MALVINAS
Jueza federal ordenó frenar el proyecto petrolero británico e israelí
16 de septiembre de 2026
La magistrada Mariel Borruto hizo lugar a la cautelar para suspender perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la explotación por parte de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.6
La Justicia Federal de Río Grande ordenó a las pesqueras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se suspenda el inicio o la continuidad de obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, situado en las Islas Malvinas.
La decisión estuvo a cargo de la jueza Mariel Borruto, que hizo lugar a la demanda cautelar para suspender perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la explotación por parte de las empresas pesqueras.
“Como tutela cautelar, las actoras solicitan que se ordene la suspensión del inicio y/o continuidad de las obras; se impidan determinados actos financieros destinados a posibilitar su ejecución; se comunique la existencia del proceso a autoridades regulatorias y mercados de valores; y se requiera a las demandadas la individualización de las entidades financieras, aseguradoras y demás sujetos vinculados con el financiamiento del emprendimiento”, señaló el fallo al que tuvo acceso TN.
Según explicó la magistrada, la decisión “reviste naturaleza cautelar y, por consiguiente, no importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas ni sobre la totalidad de las cuestiones que integran el objeto de la acción principal”.
La medida también intima a las compañías mencionadas a presentar, en el plazo de 10 días desde la notificación, una declaración jurada con documentos que permitan conocer el estado actual de Sea Lion.
Deberán informar el cronograma de construcción, perforación, instalación y comienzo de la explotación; la cantidad, ubicación y situación de los pozos; las unidades flotantes y los equipos de perforación contratados; y los principales contratistas y subcontratistas involucrados.
También tendrán que precisar cómo es la estructura societaria utilizada para el proyecto; las entidades financieras y fondos que lo financiaron; los desembolsos hechos, comprometidos o pendientes; las aseguradoras y reaseguradoras vinculadas; los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de derrames y planes de contingencia.
A su vez, la orden exige que detallen las obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas en apoyo del emprendimiento y toda ampliación proyectada o incorporación de pozos vinculada con el emprendimiento.
“Las actoras solicitan también que se prohíba a las demandadas celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar pagos y transferencias, realizar aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas, constituir garantías, afectar activos y realizar otros actos financieros destinados al proyecto”, agregó la jueza.
Por su parte, la jueza solicitó a la Cancillería que informe -en un plazo de 10 días- si las empresas pesqueras involucradas en el proyecto “cuentan o contaron con habilitación, permiso, autorización o consentimiento de autoridad competente de la República Argentina para desarrollar actividades de exploración, explotación o cualquier otra actividad hidrocarburífera en las Islas Malvinas y/o en los espacios marítimos circundantes que integran la Plataforma Continental Argentina”.
Además, le pidió a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, que detalle si existe en sus registros algún aviso del proyecto presentado o procedimiento de evaluación de impacto ambiental iniciado respecto de Sea Lion y de sus eventuales ampliaciones, por parte de alguna de las pesqueras o firmas vinculadas.
Asimismo, deberá remitir “si se ha dictado a su respecto declaración de impacto ambiental, certificado de aptitud ambiental o acto administrativo equivalente. Y en caso negativo, que comunique al Juzgado el eventual inicio de tal procedimiento si ello ocurriere con posterioridad”. (TN)
MALVINAS
Murió Carlos Rinke, el piloto que puso en jaque a la flota británica
Este jueves se conoció la noticia del fallecimiento del comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina y veterano de la guerra de Malvinas Carlos Alfredo Rinke, quien participó de una de las operaciones más recordadas del conflicto en el Atlántico Sur contra dos buques británicos que puso en jaque a la flota extranjera. Tenía 70 años y esperaba un trasplante de médula ósea.
Rinke, conocido como "Numeral de hierro", fue, es y será recordado por ser uno de los pilotos argentinos que formó parte crucial de una de las operaciones clave durante la guerra.
El 25 de mayo de 1982, a bordo de su avión Douglas A-4B Skyhawk, participó, junto a otros tres pilotos, del ataque a los buques británicos HMS Broadsword y HMS Coventry. Además, participó en otras cinco misiones de combate.
