa expondrán sus fundamentos con relación a las condenas y penas que solicitarán para los ocho acusados por el homicidio del joven estudiante de abogacía.
Fuentes judiciales confirmaron que el próximo miércoles, a partir de las 9, en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores comenzarán los alegatos con la exposición de los fiscales de juicio, Juan Manuel Dávila y Gustavo García.
Durante la misma jornada también expondrán sus fundamentos los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Facundo Améndola, representantes de los padres de Báez Sosa, Silvino Báez y Graciela Sosa.
Tanto el Ministerio Público Fiscal, como los abogados del particular damnificado, adelantaron que continuarán con la acusación con la que la causa fue elevada a juicio y en la que los ocho acusados son considerados responsables del delito de «homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas», que prevé una pena de prisión perpetua, y «lesiones», en relación a los ataques sufridos por amigos de Fernando.
Por su parte, el jueves será el turno de la defensa técnica, a cargo del abogado Hugo Tomei, representante de los acusados Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).
La estrategia de Tomei esbozada durante el debate oral se basó en demostrar que el crimen del joven estudiante de abogacía fue en el contexto de un «homicidio en riña o agresión», que según el artículo 95 del Código Penal prevé una pena de entre 2 a 6 años.
En tanto, se espera que los ocho imputados utilicen su derecho a las últimas palabras frente a los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari.
Durante la etapa de pruebas solicitaron declarar Lucas, Luciano y Ciro Pertossi, Máximo Thomsen y Blas Cinalli; mientras que Matías Benicelli, Ayrton Viollaz y Enzo Comelli aptaron por no hacerlo.
Una vez que finalicen los alegatos y las últimas palabras de los acusados, los jueces del TOC 1 darán a conocer la fecha de la sentencia, que se prevé que será el 30 o 31 de enero.
El debate oral se extendió a través de 13 jornadas de presentación de pruebas y el testimonio de 87 personas, entre ellos familiares de la víctima y de los imputados, amigos de Fernando, testigos del ataque, policías, médicos, bomberos y profesionales de la salud.
Los ocho imputados aguardan los alegatos alojados en la alcaldía de la Unidad Penal 6 de Dolores, donde fueron trasladados desde la cárcel Melchor Romero el 1° de enero, previo al inicio del juicio.
Los miércoles de cada semana recibieron la visita de sus familiares, quienes además les llevaron mercadería y elementos para el aseo personal.
La última semana la visita fue suspendida ya que coincidía con la fecha del tercer aniversario del crimen de Fernando y los familiares estimaron que podría realizarse una movilización al penal, según le confirmó a Télam un allegado a los imputados.
Por otra parte, Graciela y Silvino, los padres del joven asesinado, aguardan los alegatos en la ciudad de Dolores, donde el último viernes repartieron la mercadería que fue donada durante el acto interreligioso que realizaron en homenaje a su hijo al cumplirse tras años de su homicidio.
Según una de las organizadoras de la colecta, las donaciones fueron recibidas en Dolores por ocho merenderos, hogares de ancianos y de niños, clubes y la cooperadora del hospital local San Roque.
También se repartieron en varios lugares las donaciones recibidas en el colegio Marianista del barrio porteño de Caballito al que asistió Fernando en la secundaria. Fuente: Télam
JUDICIALES
Adorni: el fiscal desestimó el enriquecimiento ilícito
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la causa contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni deje de investigarse bajo la figura de enriquecimiento ilícito y sea derivada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para determinar si incurrió en delitos tributarios. El pedido se formalizó tras analizar los descargos presentados por el exfuncionario, quien justificó gran parte de sus movimientos patrimoniales a través de operaciones con Bitcoin concretadas antes de su ingreso a la función pública.
El fiscal consideró que no hay elementos para acusar a Adorni
El dictamen del fiscal concluyó que los elementos reunidos durante la etapa de instrucción no alcanzan para refutar la versión de Adorni sobre el origen previo de sus fondos ni para sostener un incremento patrimonial injustificado entre diciembre de 2023 y junio de 2026. La fiscalía había enfocado la pesquisa en gastos por 402.578 dólares y en inconsistencias entre sus ingresos declarados y las erogaciones registradas durante su paso por la administración pública.
Para justificar las cifras, la defensa alegó que la venta de una inversión de 200.000 dólares realizada en Bitcoin entre 2014 y 2018 le generó una ganancia de 591.544 dólares mantenida en efectivo. Tras auditar las ocho direcciones digitales aportadas por el exfuncionario, los peritos corroboraron la existencia y la actividad de las billeteras informáticas en el período indicado, lo que llevó al fiscal a considerar que no existen pruebas para desmentir la maniobra, derivando la decisión final al juez federal Ariel Lijo.
Asimismo, la investigación puso foco en operaciones inmobiliarias como la compra de una propiedad en el country Indio Cuá por 120.000 dólares y un departamento en el barrio porteño de Caballito por 230.000 dólares, además de refacciones abonadas en efectivo sin respaldo fiscal. Ante este escenario, el fiscal solicitó investigar por presunta evasión a los desarrolladores y contratistas vinculados, además de requerir la intervención del organismo profesional correspondiente sobre la escribana interviniente en las escrituras.
JUDICIALES
El Gobierno promueve a Daniel Rafecas para la Cámara de Casación
El Gobierno nacional envió formalmente al Senado el pliego para designar al juez federal Daniel Rafecas como vocal en la Cámara Nacional de Casación de la Capital Federal.
Según el documento al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el pedido apunta a que el actual titular del Juzgado Federal N.° 3 de Comodoro Py ocupe un lugar en la Vocalía N.° 7 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
El pliego presentado este martes 3 de noviembre lleva la firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
JUDICIALES
‘Sin lugar a dudas Maradona fue asesinado’
El abogado Fernando Burlando sostuvo en los alegatos finales del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona que el exfutbolista "fue asesinado", al considerar que el entorno y el equipo médico desatendieron de forma deliberada el grave deterioro de su salud.
Durante su exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, la querella solicitó penas de prisión de hasta 15 años para los imputados.
Burlando, representante legal de Dalma y Gianinna, le aseguró hoy a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón que esta jornada de alegatos, en el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, es una "cita con la historia".
🗣️ "Se trató de los peores compendios lacerantes y mayores que le pueden tocar a un ser humano. Mataron a un héroe mitológico, a un guerrero capaz de ir y volver del olvido de la muerte. Lo hicieron de una manera muy cobarde aprovechándose de la vulnerabilidad de su salud", expresó el letrado.
