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Las ‘recetas foto’ no serán válidas tampoco para enfermedades crónicas
27 de febrero de 2023
A partir de este miércoles ya no serán válidas las «recetas foto» tampoco para las personas con enfermedades crónicas que habían quedado exceptuadas de la resolución que a fines de diciembre terminó con esta forma excepcional de prescripción vigente desde marzo de 2020 por la pandemia, según confirmó hoy la ministra de Salud Carla Vizzotti quien adelantó que «esta semana» saldrá el decreto reglamentario de la ley de receta electrónica.
La funcionaria explicó que junto con la reglamentación de la ley 27553 sancionada en julio de 2020, la cartera sanitaria emitirá dos resoluciones complementarias: la que dispone la creación de la licencia sanitaria federal para profesionales de la salud matriculados en diferentes jurisdicciones y otra que aprueba el proceso de inscripción de las plataformas digitales y apps que emiten recetas electrónicas con miras a su posterior registro y fiscalización.
«El decreto reglamentario (de la ley de receta electrónica) tiene que salir esta semana», dijo Vizotti durante una reunión con periodistas en el Ministerio de Salud de la Nación.
«Y si bien es una reglamentación completa, no es que al día siguiente cambiará todo, sino que comenzamos a recorrer un camino de adecuación de muchísimas estrategias que ya están en funcionamiento, pero que tienen que empezar a cumplir unos estándares mínimos», agregó.
Cabe aclarar que lo que las farmacias dejarán de aceptar para el expendio de medicamentos es la foto de la receta confeccionada en papel y recepcionada por el paciente a través de correo electrónico o WhatsApp, mientras que seguirán vigentes como hasta ahora las modalidades de receta física (papel) y la receta electrónica.
«Lo que mañana va a ocurrir no es nada distinto a lo que viene ocurriendo, simplemente que ya no hay más posibilidades de seguir aceptando la receta foto, cosa que ya ocurre desde hace mucho tiempo en todas las provincias y en gran parte de la seguridad social, mientras había quedado un grupo especialmente de prepagas y sobre todo en el ámbito del Amba que seguían aplicando esa modalidad (para pacientes con enfermedades crónicas)», explicó la jefa de gabinete de la cartera sanitaria Sonia Tarragona.
En ese sentido, recordó que «receta foto fue un instrumento temporario», implementado de manera «excepcional» para evitar la movilidad de las personas durante el ASPO en función de una situación de emergencia sanitaria que «terminó hace tiempo», por lo cual se hace necesario «volver a la normalidad que era y sigue siendo la receta papel con la firma manuscrita» o la receta electrónica con firma digital, «porque hay una ley de ejercicio profesional (de la medicina) y una ley de farmacia que establece cuando una receta es válida» que no se cumplían en la receta foto, fundamentalmente en términos de seguridad y trazabilidad.
El 26 de diciembre de 2022, el Ministerio emitió la Resolución Nº3622/2022 que dispuso que ya no serán válidas, en reemplazo de la receta física, las fotos de recetas confeccionadas en papel y enviadas vía web, mail o WhatsApp a las farmacias para adquirir medicamentos en farmacias.
Dos días después se acordó que los pacientes de obras sociales y prepagas con enfermedades crónicas que venían utilizando las recetas de medicamentos confeccionadas en papel y enviadas como foto a través de medios electrónicos, podrían continuar haciéndolo hasta el 28 de febrero.
«Ante la inminencia de las vacaciones, se permitió para un grupo particular que (la vigencia de la receta foto) se extendiera hasta mañana, pero no es que fue una prórroga sino una excepción o un acuerdo que se hizo con las farmacias y los financiadores para permitirlas hasta febrero en estos casos, porque muchas habían sido ya emitidas de esa manera», dijo Tarragona.
En relación a la demora en la reglamentación de la ley de receta electrónica, Tarragona explicó que «está próxima a salir, ya está terminada» y si no se reglamentó hasta ahora «no es porque no se quiso hacerlo» sino porque se trata de un proceso de mucha «complejidad» que era necesario trabajar largamente con todos los subsectores del sistema de salud y las farmacias, pero además porque «el acto de prescripción forma parte de un acto médico más grande que es la telemedicina o telesalud y como había también en el Congreso proyectos (en ese sentido) la idea era esperar que saliera la reglamentación de todo el ejercicio virtual de la medicina para poder sacar la de receta electrónica».
«Como esto no ocurrió por distintas circunstancias que no dependen de este ministerio, entonces el equipo (de trabajo con participación de todas las jurisdicciones y subsectores involucrados) avanzó en la reglamentación de receta electrónica que seguramente tendrá que adecuarse luego cuando salga la ley de telemedicina», explicó.
Por su parte el subsecretario de calidad, regulación y fiscalización del Ministerio de Salud Claudio Ortiz, afirmó que la reglamentación «es federal, es progresiva y marca claramente que todas las plataformas (digitales) que están en uso» para la emisión de recetas electrónicas «pueden seguir haciéndolo» porque «lo único que está marcando la reglamentación es hacia dónde vamos, es un horizonte, cuáles son las cuestiones que habría que mejorar en el futuro».
En ese sentido, Ortiz explicó que en función de la reglamentación y una de las resoluciones próximas a publicarse, «esas plataformas las vamos a inscribir para tener un panorama de cuáles son y qué situación están hoy» mientras que «paralelamente empezamos a trabajar con las áreas de fiscalización de cada una de las provincias en estándares» cuyo cumplimiento va a comenzar a exigirse «de manera progresiva a partir de un sistema de fiscalización que comenzará marzo del año de 2024».
«Vimos que hay más de 50 plataformas en uso con diferentes niveles de desarrollo y los que les estamos marcando es que vayamos hacia este futuro en el sentido de primero cumplir con la ley de prescripción de medicamentos – que marca algunas líneas y que ahora permite la receta digital o electrónica-, después la ley de prescripción por genéricos que también tiene que cumplirse en la receta electrónica – se prescribe por genérico y no por nombre comercial- y en tercera instancia la ley de protección de datos personales -para que haya seguridad en los datos de las personas-, también la ley de derechos de los pacientes y todas las leyes de farmacia», dijo.
El funcionario anunció también que, vía resolución, se creará una «licencia sanitaria federal» que otorgará a los profesionales médicos «un solo número que los identificará como profesionales de la salud» dentro de un registro federal «sin tener que hacer ningún trámite adicional» a la matriculación ya efectuada en las distintas jurisdicciones en las que ejercen, «y que es lo que nos va permitir inter-operar» en materia de agentes de salud.
Los tres funcionarios destacaron la importancia de la «inter-operabilidad» del sistema de receta electrónica «es uno de los ejes hacia la integración del sistema de salud» dado que «los subsistemas podrán dialogar» en cuestiones como la identidad de los pacientes, la prescripción de genéricos, el uso racional de medicamentos, la vigencia de la matriculación del médico, la relación entre la prescripción y el diagnóstico, las dosis indicadas, entre otras cuestion
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
