País
Francos defendió el veto de Milei y el kirchnerismo se retiró por los incidentes
4 de septiembre de 2024
En su primera presentación ante el Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió la gestión del presidente Javier Milei con el acento en la macroeconomía, al tiempo que planteó reclamos a la oposición sobre temas pendientes como la reforma electoral y dejó ver que el Gobierno no cederá en la pulseada por los alcances y la orientación del ajuste fiscal, un punto central en la antesala del debate sobre el Presupuesto 2025.
Francos llegó a la Cámara de Diputados junto a un equipo de 70 asesores para hacer frente a las preguntas de los legisladores tras haber respondido por escrito otras dos mil. Fue su debut en la tarea de informar al Congreso sobre la marcha de la gestión desde que reemplazó en el cargo a Nicolás Posse, quien había hecho lo mismo en mayo frente al Senado.
El bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) se retiró este miércoles de la sesión informativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en rechazo a la represión a los jubilados que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso.
Los incidentes ocurrieron cuando la sesión estaba en cuarto intermedio y, al reanudarse la deliberación, los legisladores de UxP y la izquierda repudiaron el operativo policial.
La legisladora Vanina Biase pidió la palabra a los gritos y, tras acceder el presidente Martín Menem, denunció que afuera estaban «gaseando» a los jubilados que se manifestaban contra el veto a la ley de actualización de haberes jubilatorias.
Por su parte, el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, se quejó del accionar de las fuerzas de seguridad y, como le impidieron tratar el tema en la sesión, los legisladores de ese bloque se retiraron del recinto.
«No se puede seguir en sesión con el jefe de Gabinete, mientras están reprimiendo jubilados y jubiladas frente al Congreso. Incomprensible que una manifestación tan pacífica termine con esta represión. Patricia Bullrich dinamitó la sesión en Diputados», dijo Martínez en referencia a la ministra de Seguridad.
Efectivos de la Policía Federal reprimieron este miércoles a jubilados durante una movilización de ese sector, junto a otras organizaciones, contra el veto del presidente Javier Milei a la ley de aumento de los haberes previsionales.
Defensa de veto
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó este miércoles a la oposición por sancionar el proyecto de ley que modificó el régimen de movilidad previsional y, al respecto, consideró que esa conducta “no constituye un acto maduro y responsable”, en su primera exposición en la Cámara de Diputados desde que asumió.
“La sanción del proyecto de ley que establece modificaciones al régimen de movilidad previsional no constituye un acto maduro y responsable: se establecen gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria. Se trata de un gasto que, por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año, condenando al país a más emisión, deuda, inflación y pobreza”, opinó.
Para el funcionario, “la administración de los recursos públicos debe llevarse a cabo de manera madura y responsable, alineada con los objetivos públicos y los principios de buena administración, evitando las ilusiones de mejoras sin fundamento”.
“Esto se debe hacer con responsabilidad institucional, sin quebrar el equilibrio fiscal ni agravar la deteriorada situación del Sistema Integrado Previsional Argentino”, enfatizó Francos.
El jefe de Gabinete detalló que entre 2020 y 2023 “las jubilaciones sufrieron una caída del 45% en términos reales” y que “además se redujeron las jubilaciones de quienes habían aportado toda su vida, se confiscaron los ahorros de quienes habían elegido libremente que sus aportes no fueran administrados por el Estado y fueron incorporados al sistema contributivo millones de personas que no realizaron los aportes correspondiente”.
“Por el contrario, esta gestión estableció aumentos mensuales según el IPC, lo cual permitió una recuperación del poder de compra de los haberes jubilatorios de casi el 10% en lo que va del año, y de casi el 6% con respecto a noviembre de 2023”, remarcó.
Según dijo, “esto refleja la voluntad de este Gobierno de garantizar un sistema de movilidad previsional justo y equitativo, donde los jubilados nunca más pierdan contra la inflación, evitándoles el flagelo que han padecido en los últimos 22 años”.
“No hay posibilidad de mejorar el sistema jubilatorio argentino sino es a través del crecimiento de la economía. Si seguimos con una relación de trabajadores informales superior a los trabajadores formales del sector privado es impensable mejorar el sistema previsional, impensable crear más puestos de trabajo sino es a partir de la estabilidad, del equilibrio fiscal, de generar confianza y darle libertad a todos los argentinos”, finalizó.
