JUDICIALES
Thomsen pidió disculpas y dijo que no tuvo intenciones de matar
17 de enero de 2023
Máximo Thomsen, uno de los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa, declaró hoy por primera vez en el juicio por el caso, pidió «disculpas», dijo que él «jamás» tuvo «intenciones de matar a alguien» y que reaccionó «tirando patadas» ante una «piña en el rostro», al tiempo que reconoció como propia la zapatilla con sangre de la víctima y que dejó su impronta en el rostro del joven asesinado.
«Quiero pedir disculpas principalmente porque jamás, jamás en la vida se me hubiese ocurrido tener intenciones de matar a alguien. Yo jamás en la vida tuve esa intención y quiero pedir disculpas», sostuvo esta tarde el imputado al declarar por casi una hora ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, a cargo del debate.
Fue el propio Thomsen (23) quien pidió hablar en el recinto luego de escuchar a su madre, Rosalía Zárate y quebrarse.
«Jamás en la vida tuve intención de matar a nadie porque vengo escuchando todos los días que yo organicé, que soy líder», insistió y luego de su descargo recordó lo que hizo junto a sus amigos en las horas previas al crimen cuando arrancaron yendo a «comer a un lugar que tenía promociones» y acordaron comprar «entrada con anticipación» para ir a bailar a «Le Brique».
«Nos preparamos para ir a la playa y me acuerdo que llevamos dos heladeras y que teníamos que ir lejos del centro porque estaba el operativo y no dejaban pasar. Nos pusimos a tomar, pusimos música y cuando ya se estaba haciendo de noche ya estábamos medio mamados», relató.
Después contó que él se quedó en la fila de «Le Brique» para garantizarse entradas porque el día anterior no habían podido conseguir.
«Fui a la casa con las diez entradas que tenían una consumición cada una, seguimos tomando y nos empezamos a preparar para ir a la previa. Llevamos una botella cada uno», contó en referencia a la «previa» fue en otra casa donde «había muchos conocidos» y de la que entre las 3.30 y las 4 se fueron para el boliche.
«Fui el primero que entró y fui directo a la barra a cambiar la consumición», continuó y recordó que posteriormente los empleados de seguridad los retiraron por la fuerza.
Una vez en la calle, el acusado dijo que sintió que le «pegan una piña en la cara» y que reaccionó «tirando patadas».
«No sé a quién, no sé a dónde, estoy seguro que una o dos patadas he pegado, pero jamás con la intención de matar a nadie», explicó y agregó que después de esas agresiones se fueron del lugar.
Momentos más tarde llegó uno de sus amigos que le dijo: «Creo que terminó mal», ante lo cual, él le dijo: «¿Cómo?, Capaz te estás confundiendo con otra de las peleas, si fueron segundos…. Fue un abrir y cerrar de ojos.»
Tras su exposición, el acusado aceptó responder preguntas del fiscal Gustavo García, pero solo referidas a él y no de otras personas.
Así contó que en a la salida del boliche él vio «un grupo grande de chicos con un amigo, como que se iba a enfrentar» y que al acercarse fue cuando sintió «un golpe en la cara».
Y ante las preguntas del fiscal para que identifique a quiénes veía en uno de los videos del hecho, Thomsen dijo: «Yo no soy», y no aceptó responder quién era.
Entonces le repreguntaron si sabía a quién le estaban pegando en el video y él respondió: «Hoy en día por todo lo que vi, sé que es la víctima.»
-¿Qué hizo usted? – inquirió el fiscal.
-Yo cuando entré a la ronda y recibí el golpe y pegué una patada o dos, no sabía ni a quién ni cómo. En ese momento no sabía a quién le había pegado.
-¿Le pegó a esa persona que está en el suelo?
-No sé.
-¿Esta persona estaba caída, estaba parada?
-No recuerdo. En ese momento estaba en shock – señaló Thomsen en referencia a su expulsión previa del boliche cuando él sintió que se «asfixiaba» por la forma en la que lo sacaron los empleados de seguridad del local.
