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Cae inversión por el impacto de la guerra y el aumento de costos

28 de abril de 2026


La medición marzo-abril del Ag Barometer Austral registra una caída en la confianza de los productores, marcando un punto de inflexión tras los máximos históricos alcanzados a fines de 2025. El relevamiento, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, muestra un deterioro en todos los indicadores, especialmente en las condiciones presentes y en las expectativas de inversión.El informe advierte que el conflicto en Medio Oriente comienza a impactar de forma directa en la rentabilidad del sector: el 66% de los productores señala el aumento de los costos de los insumos como su principal preocupación, por encima de factores como el clima o los precios agrícolas. Este escenario ya incide en las decisiones productivas y podría traducirse en una menor siembra de trigo en la campaña 2026/27.
La confianza de los productores agropecuarios registró una caída significativa del 16%en la medición marzo/abril del Ag Barometer Austral, al ubicarse en 132 puntos frente a los 158 de enero/febrero, según el último informe elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.
El retroceso también se evidencia frente al pico histórico de 159 puntos registrado en noviembre/diciembre de 2025, lo que marca un punto de inflexión tras los máximos alcanzados luego de las elecciones legislativas de medio término de ese año. En términos interanuales, la baja es más moderada (3,6%) y el índice se mantiene por encima de los 100 puntos desde noviembre de 2023.
“El cambio de tendencia responde, en gran medida, al impacto del contexto internacional sobre los costos de producción, particularmente por la suba del precio del petróleo y su efecto en insumos clave como el gasoil y los fertilizantes”, explicó Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. Caída generalizada y deterioro de las condiciones
La baja del índice se explica por un retroceso en todos sus componentes. La mayor caída se observa en el Índice de Condiciones Presentes, que descendió un 18% (108 vs 138). Dentro de este indicador, la situación financiera actual cayó un 21% (107 vs 138), reflejando el deterioro en los márgenes de los productores.
Por su parte, las expectativas de inversión en activos fijos se contrajeron un 14% (109 vs 127). Aun así, un 54% de los productores considera que sigue siendo un buen momento para invertir, aunque sólo un 43% prevé concretar esas inversiones en el corto plazo, lo que confirma un escenario de cautela.
“Se mantiene la intención de inversión, pero no necesariamente su concreción. La incertidumbre sobre los costos y la rentabilidad futura está generando cautela en la toma de decisiones”, señaló Steiger.
En paralelo, el Índice de Expectativas Futuras registró una caída del 14,8% (149 vs 175). La situación financiera esperada a 12 meses cayó un 13% (144 vs 167), mientras que las expectativas sobre el sector se redujeron un 20% (136 vs 170), evidenciando un ajuste en la mirada de mediano plazo.
Impacto internacional y presión sobre los costos
Uno de los factores centrales detrás de este cambio de tendencia es el efecto del conflicto en Medio Oriente sobre los costos productivos. El aumento del precio del petróleo impacta directamente en el valor del gasoil (clave para labores y fletes) y también en el precio de los fertilizantes, especialmente la urea, afectando la rentabilidad actual y proyectada.
Este impacto se refleja claramente en las preocupaciones de los productores: el 66% identifica el aumento de los precios de los insumos en dólares como su principal desafío para los próximos 12 meses, seguido por el clima (35%), los precios de los productos agrícolas (33%), las altas tasas de interés en pesos (24%) y la baja rentabilidad agrícola (19%). En contraste, la incertidumbre económica (12%) y política (12%) pierden relevancia, luego de haber sido los principales factores en mediciones anteriores.
“El aumento de costos derivado del conflicto internacional ya está influyendo en las decisiones productivas y en la planificación de la próxima campaña”, advirtió Steiger.
En este contexto, la campaña de trigo 2026/27 aparece particularmente condicionada: un 61% de los productores enfrenta un escenario desfavorable para la siembra, y como consecuencia un 41% planea reducir el área sembrada, mientras que un 49% la mantendría y solo un 9% la incrementaría, tras una campaña récord en 2025/26.
La presión sobre los  márgenes no es exclusiva de la Argentina. En Brasil se observa un estrechamiento de los márgenes de la soja, mientras que en Estados Unidos los  productores enfrentan resultados negativos y reciben apoyo estatal para  sostener la actividad.
Inversión frenada y cambio en las preocupaciones
Las inversiones continúan sin consolidarse. En caso de concretarse, las maquinarias lideran las decisiones (57%), seguidas por vientres vacunos (25%), instalaciones (22%) y, en menor medida, la compra de tierras (9%).
“Las altas tasas de interés siguen siendo un factor limitante. Aunque hubo una baja en las tasas pasivas, el crédito todavía no refleja plenamente esa mejora y eso condiciona las decisiones de inversión”, explicó Steiger.
En cuanto a la comercialización, luego de cubrir los costos de la campaña 2025/26, la mayoría de los productores prioriza la venta de trigo, seguido por maíz y soja, aunque otro grupo relevante invierte ese orden entre soja y maíz. Al mismo tiempo, se destaca que un 71% de los productores incrementó sus stocks de maíz, principalmente por su uso en alimentación animal, mayores rindes o como reserva de valor, lo que refleja una estrategia más conservadora frente a la incertidumbre de precios.
“Hoy las preocupaciones del productor están mucho más asociadas a variables concretas del negocio que al contexto político local, lo que marca un cambio relevante en la percepción del sector”, concluyó Steiger.
Informe Universidad Austral

