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JUDICIALES

Vialidad: ordenan decomisar bienes de Cristina Kirchner y otros condenados

18 de noviembre de 2025

 El tribunal de la causa Vialidad solicitó este martes decomisar los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple una condena de prisión domiciliaria de seis años , junto a los de otros condenados por ese expediente, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.  Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) que integran Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

La medida, dispuesta luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 fuera ratificada en junio pasado, alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.

Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó su ejecución mediante la realización y venta de los activos identificados.

Entre los bienes decomisados se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

La sentencia consideró probada la existencia de un circuito de beneficios indebidos derivados de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, que implicó sobreprecios, cartelización y falta de controles, en favor del empresario Báez. 

Ese flujo de fondos públicos, según la Justicia, redundó en un crecimiento patrimonial ilícito que se tradujo en propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner.

Los jueces rechazaron los argumentos de las defensas, que habían planteado la falta de nexo causal entre los bienes y el delito, la existencia de sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito y la supuesta afectación de derechos de terceros. En su resolución, el tribunal remarcó que el decomiso no requiere una trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios derivados de la maniobra.

Además, fundamentó su decisión en tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que reconocen la recuperación de activos como un principio fundamental. 

También advirtió que la interpretación restrictiva del decomiso puede favorecer la impunidad económica en casos de corrupción estructural.

En este contexto, el tribunal dejó constancia de que, una vez efectuada la tasación de los bienes, se comunicará lo resuelto a la Corte Suprema para su eventual afectación al servicio de justicia, y se ordenó su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados. 

Asimismo, se instó a garantizar que los fondos recuperados puedan ser destinados a la reparación del daño social causado, en particular en la provincia de Santa Cruz, cuya infraestructura vial resultó severamente perjudicada por las obras inconclusas.

El fiscal de la causa, Diego Luciani, había advertido a fines del mes último que estaba dando “pelea” para conseguir el decomiso de los bienes de la ex mandataria.

“El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Tenemos un decomiso de una suma de dinero de más de 500 millones de dólares. Se intimó a las partes para que paguen, no pagaron. Esto es algo muy claro: hay que ir por los bienes”, sostuvo el funcionario judicial al dar una disertación en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires.KAKAEiCL0gBEVJ55zLkQeA

Luciani y su par Sergio Mola habían reclamado mediante un dictamen al TOF 2 que avance de manera inmediata con la demorada ejecución del decomiso contra Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa Vialidad, tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles fijado para el pago solidario de $ 684.990.350.139,86  (equivalentes a unos 500 millones de dólares). NA

JUDICIALES

Con el ‘Chiqui’ Tapia en la mira, investigan supuesto lavado ligado

Tras varias horas, la Policía Federal sigue allanando la financiera Sur Finanzas, ligada al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, por el delito de lavado de dinero vinculado a la transferencia de Agustín Urzi, exjugador de Banfield.

Los procedimientos se realizan en 19 domicilios de la provincia de Buenos Aires en oficinas del club y en direcciones vinculadas a fideicomisos: una de ellas es la sede de Banfield y otra una oficina de Adrogué.

En base a la información, los investigadores creen se armó un fideicomiso para blanquear dinero vinculado al rol de Urzi como deportista.

Vallejo de Sur Finanzas y Chiqui Tapia

En este sentido, según el periodista Sergio Farella, la Justicia sospecha que la financiera Sur Finanzas blaqueó fondos ilegales a través del dinero que se pagó por la transferencia del jugador al Fútbol Club Juárez de México.

La fiscalía que lleva adelante la causa indicó que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker (director suplente del club) y Federico José Spinosa (vicepresidente), en representación del Club Atlético Banfield, al haber integrado al patrimonio de esa entidad deportiva los fondos de un préstamo celebrado con la firma “Auriga League S.A.” por una suma total de 2.000.000 de euros, sin devolverlos.

Luego de esto, vencidos los plazos contractuales sin cumplir el pago, las partes suscribieron dos anexos al contrato. Mediante el primero, del día 1° de febrero de 2023, se habría establecido un mecanismo de repago de la obligación primaria vinculado a la transferencia del jugador del Club Atlético Banfield, Agustín Urzi, otorgándole a Auriga, el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde esa entidad deportiva a Juarez Fútbol Club.

