JUDICIALES
Thomsen pidió disculpas y dijo que no tuvo intenciones de matar
17 de enero de 2023
Máximo Thomsen, uno de los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa, declaró hoy por primera vez en el juicio por el caso, pidió «disculpas», dijo que él «jamás» tuvo «intenciones de matar a alguien» y que reaccionó «tirando patadas» ante una «piña en el rostro», al tiempo que reconoció como propia la zapatilla con sangre de la víctima y que dejó su impronta en el rostro del joven asesinado.
«Quiero pedir disculpas principalmente porque jamás, jamás en la vida se me hubiese ocurrido tener intenciones de matar a alguien. Yo jamás en la vida tuve esa intención y quiero pedir disculpas», sostuvo esta tarde el imputado al declarar por casi una hora ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, a cargo del debate.
Fue el propio Thomsen (23) quien pidió hablar en el recinto luego de escuchar a su madre, Rosalía Zárate y quebrarse.
«Jamás en la vida tuve intención de matar a nadie porque vengo escuchando todos los días que yo organicé, que soy líder», insistió y luego de su descargo recordó lo que hizo junto a sus amigos en las horas previas al crimen cuando arrancaron yendo a «comer a un lugar que tenía promociones» y acordaron comprar «entrada con anticipación» para ir a bailar a «Le Brique».
«Nos preparamos para ir a la playa y me acuerdo que llevamos dos heladeras y que teníamos que ir lejos del centro porque estaba el operativo y no dejaban pasar. Nos pusimos a tomar, pusimos música y cuando ya se estaba haciendo de noche ya estábamos medio mamados», relató.
Después contó que él se quedó en la fila de «Le Brique» para garantizarse entradas porque el día anterior no habían podido conseguir.
«Fui a la casa con las diez entradas que tenían una consumición cada una, seguimos tomando y nos empezamos a preparar para ir a la previa. Llevamos una botella cada uno», contó en referencia a la «previa» fue en otra casa donde «había muchos conocidos» y de la que entre las 3.30 y las 4 se fueron para el boliche.
«Fui el primero que entró y fui directo a la barra a cambiar la consumición», continuó y recordó que posteriormente los empleados de seguridad los retiraron por la fuerza.
Una vez en la calle, el acusado dijo que sintió que le «pegan una piña en la cara» y que reaccionó «tirando patadas».
«No sé a quién, no sé a dónde, estoy seguro que una o dos patadas he pegado, pero jamás con la intención de matar a nadie», explicó y agregó que después de esas agresiones se fueron del lugar.
Momentos más tarde llegó uno de sus amigos que le dijo: «Creo que terminó mal», ante lo cual, él le dijo: «¿Cómo?, Capaz te estás confundiendo con otra de las peleas, si fueron segundos…. Fue un abrir y cerrar de ojos.»
Tras su exposición, el acusado aceptó responder preguntas del fiscal Gustavo García, pero solo referidas a él y no de otras personas.
Así contó que en a la salida del boliche él vio «un grupo grande de chicos con un amigo, como que se iba a enfrentar» y que al acercarse fue cuando sintió «un golpe en la cara».
Y ante las preguntas del fiscal para que identifique a quiénes veía en uno de los videos del hecho, Thomsen dijo: «Yo no soy», y no aceptó responder quién era.
Entonces le repreguntaron si sabía a quién le estaban pegando en el video y él respondió: «Hoy en día por todo lo que vi, sé que es la víctima.»
-¿Qué hizo usted? – inquirió el fiscal.
-Yo cuando entré a la ronda y recibí el golpe y pegué una patada o dos, no sabía ni a quién ni cómo. En ese momento no sabía a quién le había pegado.
-¿Le pegó a esa persona que está en el suelo?
-No sé.
-¿Esta persona estaba caída, estaba parada?
-No recuerdo. En ese momento estaba en shock – señaló Thomsen en referencia a su expulsión previa del boliche cuando él sintió que se «asfixiaba» por la forma en la que lo sacaron los empleados de seguridad del local.
El fiscal le volvió a preguntar su reconocía que él estaba en el video, pero el acusado respondió que solo entró a la ronda tirando patadas.
Por ello le consultaron sobre las patadas y el acusado explicó: «Dije que quizás una, quizás dos, pero no recuerdo.»
Y reiteró que no iba a responder preguntas referidas a otras personas.
Seguidamente, el fiscal le preguntó sobre algunas prendas halladas adentro de la casa donde fue detenido junto a los otros acusados, si son de alguno de ellos y ante cada foto de las mismas que le mostraron dijo: «No es mía.»
-¿Esa camisa es suya?
-No lo recuerdo.
Sin embargo, el acusado sí reconoció el calzado que, según los peritos, tenían sangre de la víctima y dejaron marcas en el rostro de Fernando.