Los pilotos que participaron de ese ataque fueron el propio Rinke, Pablo Carballo, Mariano Velasco y Jorge Barrionuevo. Los cuatro pilotos bombardearon los buques mencionados en el aniversario de la Revolución de Mayo, causando importantes daños a la fragata HMS Broadsword y hundiendo al destructor HMS Coventry.
Esa misión se recuerda como una de las más determinantes de la aviación argentina durante el conflicto ya que todos los aviones que salieron a combatir volvieron sin problemas.
Las condiciones de vuelo de los pilotos argentinos eran extremas: debían realizar vuelos rasantes sobre el mar, a casi 1.000 kilómetros por hora, para no ser detectados por los radares británicos.
Fue Carballo quien le puso el característico apodo de "Numeral de hierro", destacando tanto la efectividad de Rinke al momento de atacar como su capacidad para volver de las misiones que se le asignaban.
Rinke tenía 26 años cuando combatió en Malvinas. Había ingresado a la Escuela de Aviación Militar en la década de 1970 y contaba con apenas tres años de carrera como oficial cuando comenzó el conflicto. Durante la guerra operó desde la base de Río Gallegos y nunca llegó a pisar las islas.
Tras la finalización de la guerra y hasta la actualidad, el piloto no dejaba pasar oportunidad para destacar la labor de todos los compañeros que lo secundaban en sus operaciones, desde mecánicos y armeros, hasta meteorólogos y operadores de radar: "El piloto es la punta de una larga cadena".
A su vez, siempre manifestó las secuelas que el conflicto dejó en excombatientes y veteranos: "No se puede salir de ahí. Es un pacto de sangre. Salir con un compañero y volver sin él no se olvida".
MALVINAS
EEUU expresó preocupación por la ley de soberanía, pero respetará la decisión argentina
El Gobierno de Estados Unidos reconoció su preocupación por el alcance de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsada por la administración de Javier Milei para sancionar a empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.
Sin embargo, Washington aclaró que respeta el proceso legislativo del país y evitó solicitar modificaciones al proyecto que se encuentra pendiente de tratamiento en el Congreso.
La posición fue expresada por el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, durante una conferencia de prensa que compartió con el canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín, donde ambos funcionarios repasaron distintos aspectos de la relación bilateral.
“Las leyes de la Nación Argentina son una cuestión para las autoridades de la Nación Argentina. Nosotros estamos obviamente viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso”, sostuvo Landau, número dos del secretario de Estado Marco Rubio.
El funcionario estadounidense aclaró que su Gobierno no pretende intervenir en el debate parlamentario. “Quiero destacar otra vez que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, afirmó.
Las declaraciones se produjeron después de que trascendieran contactos entre Buenos Aires y Washington por las posibles consecuencias de las sanciones sobre compañías y fondos de inversión estadounidenses con participación en proyectos económicos en Malvinas.
Según trascendió, la Casa Rosada descarta avanzar contra grandes actores financieros si esas medidas comprometen la relación bilateral. No obstante, el Ejecutivo sostiene que las observaciones estadounidenses no constituyen una exigencia formal para retirar el proyecto.
La iniciativa, enviada al Congreso el 17 de septiembre, busca reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las sanciones contra empresas que financien, faciliten o desarrollen actividades de explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina.
El texto contempla multas, inhabilitaciones y restricciones comerciales, además de mecanismos para que las compañías puedan abandonar las operaciones alcanzadas por las penalidades.
Quirno defendió la propuesta al considerar que la legislación actual resulta insuficiente para proteger los intereses argentinos en el Atlántico Sur. El canciller explicó que el proyecto ofrece alternativas para desistir de inversiones realizadas bajo licencias que la Argentina considera ilegítimas.
“No va en contra de nadie en particular”, aseguró el funcionario, quien planteó que las empresas deberán evaluar si continúan operando en las islas o desarrollan proyectos en el territorio continental argentino, donde el Gobierno identifica un importante potencial energético.
El ministro ratificó que la soberanía sobre Malvinas constituye una cuestión innegociable y que la Argentina continuará utilizando las herramientas diplomáticas y jurídicas disponibles para sostener su reclamo.
Sin embargo, el tratamiento parlamentario permanece demorado por diferencias entre el oficialismo y bloques aliados sobre otros capítulos del proyecto, especialmente los relacionados con defensa, seguridad nacional e inteligencia.