En el segundo, del 31 de enero de 2024, se habría ratificado el préstamo y la participación del 30% en futuras transferencias y la garantía de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se efectivizara.https://d-32163133784092842641.ampproject.net/2510081644000/frame.html

De este modo, la fiscalía considera que existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desplegada por parte de las autoridades del Club Banfield, Oscar Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa; las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil, y Banfileños S.A. (compuesta por Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabian Tucker) , y la utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar esas ganancias ilícitas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pagos.

La Justicia investiga a Sur Finanzas

Lo que la Justicia investiga es si Sur Finanzas evadió el pago del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, correspondiente a los períodos fiscales no prescriptos hasta abril de 2025, mediante una presunta maniobra a precisar y la omisión de sus deberes como agente de liquidación.

Concretamente, busca determinar si los investigados utilizaron cuentas a nombre de Personas Jurídicas, Sujetos No Categorizados y Monotributistas sin capacidad económica, omitiendo actuar como agente de liquidación y percepción del tributo.

También se analizan movimientos de sumas millonarias de dinero a precisar en la investigación por parte de Asociaciones Civiles y Fideicomisos ligados a Clubes de Fútbol, como los casos de Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Racing Club Asociación Civil, Club Atlético Temperley, Club Atlético Los Andes, Club Atlético Excursionistas, Club Deportivo Morón Asociación Civil, Club Atlético Defensores de Glew y Fideicoimiso de Reconstrucción Banfileña. (Fuente: TN).

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Justicia restringe régimen de visitas durante prisión domiciliaria

Las visitas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su casa de San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria, fueron restringidas por la Justicia. Así lo informó la misma mandataria que apuntó contra el "bestiario mediático" y al poder Judicial.

La titular del Partido Justicialista (PJ) adjudicó la medida judicial a la última foto que difundió en sus redes sociales sobre una encuentro que mantuvo con nueve economistas este lunes. "No es la foto… es la Economía estúpido", cuestionó.

Además, cuestionó que "el bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque" y defendió la reunión con los economistas en su prisión domiciliaria: "Me presentaron consideraciones y propuestas sobre un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI".

"¿Y? ¿Cuál es el problema? ¿Los economistas no estaban autorizados? Sí, claro que estaban autorizados. No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal", aclaró sobre el aviso previo que debe dar a la Justicia antes de recibir visitas.

Luego, continuó: "¿Cuál es el problema? El bestiario mediático, en modo vociferante, dijo que eran 'muchas personas' y que, además, estaba 'haciendo política'." Al respecto, argumentó que "el 26 de septiembre recibí a 7 personas con publicación de foto" y agregó que "seis de ellos dirigentes de la FES y la UES". "¡Y ese mismo día recibí, con foto también, a los seis candidatos a legisladores de Fuerza Patria por CABA!", sostuvo sobre los encuentros en los que divulgó las fotos por redes sociales.La Justicia restringió el régimen de visitas a Cristina Kirchner durante su prisión domiciliaria

Además, afirmó que Argentina "desde el 10 de diciembre del 2023 a la fecha y bajo el gobierno y las políticas de Milei, no deja de destruir empresas y puestos de trabajo". Al respecto, agregó que "entre noviembre del 2023 y agosto de este año desaparecieron, literalmente, 19.164 empresas; a razón de casi 30 por día". "En ese mismo período de tiempo se destruyeron 276.624 puestos de trabajo registrados en unidades productivas", acotó y sostuvo que "más de 432 hombres y mujeres perdieron su trabajo cada día durante lo que va del gobierno de Milei".

"Hasta el Gobierno peronista más flojo, que además fue atravesado por una pandemia global sin precedentes… tuvo mejores resultados que esta catástrofe de Milei, en materia de puestos de trabajo y sostenimiento de empresas", interpretó la expresidenta.

Por último, completó: "Esto de 'bajar la inflación' (hasta ahí nomás porque hoy sigue siendo más alta que a fines del 2015) con brutal recesión, destrucción de puestos de trabajo, dólar anclado y salarios congelados… más que de 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'".

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‘Justicia Divina’: Destituida

Después de seis audiencias de debate, el jurado de Enjuiciamiento decidió destituir a Julieta Makintach como jueza por unanimidad, con 11 votos a favor. Las irregularidades en el juicio por la muerte de Diego Maradona fueron el motivo principal de esta decisión. Además, se le prohibió ocupar un cargo judicial en el futuro. La exmagistrada no estuvo presente para escuchar el fallo.

