JUDICIALES
Que abogados tengan fe
26 de mayo de 2025
Un proyecto de ley impulsado por la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Marcela Pagano busca establecer el libre ejercicio notarial de los abogados. De esta manera, el objetivo es que cualquier letrado matriculado pueda ejercer como escribano público sin necesidad de realizar una carrera específica, rendir exámenes corporativos o someterse a cupos impuestos por colegios notariales ni exámenes adicionales.
«Toda persona con título de abogado expedido por universidad argentina reconocida o debidamente revalidado conforme a la normativa vigente, queda habilitada para ejercer la función de escribano público, sin necesidad de cursar carreras adicionales, rendir exámenes corporativos o someterse a cupos cerrados impuestos por colegios notariales u organismos intermedios», establece el artículo 1º del proyecto que fue girado a la comisión de Justicia y apunta a desregular el actual sistema notarial.
Asimismo, el artículo 2º establece que los abogados matriculados podrán ejercer funciones de fe pública, autorizando instrumentos públicos «conforme a la legislación vigente, debiendo cumplir los mismos estándares técnicos, registrales y de responsabilidad profesional que rigen para los escribanos públicos»
«Quedan sin efecto todas las disposiciones normativas, reglamentarias o estatutarias que restringen el ejercicio notarial exclusivamente a quienes posean título de escribano o pertenezcan a un colegio notarial en carácter cerrado. El título de abogado será título habilitante suficiente», versa el artículo 3º.
En la fundamentación presentada por la diputada libertaria se sostiene que el objetivo es «garantizar el libre ejercicio profesional de los abogados de la República Argentina, reconociendo su plena capacidad legal para ejercer funciones de fe pública, hoy indebidamente restringidas por estructuras corporativas y normativas heredadas de modelos cerrados».
«En gran parte del país, la función notarial está reservada a cupos limitados bajo control exclusivo de colegios notariales, que imponen condiciones restrictivas, exámenes internos o cargos vitalicios, que impiden el acceso de miles de abogados al ejercicio público de sus funciones profesionales», afirma el proyecto.
«Esta situación no solo restringe derechos laborales y profesionales, sino que encarece y limita el acceso de la población a servicios notariales, concentrados en pocas manos y distribuidos de forma desigual en el territorio nacional. En sistemas jurídicos modernos y democráticos —como Estados Unidos, Canadá o Reino Unido—, los abogados ejercen funciones notariales sin necesidad de pertenecer a una estructura corporativa separada, garantizando el acceso ciudadano a servicios jurídicos simples, descentralizados y fiscalizados».
«Este proyecto propone una solución concreta y sencilla: reconocer que el título de abogado habilita a ejercer como escribano público, con las mismas obligaciones legales, fiscales y técnicas que ya establece la normativa notarial vigente. Se trata de desbloquear el acceso a una función pública, ampliar la competencia profesional, fomentar el federalismo profesional y eliminar privilegios gremiales que distorsionan el mercado de servicios legales y públicos», concluye.
JUDICIALES
Minella bajo la lupa
La investigación judicial por la concesión del estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas sumará un nuevo capítulo con una medida que apunta directamente al principal accionista de la empresa concesionaria. Desde la ONG Mirada Ciudadana, que fue reconocida por la Justicia como querellante en la causa, confirmaron que enviarán un representante a San Pablo para profundizar la búsqueda de información sobre el Grupo Revee.
“Alguien del equipo viajará a San Pablo e incluso ya estamos trabajando con abogados de esa ciudad de Brasil para ver si podemos rastrear el dinero, las notas de crédito y otras cuestiones que los brasileños presentaron acá”, señalaron desde la entidad a LoQuePasa.net.
El objetivo será obtener documentación vinculada al origen de los fondos que la firma declaró al momento de participar en la licitación, además de conocer el estado de las causas judiciales que involucran al grupo empresario en Brasil por presunto lavado de activos.
La querella buscará determinar si el capital que la empresa aseguró poseer para respaldar su participación en el proceso licitatorio existió efectivamente y si fue suficiente para afrontar la inversión comprometida. Esa línea de investigación tomó mayor relevancia luego de que trascendieran distintos inconvenientes financieros de Minella Stadium S.A., entre ellos deudas con proveedores, servicios impagos y una importante cantidad de cheques rechazados por falta de fondos.
En paralelo, también se analizará la situación judicial del Grupo Revee en Brasil, donde aparece mencionado en investigaciones relacionadas con un presunto esquema de lavado de dinero que tendría vínculos con organizaciones criminales de ese país.