El fiscal le volvió a preguntar su reconocía que él estaba en el video, pero el acusado respondió que solo entró a la ronda tirando patadas.
Por ello le consultaron sobre las patadas y el acusado explicó: «Dije que quizás una, quizás dos, pero no recuerdo.»
Y reiteró que no iba a responder preguntas referidas a otras personas.
Seguidamente, el fiscal le preguntó sobre algunas prendas halladas adentro de la casa donde fue detenido junto a los otros acusados, si son de alguno de ellos y ante cada foto de las mismas que le mostraron dijo: «No es mía.»
-¿Esa camisa es suya?
-No lo recuerdo.
Sin embargo, el acusado sí reconoció el calzado que, según los peritos, tenían sangre de la víctima y dejaron marcas en el rostro de Fernando.
-Esa zapatilla marca Cyclone son de su propiedad?
-Son mías.
-¿Era la que usted usaba la noche del 18 de enero de 2020?
-Sí.
Mientras que, en otro tramo del interrogatorio, intervino el fiscal Juan Manuel Dávila:
-La persona que está en el piso, ¿advierte si tenía alguna reacción?
-En ese momento yo no miré, no presté atención. Yo miré hacia arriba.
-¿En los videos que se han estado pasando desde hace doce jornadas se vio reflejado alguien que le haya pegado a usted?
-No lo advertí.
A su turno, Fernando Burlando, abogado de los padres de Fernando, tomó la palabra para preguntar.
«No me siento cómodo respondiendo a una persona que me insultó mucho, insultó a mi mamá», dijo Thomnsen cuando el letrado quiso comenzar a interrogarlo.
-¿Por qué se cambió la ropa? – preguntó Burlando.
-No voy responder.
El abogado lo quiso interrogar también sobre lo que hicieron después con otros de los acusados como, por ejemplo, ir a comer a McDonald`s.
-No voy a responder.
Ante esta situación, finalmente intervino la presidenta del tribunal, la jueza Claudia Castro, para recordar que el acusado tiene derecho a no responder.
JUDICIALES
Minella bajo la lupa
La investigación judicial por la concesión del estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas sumará un nuevo capítulo con una medida que apunta directamente al principal accionista de la empresa concesionaria. Desde la ONG Mirada Ciudadana, que fue reconocida por la Justicia como querellante en la causa, confirmaron que enviarán un representante a San Pablo para profundizar la búsqueda de información sobre el Grupo Revee.
“Alguien del equipo viajará a San Pablo e incluso ya estamos trabajando con abogados de esa ciudad de Brasil para ver si podemos rastrear el dinero, las notas de crédito y otras cuestiones que los brasileños presentaron acá”, señalaron desde la entidad a LoQuePasa.net.
El objetivo será obtener documentación vinculada al origen de los fondos que la firma declaró al momento de participar en la licitación, además de conocer el estado de las causas judiciales que involucran al grupo empresario en Brasil por presunto lavado de activos.
La querella buscará determinar si el capital que la empresa aseguró poseer para respaldar su participación en el proceso licitatorio existió efectivamente y si fue suficiente para afrontar la inversión comprometida. Esa línea de investigación tomó mayor relevancia luego de que trascendieran distintos inconvenientes financieros de Minella Stadium S.A., entre ellos deudas con proveedores, servicios impagos y una importante cantidad de cheques rechazados por falta de fondos.
En paralelo, también se analizará la situación judicial del Grupo Revee en Brasil, donde aparece mencionado en investigaciones relacionadas con un presunto esquema de lavado de dinero que tendría vínculos con organizaciones criminales de ese país.
Mientras tanto, la empresa concesionaria intenta reorganizar su estructura accionaria con el ingreso de un nuevo socio mayoritario. Sin embargo, esa modificación aún requiere la autorización correspondiente y, hasta el momento, no hubo definiciones oficiales sobre si recibirá el aval del Municipio.
