MALVINAS
Jueza federal ordenó frenar el proyecto petrolero británico e israelí
16 de septiembre de 2026
La magistrada Mariel Borruto hizo lugar a la cautelar para suspender perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la explotación por parte de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.6
La Justicia Federal de Río Grande ordenó a las pesqueras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se suspenda el inicio o la continuidad de obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, situado en las Islas Malvinas.
La decisión estuvo a cargo de la jueza Mariel Borruto, que hizo lugar a la demanda cautelar para suspender perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la explotación por parte de las empresas pesqueras.
“Como tutela cautelar, las actoras solicitan que se ordene la suspensión del inicio y/o continuidad de las obras; se impidan determinados actos financieros destinados a posibilitar su ejecución; se comunique la existencia del proceso a autoridades regulatorias y mercados de valores; y se requiera a las demandadas la individualización de las entidades financieras, aseguradoras y demás sujetos vinculados con el financiamiento del emprendimiento”, señaló el fallo al que tuvo acceso TN.
Según explicó la magistrada, la decisión “reviste naturaleza cautelar y, por consiguiente, no importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas ni sobre la totalidad de las cuestiones que integran el objeto de la acción principal”.
La medida también intima a las compañías mencionadas a presentar, en el plazo de 10 días desde la notificación, una declaración jurada con documentos que permitan conocer el estado actual de Sea Lion.
Deberán informar el cronograma de construcción, perforación, instalación y comienzo de la explotación; la cantidad, ubicación y situación de los pozos; las unidades flotantes y los equipos de perforación contratados; y los principales contratistas y subcontratistas involucrados.
También tendrán que precisar cómo es la estructura societaria utilizada para el proyecto; las entidades financieras y fondos que lo financiaron; los desembolsos hechos, comprometidos o pendientes; las aseguradoras y reaseguradoras vinculadas; los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de derrames y planes de contingencia.
A su vez, la orden exige que detallen las obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas en apoyo del emprendimiento y toda ampliación proyectada o incorporación de pozos vinculada con el emprendimiento.
“Las actoras solicitan también que se prohíba a las demandadas celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar pagos y transferencias, realizar aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas, constituir garantías, afectar activos y realizar otros actos financieros destinados al proyecto”, agregó la jueza.
Por su parte, la jueza solicitó a la Cancillería que informe -en un plazo de 10 días- si las empresas pesqueras involucradas en el proyecto “cuentan o contaron con habilitación, permiso, autorización o consentimiento de autoridad competente de la República Argentina para desarrollar actividades de exploración, explotación o cualquier otra actividad hidrocarburífera en las Islas Malvinas y/o en los espacios marítimos circundantes que integran la Plataforma Continental Argentina”.
Además, le pidió a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, que detalle si existe en sus registros algún aviso del proyecto presentado o procedimiento de evaluación de impacto ambiental iniciado respecto de Sea Lion y de sus eventuales ampliaciones, por parte de alguna de las pesqueras o firmas vinculadas.
Asimismo, deberá remitir “si se ha dictado a su respecto declaración de impacto ambiental, certificado de aptitud ambiental o acto administrativo equivalente. Y en caso negativo, que comunique al Juzgado el eventual inicio de tal procedimiento si ello ocurriere con posterioridad”. (TN)
MALVINAS
El buque de la Real Armada británica tuvo que ser remolcado
El HMS Protector, uno de los principales buques británicos destinados a operaciones polares, sufrió una avería que obligó a remolcarlo hasta el puerto de Devonport. El incidente ocurrió en medio de las tensiones entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas
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Según informaron medios británicos, el HMS Protector presentó una falla en sus sistemas de propulsión que le impidió continuar navegando por sus propios medios. La embarcación, de más de 5.000 toneladas de desplazamiento, debió ser trasladada hasta Devonport para evaluar los daños y determinar las reparaciones necesarias.
Según informaron medios británicos, el HMS Protector presentó una falla en sus sistemas de propulsión que le impidió continuar navegando por sus propios medios. La embarcación, de más de 5.000 toneladas de desplazamiento, debió ser trasladada hasta Devonport para evaluar los daños y determinar las reparaciones necesarias.
El incidente representa un contratiempo para la Royal Navy, debido a que se trata de una unidad preparada para operar en condiciones climáticas extremas. Hasta el momento, las autoridades británicas no precisaron cuánto tiempo permanecerá fuera de servicio ni cuál fue el alcance del desperfecto mecánico.
