MALVINAS
Rechazo a las críticas británicas por la explotación de hidrocarburos
1 de octubre de 2026
El Gobierno argentino rechazó este jueves las críticas del Reino Unido al procedimiento de arbitraje internacional impulsado por el país por la explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas y sostuvo que recurrir a un tribunal internacional constituye un mecanismo legítimo y pacífico para resolver controversias.
A través de un comunicado, la Cancillería cuestionó que el Reino Unido haya caracterizado el recurso argentino al arbitraje, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), como un intento de «socavar» derechos.
«Nada más alejado de la realidad», afirmó el Palacio San Martín, y sostuvo que someter una controversia a un tribunal internacional imparcial «es el acto más responsable que puede realizar un Estado».
El pronunciamiento se produjo luego de que el Reino Unido objetara la decisión argentina de iniciar un procedimiento de arbitraje para intentar impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, particularmente a través del proyecto Sea Lion.
El Gobierno argentino había instruido el 28 de septiembre a la Cancillería y a sus equipos jurídicos a avanzar con ese mecanismo.
En su respuesta, la Argentina remarcó que ambos países son Estados parte de la CONVEMAR y que, al ratificarla, aceptaron los mecanismos previstos por ese tratado para la solución de controversias.
«El recurso argentino al arbitraje no busca ‘socavar’ los derechos de nadie, sino preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales», sostuvo la Cancillería.
El comunicado también respondió a declaraciones de la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien defendió las actividades hidrocarburíferas británicas en el área.
Al respecto, el Gobierno argentino señaló que, si el Reino Unido considera que esas actividades se ajustan al derecho internacional, podrá «defender su posición» ante los árbitros independientes que intervengan en el procedimiento.
La Cancillería recordó además que la comunidad internacional reconoce desde hace décadas la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
En ese sentido, citó la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instó a ambos países a avanzar en negociaciones para encontrar una solución pacífica a la controversia.
El Gobierno argentino también sostuvo que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales en el área en disputa implica una modificación unilateral de la situación, una práctica que, según señaló, la Argentina viene objetando por canales diplomáticos.
Por otra parte, rechazó la utilización británica del principio de libre determinación de los pueblos en relación con los habitantes de las islas y señaló que ese criterio no ha sido aplicado por las Naciones Unidas a la cuestión Malvinas.
«La República Argentina reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas», concluyó la Cancillería.
El Gobierno sostuvo que continuará defendiendo sus derechos mediante «el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional». (NA)
MALVINAS
El buque de la Real Armada británica tuvo que ser remolcado
El HMS Protector, uno de los principales buques británicos destinados a operaciones polares, sufrió una avería que obligó a remolcarlo hasta el puerto de Devonport. El incidente ocurrió en medio de las tensiones entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas
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Según informaron medios británicos, el HMS Protector presentó una falla en sus sistemas de propulsión que le impidió continuar navegando por sus propios medios. La embarcación, de más de 5.000 toneladas de desplazamiento, debió ser trasladada hasta Devonport para evaluar los daños y determinar las reparaciones necesarias.
Según informaron medios británicos, el HMS Protector presentó una falla en sus sistemas de propulsión que le impidió continuar navegando por sus propios medios. La embarcación, de más de 5.000 toneladas de desplazamiento, debió ser trasladada hasta Devonport para evaluar los daños y determinar las reparaciones necesarias.
El incidente representa un contratiempo para la Royal Navy, debido a que se trata de una unidad preparada para operar en condiciones climáticas extremas. Hasta el momento, las autoridades británicas no precisaron cuánto tiempo permanecerá fuera de servicio ni cuál fue el alcance del desperfecto mecánico.
El buque fue construido originalmente en Noruega bajo el nombre de MV Polarbjørn y participó en investigaciones científicas durante la década de 2000. En 2011, Reino Unido lo alquiló para reemplazar al HMS Endurance y, dos años después, concretó su compra para incorporarlo definitivamente a la flota.
Desde su incorporación, el HMS Protector cumple funciones de patrullaje y apoyo a operaciones científicas en regiones polares. También desarrolla actividades en el Atlántico Sur, donde Reino Unido mantiene presencia militar en territorios cuya soberanía reclama la Argentina, entre ellos las Islas Malvinas.
