País
Planean quitar planes a quienes toman tierras en la Provincia
1 de septiembre de 2020
En el territorio de la provincia de Buenos Aires, el avance de la toma de tierras se ha convertido en fenómeno social, en donde desde el sector de la política se intenta eludir cierta responsabilidad con algunas fórmulas que aparecen tan novedosas como de difícil aplicación, una especie de resguardo declarativo, desde algún sector del oficialismo como de la oposición.
En los últimos días, el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, planteó la quita de planes sociales como el AUH para aquellas personas que usurpen propiedades inmuebles. Previa constancia de hacer cumplir la ley para desalojarlos. Un ámbito político en defensa propia mientras el Gobierno, que integra a modo de coalición, sostiene que las tomas no son un problema de seguridad. El objetivo de Massa aparece improbable, y lo enuncia a pesar de esa certeza.
Este martes, la oposición parlamentaria en Buenos Aires también retomó ese camino con un proyecto en diputados, que propone “las limitaciones de asistencia provincial a personas y organizaciones sociales que participen de las tomas de terrenos y propiedades”.
La innovación es que reconoce, detrás de estos episodios extendidos, la existencia de movimiento políticos que las sostienen, en muchos casos.
La restricción al acceso a la asistencia, según la propuesta, “tendrá una duración de dos años, una vez que la autoridad de aplicación tome conocimiento por cualquier medio del hecho en cuestión”.
Para ello, en el artículo primero se establece la creación de un Registro Único de Beneficiarios de Programas Sociales de la Provincia. Es con la intención de “identificar a los destinatarios de planes y/o programas asistenciales por parte del Poder Ejecutivo bonaerense”.
La iniciativa de Juntos por el Cambio se ha visto argumentada de la siguiente manera: “Es inadmisible que el Gobierno nacional y provincial esté justificando la toma de tierras que está sucediendo en varios distritos de nuestra provincia: San Fernando, La Plata, La Matanza, Presidente Perón, Marcos Paz, Partido de la Costa, entre otros. La ausencia y abandono del Estado frente a una situación tan compleja y preocupante como ésta no puede, de ningún modo, justificarse como una necesidad habitacional”.
Como se sabe, la usurpación de tierras está penado con hasta 3 años de prisión.
El presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, reclamó que el Estado haga “cumplir la ley” y accione contra las tomas de tierras que se multiplican en todo el país.
POSICION DE MASSA
El presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, reclamó que el Estado haga “cumplir la ley” y accione contra las tomas de tierras que se multiplican en todo el país.
Massa habló del tema particular de Villa Mascardi, Río Negro, pero también de una situación que se da en Victoria, partido de Tigre. Para ambos dispuso el mismo criterio: “el Estado tiene que hacer cumplir la ley, y si hay gente tomando tierras lo que tiene que hacer es desalojar”, dijo.
También planteó que se evalúe la posibilidad de quitarles beneficios sociales a quienes participen de tomas. “Es muy probable que evaluemos la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras, se le caigan todos los beneficios del Estado como la Asignación Universal por Hijo o el IFE”, adelantó.
“Sino es que como que cada uno hace lo que quiere”, opinó el exintendente de Tigre, tras lo cual adelantó que tratará el tema junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien, por su parte, habló del abordaje de la cartera que conduce respecto de la situación en Mascardi.
En ese sentido, explicó que “para evitar la escalada de violencia y prevenir los choques alentados por esos grupos, enviamos y reforzamos el personal de las Fuerzas Federales” luego de que se recavaran denuncias respecto de “grupos organizados que ostentando armas de fuego instigaban la violencia, el uso de armas y amenazas”.
La problemática de la toma de tierras se viene multiplicando en todo el país. En Buenos Aires se registraron oleadas de “ocupas” en La Plata, La Matanza, Presidente Perón, pero también en distritos del interior como Pehuajó, donde el propio intendente, Pablo Zurro, puso manos a la obra para impedirlas.
Esto motivó una acción del Gobierno orientada a satisfacer la demanda de techo y vivienda, que, sólo para la provincia de Buenos Aires, se estima en un millón de hogares. Eso se traduce en el relanzamiento del programa PROCREAR, pero también en un fuerte impulso a las políticas de construcción y de generación de suelo urbano.
País
Reforma Laboral: la Corte rechazó el per saltum que planteó el gobierno
La Corte Suprema rechazó el pedido del gobierno nacional de aplicar un per saltum para que la discusión judicial por el debate judicial en torno a la reforma laboral, que la CGT cuestionó por inconstitucional, luego de que fuera aprobada el febrero pasado en el Congreso.
La decisión de la Corte se conoce luego de que la Cámara de Trabajo enviara la causa al Fuero Contencioso Administrativo, lo que en principio fue un revés para la central sindical, que buscaba que la causa se sustancie en el fuero laboral.
La Corte, en cambio, le dio una mala noticia, aunque relatiuva, al Ejecutivo, que buscaba el salto de instancia para acelerar un proceso que con apelaciones y contra apelaciones probablemente termine en el máximo tribunal, aunque demore para ello más tiempo.
La Secretaría de Trabajo, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, había presentado a mediados de abril el per saltum para revertir la sentencia del juez laboral Raúl Ojeda, que dictó una cautelar que suspendió 82 artículos de la ley sancionada por el Congreso.
Pero antes del fallo de la Corte de hoy, la Cámara de Trabajo ya había puesto en vigencia nuevamente los artículos suspendidos. Es porque los jueces Arturo Pesino y María González rechazaron el efecto suspensivo que el juez Ojeda le había dado a la apelación.
El per saltum es saltar una instancia judicial para que la Corte Suprema intervenga directamente en una causa. El gobierno de Javier Milei había alegado, entre otros argumentos, que el juez Ojeda no era el competente para intervenir y por eso reclamaba la urgente intervención del máximo tribunal ante la suspensión de parte de la norma.