El veredicto se anunció el martes a las 10:40 en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, donde se había llevado a cabo todo el proceso, que se originó a raíz del escándalo generado por el documental “Justicia Divina”, en el que Makintach participó durante el debate oral por el fallecimiento del futbolista.

Los 11 miembros del jurado, presidido por Hilda Hogan, presidenta de la Suprema Corte Bonaerense, alcanzaron el veredicto por mayoría durante el fin de semana, plasmado en una sentencia de 115 páginas. La última audiencia del jury se realizó el jueves anterior, donde se presentaron los alegatos de las partes involucradas.

Verónica Ojeda, el hijo de Maradona, Dieguito Fernando, y su pareja, Mario Baudry, quien también es abogado en el caso, asistieron por primera vez al jury y escucharon la resolución desde la primera fila.

Con la destitución, Makintach no podrá ejercer funciones en el ámbito judicial ni recibirá su jubilación como magistrada. Este desenlace contrastó con lo que ella había esperado; su intención era que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aceptara su renuncia presentada en junio, lo que le habría permitido aspirar a un futuro cargo en la Justicia.

Hasta el jueves, cuando se realizaron los alegatos, Makintach mantenía la esperanza de que el fallo sería favorable.

Durante los alegatos, la fiscal Analía Duarte, quien lideró la acusación, fue clara: “La doctora Makintach ha perdido las condiciones que exige la Constitución para el ejercicio de la magistratura y entiendo que corresponde su destitución”, afirmó mientras miraba al jurado de Enjuiciamiento.

Duarte detalló que se comprobó que Makintach aceptó la propuesta de su amiga sobre el documental, bajo la condición de que fuera aprobada y supervisada por ella. “Makintach conocía el trailer. Que el guion ya estaba agregado en febrero. En marzo ya estaban los 6 títulos de los 6 capítulos. Ya estaba el título ‘la Justicia y la sentencia’. En marzo la doctora ya sabía que había una condena”, aseguró en su alegato. Añadió que el testigo Arnal, dueño de la productora, había declarado que “era una miniserie sobre el juicio por Maradona y nosotros teníamos a la jueza”. Esto, según Duarte, significaba que todo el proceso no se podría haber llevado a cabo sin la participación de Makintach.

Guillermo Sagues, quien encabezó al Colegio de Abogados de San Isidro en la acusación, comentó a Infobae tras el veredicto: “Se ha comprobado en este debate y en la prueba que es el daño enorme que se le ha hecho a la justicia de la provincia, pero no solamente a la justicia de la provincia sino a toda la justicia argentina que ha quedado ridiculizada”.

La resolución sobre la destitución será enviada a la Suprema Corte en los próximos días.

La presidenta de la Suprema Corte Bonaerense, Hilda Hogan, fundamentó su voto a favor de la destitución al señalar que “la magistrada llevó adelante conductas alejadas de la sobriedad, prudencia y moderación exigibles a todo servidor del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires”.

El senador bonaerense y conjuez del jury, Sergio Vargas, expuso durante el veredicto en La Plata que “cuando se encienden las cámaras, corre peligro que el ego de un juez apague la justicia”. Agregó que “cuando un juez hace de sus actos una búsqueda de atención mediática, con claros fines de fama o notoriedad, genera una sospecha fundada de que las decisiones o acciones del juez no están motivadas únicamente por la ley, sino por el deseo de ser la jueza del caso”.

Pablo Agustín Grillo Ciocchini coincidió en que la conducta de la jueza privó a los acusados de un tribunal imparcial y que sus motivaciones eran ajenas a la función judicial. Fabián Ramón González, otro de los conjueces, subrayó que “quien no distingue, por sí, lo que está bien de lo que está mal, no posee las condiciones suficientes para el ejercicio de la Magistratura”.

Guillermo Ricardo Castello, Ariel Martínez Bordaisco, Mirta Daniela Greco, Maite Milagros Alvado y María Victoria Lorences adhirieron a los fundamentos de la presidenta, remarcando su “sincera convicción sobre la gravedad de los hechos”.

Álvaro García Orsi concluyó que “las faltas que se reprochan revisten la misma gravedad desde el punto de vista de la conservación o pérdida de las calidades requeridas para el ejercicio de la magistratura, ya se trate del proceso por la muerte de Diego Armando Maradona o del más anónimo de los individuos”. NA

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