22 de agosto de 2020

Tras  la decisión de la Suprema Corte bonaerense de retomar la actividad judicial en forma plena a partir del 24 de agosto en Mar del Plata, la Asociación Judicial Bonaerense junto a otros gremios manifestaron su preocupación por las consecuencias que esto tendría para la salud, la vida de los trabajadores judiciales y los vecinos de la ciudad y la zona. A su vez, le solicitaron a la Suprema Corte que “suspenda la reapertura plena de la actividad judicial”.

En tal sentido, los judiciales remarcaron que “en la ciudad se han multiplicado los contagios en forma exponencial durante los últimos 60 días lo que ha llevado a la saturación del sistema sanitario, que se manifiesta en un porcentaje altísimo de ocupación de camas y el agotamiento de los trabajadores de la salud, los cuales sufren las consecuencias de poner el cuerpo en la primera línea de combate contra el virus” y subrayaron: “Hay casi 200 infectados en los equipos de salud”.

Asimismo, repararon en que “todas las semanas aumentan los contagiados sin nexo epidemiológico claro, lo que evidencia el incremento de la circulación comunitaria del virus” como así también en que “el índice de letalidad de la pandemia en la ciudad es el doble de la media nacional”

“Se calcula que los contagios podrían llegar a los 2.000 la semana próxima”, apuntan los judiciales, a la vez que indicaron que existe “una correlación evidente entre el aumento de la circulación de personas y el incremento de contagios, las internaciones y los decesos”.

En ese contexto, señalaron que “pese al grave cuadro descrito, la Corte decidió esta semana la apertura plena de la actividad judicial en forma unilateral e inconsulta, a espaldas de los trabajadores judiciales”, lo cual fue calificado por los firmante como “un gesto político en línea con las presiones del Colegio de Abogados y el poder económico, que desde el primer momento buscaron instalar un discurso anti cuarentena con el apoyo de algunos medios de comunicación”.

A su vez, reconocieron que, de concretarse dicha decisión,  “Mar del Plata sería el primer aglomerado urbano de más de 500.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires con una administración de Justicia funcionando a pleno” y añadieron que “pretenden instalar de esta manera una falsa sensación de normalidad, que no se condice con la realidad de la ciudad”.

Y agregan que “la actividad judicial conlleva la movilización de miles de marplatenses y batanenses: vecinos y vecinas, abogados, peritos, personal de limpieza, de servicios, mantenimiento, proveedores, personal policial, penitenciario, detenidos, familiares. Sumado a los trabajadores judiciales; los que asisten a las dependencias y los que realizan tareas fuera de sede recorriendo toda la ciudad: choferes, correos, ordenanzas, peritos oficiales, notificadores, oficiales de Justicia, entre otros y otras”.

Además, hacen hincapié en que “la crisis edilicia y las carencias presupuestarias en el Poder Judicial determinan que sea de imposible cumplimiento los protocolos de prevención del Covid 19 en más de 30 edificios diseminados por la ciudad”. Por lo cual, reconocieron que “no están garantizadas las condiciones de seguridad e higiene mínimas para evitar contagios de Covid – 19”.

Dicha situación, según señalan los dirigentes gremiales judiciales, motivó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo provincial. “Es particularmente preocupante que las y los detenidos se expongan al virus en las dependencias judiciales y luego multipliquen el contagio en las Unidades Penales de Batán, situación que de suceder significaría un desastre sanitario para toda la región”, remarcaron.

A todo esto, aclaran que “la Administración de Justicia no dejó de funcionar en ningún momento durante la emergencia” y explicaron que “trabajadores esenciales en forma presencial  más aquellos que lo hicieron en forma remota, lograron mantener el funcionamiento de la Justicia atendiendo y dando respuestas a las cuestiones urgentes vinculadas a la atención de la salud, violencia intra familiar, abuso, internaciones, medidas de abrigo, alimentos, investigación criminal, asistencia a las víctimas, morigeraciones de prisión, entre otras”.

“La reapertura indiscriminada significaría dilapidar el enorme esfuerzo que realizan los trabajadores esenciales. Exponen a la población de Mar del Plata al surgimiento de nuevos focos de contagio”, manifestaron a la vez que agregaron que por ello “esta decisión de la Suprema Corte va a contra mano de la política sanitaria que el Gobierno ha llevado adelante para proteger a la sociedad y en particular a los más vulnerables”.

En ese marco, la Asociación Judicial Bonaerense en conjunto con la CTA Autónoma Regional de General Pueyrredón, General Alvarado, Balcarce y Mar Chiquita, la CGT Regional Mar del Plata, CTA de los trabajadores Mar y Sierras, Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón y Mar Chiquita, el Frente de Gremios Estatales Mar del Plata-Batán, UTEP Mar y Sierras Mar del Plata-Batán, ADUM, APU, ATE Seccional Mar del Plata, SUTEBA General Pueyrredón, CICOP Mar del Plata, Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires Distrito Mar del Plata-Mesa Ejecutiva, Frente Grande General Pueyrredón, FETIA/CTA General Pueyrredón, Internauta Argentina, Defensoría General del Pueblo General Pueyrredón, Equipo de gestión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata y José Pepe San Martín, ex delegado del Ministerio de Trabajo provincial le solicitaron a la Suprema Corte que “suspenda la reapertura plena de la actividad judicial dispuesta para el 24 de agosto”.

Por último, solicitaron la convocatoria de la Asociación Judicial Bonaerense “a dialogar para buscar consensos respecto a la apertura de actividades teniendo en cuenta la realidad de  la ciudad, infraestructura edilicia y recursos disponibles para que la/os trabajadores judiciales puedan desarrollar su tarea en condiciones de salubridad e higiene, con protocolos adecuados” e instaron al gobierno  y a los representantes políticos locales a que se involucren y realicen gestiones institucionales ante la Suprema Corte.