Crece la tensión en las Islas Malvinas luego de que un grupo de isleños reclamara restringir el ingreso de argentinos tras denunciar una serie de episodios en los que visitantes habrían desplegado banderas argentinas y carteles vinculados con el reclamo de soberanía.

Según publicó el diario británico Daily Express, los incidentes se habrían multiplicado durante las últimas semanas y llevaron a algunos residentes a pedir que se impida directamente la llegada de argentinos al archipiélago.

Ante esos reclamos, Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa isleña, admitió que las autoridades están estudiando qué medidas podrían tomar, aunque señaló que por el momento existen limitaciones legales.

“Hay gente de la comunidad que fue bastante clara respecto de querer impedir que visitantes argentinos vengan a las islas”, afirmó Goss. Sin embargo, advirtió: “Tenemos que ser realistas respecto de lo que permite la ley. En este momento no podemos simplemente impedir que la gente venga”.

El legislador sostuvo además que la Asamblea comenzó a evaluar “formas y medios” para evitar ese tipo de episodios, pero insistió en que cualquier decisión deberá ajustarse al marco legal vigente.

“Tenemos que adoptar una postura más firme. No podemos permitir que haya cada vez más personas que, bajo la idea de que están visitando las islas, lo hagan para impulsar una agenda política. No es aceptable”, planteó.

Actualmente, los ciudadanos argentinos pueden ingresar a las islas siempre que cumplan con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades locales.

Entre otras condiciones, se exige acreditar alojamiento, fondos suficientes para la estadía, pasaje de salida y un seguro médico que cubra una eventual evacuación. Los permisos de visitante entregados al arribar tienen, en general, una vigencia máxima de un mes.

Las autoridades isleñas, además, solicitan expresamente a los visitantes no exhibir públicamente banderas argentinas ni utilizar uniformes militares argentinos, al considerar que esas acciones pueden generar “preocupación y angustia” entre los habitantes a raíz de la guerra de 1982. La recomendación no equivale, sin embargo, a una prohibición general de portar la bandera argentina.

En la información oficial para turistas, las autoridades de las islas también consideran ofensivo utilizar la denominación “Malvinas” y piden a los visitantes utilizar “Falkland Islands”, una postura que se contrapone con el reclamo histórico y constitucional de soberanía de la Argentina.

Las declaraciones de Goss se producen en medio de una nueva escalada diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean a las islas.

A comienzos de septiembre, el gobierno de Javier Milei inició procedimientos sancionatorios contra decenas de personas y empresas vinculadas con actividades petroleras en la zona y presentó denuncias contra firmas involucradas en el proyecto de explotación conocido como Sea Lion.

Además, el 28 de septiembre la Casa Rosada anunció el inicio de un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para intentar impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

En ese contexto, Goss vinculó los últimos episodios con el endurecimiento de la posición argentina: “Estamos escuchando mucho ruido proveniente de la Argentina. Ya vimos indicios de esto en Naciones Unidas y sabíamos que iba a haber mucho más”.

El legislador isleño aseguró, de todas formas, que esas acciones no modificarán la postura de los habitantes: “No estamos intimidados. Hemos crecido, somos fuertes y vamos a seguir fortaleciéndonos. Es sólo ruido y no vamos a dejar que nos afecte”.

La Constitución Nacional argentina establece que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur constituye un objetivo “permanente e irrenunciable”, respetando el modo de vida de sus habitantes y de acuerdo con los principios del derecho internacional. (TN)

El Gobierno argentino rechazó este jueves las críticas del Reino Unido al procedimiento de arbitraje internacional impulsado por el país por la explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas y sostuvo que recurrir a un tribunal internacional constituye un mecanismo legítimo y pacífico para resolver controversias.

A través de un comunicado, la Cancillería cuestionó que el Reino Unido haya caracterizado el recurso argentino al arbitraje, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), como un intento de "socavar" derechos.

"Nada más alejado de la realidad", afirmó el Palacio San Martín, y sostuvo que someter una controversia a un tribunal internacional imparcial "es el acto más responsable que puede realizar un Estado".

El pronunciamiento se produjo luego de que el Reino Unido objetara la decisión argentina de iniciar un procedimiento de arbitraje para intentar impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, particularmente a través del proyecto Sea Lion.

El Gobierno argentino había instruido el 28 de septiembre a la Cancillería y a sus equipos jurídicos a avanzar con ese mecanismo.