Con la incorporación de Mirada Ciudadana como querellante, la causa comienza a avanzar hacia una etapa en la que las medidas de prueba buscarán establecer si existieron irregularidades durante el proceso licitatorio y verificar el verdadero respaldo económico de quienes obtuvieron la concesión del principal escenario deportivo de Mar del Plata. (Loquepasa)
JUDICIALES
Piden la detención de Martín Insaurralde
El fiscal Sergio Mola pidió la detención de Martín Insaurralde, investigado por enriquecimiento ilícito. Es días después de la difusión de los videos de Jésica Cirio, a quién también le pidieron la captura, que muestran millones de dólares guardados en una casa del ex intendente de Lomas de Zamora.
Mola elevó el pedido al juez Luis Armella, que ahora decidirá el futuro del exintendente de Lomas de Zamora q quien se lo investiga por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero, luego de que fuera fotografiado en 2023 navegando por el Mediterráneo en el yate “Bandido” con Sofía Clerici como acompañante.
La causa fue sacudida por la aparición de videos de su exesposa Jesica Cirio contando millones de dólares en el vestidor de la casa que compartía con Insaurralde.
En las imágenes que tomaron estado público, se observa a la mediática grabando con su celular el interior de los cajones del vestidor de la casa que compartía con Insaurralde en el country de San Vicente, donde aparecen decenas de fajos de dólares guardados en bolsas plásticas, debajo de prendas de vestir.
Tras el conocimiento de los archivos, Armella ordenó allanamientos el domingo 21 de junio en los domicilios de Cirio, donde no se la encontró, y de Elías Piccirillo, su segundo exesposo. Piccirillo está acusado en otras dos causas. No obstante, mostró su celular y permitió su peritaje, el cual dio resultado negativo.
En un comunicado, la conductora televisiva había manifestado que el acceso a las grabaciones difundidas "han sido el producto de maniobras ilícitas”.
A su vez, en el mismo escrito, sostuvo: “Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”.
De este modo, y ante el conocimiento de que terceros tenían los videos, Cirio hizo la denuncia correspondiente.
JUDICIALES
El Gobierno flexibiliza trámite para designar jueces de la Corte
El Gobierno avanzó formalmente en la reconfiguración del sistema legal para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General de la Nación.
Mediante la publicación del Decreto 467/2026 en el Boletín Oficial, la administración de Milei dispuso una profunda reforma sobre los históricos decretos 222 y 588 del año 2003, flexibilizando los requisitos y suprimiendo etapas administrativas previas al envío de las postulaciones para los cargos mencionados.
La normativa, firmada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, elimina el filtro de exposición y observaciones ciudadanas que antes se desarrollaba bajo la órbita de la cartera judicial antes de la nominación formal.
El nuevo esquema deroga la obligación de publicar las candidaturas previamente para que sean de conocimiento público. A partir de ahora, la difusión de las hojas de vida y antecedentes de los aspirantes se canalizará exclusivamente mediante el Boletín Oficial y los portales web del Ministerio de Justicia, acortando sensiblemente los tiempos del trámite.
Bajo esta nueva modalidad, los nominados contarán con un margen de cinco días para aportar sus declaraciones juradas patrimoniales detalladas,
lcanzando tanto los bienes propios como los de sus cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, bajo los parámetros de la Ley de Ética Pública.
Otro de los puntos impacta en el rol de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si bien el Ejecutivo conservó la exigencia de evaluar el comportamiento impositivo y previsional de los postulantes, el nuevo texto establece por primera vez un tope máximo de cinco días para que el organismo fiscal elabore sus informes correspondientes, remarcando la obligación de preservar el secreto fiscal del candidato bajo análisis.
Finalmente, en términos de representatividad, el decreto firmado por Mahiques omitió replicar los criterios de sugerencia que contenía el texto original del año 2003, los cuales instaban al Presidente de la Nación a evaluar variables de diversidad de género, especialidades jurídicas y procedencia geográfica de los postulantes a la hora de estructurar la composición del tribunal supremo. (NA)
