País
Planean quitar planes a quienes toman tierras en la Provincia
1 de septiembre de 2020
En el territorio de la provincia de Buenos Aires, el avance de la toma de tierras se ha convertido en fenómeno social, en donde desde el sector de la política se intenta eludir cierta responsabilidad con algunas fórmulas que aparecen tan novedosas como de difícil aplicación, una especie de resguardo declarativo, desde algún sector del oficialismo como de la oposición.
En los últimos días, el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, planteó la quita de planes sociales como el AUH para aquellas personas que usurpen propiedades inmuebles. Previa constancia de hacer cumplir la ley para desalojarlos. Un ámbito político en defensa propia mientras el Gobierno, que integra a modo de coalición, sostiene que las tomas no son un problema de seguridad. El objetivo de Massa aparece improbable, y lo enuncia a pesar de esa certeza.
Este martes, la oposición parlamentaria en Buenos Aires también retomó ese camino con un proyecto en diputados, que propone “las limitaciones de asistencia provincial a personas y organizaciones sociales que participen de las tomas de terrenos y propiedades”.
La innovación es que reconoce, detrás de estos episodios extendidos, la existencia de movimiento políticos que las sostienen, en muchos casos.
La restricción al acceso a la asistencia, según la propuesta, “tendrá una duración de dos años, una vez que la autoridad de aplicación tome conocimiento por cualquier medio del hecho en cuestión”.
Para ello, en el artículo primero se establece la creación de un Registro Único de Beneficiarios de Programas Sociales de la Provincia. Es con la intención de “identificar a los destinatarios de planes y/o programas asistenciales por parte del Poder Ejecutivo bonaerense”.
La iniciativa de Juntos por el Cambio se ha visto argumentada de la siguiente manera: “Es inadmisible que el Gobierno nacional y provincial esté justificando la toma de tierras que está sucediendo en varios distritos de nuestra provincia: San Fernando, La Plata, La Matanza, Presidente Perón, Marcos Paz, Partido de la Costa, entre otros. La ausencia y abandono del Estado frente a una situación tan compleja y preocupante como ésta no puede, de ningún modo, justificarse como una necesidad habitacional”.
Como se sabe, la usurpación de tierras está penado con hasta 3 años de prisión.
El presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, reclamó que el Estado haga “cumplir la ley” y accione contra las tomas de tierras que se multiplican en todo el país.
POSICION DE MASSA
El presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, reclamó que el Estado haga “cumplir la ley” y accione contra las tomas de tierras que se multiplican en todo el país.
Massa habló del tema particular de Villa Mascardi, Río Negro, pero también de una situación que se da en Victoria, partido de Tigre. Para ambos dispuso el mismo criterio: “el Estado tiene que hacer cumplir la ley, y si hay gente tomando tierras lo que tiene que hacer es desalojar”, dijo.
También planteó que se evalúe la posibilidad de quitarles beneficios sociales a quienes participen de tomas. “Es muy probable que evaluemos la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras, se le caigan todos los beneficios del Estado como la Asignación Universal por Hijo o el IFE”, adelantó.
“Sino es que como que cada uno hace lo que quiere”, opinó el exintendente de Tigre, tras lo cual adelantó que tratará el tema junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien, por su parte, habló del abordaje de la cartera que conduce respecto de la situación en Mascardi.
En ese sentido, explicó que “para evitar la escalada de violencia y prevenir los choques alentados por esos grupos, enviamos y reforzamos el personal de las Fuerzas Federales” luego de que se recavaran denuncias respecto de “grupos organizados que ostentando armas de fuego instigaban la violencia, el uso de armas y amenazas”.
La problemática de la toma de tierras se viene multiplicando en todo el país. En Buenos Aires se registraron oleadas de “ocupas” en La Plata, La Matanza, Presidente Perón, pero también en distritos del interior como Pehuajó, donde el propio intendente, Pablo Zurro, puso manos a la obra para impedirlas.
Esto motivó una acción del Gobierno orientada a satisfacer la demanda de techo y vivienda, que, sólo para la provincia de Buenos Aires, se estima en un millón de hogares. Eso se traduce en el relanzamiento del programa PROCREAR, pero también en un fuerte impulso a las políticas de construcción y de generación de suelo urbano.
País
Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
País
El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
País
Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