En el fallo que se conoció este jueves, la Corte Suprema sostuvo que a juicio de la Corte "no se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la vía cuya apertura se promueve mediante el recurso por salto de instancia".
Ante esto, concluyó que "se declara inadmisible el recurso interpuesto" por el Gobierno el pasado 16 de abril.
¿Qué dispone la reforma?
Entre los 80 artículos suspendidos y puestos otra vez en vigencia por la Cámara de Trabajo se encuentran el de Indemnizaciones y Contratos (Ley 20.744), que modifica el cálculo de indemnizaciones e implica la extensión del período de prueba.
También el ítem Solidaridad y Tercerización, que limita la responsabilidad de las empresas en casos de tercerización (artículos 16, 17 y 18 de la norma), manteniendo la solidaridad amplia.
Además están incluidos el banco de horas y las nuevas regulaciones sobre horas extras; a lo que se suma la facultad unilateral del empleador para modificar condiciones de trabajo.
La ley de reforma laboral se aprobó el 27 de febrero y se promulgó el 6 de marzo. El proyecto de reforma laboral había recibido media sanción en la Cámara alta el 12 de febrero. Pero la inclusión del famoso artículo 44, sobre las licencias laborales por enfermedad, levantó polémica y el oficialismo lo sacó antes del tratamiento en Diputados.
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Escándalo en la AFA: los veedores judiciales no pudieron entrar
Los técnicos del Ministerio de Justicia se encontraron con la sede de Viamonte cerrada y un cartel que derivaba la atención a Pilar. La IGJ investiga inconsistencias por USD 450 millones en los balances de la gestión de Claudio Tapia.
En un nuevo capítulo de la creciente tensión entre la Casa Rosada y la conducción de Claudio "Chiqui" Tapia, los veedores designados por el Ministerio de Justicia de la Nación no pudieron ingresar este miércoles a la sede histórica de la calle Viamonte. El operativo, que buscaba dar inicio a una fiscalización de 180 días sobre los balances y contratos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), terminó con una nota dejada por debajo de la puerta y un conflicto de jurisdicciones que promete escalar a la Justicia.
El abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena, enviados oficiales del Gobierno, llegaron a las 13 a la sede central con el objetivo de requerir documentación contable y administrativa. Sin embargo, se encontraron con el edificio cerrado y un cartel que indicaba que la administración debía buscarse en un predio de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.
El conflicto por el domicilio y los US$ 450 millones
La Inspección General de Justicia (IGJ) sostiene que la AFA ha fallado en explicar inconsistencias por USD 450 millones en sus balances de los últimos ocho años. Además, el Gobierno investiga la creación de una universidad no registrada y contratos con empresas bajo la lupa por presunto lavado de dinero, como TourProdEnter y SurFinanzas.
El intento de la AFA de trasladar su sede social a Pilar es visto por el Ministerio de Justicia como una "maniobra de evasión" para salir de la órbita de control de la IGJ (que tiene competencia en CABA) y pasar a la jurisdicción bonaerense. Esta mudanza ya había sido rechazada por el organismo estatal al constatar que en el predio de Pilar no existen instalaciones administrativas operativas.
PUERTAS CERRADAS. El abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena llegaron a la sede de la AFA para iniciar la veeduría, pero debieron dejar el pedido bajo la puerta al no ser recibidos por ninguna autoridad.
Fotos: RSFotos
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Pesqueros extranjeros ingresan a Mar Argentino en busca de resguardo
La Prefectura Naval Argentina monitorea el ingreso de más de 140 buques pesqueros extranjeros a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) ante el fuerte temporal pronosticado para el Atlántico Sur.
La tarea fue adoptada luego de que distintas empresas y asociaciones pesqueras solicitaran refugio preventivo frente a las condiciones meteorológicas adversas previstas para los próximos días. En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de temporal para la región, difundido a la comunidad marítima a través de las estaciones costeras de la Prefectura Naval Argentina desplegadas sobre el litoral marítimo.
Las embarcaciones permanecerán en sectores determinados de la ZEEA durante aproximadamente tres días.
La Prefectura estableció que los buques deberán cumplir estrictamente las disposiciones establecidas por el Régimen Federal de Pesca y por el “Procedimiento de actuación ante solicitud de la flota pesquera extranjera para ingresar a la Zona Económica Exclusiva Argentina en busca de resguardo por condiciones meteorológicas desfavorables”, implementado en el marco de las facultades del Estado ribereño y de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Entre las medidas impuestas se encuentra la prohibición absoluta de realizar tareas de pesca, investigación o exploración mientras permanezcan dentro de aguas jurisdiccionales argentinas. Asimismo, las embarcaciones deberán mantener sus artes de pesca aseguradas sobre cubierta, conservar apagadas las luces vinculadas a maniobras pesqueras y mantener activos de forma permanente los sistemas AIS de identificación y posicionamiento para permitir el monitoreo continuo por parte de la Autoridad Marítima.
Además, los capitanes deberán, por razones de seguridad de la navegación y preservación de la vida humana en el mar, mantener escucha radial permanente con la estación costera correspondiente e informar periódicamente su posición durante toda la permanencia en la zona de abrigo.
En paralelo, la flota pesquera nacional también adoptó medidas preventivas y se desplazó hacia áreas seguras para evitar los efectos del temporal.
La Prefectura Naval Argentina informó que continuará realizando el seguimiento permanente de las embarcaciones mediante el Sistema Guardacostas y las distintas estaciones costeras desplegadas a lo largo del litoral marítimo, manteniendo informadas a las autoridades nacionales competentes sobre la evolución de la situación.
