Las clases teóricas serán los miércoles de 17.30 a 19.30 y los sábados se brindarán las prácticas desde las 13.30. Mar del Plata produce más de 1.200 toneladas de miel al año, cuenta con 223 productores registrados y 32.500 colmenas activas. Por consultas o PARA más información, escribir a [email protected] o llamar al 499-8300 int. 5336.

La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, a través de la Dirección de Asuntos Agrarios, continúa impulsando el crecimiento del sector apícola mediante capacitaciones, programas de fortalecimiento productivo y promoción del consumo de miel.

En este marco, y en conjunto con la Secretaría de Educación, se desarrollan instancias de formación destinadas a productores y personas interesadas en iniciarse en la actividad. La capacitación de asistente apícola contará con clases teóricas los miércoles de 17.30 a 19.30 en Juan B. Justo 5665, mientras que los sábados se llevarán adelante las prácticas a partir de las 13.30.

La actividad apícola tiene un fuerte desarrollo en el partido de General Pueyrredon. Actualmente, Mar del Plata produce más de 1.200 toneladas de miel al año, cuenta con 223 productores registrados y 32.500 colmenas activas, con una actividad que continúa creciendo en el ámbito productivo local.

El trabajo se articula junto a la Mesa Apícola Municipal, donde se abordan cuatro ejes fundamentales para el desarrollo del sector: producción, generación de valor agregado, comercialización y promoción del consumo de miel.

Además, desde el Municipio se acompaña a los productores en el proceso de inscripción y renovación en el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA). Durante 2025, un total de 100 productores ya formalizaron su actividad a través de este registro.

Quienes deseen realizar consultas o recibir más información respecto a la capacitación pueden escribir a [email protected] o comunicarse al 499-8300, interno 5336.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) publicó este viernes en el Boletín Oficial una resolución por la que modifica el sistema de vacunación del ganado al permitir que los productores elijan libremente al veterinario que aplicará las vacunas obligatorias.

Mediante la Resolución 201/2026, el organismo modificó el esquema de vacunación del ganado contra fiebre aftosa y brucelosis bovina, introduciendo un cambio en la forma en que los productores pueden organizar esas campañas sanitarias.

La nueva normativa dispone que los titulares de establecimientos registrados en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) podrán seleccionar libremente a un veterinario privado acreditado por el Senasa para comprar, conservar y aplicar las vacunas durante las campañas oficiales o en vacunaciones estratégicas.

Hasta ahora, buena parte de estas tareas se canalizaban a través de los entes sanitarios locales, creado en 2021 en medio de un brote de aftosa. “Este sistema generaba un monopolio local: un productor de Azul tenía que vacunar con su ente, el de Tres Arroyos con el suyo, sin que pudiera haber competencia entre ellos. Como los precios de las aplicaciones diferían, recibí incontables mensajes de productores puteando (si me disculpan la expresión) por estar atrapados con su ente”, explicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El segundo problema, para el funcionario nacional, tenía que ver la escala, ya que al dividir el país en innumerables zonas, era imposible desarrollar una red de distribución nacional eficiente y más económica. “En un mercado más abierto, me imagino a los laboratorios (¿Biogenesis-Bagó?), o a empresas intermediarias, generando un mecanismo de distribución nacional con más escala y de hecho, con mejor control sanitario. Ahora cada productor puede comprar la vacuna a quien le plazca y se puede comprar para ser entregada en el campo mismo (por ejemplo, con un camión o camioneta refrigerada) garantizando la cadena de frío. Más barato y mejor”, escribió en la red social X.

Con el nuevo esquema, que comenzará a regir el 1 de enero de 2027, el productor deberá informar al Senasa, mediante un sistema de autogestión, el esquema de vacunación que adoptará para su establecimiento.

Los veterinarios que participen en estas campañas deberán estar acreditados ante el Senasa como vacunadores y contar con habilitación en brucelosis bovina, además de garantizar la cadena de frío de las vacunas y registrar las actas de vacunación en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa).

La resolución también establece que las vacunas deberán adquirirse a laboratorios productores, importadores, entes sanitarios o establecimientos habilitados, y mantenerse en depósitos que aseguren su correcta conservación hasta el momento de la aplicación.

Según el texto oficial, los veterinarios participantes deberán además actuar como agentes de información sanitaria, reportando al organismo cualquier situación relevante, como mortandad de animales, diferencias de stock o movimientos irregulares de ganado.

La Mesa de Enlace analiza presentar al Gobierno un esquema que permite guardar semilla hasta tres campañas con un pago acordado; los productores chicos mantendrían el uso propio gratuito.

La discusión por la nueva ley de semillas vuelve a tomar impulso en el agro. La Mesa de Enlace analiza presentar al Gobierno una propuesta que permitiría a los productores guardar y volver a sembrar semillas de soja, trigo y otros cultivos autógamos, pero con un esquema de pago limitado y reglas más claras para el uso propio.

La iniciativa podría plantearse este martes durante una reunión con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, en el marco de Expoagro, donde también se abordarán temas de infraestructura rural y la situación del INTA.

Cómo funcionaría el uso propio de semillas

Según el borrador que se trabaja dentro de la Mesa de Enlace, el productor podría multiplicar la semilla comprada legalmente hasta tres veces, pagando un valor previamente acordado con la industria semillera.

El esquema contempla dos alternativas:

• Pago por cada multiplicación de la semilla guardada.
• Pago único al comprar la bolsa, cubriendo las tres multiplicaciones y evitando pagos posteriores.

El precio se fijaría en el momento de la compra, sin fórmulas variables posteriores.

Uno de los puntos centrales del borrador busca proteger a los productores medianos y chicos.

La propuesta establece que quienes siembren hasta 500 hectáreas con semilla fiscalizada podrán mantener el uso propio gratuito durante tres campañas sobre esa superficie inicial.

Sin embargo, si mediante multiplicaciones el productor termina sembrando más superficie que la cubierta originalmente por la compra, se aplicaría un esquema mixto.

Por ejemplo:

• Si compra semilla para 100 hectáreas y luego multiplica hasta sembrar 500,
• Las 100 hectáreas iniciales seguirían gratis,
• Pero por las 400 hectáreas adicionales debería pagar un canon por uso incremental.

El debate se da en medio de la presión de la industria semillera para actualizar el sistema de propiedad intelectual, que hoy se rige por una ley vigente desde 1973.

Las empresas sostienen que la falta de reconocimiento adecuado al desarrollo genético frena inversiones en investigación, especialmente frente a países como Brasil, donde la adopción tecnológica avanzó más rápido.

En paralelo, el Gobierno ya anticipó que busca avanzar hacia un régimen más fuerte de protección a la innovación, algo que en el sector se asocia con la posible adhesión al convenio internacional UPOV 91.

Aunque el borrador está avanzado, todavía no hay acuerdo total dentro de la Mesa de Enlace.

El principal punto pendiente es la posición de Coninagro, entidad que además de productores tiene vínculos con la industria semillera a través de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

Por eso, aún no está confirmado si la propuesta será presentada formalmente en Expoagro o si la discusión continuará dentro del bloque rural antes de llevarla al Gobierno.

Mientras tanto, el tema vuelve a instalarse en el centro del debate del agro: cómo equilibrar el derecho del productor a usar su semilla con el reconocimiento económico a la innovación genética.