JUDICIALES
Thomsen pidió disculpas y dijo que no tuvo intenciones de matar
17 de enero de 2023
Máximo Thomsen, uno de los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa, declaró hoy por primera vez en el juicio por el caso, pidió «disculpas», dijo que él «jamás» tuvo «intenciones de matar a alguien» y que reaccionó «tirando patadas» ante una «piña en el rostro», al tiempo que reconoció como propia la zapatilla con sangre de la víctima y que dejó su impronta en el rostro del joven asesinado.
«Quiero pedir disculpas principalmente porque jamás, jamás en la vida se me hubiese ocurrido tener intenciones de matar a alguien. Yo jamás en la vida tuve esa intención y quiero pedir disculpas», sostuvo esta tarde el imputado al declarar por casi una hora ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, a cargo del debate.
Fue el propio Thomsen (23) quien pidió hablar en el recinto luego de escuchar a su madre, Rosalía Zárate y quebrarse.
«Jamás en la vida tuve intención de matar a nadie porque vengo escuchando todos los días que yo organicé, que soy líder», insistió y luego de su descargo recordó lo que hizo junto a sus amigos en las horas previas al crimen cuando arrancaron yendo a «comer a un lugar que tenía promociones» y acordaron comprar «entrada con anticipación» para ir a bailar a «Le Brique».
«Nos preparamos para ir a la playa y me acuerdo que llevamos dos heladeras y que teníamos que ir lejos del centro porque estaba el operativo y no dejaban pasar. Nos pusimos a tomar, pusimos música y cuando ya se estaba haciendo de noche ya estábamos medio mamados», relató.
Después contó que él se quedó en la fila de «Le Brique» para garantizarse entradas porque el día anterior no habían podido conseguir.
«Fui a la casa con las diez entradas que tenían una consumición cada una, seguimos tomando y nos empezamos a preparar para ir a la previa. Llevamos una botella cada uno», contó en referencia a la «previa» fue en otra casa donde «había muchos conocidos» y de la que entre las 3.30 y las 4 se fueron para el boliche.
«Fui el primero que entró y fui directo a la barra a cambiar la consumición», continuó y recordó que posteriormente los empleados de seguridad los retiraron por la fuerza.
Una vez en la calle, el acusado dijo que sintió que le «pegan una piña en la cara» y que reaccionó «tirando patadas».
«No sé a quién, no sé a dónde, estoy seguro que una o dos patadas he pegado, pero jamás con la intención de matar a nadie», explicó y agregó que después de esas agresiones se fueron del lugar.
Momentos más tarde llegó uno de sus amigos que le dijo: «Creo que terminó mal», ante lo cual, él le dijo: «¿Cómo?, Capaz te estás confundiendo con otra de las peleas, si fueron segundos…. Fue un abrir y cerrar de ojos.»
Tras su exposición, el acusado aceptó responder preguntas del fiscal Gustavo García, pero solo referidas a él y no de otras personas.
Así contó que en a la salida del boliche él vio «un grupo grande de chicos con un amigo, como que se iba a enfrentar» y que al acercarse fue cuando sintió «un golpe en la cara».
Y ante las preguntas del fiscal para que identifique a quiénes veía en uno de los videos del hecho, Thomsen dijo: «Yo no soy», y no aceptó responder quién era.
Entonces le repreguntaron si sabía a quién le estaban pegando en el video y él respondió: «Hoy en día por todo lo que vi, sé que es la víctima.»
-¿Qué hizo usted? – inquirió el fiscal.
-Yo cuando entré a la ronda y recibí el golpe y pegué una patada o dos, no sabía ni a quién ni cómo. En ese momento no sabía a quién le había pegado.
-¿Le pegó a esa persona que está en el suelo?
-No sé.
-¿Esta persona estaba caída, estaba parada?
-No recuerdo. En ese momento estaba en shock – señaló Thomsen en referencia a su expulsión previa del boliche cuando él sintió que se «asfixiaba» por la forma en la que lo sacaron los empleados de seguridad del local.
