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La Justicia detrás de la cuarentena

29 de junio de 2020

La Corte Suprema de Justicia dio marcha atrás en la decisión de levantar la feria judicial extraordinaria en la que había ingresado junto a las cámaras nacionales y federales debido al avance del coronavirus. Por la mañana el máximo tribunal había confirmado que la levantaría, pero por la tarde decidió retroceder en su decisión.

La feria rige desde marzo, cuando comenzó el aislamiento obligatorio y los tres poderes del Estado debieron readaptar sus actividades con nuevos protocolos. En muchos casos la tarea habitual se vio interrumpida.

El texto de la acordada difundida este lunes señala que se mantendrá el funcionamiento de todos los tribunales federales con asiento en el interior del país, respecto de los cuales se dispuso el levantamiento de la feria en los términos previstos en las acordadas 17, 19, 20, 23 y 24.

También detallaron que durante la feria extraordinaria la Corte Suprema funcionará con todos sus miembros y secretarios; y que se mantendrá la atención al público para los tribunales de feria de lunes a viernes desde las 9.30 hasta las 13.30.

“A través de distintas acordadas se instrumentó una serie de medidas que conjugaron la prestación del servicio de justicia con la protección de la salud de los empleados, funcionarios, magistrados, como así también del público en general que concurre a los tribunales”, señala en sus considerandos.

En una primera instancia la Corte había decidido prorrogar la feria en juzgados de primera instancia y, sorpresivamente, en los tribunales orales, pese a que hay varios juicios de relevancia institucional esperando una habilitación para poder reanudarse.

La decisión de mantener cerrados los TOF había generado malestar en la comunidad jurídica porque atenta contra uno de los principios fundamentales del derecho: el de garantizar procesos ágiles.

Hasta ahora, el máximo tribunal siempre había prorrogado su feria casi en forma automática, a la par de los decretos del gobierno nacional que extendían la cuarentena en el Área Metropolitana. Pero esta mañana, a diferencia de lo que había dispuesto el jefe de Estado para el AMBA, la Corte promovió la apertura de algunos tribunales relevantes que estaban cerrados.

Los miembros del máximo tribunal tenían dispuesto suspender plazos procesales, ordenar la implementación de protocolos especiales de salud y encomendar que se priorice el trabajo remoto, con presencia mínima de personal.

Además, pretendían mantener las licencias excepcionales para los grupos de riesgo frente al COVID-19 y solicitar que se arbitren los medios necesarios para garantizar la atención virtual ante presentaciones y consultas. (NA)

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‘Venden humo’

El arzobispo de San Juan de Cuyo y secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), monseñor Jorge Lozano, reclamó hoy a la dirigencia política que "no venda humo" y encare acciones profundas y eficaces contra el narcotráfico, que, aseveró, forma parte de un "cáncer social alimentado por la corrupción y la avaricia de dinero y poder"

El prelado sostuvo que la expresión de la pandemia del coronavirus "resuena más fuerte", pero "sin embargo, esta 'otra pandemia' de la droga es acallada, escondida o, lo que es peor, disfrazada con expresiones y apariencias recreativas".

El religioso apeló además a la unidad entre la capilla, el club y el colegio, como esquema social para alejar de las drogas a la gente, y especialmente a los niños y jóvenes.

"Por ser uno de los problemas más acuciantes de las familias, poco se habló de la droga y del narcotráfico en la campaña electoral y en los debates siguientes a las PASO. La sensación de impotencia y la desproporción de fuerzas constituyen un gran desafío", lamentó Lozano en su reflexión semanal, publicada por la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA).

Lozano dijo además que cuando escucha a dirigentes políticos hablar de despenalización del consumo de drogas o su uso recreativo en fiestas, o cuando escucha decir que "un porro es inocuo", se pregunta "en qué tipo de jóvenes están pensando, en qué modelo de salud, qué sociedad". Ante ello reclamó: "Que no nos vendan humo".