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Productores proponen administrar los caminos rurales

La Sociedad Rural de 9 de Julio presentó un proyecto a los bloques de concejales de ese distrito bonaerense para crear una Comisión Vial para la gestión de los caminos rurales. Estaría integrada por representantes de entidades agropecuarias y chacareros, la Cámara de Comercio local y funcionarios municipales, para administrar las obras viales y la red hidráulica rural del partido.

Para eso, el proyecto contempla la gestión del 85% de lo recaudado por el gobierno municipal del concepto de tasa vial y el 100% de los fondos provinciales asignados al partido para obras, informó La Nueva.

El presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enriquez, comentó que la presentación se desprende de un trabajo de cinco meses en donde se recolectó información de municipios en donde se llevaron a cabo proyectos similares, como Trenque Lauquen y Benito Juárez, y se lo adaptó a las necesidades locales.

“La idea es crear comisión de trabajo conformada por los productores, representados por las entidades, con un gerente técnico a cargo elegido por concurso y que esa comisión determine los fondos y ejecución de obras de toda la parte hidráulica y vial del partido, independientemente del municipio, con los fondos de la tasa vial y los afectados de la provincia a la parte vial”, agregó Enriquez, quien señaló que los concejales se interesaron en el proyecto.

Enrique señaló que “la gente que vive en la ciudad también trabaja en el sector rural de distintas formas y los recursos económicos que genera el campo se vuelcan en la ciudad. Además, dentro del sector rural hay pueblos, escuelas y muchas actividades que dependen de esos caminos”.DIB

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‘Las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre’

Durante la inauguración oficial de la 138 Exposición Rural de Palermo, el titular de la entidad, Nicolás Pino, protagonizó un fuerte discurso en el que exigió que las retenciones al agro dejen de existir “por ley y para siempre”. Tras recibir al presidente Javier Milei con un cálido abrazo, el dirigente agropecuario destacó los principales logros de la actual administración económica.


Pino subrayó que el sector productivo aportó más de 83.000 millones de dólares al país, divididos en 40.000 millones de la agricultura, 34.000 millones de la ganadería y 11.500 millones de las economías regionales. Además, recordó que desde 2002 el Estado acumuló unos 215.000 millones de dólares por este tributo, aunque ponderó que este Gobierno redujo la recaudación en unos 6.000 millones de dólares, fondos que según el sector se destinaron a reinversión y empleo.


