JUDICIALES
Otros dos acusados rompieron el silencio
18 de enero de 2023
Lucas Pertossi y Blas Cinalli, dos de los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020, declararon hoy durante el juicio por el hecho que «en ningún momento» le pegaron a la víctima y que no existió «un plan» para matarlo.
El primero en romper el silencio en la última jornada de recepción de pruebas, que coincidió con el tercer aniversario del homicidio, fue Lucas Pertossi (23), quien en una breve declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores dijo: «Siento mucha pena por todo lo que pasó. Quiero aclarar que yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, ni lo toque, ni participé en un plan para asesinarlo».
Sobre su rol en la puerta del boliche «Le Brique», contó: «Veo que a un amigo mío lo estaban agarrando del pie y lo están tirando al piso. ‘Soltalo’, le pego dos patadas, y me voy caminando a la esquina».
Pertossi también se refirió al mensaje enviado al grupo de WhatsApp «Los delBoca3» que compartía con el resto de los acusados, en el que señalaba que «caducó» en referencia a cómo había quedado Fernando tras ser golpeado.
«‘Hubo una pelea, vino una ambulancia y un pibe caducó’, me dijo alguien que me crucé y le pregunté si había visto a un grupo de chicos. Y mando lo que él me había relatado», dijo el acusado.
Según él, tras ese comentario, les preguntó a sus amigos: «¿Sabe alguien? Un desconocido me dijo que caducó un pibe», a lo que los demás le respondieron: «Quédate tranquilo, nos peleamos pero volvimos».
También aseguró que solía registrar distintas escenas en video con su celular y que por eso lo apodaban «croniquita» e «intento de influencer», y de ese modo justificó la grabación tanto del momento de la expulsión del boliche como del inicio del ataque.
Tras esa declaración, pidió hablar ante el tribunal Cinalli (21), quien expresó: «Quiero empezar diciendo que lamento mucho todo lo que pasó, fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad. No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol.»
Al referirse al episodio, y mientras se exhibía un video en el que ve cómo patea a un amigo de Fernando, Tomás D´Alessandro, Cinalli explicó con un puntero en la mano que ese joven estaba «tacleando» y había «agarrado del pie» presuntamente a uno de sus amigos.
«Le grito ‘soltalo’, ‘soltalo’, y ahí me agarra a mí del pie, me iba a tirar, y cuando puedo zafar le tiro una patada», dijo.
El acusado también manifestó que «estaba muy borracho» al momento del hecho y si bien dijo que no recordaba haber estado entre quienes rodearon a Fernando, a partir de los videos exhibidos a pedido de la fiscalía, aseguró finalmente: «Puede ser que estuve medianamente cerca».
A su vez, Pertossi enfatizó en distintos tramos de su declaración que habían bebido antes de ingresar a «Le Brique», que habían cargado «una heladerita con alcohol a la playa», que habían estado «tomando», que llevaron «más alcohol» a «una previa» a que la habían sido invitados y que había perdido a un juego de cartas «a ver quién tomaba más».
A diferencia de Pertossi, Cinalli aceptó responder preguntas, pero solo de los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, ya que acusó al abogado de los padres de la víctima, Fernando Burlando, de faltarle el respeto.
Y en ese sentido pidió reproducir un video en el que el letrado se refiere a los acusados con términos como «son cagones en serio», «hijos de puta», «conchudos», «asesinos que merecen morir en la cárcel», «representan residuos escatológicos», «atacaron como unos cagones en manada».
«Esto es lo que viví durante tres años, una falta de respeto para mí y mi familia, muy poco profesional», dijo y aclaró además que sólo no respondería sobre ninguna otra persona que no fuera él.
Ante una pregunta sobre cómo se sentía, dijo: «Mal, en el momento no pensé que había pasado todo eso. Obviamente estoy mal. Me lastimó demasiado todo lo que pasó».