El fiscal le volvió a preguntar su reconocía que él estaba en el video, pero el acusado respondió que solo entró a la ronda tirando patadas.
Por ello le consultaron sobre las patadas y el acusado explicó: «Dije que quizás una, quizás dos, pero no recuerdo.»
Y reiteró que no iba a responder preguntas referidas a otras personas.
Seguidamente, el fiscal le preguntó sobre algunas prendas halladas adentro de la casa donde fue detenido junto a los otros acusados, si son de alguno de ellos y ante cada foto de las mismas que le mostraron dijo: «No es mía.»
-¿Esa camisa es suya?
-No lo recuerdo.
Sin embargo, el acusado sí reconoció el calzado que, según los peritos, tenían sangre de la víctima y dejaron marcas en el rostro de Fernando.
-Esa zapatilla marca Cyclone son de su propiedad?
-Son mías.
-¿Era la que usted usaba la noche del 18 de enero de 2020?
-Sí.
Mientras que, en otro tramo del interrogatorio, intervino el fiscal Juan Manuel Dávila:
-La persona que está en el piso, ¿advierte si tenía alguna reacción?
-En ese momento yo no miré, no presté atención. Yo miré hacia arriba.
-¿En los videos que se han estado pasando desde hace doce jornadas se vio reflejado alguien que le haya pegado a usted?
-No lo advertí.
A su turno, Fernando Burlando, abogado de los padres de Fernando, tomó la palabra para preguntar.
«No me siento cómodo respondiendo a una persona que me insultó mucho, insultó a mi mamá», dijo Thomnsen cuando el letrado quiso comenzar a interrogarlo.
-¿Por qué se cambió la ropa? – preguntó Burlando.
-No voy responder.
El abogado lo quiso interrogar también sobre lo que hicieron después con otros de los acusados como, por ejemplo, ir a comer a McDonald`s.
-No voy a responder.
Ante esta situación, finalmente intervino la presidenta del tribunal, la jueza Claudia Castro, para recordar que el acusado tiene derecho a no responder.
JUDICIALES
La escribana de Adorni negó que dos jubiladas le hayan prestado plata
La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró ante el fiscal federal, Gerardo Pollicita, y negó que dos jubiladas le hayan prestado la plata al jefe de Gabinete para las operaciones inmobiliarias.
Nevechenko fue la primera testigo de la causa que se presentó en Comodoro Py, estuvo dos horas declarando y certificó la compra del departamento de Caballito de Manuel Adorni.
“Trabajo para Adorni hace muchos años”, dijo la escribana sobre el vínculo que mantiene con el exvocero presidencial.
Nevechenko dijo que “no hubo irregularidades en las operaciones” que llevó adelante el jefe de Gabinete y aseguró las dos mujeres involucradas en la causa “no prestaron dinero para el inmueble de Caballito".
La jueza habría intervenido además en la escritura de una propiedad registrada a nombre de la esposa del funcionario, Julieta Bettina Angeletti, en Exaltación de la Cruz.
La presentación fue por la investigación judicial que analiza la compra del inmueble ubicado en el barrio porteño de Caballito. La operación, realizada el 18 de noviembre de 2025, fue declarada por un valor de 230 mil dólares y quedó bajo análisis por la estructura financiera utilizada para concretarla.
Según los registros inmobiliarios la propiedad tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas y a Claudia Sbabo. Ambas no solo figuraron como vendedoras del departamento sino también como acreedoras de un crédito hipotecario por 200 mil dólares que permitió completar la operación. Cada una aportó el 50% del préstamo, que quedó asentado en partes iguales a su nombre.
La intervención de la escribana fue clave en esa transacción y también en otra operación inmobiliaria vinculada al funcionario. La profesional habría participado además en la escritura de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, comprada en noviembre de 2025 y que figura a nombre de la esposa del jefe de Gabinete.
Pollicita pidió una serie de medidas de prueba con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la información declarada ante organismos oficiales. Entre los pedidos se incluyeron oficios a registros de la propiedad, de vehículos y requerimientos vinculados con movimientos financieros.