Francos expuso estos conceptos en un discurso que se prolongó por 45 minutos en la sesión informativa que presidió el titular de la Cámara baja, Martín Menem, con la presencia de 134 legisladores.
El ministro coordinador había llegado a las 10.30 acompañado de sus colaboradores y mantuvo encuentro con Menem. Comenzó a las 11.30 su mensaje, en el que recordó la campaña electoral del presidente Javier Milei y destacó «su intención de luchar fuertemente contra el gasto del estado y buscar el equilibrio fiscal y luchar contra la inseguridad».
Macroeconomía
Francos realizó una fuerte defensa de la gestión del Gobierno y destacó el ordenamiento de la macroeconomía, al exponer por primera vez en Diputados, donde denunció que al asumir la gestión se encontraron con «una bomba de tiempo» y un Estado «elefantiásico, ineficiente y corrupto».
«Asumimos el 10 de diciembre y nos encontramos con una bomba de tiempo. Teníamos una inflación minorista que se movía con un alza del 1% diario. Un desequilibrio fiscal a nivel del Tesoro de 5 puntos del PBI, y a nivel del Banco Central de 10 puntos del PBI.
«Registrábamos una deuda por veinte mil millones de dólares cuyos pasivos remunerados los tenedores podían ejecutar al día siguiente; un vencimiento de deuda de ocho mil millones de dólares a los 10 días siguientes a la asunción», expresó Francos.
«Estos números son el correlato de un Estado elefantiásico, ineficiente y corrupto, que prestaba servicios de muy mala calidad a la ciudadanía y garantizaba negocios para unos pocos a costa de todos los argentinos de bien», enfatizó.
Nuevo orden en las calles
En tanto, resaltó que, pese a «esta herencia caótica» y de encontrarse en una situación de clara minoría parlamentaria y política, se empezaron a construir «las bases de una nueva Argentina».
Cuando aún no se habían producido los incidentes afuera del Congreso, Francos destacó el orden establecido en las calles y se lo atribuyó al «nuevo protocolo antipiquetes».
«Se ordenaron las manifestaciones y con la extorsión violenta de quienes se creían dueños de la calle. Desde diciembre de 2023, se terminaron los cortes y los piquetes, y las movilizaciones se realizan respetando el protocolo. Ahora se garantiza el derecho a la libre circulación de todos los ciudadanos», afirmó.
Ley de Bases y paquete fiscal
Sobre la sanción de las Ley de Bases y el paquete fiscal, las consideró «un enorme hito en la gestión» y señaló que «no existe en el mundo un gobierno que haya logrado sacar adelante leyes que cambian al país de una manera tan profunda, y establecer los cimientos para el crecimiento y la estabilidad de los próximos años».
También resaltó que, gracias a las primeras medidas adoptadas por el Gobierno, se logró «evitar la mayor crisis de la historia argentina, que combinaba lo peor de varias crisis anteriores: el Rodrigazo, lo peor de la hiperinflación de 1989 y lo peor de la crisis de 2001 y 2002».
«Además, logramos superávit fiscal en tiempo récord, pasando de un déficit descontrolado del 4.6% del PBI a un superávit de 0.4% acumulado en seis meses de gobierno. En materia de superávit financiero, entre enero y julio éste fue de prácticamente 2 billones de pesos, equivalente a casi 0.4% del PIB», indicó.
En su parecer, a partir de estas medidas fue posible «revertir la senda hiperinflacionaria» que encontró el Gobierno «al asumir», iniciando «un proceso de fuerte desaceleración».
En esa línea, Francos destacó que «por primera vez en mucho tiempo los salarios le ganaron a la inflación: en los primeros seis meses de 2024, el aumento de salarios fue de 84.3%; 4.5 puntos porcentuales por encima de la inflación, que fue de 79.8%».
Sobre la obra pública, Francos dijo que se llevó «adelante una auditoría sobre las cerca de cuatro mil obras públicas realizadas por el Estado Nacional».
«Por décadas, las obras públicas fueron utilizadas para defraudar al Estado, perjudicando a los contribuyentes y beneficiando a ciertas empresas y algunos funcionarios públicos», agregó.