-Esa zapatilla marca Cyclone son de su propiedad?
-Son mías.
-¿Era la que usted usaba la noche del 18 de enero de 2020?
-Sí.
Mientras que, en otro tramo del interrogatorio, intervino el fiscal Juan Manuel Dávila:
-La persona que está en el piso, ¿advierte si tenía alguna reacción?
-En ese momento yo no miré, no presté atención. Yo miré hacia arriba.
-¿En los videos que se han estado pasando desde hace doce jornadas se vio reflejado alguien que le haya pegado a usted?
-No lo advertí.
A su turno, Fernando Burlando, abogado de los padres de Fernando, tomó la palabra para preguntar.
«No me siento cómodo respondiendo a una persona que me insultó mucho, insultó a mi mamá», dijo Thomnsen cuando el letrado quiso comenzar a interrogarlo.
-¿Por qué se cambió la ropa? – preguntó Burlando.
-No voy responder.
El abogado lo quiso interrogar también sobre lo que hicieron después con otros de los acusados como, por ejemplo, ir a comer a McDonald`s.
-No voy a responder.
Ante esta situación, finalmente intervino la presidenta del tribunal, la jueza Claudia Castro, para recordar que el acusado tiene derecho a no responder.
JUDICIALES
Con el ‘Chiqui’ Tapia en la mira, investigan supuesto lavado ligado
Tras varias horas, la Policía Federal sigue allanando la financiera Sur Finanzas, ligada al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, por el delito de lavado de dinero vinculado a la transferencia de Agustín Urzi, exjugador de Banfield.
Los procedimientos se realizan en 19 domicilios de la provincia de Buenos Aires en oficinas del club y en direcciones vinculadas a fideicomisos: una de ellas es la sede de Banfield y otra una oficina de Adrogué.
En base a la información, los investigadores creen se armó un fideicomiso para blanquear dinero vinculado al rol de Urzi como deportista.
En este sentido, según el periodista Sergio Farella, la Justicia sospecha que la financiera Sur Finanzas blaqueó fondos ilegales a través del dinero que se pagó por la transferencia del jugador al Fútbol Club Juárez de México.
La fiscalía que lleva adelante la causa indicó que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker (director suplente del club) y Federico José Spinosa (vicepresidente), en representación del Club Atlético Banfield, al haber integrado al patrimonio de esa entidad deportiva los fondos de un préstamo celebrado con la firma “Auriga League S.A.” por una suma total de 2.000.000 de euros, sin devolverlos.
Luego de esto, vencidos los plazos contractuales sin cumplir el pago, las partes suscribieron dos anexos al contrato. Mediante el primero, del día 1° de febrero de 2023, se habría establecido un mecanismo de repago de la obligación primaria vinculado a la transferencia del jugador del Club Atlético Banfield, Agustín Urzi, otorgándole a Auriga, el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde esa entidad deportiva a Juarez Fútbol Club.
En el segundo, del 31 de enero de 2024, se habría ratificado el préstamo y la participación del 30% en futuras transferencias y la garantía de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se efectivizara.https://d-32163133784092842641.ampproject.net/2510081644000/frame.html
De este modo, la fiscalía considera que existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desplegada por parte de las autoridades del Club Banfield, Oscar Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa; las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil, y Banfileños S.A. (compuesta por Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabian Tucker) , y la utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar esas ganancias ilícitas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pagos.
La Justicia investiga a Sur Finanzas
Lo que la Justicia investiga es si Sur Finanzas evadió el pago del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, correspondiente a los períodos fiscales no prescriptos hasta abril de 2025, mediante una presunta maniobra a precisar y la omisión de sus deberes como agente de liquidación.
Concretamente, busca determinar si los investigados utilizaron cuentas a nombre de Personas Jurídicas, Sujetos No Categorizados y Monotributistas sin capacidad económica, omitiendo actuar como agente de liquidación y percepción del tributo.
También se analizan movimientos de sumas millonarias de dinero a precisar en la investigación por parte de Asociaciones Civiles y Fideicomisos ligados a Clubes de Fútbol, como los casos de Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Racing Club Asociación Civil, Club Atlético Temperley, Club Atlético Los Andes, Club Atlético Excursionistas, Club Deportivo Morón Asociación Civil, Club Atlético Defensores de Glew y Fideicoimiso de Reconstrucción Banfileña. (Fuente: TN).
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Justicia restringe régimen de visitas durante prisión domiciliaria
Las visitas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su casa de San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria, fueron restringidas por la Justicia. Así lo informó la misma mandataria que apuntó contra el "bestiario mediático" y al poder Judicial.