La fiscalía consideró que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario. La investigación tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, quien delegó el impulso de la causa en el fiscal. Pollicita también le pidió a la escribana la documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias en las que intervino.
La caussa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional, Marcela Pagano, que advirtió sobre presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario. Según su planteo el patrimonio de Adorni habría registrado un aumento del 500% en un período fiscal y habría omisiones en la información presentada.
Entre los puntos señalados en la denuncia se mencionaron activos financieros y depósitos en el exterior por más de 16 millones de pesos, así como la incorporación de US$24.500 en efectivo que, según se indicó, habrían tenido origen en préstamos familiares.
Otro de los aspectos que quedó bajo revisión es la declaración patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción. Adorni informó en ese documento la titularidad de la mitad de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y una propiedad en La Plata, sin consignar bienes ubicados en countries.
Además surgieron dudas en torno a un lote en el country Indio Cuá, donde las expensas figuran a nombre de Angeletti, lo que motivó consultas de los investigadores sobre la relación entre los bienes declarados y los movimientos patrimoniales recientes. (TN)
JUDICIALES
Procesan y embargan a Tapia y Toviggino por presunta evasión fiscal
El juez Diego Amarante resolvió este lunes procesar a la cúpula directiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellos a su presidente, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.
La medida también alcanza al secretario general Cristian Malaspina y a los dirigentes Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo, a quienes se los considera responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.
Según la investigación judicial, los imputados no habrían depositado en tiempo y forma más de $19.300 millones correspondientes a impuestos y aportes patronales entre 2024 y 2025. La causa contempla, además, un agravante por la intervención de varias personas en una estructura organizativa.
Desde la defensa sostuvieron que la deuda fue finalmente saldada y negaron la existencia de delito. En ese sentido, Tapia rechazó las acusaciones y aseguró que no hubo responsabilidad ni personal ni institucional, al tiempo que cuestionó la difusión pública del caso.
El titular de la AFA había declarado el pasado 12 de marzo, en la última ronda de indagatorias, tras lo cual comenzaron a correr los plazos procesales que derivaron en la decisión del magistrado.
La causa continúa su curso en la Justicia, mientras se analizan las responsabilidades individuales de los dirigentes involucrados.
JUDICIALES
La Corte propone cambios en la forma de seleccionar a los jueces
La Corte Suprema de Justicia propuso una reforma en la manera en que se seleccionan los candidatos a jueces federales y nacionales para que sea analizada por el Consejo de la Magistratura. La intención es fijar un límite al margen de acción política en el criterio de selección.
El nuevo reglamento de selección de jueces propuesto lleva la firma de solo los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y no la del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
Los cambios propuestos reducen la discrecionalidad política en los concursos para jueces en momentos en que el Consejo de la Magistratura se dispone a cambiar su relación interna de fuerzas, con mayor incidencia del oficialismo de La Libertad Avanza en el organismo. Ahora el peso de la selección pasa por el diseño del banco de preguntas, la definición de los criterios de evaluación y la gestión del proceso.
Los jueces dispusieron elevar este reglamento al Plenario del Consejo de la Magistratura para su consideración y decidieron comunicarlo a las Cámaras nacionales y federales de todo el país y de los Supremos Tribunales de Justicia de las provincias. Se necesitan mayorías agravadas para su aprobación.
El trabajo lo venía realizando Rosenkrantz desde hace varios meses y Lorenzetti lo acompañó, dijeron fuentes del Consejo de la Magistratura. Rosatti quedó en soledad, lo que marca un cambio en la dinámica de funcionamiento de la Corte.
En el Consejo de la Magistratura hay otras propuestas, cerca de 14, pero en este caso se trata de una acordada de la Corte, que de todas manera el organismo colegiado está obligado a acatar.
Límites
El reglamento le pone límites al Consejo de la Magistratura al disponer, por ejemplo, que los concursos para jueces se realizarán de ahora en más con un banco de preguntas que se corregirá mediante un multiple choice. Las entrevistas personales solo pueden dar puntos al candidato con un límite del 10% del total.