Ambos imputados señalaron que intervinieron tras «un tumulto», luego de que sus amigos resultaron presuntamente agredidos tras ser expulsados del boliche.
Cinalli se refirió, además, a los rastros compatibles con su perfil genético hallados en un dedo de la víctima: «Por la pericia pude ver que Fernando Báez Sosa tenía ADN mío en el meñique. Nunca le pegué a él, no sabía quién era. Supongo que la persona con la que tuve el encuentro (en el boliche) era él. Pero en ningún momento le pegué».
La audiencia concluyó mientras se escuchaban en el interior del recinto los gritos de «asesinos» desde el exterior, donde numerosas personas se congregaron para darle apoyo a los padres de la víctima, Graciela Sosa y Silvino Báez, quienes presenciaron las declaraciones de Pertossi y Cinalli.
Antes de finalizar la jornada, el tribunal informó que 25 de enero serán los alegatos de la fiscalía y el particular damnificado, y el 26, los del defensor Hugo Tomei.
Los padres de Fernando, quienes llegaron a los tribunales vestidos con una remera con la foto de ambos con su hijo estampada y una frase que dice «nos tenemos», optaron por retirarse de la sala de audiencias para no escuchar en detalle la descripción de los forenses.
Al dejar el tribunal tras el cierre de la audiencia, Silvino aseguró: «Los chicos mintieron. Un borracho no puede escribir mensajes».
En tanto, los fiscales indicaron que las declaraciones de los imputados «no logran refutar las pruebas en su contra».
Mientras que Burlando consideró que la de Cinalli fue «una confesión» ya que «se situó en la escena del crimen».
Con las declaraciones brindadas previamente por Máximo Thomsen (23) y Luciano (21) y Ciro Pertossi (22), los únicos acusados que no rompieron el silencio en el debate fueron Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23) y Ayrton Viollaz (23). TELAM
JUDICIALES
La escribana de Adorni negó que dos jubiladas le hayan prestado plata
La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró ante el fiscal federal, Gerardo Pollicita, y negó que dos jubiladas le hayan prestado la plata al jefe de Gabinete para las operaciones inmobiliarias.
Nevechenko fue la primera testigo de la causa que se presentó en Comodoro Py, estuvo dos horas declarando y certificó la compra del departamento de Caballito de Manuel Adorni.
“Trabajo para Adorni hace muchos años”, dijo la escribana sobre el vínculo que mantiene con el exvocero presidencial.
Nevechenko dijo que “no hubo irregularidades en las operaciones” que llevó adelante el jefe de Gabinete y aseguró las dos mujeres involucradas en la causa “no prestaron dinero para el inmueble de Caballito".
La jueza habría intervenido además en la escritura de una propiedad registrada a nombre de la esposa del funcionario, Julieta Bettina Angeletti, en Exaltación de la Cruz.
La presentación fue por la investigación judicial que analiza la compra del inmueble ubicado en el barrio porteño de Caballito. La operación, realizada el 18 de noviembre de 2025, fue declarada por un valor de 230 mil dólares y quedó bajo análisis por la estructura financiera utilizada para concretarla.
Según los registros inmobiliarios la propiedad tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas y a Claudia Sbabo. Ambas no solo figuraron como vendedoras del departamento sino también como acreedoras de un crédito hipotecario por 200 mil dólares que permitió completar la operación. Cada una aportó el 50% del préstamo, que quedó asentado en partes iguales a su nombre.
La intervención de la escribana fue clave en esa transacción y también en otra operación inmobiliaria vinculada al funcionario. La profesional habría participado además en la escritura de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, comprada en noviembre de 2025 y que figura a nombre de la esposa del jefe de Gabinete.
Pollicita pidió una serie de medidas de prueba con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la información declarada ante organismos oficiales. Entre los pedidos se incluyeron oficios a registros de la propiedad, de vehículos y requerimientos vinculados con movimientos financieros.
La fiscalía consideró que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario. La investigación tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, quien delegó el impulso de la causa en el fiscal. Pollicita también le pidió a la escribana la documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias en las que intervino.