Añadió que "muchos son los que se encuentran a la intemperie, física y existencial. Duermen en la calle, las estaciones, las plazas y se naturaliza esa situación. La indiferencia no colabora en la búsqueda de soluciones eficaces".

Y advirtió que "no es algo oculto el vínculo entre las actividades mafiosas del narcotráfico, la trata de personas, los desarmaderos de autos robados, el comercio de armas. Son parte del mismo cáncer social alimentado por la corrupción y la avaricia de dinero y poder".

Monseñor Lozano aseguró que "debe haber en cada barrio una creativa y audaz cercanía entre 'las 3 C': Capilla, Club y Colegio".

"La respuesta y la prevención deben buscarse en abordajes integrales. En general la droga es la punta del iceberg ante la que quedan ocultas muchas postergaciones en la salud, la educación, la familia", indicó.

"Gracias a Dios -abundó- va creciendo la conciencia en algunos sectores eclesiales y sociales, aunque debemos señalar que es más rápida la aceleración del consumo".

Y en ese contexto rescató lo dicho por el papa Francisco acerca de que "'la Iglesia es un Hospital de Campaña' que recoge a los heridos del sistema, que éste excluye y margina. La Iglesia es una madre que sale al encuentro de sus hijos para abrazarlos y darles un lugar, una familia grande".

"No quiero dejar de reconocer el esfuerzo y la entrega de hombres y mujeres que se comprometen y 'reciben la vida como viene', según expresión del cardenal Jorge Bergoglio", amplió.

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Los gobernadores piden levantar cepo a la carne

Más gobernadores se sumaron al pedido de levantar el cepo a la exportación de carne, uno de los temas que se tratarán en la reunión que el flamante ministro de Agricultura, Julián Domínguez, mantendrá el lunes próximo con los integrantes de la Mesa de Enlace.

Tras el pedido formulado por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, para dejar sin efecto las restricciones, se sumaron los mandatarios de Entre Ríos, Gustavo Bordet; Santa Fe, Omar Perotti; y La Pampa, Sergio Ziliotto.

Bordet dijo que en el marco de generar y sostener el empleo, «tenemos que aumentar los niveles de productividad».

Explicó que junto a Perotti y Ziliotto están pidiendo que se «resuelva el tema de las exportaciones de carne, porque impacta en nuestras provincias».

Señaló que en Entre Ríos «hay frigoríficos exportadores y nos preocupa la mano de obra que allí trabaja«.

 Empleo en los frigoríficos

Con esa preocupación, estamos pidiendo al ministro Domínguez que -sabemos que comparte esta preocupación- resolver este conflicto para defender la fuente de empleo de los obreros de los frigoríficos, indicó.

Como ejemplo, citó los casos de los frigoríficos Alberdi, en Oro Verde, y el San José, de esa localidad entrerriana.

“Por la defensa y el sostenimiento del empleo es que estamos pidiendo que estas medidas de cierre de exportaciones puedan reverse para avanzar hacia un sistema productivo integral que garantice que haya empleo sostenible y para que las cadenas de valor como la industria y el sector cárnico tenga la rentabilidad necesarias”, aseguró.

Por su parte, el ministro de Producción entrerriano, Juan José Bahillo, dijo que se está atravesando una situación difícil y estamos preocupados por el alza de los precios de alimentos básicos, por eso es necesario encontrar puntos de encuentro para que el sector cárnico abastezca al mercado local con valores acordes al bolsillo de las familias.

El titular de la cartera productiva agregó que la carne bovina entrerriana llegó en 2020 a 33 mercados externos y se alcanzaron los USD 164,8 millones (el 11,57% de las exportaciones totales entrerrianas), con 43.050 toneladas.

La tendencia en los últimos años ha sido de un crecimiento constante pero la restricción de exportaciones ha generado riesgos en la estabilidad laboral de cientos de trabajadores, alertó.