En su alocución, el referente ruralista cuestionó con dureza a gobernadores e intendentes por el peso de los impuestos provinciales y tasas municipales. Denunció la existencia de aduanas internas por cobros al traslado de mercadería entre jurisdicciones y exigió frenar el manejo arbitrario del impuesto sobre los ingresos brutos para incentivar el arraigo rural.

El dirigente valoró los notables logros macroeconómicos, como la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria y la reducción del riesgo país, remarcando que la actividad genera más de 4 millones de empleos. Sin embargo, alertó sobre el mal estado de los caminos rurales, la necesidad de reactivar trenes y puertos, y reclamó un plan de infraestructura para prevenir inundaciones en la cuenca del Salado.


Hacia el cierre, Nicolás Pino defendió que los servicios ecosistémicos pertenecen legítimamente a la propiedad privada del productor agropecuario.

Sostuvo que en el país no existen los denominados “bienes comunes”, sino únicamente bienes públicos o privados, y concluyó pidiendo confianza en un sector que proyecta una revolución agropecuaria digital basada en tecnología y datos.

Gentileza radio Mitre

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‘No tendría problemas en venderle tierras a un extranjero’

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, respaldó la posibilidad de que inversores extranjeros compren tierras en el país. “No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero”, afirmó, y agregó que esas personas “no se van a llevar un pedazo de tierra para algún lado”.

El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone modificar la actual Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Esa norma establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada departamento o municipio, y que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo.

La versión más reciente de la reforma elimina esos límites para personas físicas y jurídicas extranjeras, aunque exige una autorización conjunta de la Nación y de la provincia correspondiente cuando la compradora sea una empresa con participación de Estados extranjeros.

Ese capítulo sobre la “extranjerización” de tierras es, según reconoce el propio oficialismo, el principal obstáculo para reunir los votos necesarios en el Senado. El tratamiento del proyecto se postergó la semana pasada ante la falta de respaldos y quedó reprogramado para el 6 de agosto.

La discusión interna llegó a escalar en un cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se manifestó en contra de ese punto de la reforma, y la senadora Patricia Bullrich, uno de cuyos asesores llegó a denunciar por amenazas a un colaborador de Villarruel.

En ese contexto se enmarca el respaldo de la Sociedad Rural. Pino ya había defendido la iniciativa la semana pasada, tras la primera postergación del debate: “Una vez más, el Poder Legislativo está frenando algo que es necesario. Es un proyecto muy necesario, no solo para el campo pero es necesario para toda la Argentina”, había dicho entonces. Sobre el punto específico de la compra de tierras por extranjeros, sostuvo que “esto ya ocurrió en los siglos XIX y XX; la Argentina también fue hecha por extranjeros, así que no hay que tener miedo”.

El titular de la entidad rural matizó, de todos modos, que pueden existir situaciones puntuales que ameriten alguna regulación, como la adquisición de campos para destinarlos a parques o reservas naturales, en referencia a casos en la Patagonia donde la expansión de fauna silvestre en tierras no productivas afecta a la ganadería ovina de los campos vecinos.

Desde el Gobierno remarcan que la apertura no alcanza a los Estados extranjeros como tales, sino únicamente a inversores privados, y que el objetivo de la reforma es atraer inversiones y dar mayor previsibilidad jurídica a la propiedad privada.

Sin embargo, el capítulo despertó resistencia que excede al kirchnerismo y la izquierda: sectores de la oposición dialoguista y varios gobernadores plantearon objeciones sobre el alcance de los cambios y sobre qué margen deberían conservar las provincias para regular el uso de sus tierras, un debate que se sostiene desde hace semanas y que todavía no está saldado dentro del propio oficialismo.

Con la letra del proyecto en revisión y la nueva fecha de tratamiento fijada para el 6 de agosto, en la mesa política del Gobierno se muestran confiados en destrabar esta vez la sanción: “Los votos van a estar”, aseguró uno de sus integrantes.

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