Con el argumento de reforzar la transparencia y reducir la discrecionalidad, el nuevo esquema redefine no solo cómo se evalúa a los candidatos, sino también dónde reside el poder real dentro del proceso.
Hay un fuerte giro hacia un modelo reglado, pues antes tenía peso el examen de oposición, antecedentes y la entrevista personal con una valoración subjetiva. Ahora se impone una lógica de evaluación tabulada, automatizada y con reglas preestablecidas.
Entre las innovaciones aparece como regla la instauración de concursos anticipados. Es decir que siempre se harán concursos anticipados, antes de que se produzcan las vacantes. La medida busca licuar la influencia del contexto político en los concursos.
Doble examen
Otro cambio central es la implementación de un doble examen con anonimato reforzado. Una primera instancia general, de carácter objetivo y corrección automatizada, funciona como filtro técnico.
La segunda etapa, de carácter práctico, evalúa la capacidad de resolución de casos y redacción de sentencias . Todo el proceso se apoya en sistemas que garantizan la trazabilidad y el anonimato de los postulantes, en un intento por blindar la evaluación frente a interferencias externas.
La entrevista personal, uno de los momentos de mayor incidencia política, pierde peso. Su puntaje queda limitado a un 10% dentro del total, y su capacidad de alterar el orden de mérito se reduce al mínimo. Deja de ser el espacio donde se definían muchas ternas.
En paralelo, el nuevo reglamento introduce un sistema de evaluación de antecedentes tabulado. La formación académica, los promedios universitarios, la experiencia profesional y la trayectoria en la función judicial son ponderados mediante criterios objetivos y previamente definidos. La intención es sustituir valoraciones por métricas verificables.
También se avanza hacia la digitalización del proceso donde cada postulante contará con un legajo único, auditable y accesible, lo que mejora la transparencia y el control.
El nuevo modelo reduce de manera ostensible la capacidad de intervención de los consejeros en el concurso con la posibilidad de influir en las entrevistas o de alterar el orden de mérito, pues esa facultad queda acotada. Eran frecuentes las quejas de candidatos que terminaban bien en los exámenes y perdían lugares en la lista definitiva, o al revés. También eran frecuentes los casos de los candidatos de mitad de tabla que ascendían en la lista final, merced a la política. Ahora el poder pasa por el diseño del banco de preguntas, la definición de los criterios de evaluación y la gestión del proceso.
La Corte Suprema consolida su influencia sobre el proceso de selección en desmedro del Consejo de la Magistratura. Los cambios principales son la fijación de pautas objetivas de asignación para la categoría “especialización” y se incorporan indicadores como el de rendimiento académico en la carrera de grado. Si antes el examen consistía en la elaboración de una sentencia, ahora hay dos etapas: en la primera, se evalúan los conocimientos de derecho del concursante; en la segunda, su capacidad de resolver situaciones prácticas de su función.
El nuevo examen busca mayor amplitud y objetividad en los conocimientos jurídicos y prácticos de los concursantes. Antes los jurados elaboraban y corregían el examen. Ahora los que elaboran el examen no son los mismos que lo corrigen. Se evitan así filtraciones de consignas y sesgos en la calificación. La primera etapa es una calificación automatizada que mide conocimientos sin discrecionalidad en la calificación. La segunda etapa fija criterios claros para la asignación del puntaje en la resolución del caso.
Se preserva el anonimato de los concursantes y se privilegia la aplicación de normas neutrales e igualitarias en la corrección de las consignas. La discrecionalidad de la Comisión de Selección en la convocatoria a la entrevista y en la asignación de puntos, que muchas veces modifican los resultados derivados de antecedentes y exámenes, se limita. Así se busca eliminar la discrecionalidad política en la evaluación de los candidatos y se privilegia el resultado técnico de la evaluación de antecedentes y examen.
Foto Rosenkrantz, Rossi y Lorenzetti, los tres ministros actuales de la Corte.