El buque fue construido originalmente en Noruega bajo el nombre de MV Polarbjørn y participó en investigaciones científicas durante la década de 2000. En 2011, Reino Unido lo alquiló para reemplazar al HMS Endurance y, dos años después, concretó su compra para incorporarlo definitivamente a la flota.
Desde su incorporación, el HMS Protector cumple funciones de patrullaje y apoyo a operaciones científicas en regiones polares. También desarrolla actividades en el Atlántico Sur, donde Reino Unido mantiene presencia militar en territorios cuya soberanía reclama la Argentina, entre ellos las Islas Malvinas.
La avería volvió a generar interrogantes sobre la disponibilidad operativa de la Armada británica, que enfrenta cuestionamientos por el estado de distintas unidades de su flota. La situación del patrullero se suma a las preocupaciones sobre los recursos destinados a mantener buques de superficie, submarinos y embarcaciones de apoyo.
En paralelo, la Royal Navy confirmó que el reemplazo del HMS Protector está contemplado en los planes de inversión del Ministerio de Defensa británico. El objetivo es incorporar una plataforma moderna que permita sostener las operaciones polares. Sin embargo, todavía no se anunciaron fechas para su llegada ni detalles sobre cuándo podría volver a navegar el buque averiado.
MALVINAS
Reclamo ante el Tribunal del Mar
El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.
La Oficina del Presidente informó que la presentación busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas.
El Ejecutivo indicó que la solicitud se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que permite pedir medidas provisionales mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, con el objetivo de preservar derechos o prevenir daños graves al medio marino si la urgencia de la situación lo requiere.
La República Argentina reafirmó además sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y sostuvo: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”. (NA)
MALVINAS
Ingleses van por todo
El Gobierno del Reino Unido confirmó que cualquier nueva licencia de hidrocarburos en las Islas Malvinas deberá contar con el consentimiento del secretario de Estado para Asuntos Exteriores, una definición que formaliza la intervención directa de Londres en las futuras autorizaciones para la explotación petrolera en el archipiélago.
La precisión fue incluida en una respuesta parlamentaria presentada este jueves ante la Cámara de los Lores, en medio de la renovada tensión con la Argentina por el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion y la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
La respuesta fue elaborada por Lord Wood of Anfield, subsecretario parlamentario de Estado para Europa, Europa del Este, Seguridad Internacional y Crecimiento, ante una consulta del conservador Lord Moynihan. El Gobierno británico sostuvo que mantiene su posición sobre el supuesto derecho de las Islas Malvinas a desarrollar sus recursos naturales y vinculó ese derecho con la autodeterminación de los habitantes del archipiélago.
La respuesta oficial establece que “cualquier nueva licencia de hidrocarburos requiere el consentimiento del secretario de Estado”, quien debe actuar de acuerdo con la legislación aplicable en las islas. Al mismo tiempo, Londres aclaró que no realizará comentarios sobre licencias individuales.
La definición no implica que el Gobierno británico asuma toda la regulación de la actividad petrolera. Según la misma respuesta, el Gobierno de las Islas Malvinas mantiene la responsabilidad sobre el desarrollo de los hidrocarburos y el marco regulatorio correspondiente, incluidas las normas de seguridad y protección ambiental.
De esta manera, el esquema contempla una participación de las autoridades locales en el proceso regulatorio, pero establece que las nuevas licencias necesitan además el consentimiento del secretario de Estado británico.
La intervención de Londres ya había sido explicitada el 15 de septiembre, cuando el Gobierno británico respondió en la Cámara de los Comunes que el secretario de Estado actúa de acuerdo con la legislación de las islas al decidir si presta su consentimiento a nuevas licencias de hidrocarburos.
La consulta parlamentaria también buscaba conocer si el secretario de Estado había dado su consentimiento al desarrollo y al programa de producción del campo petrolero Sea Lion Northern.
La respuesta del Gobierno británico evitó confirmar o negar una autorización específica y señaló que no realiza comentarios sobre licencias individuales.
El proyecto Sea Lion es uno de los principales emprendimientos hidrocarburíferos que se desarrollan alrededor de las Malvinas y está impulsado por empresas vinculadas con la explotación de la Cuenca Malvinas Norte.
La Argentina rechaza el proyecto y sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el área sin autorización argentina desconocen sus derechos sobre los recursos naturales.
La definición británica se conoce mientras el Gobierno de Javier Milei profundiza las medidas contra las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.
En septiembre, la Casa Rosada anunció procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas con esas actividades y presentó una denuncia penal contra compañías relacionadas con Sea Lion, entre ellas Navitas Petroleum Development & Production Ltd. y otras firmas asociadas al proyecto.