Otro de los puntos abordados durante la conferencia fue la propuesta estadounidense de disolver el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, organismo en el que se analiza anualmente la cuestión Malvinas.
Landau sostuvo que esa iniciativa responde a una política general de reforma de los organismos multilaterales y no representa una posición específica sobre el conflicto de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.
“Espero que la Argentina no confunda un proyecto de reforma para agilizar la operación de Naciones Unidas con un tema particular sustantivo”, manifestó.
Quirno reconoció la importancia del Comité de Descolonización para la posición argentina, aunque aclaró que la continuidad del reclamo no depende exclusivamente de ese organismo.
“En la eventualidad de que deje de existir, eso no tiene ningún tipo de mella sobre nuestro reclamo”, afirmó el canciller, quien reiteró que el objetivo argentino sigue siendo lograr que Londres retome las negociaciones bilaterales por la soberanía de las islas.
La agenda bilateral incluyó conversaciones sobre inversiones, minerales críticos, infraestructura y el acuerdo comercial. También se analizaron los avances del Corredor Andes-Atlántico, destinado a conectar las regiones mineras y energéticas con los puertos del océano Atlántico.
Finalmente, Quirno confirmó que continúan las negociaciones para incorporar a la Argentina al programa de exención de visas estadounidenses, aunque no precisó una fecha para su implementación. También ratificó los preparativos para la visita del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, prevista para noviembre.
MALVINAS
El Tribunal del Mar fijó audiencias por reclamo argentino contra proyecto petrolero
El Tribunal del Mar (ITLOS) convocó a audiencias para el 10 y 11 de noviembre por la presentación del Gobierno para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Ilsas Malvinas. La semana pasada la Cacilleríarecurrió al organismo con sede en Alemania para frenar la iniciativa en el archipiélago.
La fecha fue fijada por el presidente del tribunal, el juez Maurice K. Kamga, mediante una providencia del 20 de octubre. La audiencia se realizará en la sala principal del organismo y será pública. Según informó el ITLOS, el cronograma detallado se difundirá en su sitio web.
Argentina presentó la solicitud el 13 de octubre, en el marco de una disputa por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico sudoccidental. El pedido se apoya en el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que contempla la intervención del tribunal cuando se solicitan medidas provisionales antes de que se constituya el tribunal arbitral que analizará el fondo del caso.
La audiencia será una instancia para que las partes expongan sus argumentos sobre la petición. La convocatoria no implica que el tribunal ya haya resuelto si corresponde frenar las actividades petroleras: esa decisión llegará después de evaluar los planteos y la documentación presentada.
El Gobierno argentino busca que se suspenda la explotación de hidrocarburos en el área mientras se tramita el arbitraje. En su presentación, sostiene que el Reino Unido no puede avanzar de manera unilateral con actividades sobre recursos naturales en una zona cuya soberanía reclama la Argentina. También plantea que el desarrollo podría generar riesgos ambientales en el Atlántico Sur.
El reclamo incluye el proyecto Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago y operado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La iniciativa prevé la extracción de petróleo en una zona que la Argentina considera bajo disputa. Las compañías tienen previsto iniciar la perforación de la primera fase en 2027 y comenzar la producción en 2028, de acuerdo con la información citada en la presentación argentina.
La Cancillería acudió al Tribunal del Mar después de iniciar un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención sobre el Derecho del Mar. El procedimiento busca que un tribunal arbitral examine la controversia entre ambos países. La solicitud de medidas provisionales se plantea para el período previo a su constitución y apunta a evitar que las actividades en la zona avancen mientras se desarrolla el proceso.
El caso no supone que el Tribunal del Mar vaya a pronunciarse sobre la soberanía de las Islas Malvinas. La audiencia se enmarca en el pedido urgente de medidas provisionales presentado por la Argentina y en la controversia vinculada con la explotación de hidrocarburos.
El Reino Unido comunicó que participará del procedimiento, aunque rechazó el planteo argentino y sostuvo que la presentación no modifica las licencias otorgadas ni obliga a detener las actividades. La postura británica y los argumentos de la Argentina serán expuestos ante los jueces durante las audiencias de noviembre.
La sesión podrá seguirse en directo por el sitio web del tribunal. (TN)
