Provincia
Impulsan ley para regular a los trabajadores de las apps
18 de mayo de 2026
El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, brindó detalles del proyecto de ley para regular de manera integral la actividad de trabajadores de plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa prevé la creación de un Plan Integral y un Registro Provincial para el sector, además de nuevas herramientas de seguridad, cobertura laboral y asistencia estatal.
Según explicó el funcionario, el objetivo es “acompañar desde el Estado” a quienes actualmente desarrollan tareas “en condiciones de informalidad y sin derechos garantizados”. En ese marco, remarcó que el proyecto busca establecer “un piso de derechos para los trabajadores de plataforma”.
La propuesta establece que el Ministerio de Trabajo será la autoridad de aplicación y coordinará una mesa interministerial junto a las carteras de Salud, Seguridad, Transporte y Gobierno. Entre los principales puntos, se destaca la creación de una aplicación oficial integrada con la plataforma MiPBA, que permitirá registrar a trabajadores del sector, acceder a servicios y generar información estadística sobre la actividad.
“Con este proyecto de ley buscamos realizar un registro integral de trabajadores por medio de plataformas que no lo tenemos y que las compañías tampoco lo aportan”, sostuvo Correa.
La APP bonaerense incluirá un botón de pánico conectado con áreas de seguridad y otro destinado a emergencias sanitarias para casos de accidentes en la vía pública. Además, el proyecto contempla la contratación obligatoria de seguros por accidentes, invalidez y cobertura médica durante la jornada laboral y los trayectos.
Correa señaló que la iniciativa incorpora “los seguros obligatorios que hoy no lo tienen” y afirmó que se busca transparentar las condiciones en las que se desarrolla la actividad.
El texto también obliga a las empresas de plataformas a informar la cantidad de trabajadores activos, promedio de horas trabajadas e ingresos medios, con el objetivo de fortalecer la fiscalización y generar mayor transparencia en el sector.
Otro de los ejes apunta a reforzar controles sobre centros de distribución y almacenamiento utilizados por las plataformas, conocidos como “tiendas invisibles”, mediante inspecciones y georreferenciación de los puntos de operación.
Asimismo, el proyecto prevé la creación de paradores para trabajadores registrados, con acceso a agua potable, espacios de descanso y resguardo de herramientas, en coordinación con los municipios.
Finalmente, la iniciativa contempla convenios con el Banco Provincia para otorgar descuentos en repuestos, lubricantes y elementos de seguridad a quienes estén inscriptos en el registro oficial.
“Queremos transparentar y tener a ciencia cierta cómo se realiza la actividad y qué consecuencias están teniendo los trabajadores y trabajadoras”, expresó Correa, quien aseguró que la propuesta se basa en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Provincia
AySA vuelve a manos privadas por US$340 millones
La empresa abastece de agua a más de 14 millones de personas. El grupo Rowing-Arcos-Transclor-PHX superó la oferta del otro postulante, Roggio S.A., que había propuesto por AySA US$285 millones.
Este jueves se conocieron las ofertas por el 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), y la propuesta más alta fue la del consorcio que encabeza Rowing, la empresa de Walter Román, y Transclor, de Mauricio Filiberti, con US$340,2 millones.
El otro postulante a quedarse con la empresa que brinda agua potable a más de 14 millones de personas en el AMBA era el grupo liderado por Roggio SA, que propuso un pago de U$S285 millones. De acuerdo a información de NA, ambas ofertas están por debajo de los 450 millones que pretendía el Gobierno nacional.
Agua y Saneamientos Argentinos opera en 27 jurisdicciones: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 26 partidos del conurbano bonaerense.
En el Norte, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, San Martín, Escobar, San Miguel, Malvinas Argentinas, Pilar y José C. Paz. En el Oeste, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Merlo, Moreno y La Matanza. Y en el Sur, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela y Presidente Perón.
De todos modos se trata de la mayor privatización de la era Milei en términos de ingresos concretos para el Estado. Por otra parte, el 10% restante del capital de AySA seguirá en manos de los trabajadores, a través del programa de propiedad participada, que lo gestiona el sindicato, a cargo de José Luis Lingeri.
La concesión es por treinta años -vence en 2056-, con opción de prórroga de diez años más. Entre los compromisos de los nuevos adjudicatarios están la inversión total de U$S 15.040 millones y aumentar el alcance de los servicios del 75,3% actual al 78,9%, en el caso del suministro de agua, y del 63,9% al 65,3%, en las cloacas.
La empresa de suministro de agua vuelve a manos privadas dos décadas, después de que el gobierno de Néstor Kirchner rescindiera el contrato con el grupo francés Suez, que la operaba desde la privatización de 1993 -en la presidencia de Carlos Menem- bajo el nombre de Aguas Argentinas.
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Prohíben usar el celular en secundarias públicas y privadas
La iniciativa establece que los estudiantes no podrán utilizar estos dispositivos durante la jornada educativa, salvo cuando exista un requerimiento o una autorización explícita del docente y su utilización tenga objetivos pedagógicos.
La norma busca promover un uso seguro y responsable de celulares y otras pantallas dentro de las aulas y extiende al nivel secundario un criterio similar al que ya se encuentra vigente para las escuelas primarias bonaerenses.
Según el texto aprobado, el concepto de “uso responsable” implica que los dispositivos permanezcan sin utilizar durante el horario escolar, excepto en aquellas situaciones en las que sean necesarios para desarrollar alguna actividad educativa.
Ahora será el Poder Ejecutivo provincial el encargado de determinar cuál será la autoridad de aplicación. Ese organismo deberá elaborar protocolos, instrucciones y recomendaciones para establecer de qué manera se implementará la medida en los establecimientos.
Tal como publica DIB, la normativa también invita a los municipios bonaerenses a adherir y comenzará a implementarse una vez que sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante el tratamiento legislativo también se vinculó la regulación con otras problemáticas que afectan a los adolescentes, entre ellas la ludopatía y el acceso permanente a plataformas digitales desde los teléfonos celulares-
Foto: En muchos colegios, los chicos no pueden usar los celulares durante las horas de clase Ricardo Pristupluk
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DOCENTES NO VAN A CASES
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su adhesión al paro provincial de este miércoles, en reclamo por la situación salarial del sector, por lo que una vez más numerosos establecimientos públicos de la ciudad de los niveles Inicial, Primario y Secundario tendrán su actividad parcial o totalmente interrumpida, según la cantidad de adhesiones del personal no docente a la medida de fuerza.
"Paro Provincial, 7/10. La plata no alcanza. Que la crisis no la paguen los trabajadores. Los y las trabajadores/as paramos por salarios dignos y pase a planta permanente", anunciaron desde el sindicato en sus redes sociales.
"El salario no puede seguir perdiendo frente al costo de vida y el Gobierno Nacional debe reconocer que le adeuda recursos a la Provincia de Buenos Aires, fondos que impactan en las políticas públicas y en las condiciones de trabajo", completaron.
El calendario escolar acumulará de esta manera 26 jornadas sin clases en lo que va de 2026 en Bahía Blanca, producto de distintas medidas de fuerza -paros, jornadas o asambleas impulsadas por los diferentes gremios.
A esas jornadas se suman las huelgas llevadas adelante por la Sección Educación de ATE (24 y 25 de junio, y 30 de septiembre), el paro nacional de la CTERA (3 de agosto) y el provincial del Frente de Unidad Docente Bonaerense (1 de octubre).
