El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, brindó detalles del proyecto de ley para regular de manera integral la actividad de trabajadores de plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa prevé la creación de un Plan Integral y un Registro Provincial para el sector, además de nuevas herramientas de seguridad, cobertura laboral y asistencia estatal.

Según explicó el funcionario, el objetivo es “acompañar desde el Estado” a quienes actualmente desarrollan tareas “en condiciones de informalidad y sin derechos garantizados”. En ese marco, remarcó que el proyecto busca establecer “un piso de derechos para los trabajadores de plataforma”.

La propuesta establece que el Ministerio de Trabajo será la autoridad de aplicación y coordinará una mesa interministerial junto a las carteras de Salud, Seguridad, Transporte y Gobierno. Entre los principales puntos, se destaca la creación de una aplicación oficial integrada con la plataforma MiPBA, que permitirá registrar a trabajadores del sector, acceder a servicios y generar información estadística sobre la actividad.

“Con este proyecto de ley buscamos realizar un registro integral de trabajadores por medio de plataformas que no lo tenemos y que las compañías tampoco lo aportan”, sostuvo Correa.

La APP bonaerense incluirá un botón de pánico conectado con áreas de seguridad y otro destinado a emergencias sanitarias para casos de accidentes en la vía pública. Además, el proyecto contempla la contratación obligatoria de seguros por accidentes, invalidez y cobertura médica durante la jornada laboral y los trayectos.

Correa señaló que la iniciativa incorpora “los seguros obligatorios que hoy no lo tienen” y afirmó que se busca transparentar las condiciones en las que se desarrolla la actividad.

El texto también obliga a las empresas de plataformas a informar la cantidad de trabajadores activos, promedio de horas trabajadas e ingresos medios, con el objetivo de fortalecer la fiscalización y generar mayor transparencia en el sector.

Otro de los ejes apunta a reforzar controles sobre centros de distribución y almacenamiento utilizados por las plataformas, conocidos como “tiendas invisibles”, mediante inspecciones y georreferenciación de los puntos de operación.

Asimismo, el proyecto prevé la creación de paradores para trabajadores registrados, con acceso a agua potable, espacios de descanso y resguardo de herramientas, en coordinación con los municipios.

Finalmente, la iniciativa contempla convenios con el Banco Provincia para otorgar descuentos en repuestos, lubricantes y elementos de seguridad a quienes estén inscriptos en el registro oficial.

“Queremos transparentar y tener a ciencia cierta cómo se realiza la actividad y qué consecuencias están teniendo los trabajadores y trabajadoras”, expresó Correa, quien aseguró que la propuesta se basa en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Unas 150 personas fueron halladas en un predio de La Plata, ubicado en las calles 185 y 80 en la localidad de Los Hornos, en condiciones de explotación laboral y vulnerabilidad, por la precariedad de las viviendas en las que estaban hacinadas varias familias.

El operativo fue llevado a cabo por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen organizado y la causa, a cargo de la UFI Nº15 de La Plata fue caratulada como "trata de personas – trabajo infantil".

La denuncia del caso fue presentada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), que advirtió sobre la presencia de una menor de 14 años trabajando en la cosecha de tomate. Lo cierto es que, al momento, confirmaron que había en el lugar 99 adultos y 51 menores explotados.

Durante la inspección, los agentes identificaron a una niña en silla de ruedas, quien fue trasladada junto a su madre con intervención del área local de Niñez y Adolescencia. También encontraron a un hombre de unos 30 años, con una situación de retraso madurativo, con la puerta de su vivienda cerrada con cadena y candado.

En el procedimiento, la fiscal María Cecilia Corfield ordenó el secuestro de cuatro teléfonos celulares pertenecientes a la asistente social Verónica Tumori (54), y a Fabio Agostinelli (54) y Tiziano Agostinelli (52) integrantes de la familia propietaria del lugar. Los tres presentan distintos grados de responsabilidad en la logística del predio y las condiciones en las que estaban las personas. Dib

El bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense presentó un proyecto de ley para eliminar el impuesto de sellos sobre las operaciones realizadas con tarjeta de crédito en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, que parte del bahiense Oscar Liberman y fue firmada por 17 diputados del espacio, apunta a reducir una carga tributaria que “encarece el consumo formal y estimula la informalidad económica”.

Liberman, el autor de la propuesta, sostuvo que se trata de “un alivio fiscal para los contribuyentes que tendrá un impacto positivo en el consumo formal”. La medida busca derogar el artículo 252 del Código Fiscal bonaerense (Ley N° 10.397), que actualmente grava con una alícuota del 1,2% todos los débitos o cargos del período formalizados mediante tarjetas de crédito. Según el legislador, ese porcentaje eleva los costos de cada transacción y empuja a los usuarios hacia canales no declarados.

El proyecto también modifica el artículo 258 del mismo código y la Ley Impositiva vigente (Ley 15.558), en los tramos referidos al impuesto de sellos sobre este tipo de operaciones.

El argumento de Liberman también es de orden jurídico. El legislador señaló que el resumen de tarjeta de crédito no reúne las condiciones que la propia Ley de Coparticipación Federal exige para que un documento quede alcanzado por el gravamen. Según el artículo 9, inciso b, apartado 2 de esa norma, un instrumento sujeto al impuesto de sellos debe revestir “los caracteres exteriores de un título jurídico por el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente realicen los contribuyentes”.

Liberman afirmó que el resumen periódico de una tarjeta no cumple ese requisito porque no está firmado ni reconocido por su titular, y porque la Ley Nacional de Tarjeta de Crédito 25.065 establece en su artículo 39 que el emisor necesita documentación adicional para ejecutar un saldo impago.

“Del propio régimen legal de tarjetas de crédito se deduce que la liquidación o resumen periódico no constituye título suficiente para iniciar una acción judicial”, precisó el diputado.

A partir de ese razonamiento, Liberman concluyó que “la provincia de Buenos Aires no tiene potestad alguna para apartarse de la definición” que fija la coparticipación federal.

En esa línea, calificó el proyecto como “una corrección jurídica hacia un sistema tributario más justo” y rechazó que el fisco provincial deba intervenir en cada transacción privada: “El Estado no puede seguir viendo cada operación privada como una oportunidad para cobrar un impuesto más”.

La iniciativa fue acompañada por otros 16 legisladores del bloque libertario: Juan Osaba, Agustín Romo, Francisco Adorni, Maximiliano Bondarenko, Nahuel Sotelo Larcher, Geraldine Calvella, María Fernanda Coitinho, Oriana Colugnatti, Analía Corvino, Pablo Morillo, Luis Ontiveros, Sofía Pomponio, Carla Pannelli, Florencia Retamoso, Gastón Abonjo y Vera Chávez Ramón.

La presentación del proyecto se enmarca en una agenda más amplia de La Libertad Avanza orientada a la desregulación fiscal y la reducción del gasto estatal.