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Proyecto de jubilación para hombres de más de 60 años y mujeres de más de 55

Se trata de una política dirigida a personas que se encuentren desempleadas, reúnan 30 años de aportes y les falten cinco años o menos para cumplir la edad jubilatoria: entre 55 y 60 años para las mujeres y entre 60 y 65 para los varones."Estamos construyendo una política que da respuesta a un problema que tenemos las argentinas y argentinos", destacó Raverta.
La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, confirmó este viernes que el Gobierno está trabajando en la elaboración de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para implementar una jubilación anticipada.

Se trata de una política dirigida a personas que se encuentren desempleadas, reúnan 30 años de aportes y les falten cinco años o menos para cumplir la edad jubilatoria: entre 55 y 60 años para las mujeres y entre 60 y 65 para los varones.

Según estimaciones de la Anses, la medida alcanzará en una primera instancia a una población aproximada de entre 20.000 y 30.000 personas, de las cuales el 90% son hombres.

“Estamos construyendo una política que da respuesta a un problema que tenemos las argentinas y argentinos”, destacó Raverta.

"Se están terminando de estudiar los detalles, para que sea una medida seria y para que podamos ofrecer, una vez más, una solución a un problema que tenemos las argentinas y argentinos”FERNANDA RAVERTA
En declaraciones a la TV Pública, señaló que “hay personas que trabajaron toda su vida, que tienen sus 30 años de aportes y que, en los últimos años del gobierno anterior o incluso en la pandemia, perdieron su trabajo, no se pueden jubilar todavía y por su edad tienen una enorme dificultad para reincorporarse al mercado formal de trabajo”.

Así, la funcionaria destacó que se están “terminando de estudiar los detalles, para que sea una medida seria y para que podamos ofrecer, una vez más, una solución a un problema que tenemos las argentinas y argentinos”.

En ese sentido, sostuvo que la iniciativa es “una respuesta a un problema que tenemos los argentinos y las argentinas, que tiene que ver con personas que han trabajado toda su vida y tienen sus 30 años de aporte y han quedado desempleadas en los últimos años del Gobierno anterior o incluso en la pandemia”.

“Son personas, en su mayoría varones, que cumplen con los requisitos de aportes y de haber trabajado y que aún no tienen la edad para jubilarse pero, al mismo tiempo, presentan una enorme dificultad de incorporarse en el mercado formal de trabajo porque son grandes” en edad, precisó la funcionaria.

Sobre la posibilidad de que la medida se formalice prontamente, Raverta indicó que “será una certeza cuando el presidente (Alberto Fernández) firme el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y podamos empezar a recibir a estas personas en nuestras oficinas”.

“El presidente lo está terminando de evaluar”, agregó la titular de la Anses.

Según explicó la funcionaria, el proyecto contempla que los beneficiarios perciban el equivalente al 80% de sus haberes jubilatorios hasta alcanzar la edad jubilatoria (65 años hombres, 60 años las mujeres).

Por ejemplo, un hombre de 62 años cobrará desde ese momento -y hasta que cumpla 65 años- el 80% del haber jubilatorio; luego, una vez alcanzada la edad de 65 años que establece la ley para poder jubilarse, pasará a cobrar el 100% del haber que le corresponda.

En línea con el espíritu de esta iniciativa, en julio pasado el Gobierno nacional estableció a través del Decreto 475/21 publicado en el Boletín Oficial que las mujeres podrán sumar de uno a tres años de servicios computables para su jubilación por cada hijo.

La medida rápidamente presentó una fuerte adhesión y, semanas atrás, ya contaba con más de 21.000 mujeres inscriptas.

"Esta política pública reivindica lo que las madres hacemos con absoluta naturalidad pero le otorga un reconocimiento del Estado. Es conmovedor porque gestamos una nueva Argentina donde las mujeres y la actividad que realizamos en nuestros hogares es reconocida”, sostuvo Raverta en aquel entonces.

De acuerdo con estadísticas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en marzo de este año Argentina contaba con 5.159.630 jubilados y 1.666.655 pensionados, lo que arroja un total de 6.826.285 de beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), establecido por la Ley Nº 26.425 y administrado por la Anses.

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