En ese sentido, manifestó que «durante la administración anterior, se destinaron recursos económicos y personal del Estado Nacional para llevar adelante obras menores, mientras tanto obras estratégicas como rutas nacionales, acueductos, redes y sistemas de distribución de agua potable, plantas potabilizadoras y colegios se encontraban paralizadas por falta de pago».
También defendió la creación de la nueva estructura de la SIDE y señaló que «durante años, muchos de los fondos que debían destinarse a garantizar la seguridad de los argentinos fueron utilizados para el espionaje político, la persecución ideológica y el tráfico de influencias.
«Vinimos a modernizar el sistema de inteligencia y alejarlo de cualquier interés personal y partidario de la administración de turno. Por eso, enviamos sendos DNUs al Congreso para discutir el presupuesto que requiere la nueva SIDE, con una suma completamente razonable para montar un sistema de inteligencia que verdaderamente proteja a los argentinos», aseguró Francos.
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Paro docente: Aplicarán sanciones si no se cumple el servicio mínimo
El Gobierno fiscalizará a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.
El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que, si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
La medida estará coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. “El lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales”, expresaron en Nación.
El esquema todavía está bajo definición operativa, pero la intención oficial es que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y eleven los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
Un comunicado de Capital Humano brindó detalles de sus mecanismos de control y señaló que “desarrollará una inspección oculear en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Aunque el comunicado menciona una inspección muestral en escuelas de todo el país, en el Ejecutivo no detallaron todavía cuántos establecimientos serán relevados ni si el operativo incluirá pedidos formales de información a las jurisdicciones o un sistema mixto que combine constataciones propias con datos enviados por los gobiernos provinciales.
La base de la intervención será la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. Para esas actividades estableció que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
El porcentaje no se refiere necesariamente a que deba asistir el 75% de los docentes ni a que tengan que abrir exactamente tres de cada cuatro escuelas. La norma habla de la “prestación normal del servicio”, por lo que el Gobierno deberá definir cómo traduce ese concepto en indicadores comprobables: establecimientos abiertos, cursos cubiertos, personal afectado, horas de clase o una combinación de esas variables.
La ley prevé además un procedimiento previo. El sindicato debe notificar la medida a la contraparte y a la autoridad laboral con cinco días de anticipación y, al día siguiente, las partes deben acordar ante Trabajo las modalidades del servicio mínimo, con identificación del personal, horarios, funciones y forma de ejecución.
Cuando no exista un acuerdo o la cobertura propuesta sea insuficiente, la Secretaría de Trabajo puede fijar los servicios mínimos en consulta con la Comisión de Garantías. La decisión debe ser notificada a las partes y puede establecer cuántos trabajadores deben prestar tareas, en qué horarios y bajo qué esquema operativo.
El régimen también obliga a informar a las familias y a los usuarios, al menos 48 horas antes de la protesta, cómo funcionará el servicio, cuánto durará la medida y de qué manera se garantizará la prestación mínima. Ese punto podría formar parte del relevamiento que realizará Capital Humano.
En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.
El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212. Esas normas permiten, según el tipo de infracción, disponer intimaciones, apercibimientos y multas, además de promover acciones judiciales contra una asociación sindical que desobedezca resoluciones de la autoridad laboral.
La Ley de Asociaciones Sindicales faculta a Trabajo a exigir que un gremio deje sin efecto medidas que vulneren la legislación o incumplan disposiciones de la autoridad competente. Ante una desobediencia persistente, el Poder Ejecutivo no puede retirar por sí solo una personería, pero la autoridad laboral puede acudir a la Justicia para solicitar su suspensión, cancelación o la intervención de la organización.
Las agencias territoriales serán la herramienta para reunir el respaldo fáctico de una eventual actuación posterior. La estructura laboral nacional puede recibir denuncias, realizar inspecciones cuando existe competencia federal, instruir sumarios y coordinar acciones con las provincias, que conservan facultades autónomas de policía del trabajo dentro de sus jurisdicciones.
Ese reparto de competencias será uno de los puntos sensibles. Las escuelas y los docentes dependen mayoritariamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que CTERA es una confederación nacional. Por eso, Nación puede intervenir sobre el conflicto colectivo y la conducta de la organización sindical, pero necesitará información de las jurisdicciones para reconstruir qué ocurrió concretamente en cada establecimiento.