En su respuesta, la Argentina remarcó que ambos países son Estados parte de la CONVEMAR y que, al ratificarla, aceptaron los mecanismos previstos por ese tratado para la solución de controversias.

"El recurso argentino al arbitraje no busca 'socavar' los derechos de nadie, sino preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales", sostuvo la Cancillería.

El comunicado también respondió a declaraciones de la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien defendió las actividades hidrocarburíferas británicas en el área.

Al respecto, el Gobierno argentino señaló que, si el Reino Unido considera que esas actividades se ajustan al derecho internacional, podrá "defender su posición" ante los árbitros independientes que intervengan en el procedimiento.

La Cancillería recordó además que la comunidad internacional reconoce desde hace décadas la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En ese sentido, citó la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instó a ambos países a avanzar en negociaciones para encontrar una solución pacífica a la controversia.

El Gobierno argentino también sostuvo que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales en el área en disputa implica una modificación unilateral de la situación, una práctica que, según señaló, la Argentina viene objetando por canales diplomáticos.

Por otra parte, rechazó la utilización británica del principio de libre determinación de los pueblos en relación con los habitantes de las islas y señaló que ese criterio no ha sido aplicado por las Naciones Unidas a la cuestión Malvinas.

"La República Argentina reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas", concluyó la Cancillería.

El Gobierno sostuvo que continuará defendiendo sus derechos mediante "el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional". (NA)

La magistrada Mariel Borruto hizo lugar a la cautelar para suspender perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la explotación por parte de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.6

La Justicia Federal de Río Grande ordenó a las pesqueras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se suspenda el inicio o la continuidad de obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, situado en las Islas Malvinas.

La decisión estuvo a cargo de la jueza Mariel Borruto, que hizo lugar a la demanda cautelar para suspender perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la explotación por parte de las empresas pesqueras.

“Como tutela cautelar, las actoras solicitan que se ordene la suspensión del inicio y/o continuidad de las obras; se impidan determinados actos financieros destinados a posibilitar su ejecución; se comunique la existencia del proceso a autoridades regulatorias y mercados de valores; y se requiera a las demandadas la individualización de las entidades financieras, aseguradoras y demás sujetos vinculados con el financiamiento del emprendimiento”, señaló el fallo al que tuvo acceso TN.

Según explicó la magistrada, la decisión “reviste naturaleza cautelar y, por consiguiente, no importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas ni sobre la totalidad de las cuestiones que integran el objeto de la acción principal”.

La medida también intima a las compañías mencionadas a presentar, en el plazo de 10 días desde la notificación, una declaración jurada con documentos que permitan conocer el estado actual de Sea Lion.

Deberán informar el cronograma de construcción, perforación, instalación y comienzo de la explotación; la cantidad, ubicación y situación de los pozos; las unidades flotantes y los equipos de perforación contratados; y los principales contratistas y subcontratistas involucrados.

También tendrán que precisar cómo es la estructura societaria utilizada para el proyecto; las entidades financieras y fondos que lo financiaron; los desembolsos hechos, comprometidos o pendientes; las aseguradoras y reaseguradoras vinculadas; los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de derrames y planes de contingencia.

A su vez, la orden exige que detallen las obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas en apoyo del emprendimiento y toda ampliación proyectada o incorporación de pozos vinculada con el emprendimiento.

“Las actoras solicitan también que se prohíba a las demandadas celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar pagos y transferencias, realizar aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas, constituir garantías, afectar activos y realizar otros actos financieros destinados al proyecto”, agregó la jueza.

Por su parte, la jueza solicitó a la Cancillería que informe -en un plazo de 10 días- si las empresas pesqueras involucradas en el proyecto “cuentan o contaron con habilitación, permiso, autorización o consentimiento de autoridad competente de la República Argentina para desarrollar actividades de exploración, explotación o cualquier otra actividad hidrocarburífera en las Islas Malvinas y/o en los espacios marítimos circundantes que integran la Plataforma Continental Argentina”.

Además, le pidió a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, que detalle si existe en sus registros algún aviso del proyecto presentado o procedimiento de evaluación de impacto ambiental iniciado respecto de Sea Lion y de sus eventuales ampliaciones, por parte de alguna de las pesqueras o firmas vinculadas.

Asimismo, deberá remitir “si se ha dictado a su respecto declaración de impacto ambiental, certificado de aptitud ambiental o acto administrativo equivalente. Y en caso negativo, que comunique al Juzgado el eventual inicio de tal procedimiento si ello ocurriere con posterioridad”. (TN)