La avería volvió a generar interrogantes sobre la disponibilidad operativa de la Armada británica, que enfrenta cuestionamientos por el estado de distintas unidades de su flota. La situación del patrullero se suma a las preocupaciones sobre los recursos destinados a mantener buques de superficie, submarinos y embarcaciones de apoyo.
En paralelo, la Royal Navy confirmó que el reemplazo del HMS Protector está contemplado en los planes de inversión del Ministerio de Defensa británico. El objetivo es incorporar una plataforma moderna que permita sostener las operaciones polares. Sin embargo, todavía no se anunciaron fechas para su llegada ni detalles sobre cuándo podría volver a navegar el buque averiado.
MALVINAS
Reclamo ante el Tribunal del Mar
El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.
La Oficina del Presidente informó que la presentación busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas.
El Ejecutivo indicó que la solicitud se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que permite pedir medidas provisionales mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, con el objetivo de preservar derechos o prevenir daños graves al medio marino si la urgencia de la situación lo requiere.
La República Argentina reafirmó además sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y sostuvo: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”. (NA)
MALVINAS
Ingleses van por todo
El Gobierno del Reino Unido confirmó que cualquier nueva licencia de hidrocarburos en las Islas Malvinas deberá contar con el consentimiento del secretario de Estado para Asuntos Exteriores, una definición que formaliza la intervención directa de Londres en las futuras autorizaciones para la explotación petrolera en el archipiélago.
La precisión fue incluida en una respuesta parlamentaria presentada este jueves ante la Cámara de los Lores, en medio de la renovada tensión con la Argentina por el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion y la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
La respuesta fue elaborada por Lord Wood of Anfield, subsecretario parlamentario de Estado para Europa, Europa del Este, Seguridad Internacional y Crecimiento, ante una consulta del conservador Lord Moynihan. El Gobierno británico sostuvo que mantiene su posición sobre el supuesto derecho de las Islas Malvinas a desarrollar sus recursos naturales y vinculó ese derecho con la autodeterminación de los habitantes del archipiélago.
La respuesta oficial establece que “cualquier nueva licencia de hidrocarburos requiere el consentimiento del secretario de Estado”, quien debe actuar de acuerdo con la legislación aplicable en las islas. Al mismo tiempo, Londres aclaró que no realizará comentarios sobre licencias individuales.
La definición no implica que el Gobierno británico asuma toda la regulación de la actividad petrolera. Según la misma respuesta, el Gobierno de las Islas Malvinas mantiene la responsabilidad sobre el desarrollo de los hidrocarburos y el marco regulatorio correspondiente, incluidas las normas de seguridad y protección ambiental.
De esta manera, el esquema contempla una participación de las autoridades locales en el proceso regulatorio, pero establece que las nuevas licencias necesitan además el consentimiento del secretario de Estado británico.
La intervención de Londres ya había sido explicitada el 15 de septiembre, cuando el Gobierno británico respondió en la Cámara de los Comunes que el secretario de Estado actúa de acuerdo con la legislación de las islas al decidir si presta su consentimiento a nuevas licencias de hidrocarburos.
La consulta parlamentaria también buscaba conocer si el secretario de Estado había dado su consentimiento al desarrollo y al programa de producción del campo petrolero Sea Lion Northern.
La respuesta del Gobierno británico evitó confirmar o negar una autorización específica y señaló que no realiza comentarios sobre licencias individuales.
El proyecto Sea Lion es uno de los principales emprendimientos hidrocarburíferos que se desarrollan alrededor de las Malvinas y está impulsado por empresas vinculadas con la explotación de la Cuenca Malvinas Norte.
La Argentina rechaza el proyecto y sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el área sin autorización argentina desconocen sus derechos sobre los recursos naturales.
La definición británica se conoce mientras el Gobierno de Javier Milei profundiza las medidas contra las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.
En septiembre, la Casa Rosada anunció procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas con esas actividades y presentó una denuncia penal contra compañías relacionadas con Sea Lion, entre ellas Navitas Petroleum Development & Production Ltd. y otras firmas asociadas al proyecto.