La caussa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional, Marcela Pagano, que advirtió sobre presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario. Según su planteo el patrimonio de Adorni habría registrado un aumento del 500% en un período fiscal y habría omisiones en la información presentada.
Entre los puntos señalados en la denuncia se mencionaron activos financieros y depósitos en el exterior por más de 16 millones de pesos, así como la incorporación de US$24.500 en efectivo que, según se indicó, habrían tenido origen en préstamos familiares.
Otro de los aspectos que quedó bajo revisión es la declaración patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción. Adorni informó en ese documento la titularidad de la mitad de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y una propiedad en La Plata, sin consignar bienes ubicados en countries.
Además surgieron dudas en torno a un lote en el country Indio Cuá, donde las expensas figuran a nombre de Angeletti, lo que motivó consultas de los investigadores sobre la relación entre los bienes declarados y los movimientos patrimoniales recientes. (TN)
JUDICIALES
Procesan y embargan a Tapia y Toviggino por presunta evasión fiscal
El juez Diego Amarante resolvió este lunes procesar a la cúpula directiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellos a su presidente, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.
La medida también alcanza al secretario general Cristian Malaspina y a los dirigentes Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo, a quienes se los considera responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.
Según la investigación judicial, los imputados no habrían depositado en tiempo y forma más de $19.300 millones correspondientes a impuestos y aportes patronales entre 2024 y 2025. La causa contempla, además, un agravante por la intervención de varias personas en una estructura organizativa.
Desde la defensa sostuvieron que la deuda fue finalmente saldada y negaron la existencia de delito. En ese sentido, Tapia rechazó las acusaciones y aseguró que no hubo responsabilidad ni personal ni institucional, al tiempo que cuestionó la difusión pública del caso.
El titular de la AFA había declarado el pasado 12 de marzo, en la última ronda de indagatorias, tras lo cual comenzaron a correr los plazos procesales que derivaron en la decisión del magistrado.
La causa continúa su curso en la Justicia, mientras se analizan las responsabilidades individuales de los dirigentes involucrados.
JUDICIALES
La Corte propone cambios en la forma de seleccionar a los jueces
La Corte Suprema de Justicia propuso una reforma en la manera en que se seleccionan los candidatos a jueces federales y nacionales para que sea analizada por el Consejo de la Magistratura. La intención es fijar un límite al margen de acción política en el criterio de selección.
El nuevo reglamento de selección de jueces propuesto lleva la firma de solo los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y no la del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
Los cambios propuestos reducen la discrecionalidad política en los concursos para jueces en momentos en que el Consejo de la Magistratura se dispone a cambiar su relación interna de fuerzas, con mayor incidencia del oficialismo de La Libertad Avanza en el organismo. Ahora el peso de la selección pasa por el diseño del banco de preguntas, la definición de los criterios de evaluación y la gestión del proceso.
Los jueces dispusieron elevar este reglamento al Plenario del Consejo de la Magistratura para su consideración y decidieron comunicarlo a las Cámaras nacionales y federales de todo el país y de los Supremos Tribunales de Justicia de las provincias. Se necesitan mayorías agravadas para su aprobación.
El trabajo lo venía realizando Rosenkrantz desde hace varios meses y Lorenzetti lo acompañó, dijeron fuentes del Consejo de la Magistratura. Rosatti quedó en soledad, lo que marca un cambio en la dinámica de funcionamiento de la Corte.
En el Consejo de la Magistratura hay otras propuestas, cerca de 14, pero en este caso se trata de una acordada de la Corte, que de todas manera el organismo colegiado está obligado a acatar.
Límites
El reglamento le pone límites al Consejo de la Magistratura al disponer, por ejemplo, que los concursos para jueces se realizarán de ahora en más con un banco de preguntas que se corregirá mediante un multiple choice. Las entrevistas personales solo pueden dar puntos al candidato con un límite del 10% del total.