La titular del Partido Justicialista (PJ) adjudicó la medida judicial a la última foto que difundió en sus redes sociales sobre una encuentro que mantuvo con nueve economistas este lunes. "No es la foto… es la Economía estúpido", cuestionó.
Además, cuestionó que "el bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque" y defendió la reunión con los economistas en su prisión domiciliaria: "Me presentaron consideraciones y propuestas sobre un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI".
"¿Y? ¿Cuál es el problema? ¿Los economistas no estaban autorizados? Sí, claro que estaban autorizados. No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal", aclaró sobre el aviso previo que debe dar a la Justicia antes de recibir visitas.
Luego, continuó: "¿Cuál es el problema? El bestiario mediático, en modo vociferante, dijo que eran 'muchas personas' y que, además, estaba 'haciendo política'." Al respecto, argumentó que "el 26 de septiembre recibí a 7 personas con publicación de foto" y agregó que "seis de ellos dirigentes de la FES y la UES". "¡Y ese mismo día recibí, con foto también, a los seis candidatos a legisladores de Fuerza Patria por CABA!", sostuvo sobre los encuentros en los que divulgó las fotos por redes sociales.La Justicia restringió el régimen de visitas a Cristina Kirchner durante su prisión domiciliaria
Además, afirmó que Argentina "desde el 10 de diciembre del 2023 a la fecha y bajo el gobierno y las políticas de Milei, no deja de destruir empresas y puestos de trabajo". Al respecto, agregó que "entre noviembre del 2023 y agosto de este año desaparecieron, literalmente, 19.164 empresas; a razón de casi 30 por día". "En ese mismo período de tiempo se destruyeron 276.624 puestos de trabajo registrados en unidades productivas", acotó y sostuvo que "más de 432 hombres y mujeres perdieron su trabajo cada día durante lo que va del gobierno de Milei".
"Hasta el Gobierno peronista más flojo, que además fue atravesado por una pandemia global sin precedentes… tuvo mejores resultados que esta catástrofe de Milei, en materia de puestos de trabajo y sostenimiento de empresas", interpretó la expresidenta.
Por último, completó: "Esto de 'bajar la inflación' (hasta ahí nomás porque hoy sigue siendo más alta que a fines del 2015) con brutal recesión, destrucción de puestos de trabajo, dólar anclado y salarios congelados… más que de 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'".
JUDICIALES
Vialidad: ordenan decomisar bienes de Cristina Kirchner y otros condenados
El tribunal de la causa Vialidad solicitó este martes decomisar los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple una condena de prisión domiciliaria de seis años , junto a los de otros condenados por ese expediente, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) que integran Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
La medida, dispuesta luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 fuera ratificada en junio pasado, alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.
Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó su ejecución mediante la realización y venta de los activos identificados.
Entre los bienes decomisados se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
La sentencia consideró probada la existencia de un circuito de beneficios indebidos derivados de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, que implicó sobreprecios, cartelización y falta de controles, en favor del empresario Báez.
Ese flujo de fondos públicos, según la Justicia, redundó en un crecimiento patrimonial ilícito que se tradujo en propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner.
Los jueces rechazaron los argumentos de las defensas, que habían planteado la falta de nexo causal entre los bienes y el delito, la existencia de sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito y la supuesta afectación de derechos de terceros. En su resolución, el tribunal remarcó que el decomiso no requiere una trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios derivados de la maniobra.
Además, fundamentó su decisión en tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que reconocen la recuperación de activos como un principio fundamental.
También advirtió que la interpretación restrictiva del decomiso puede favorecer la impunidad económica en casos de corrupción estructural.
En este contexto, el tribunal dejó constancia de que, una vez efectuada la tasación de los bienes, se comunicará lo resuelto a la Corte Suprema para su eventual afectación al servicio de justicia, y se ordenó su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados.
Asimismo, se instó a garantizar que los fondos recuperados puedan ser destinados a la reparación del daño social causado, en particular en la provincia de Santa Cruz, cuya infraestructura vial resultó severamente perjudicada por las obras inconclusas.
El fiscal de la causa, Diego Luciani, había advertido a fines del mes último que estaba dando “pelea” para conseguir el decomiso de los bienes de la ex mandataria.
“El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Tenemos un decomiso de una suma de dinero de más de 500 millones de dólares. Se intimó a las partes para que paguen, no pagaron. Esto es algo muy claro: hay que ir por los bienes”, sostuvo el funcionario judicial al dar una disertación en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires.KAKAEiCL0gBEVJ55zLkQeA
Luciani y su par Sergio Mola habían reclamado mediante un dictamen al TOF 2 que avance de manera inmediata con la demorada ejecución del decomiso contra Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa Vialidad, tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles fijado para el pago solidario de $ 684.990.350.139,86 (equivalentes a unos 500 millones de dólares). NA