Mientras tanto, la empresa concesionaria intenta reorganizar su estructura accionaria con el ingreso de un nuevo socio mayoritario. Sin embargo, esa modificación aún requiere la autorización correspondiente y, hasta el momento, no hubo definiciones oficiales sobre si recibirá el aval del Municipio.
Con la incorporación de Mirada Ciudadana como querellante, la causa comienza a avanzar hacia una etapa en la que las medidas de prueba buscarán establecer si existieron irregularidades durante el proceso licitatorio y verificar el verdadero respaldo económico de quienes obtuvieron la concesión del principal escenario deportivo de Mar del Plata. (Loquepasa)
JUDICIALES
Piden la detención de Martín Insaurralde
El fiscal Sergio Mola pidió la detención de Martín Insaurralde, investigado por enriquecimiento ilícito. Es días después de la difusión de los videos de Jésica Cirio, a quién también le pidieron la captura, que muestran millones de dólares guardados en una casa del ex intendente de Lomas de Zamora.
Mola elevó el pedido al juez Luis Armella, que ahora decidirá el futuro del exintendente de Lomas de Zamora q quien se lo investiga por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero, luego de que fuera fotografiado en 2023 navegando por el Mediterráneo en el yate “Bandido” con Sofía Clerici como acompañante.
La causa fue sacudida por la aparición de videos de su exesposa Jesica Cirio contando millones de dólares en el vestidor de la casa que compartía con Insaurralde.
En las imágenes que tomaron estado público, se observa a la mediática grabando con su celular el interior de los cajones del vestidor de la casa que compartía con Insaurralde en el country de San Vicente, donde aparecen decenas de fajos de dólares guardados en bolsas plásticas, debajo de prendas de vestir.
Tras el conocimiento de los archivos, Armella ordenó allanamientos el domingo 21 de junio en los domicilios de Cirio, donde no se la encontró, y de Elías Piccirillo, su segundo exesposo. Piccirillo está acusado en otras dos causas. No obstante, mostró su celular y permitió su peritaje, el cual dio resultado negativo.
En un comunicado, la conductora televisiva había manifestado que el acceso a las grabaciones difundidas "han sido el producto de maniobras ilícitas”.
A su vez, en el mismo escrito, sostuvo: “Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”.
De este modo, y ante el conocimiento de que terceros tenían los videos, Cirio hizo la denuncia correspondiente.
JUDICIALES
El Gobierno flexibiliza trámite para designar jueces de la Corte
El Gobierno avanzó formalmente en la reconfiguración del sistema legal para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General de la Nación.
Mediante la publicación del Decreto 467/2026 en el Boletín Oficial, la administración de Milei dispuso una profunda reforma sobre los históricos decretos 222 y 588 del año 2003, flexibilizando los requisitos y suprimiendo etapas administrativas previas al envío de las postulaciones para los cargos mencionados.
La normativa, firmada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, elimina el filtro de exposición y observaciones ciudadanas que antes se desarrollaba bajo la órbita de la cartera judicial antes de la nominación formal.
El nuevo esquema deroga la obligación de publicar las candidaturas previamente para que sean de conocimiento público. A partir de ahora, la difusión de las hojas de vida y antecedentes de los aspirantes se canalizará exclusivamente mediante el Boletín Oficial y los portales web del Ministerio de Justicia, acortando sensiblemente los tiempos del trámite.
Bajo esta nueva modalidad, los nominados contarán con un margen de cinco días para aportar sus declaraciones juradas patrimoniales detalladas,
lcanzando tanto los bienes propios como los de sus cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, bajo los parámetros de la Ley de Ética Pública.
Otro de los puntos impacta en el rol de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si bien el Ejecutivo conservó la exigencia de evaluar el comportamiento impositivo y previsional de los postulantes, el nuevo texto establece por primera vez un tope máximo de cinco días para que el organismo fiscal elabore sus informes correspondientes, remarcando la obligación de preservar el secreto fiscal del candidato bajo análisis.
Finalmente, en términos de representatividad, el decreto firmado por Mahiques omitió replicar los criterios de sugerencia que contenía el texto original del año 2003, los cuales instaban al Presidente de la Nación a evaluar variables de diversidad de género, especialidades jurídicas y procedencia geográfica de los postulantes a la hora de estructurar la composición del tribunal supremo. (NA)