El operativo del lunes será la primera prueba de alcance nacional del nuevo régimen en el sistema educativo. La Casa Rosada buscará demostrar que la declaración de esencialidad tiene aplicación efectiva, mientras CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores fondos educativos. El informe de las agencias territoriales será el documento que utilizará Capital Humano para decidir si cierra la actuación, intima a las partes o abre un procedimiento sancionatorio.
Foto: El presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello. (Foto: X @JMilei) . Ignacio Salerno (TN)
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Milei recibió las cartas credenciales del nuncio apostólico Michael Banach
El presidente Javier Milei recibió este 31 de julio las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach, durante una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con lo que quedó formalmente iniciado su servicio diplomático como representante del papa León XIV en la Argentina.
El acto fue encabezado por el jefe de Estado, acompañado por el canciller Pablo Quirno. En la misma ceremonia, el Presidente recibió también las cartas credenciales de la embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y del embajador de la República de Corea, Lee Chong Hwa.
Días atrás, monseñor Banach había entregado las copias de estilo de sus cartas credenciales al canciller Quirno, quien destacó entonces en sus redes sociales que la llegada del representante pontificio "abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos".
La presencia del nuevo nuncio apostólico marca el comienzo de una misión que estará acompañada por la expectativa de una futura visita del papa León XIV a la Argentina.
Antes de la presentación oficial de sus credenciales al Presidente, monseñor Banach mantuvo encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; con el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro; y con el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.
La Conferencia Episcopal Argentina informó, además, que el próximo jueves 6 de agosto, a las 11, monseñor Banach presidirá una misa en la catedral metropolitana de Buenos Aires, durante la cual presentará oficialmente sus credenciales como representante del Santo Padre ante la Iglesia en la Argentina a monseñor Colombo.
Con ese motivo, la CEA invitó a los obispos que puedan participar a concelebrar la celebración eucarística, que marcará también el inicio formal del ministerio pastoral del nuevo nuncio ante la Iglesia argentina.
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PARO DOCENTE
La Central de Trabajadores Autónoma (CTA-A) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) formalizaron su adhesión a la jornada nacional de lucha con paro y movilización programada para este lunes 3 de agosto.
La medida de fuerza es impulsada por CTERA, ATE Nacional, CONADU y CONADU Histórica en rechazo a las políticas económicas de la administración del presidente Javier Milei.
La protesta unificada tiene como ejes centrales la defensa de la educación y la universidad pública, la protección del empleo en el sector público, la recomposición salarial y el sostenimiento de los derechos laborales. En ese marco, los gremios denuncian un deterioro sistemático de las condiciones de vida de la sociedad y de la capacidad operativa del Estado.
En un comunicado conjunto, las dirigencias sindicales apuntaron contra la parálisis de la paritaria nacional docente y la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Señalaron que el desfinanciamiento de las casas de altos estudios y la caída sostenida del poder adquisitivo salarial comprometen de forma directa el desarrollo del sistema educativo en todos sus niveles.
Asimismo, las centrales obreras repudiaron la ola de despidos en la administración pública nacional y lo que consideraron un vaciamiento sistemático de organismos estratégicos. Advirtieron que estas decisiones buscan debilitar la estructura estatal y restringir los servicios que se prestan a la ciudadanía.
Ante este panorama, la CTA-A y la CTA-T exigieron la restitución inmediata de los recursos destinados al sistema educativo y el acatamiento de las resoluciones judiciales y leyes sancionadas por el Congreso. Demandaron además la aprobación de un presupuesto que asegure el funcionamiento pleno de escuelas, universidades y dependencias del Estado.
Los referentes sindicales remarcaron que el libre ejercicio de la negociación paritaria y la actualización de los ingresos constituyen condiciones indispensables para resguardar la paz social. Afirmaron que el sostenimiento de los puestos de trabajo estatales es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y los derechos de la población.
La postura de las dos centrales quedó plasmada a través de un documento firmado por sus respectivos secretarios generales, Hugo Yasky por la CTA-T y Hugo Godoy por la CTA-A. Ambas conducciones recalcaron que la universidad, la educación y un Estado presente representan pilares centrales para el desarrollo soberano de Argentina.