Con el argumento de reforzar la transparencia y reducir la discrecionalidad, el nuevo esquema redefine no solo cómo se evalúa a los candidatos, sino también dónde reside el poder real dentro del proceso.
Hay un fuerte giro hacia un modelo reglado, pues antes tenía peso el examen de oposición, antecedentes y la entrevista personal con una valoración subjetiva. Ahora se impone una lógica de evaluación tabulada, automatizada y con reglas preestablecidas.
Entre las innovaciones aparece como regla la instauración de concursos anticipados. Es decir que siempre se harán concursos anticipados, antes de que se produzcan las vacantes. La medida busca licuar la influencia del contexto político en los concursos.
Doble examen
Otro cambio central es la implementación de un doble examen con anonimato reforzado. Una primera instancia general, de carácter objetivo y corrección automatizada, funciona como filtro técnico.
La segunda etapa, de carácter práctico, evalúa la capacidad de resolución de casos y redacción de sentencias . Todo el proceso se apoya en sistemas que garantizan la trazabilidad y el anonimato de los postulantes, en un intento por blindar la evaluación frente a interferencias externas.
La entrevista personal, uno de los momentos de mayor incidencia política, pierde peso. Su puntaje queda limitado a un 10% dentro del total, y su capacidad de alterar el orden de mérito se reduce al mínimo. Deja de ser el espacio donde se definían muchas ternas.
En paralelo, el nuevo reglamento introduce un sistema de evaluación de antecedentes tabulado. La formación académica, los promedios universitarios, la experiencia profesional y la trayectoria en la función judicial son ponderados mediante criterios objetivos y previamente definidos. La intención es sustituir valoraciones por métricas verificables.
También se avanza hacia la digitalización del proceso donde cada postulante contará con un legajo único, auditable y accesible, lo que mejora la transparencia y el control.
El nuevo modelo reduce de manera ostensible la capacidad de intervención de los consejeros en el concurso con la posibilidad de influir en las entrevistas o de alterar el orden de mérito, pues esa facultad queda acotada. Eran frecuentes las quejas de candidatos que terminaban bien en los exámenes y perdían lugares en la lista definitiva, o al revés. También eran frecuentes los casos de los candidatos de mitad de tabla que ascendían en la lista final, merced a la política. Ahora el poder pasa por el diseño del banco de preguntas, la definición de los criterios de evaluación y la gestión del proceso.
La Corte Suprema consolida su influencia sobre el proceso de selección en desmedro del Consejo de la Magistratura. Los cambios principales son la fijación de pautas objetivas de asignación para la categoría “especialización” y se incorporan indicadores como el de rendimiento académico en la carrera de grado. Si antes el examen consistía en la elaboración de una sentencia, ahora hay dos etapas: en la primera, se evalúan los conocimientos de derecho del concursante; en la segunda, su capacidad de resolver situaciones prácticas de su función.
El nuevo examen busca mayor amplitud y objetividad en los conocimientos jurídicos y prácticos de los concursantes. Antes los jurados elaboraban y corregían el examen. Ahora los que elaboran el examen no son los mismos que lo corrigen. Se evitan así filtraciones de consignas y sesgos en la calificación. La primera etapa es una calificación automatizada que mide conocimientos sin discrecionalidad en la calificación. La segunda etapa fija criterios claros para la asignación del puntaje en la resolución del caso.
Se preserva el anonimato de los concursantes y se privilegia la aplicación de normas neutrales e igualitarias en la corrección de las consignas. La discrecionalidad de la Comisión de Selección en la convocatoria a la entrevista y en la asignación de puntos, que muchas veces modifican los resultados derivados de antecedentes y exámenes, se limita. Así se busca eliminar la discrecionalidad política en la evaluación de los candidatos y se privilegia el resultado técnico de la evaluación de antecedentes y examen.
Foto Rosenkrantz, Rossi y Lorenzetti, los tres ministros actuales de la Corte.
