País
Francos defendió el veto de Milei y el kirchnerismo se retiró por los incidentes
4 de septiembre de 2024
En su primera presentación ante el Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió la gestión del presidente Javier Milei con el acento en la macroeconomía, al tiempo que planteó reclamos a la oposición sobre temas pendientes como la reforma electoral y dejó ver que el Gobierno no cederá en la pulseada por los alcances y la orientación del ajuste fiscal, un punto central en la antesala del debate sobre el Presupuesto 2025.
Francos llegó a la Cámara de Diputados junto a un equipo de 70 asesores para hacer frente a las preguntas de los legisladores tras haber respondido por escrito otras dos mil. Fue su debut en la tarea de informar al Congreso sobre la marcha de la gestión desde que reemplazó en el cargo a Nicolás Posse, quien había hecho lo mismo en mayo frente al Senado.
El bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) se retiró este miércoles de la sesión informativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en rechazo a la represión a los jubilados que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso.
Los incidentes ocurrieron cuando la sesión estaba en cuarto intermedio y, al reanudarse la deliberación, los legisladores de UxP y la izquierda repudiaron el operativo policial.
La legisladora Vanina Biase pidió la palabra a los gritos y, tras acceder el presidente Martín Menem, denunció que afuera estaban «gaseando» a los jubilados que se manifestaban contra el veto a la ley de actualización de haberes jubilatorias.
Por su parte, el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, se quejó del accionar de las fuerzas de seguridad y, como le impidieron tratar el tema en la sesión, los legisladores de ese bloque se retiraron del recinto.
«No se puede seguir en sesión con el jefe de Gabinete, mientras están reprimiendo jubilados y jubiladas frente al Congreso. Incomprensible que una manifestación tan pacífica termine con esta represión. Patricia Bullrich dinamitó la sesión en Diputados», dijo Martínez en referencia a la ministra de Seguridad.
Efectivos de la Policía Federal reprimieron este miércoles a jubilados durante una movilización de ese sector, junto a otras organizaciones, contra el veto del presidente Javier Milei a la ley de aumento de los haberes previsionales.
Defensa de veto
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó este miércoles a la oposición por sancionar el proyecto de ley que modificó el régimen de movilidad previsional y, al respecto, consideró que esa conducta “no constituye un acto maduro y responsable”, en su primera exposición en la Cámara de Diputados desde que asumió.
“La sanción del proyecto de ley que establece modificaciones al régimen de movilidad previsional no constituye un acto maduro y responsable: se establecen gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria. Se trata de un gasto que, por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año, condenando al país a más emisión, deuda, inflación y pobreza”, opinó.
Para el funcionario, “la administración de los recursos públicos debe llevarse a cabo de manera madura y responsable, alineada con los objetivos públicos y los principios de buena administración, evitando las ilusiones de mejoras sin fundamento”.
“Esto se debe hacer con responsabilidad institucional, sin quebrar el equilibrio fiscal ni agravar la deteriorada situación del Sistema Integrado Previsional Argentino”, enfatizó Francos.
El jefe de Gabinete detalló que entre 2020 y 2023 “las jubilaciones sufrieron una caída del 45% en términos reales” y que “además se redujeron las jubilaciones de quienes habían aportado toda su vida, se confiscaron los ahorros de quienes habían elegido libremente que sus aportes no fueran administrados por el Estado y fueron incorporados al sistema contributivo millones de personas que no realizaron los aportes correspondiente”.
“Por el contrario, esta gestión estableció aumentos mensuales según el IPC, lo cual permitió una recuperación del poder de compra de los haberes jubilatorios de casi el 10% en lo que va del año, y de casi el 6% con respecto a noviembre de 2023”, remarcó.
Según dijo, “esto refleja la voluntad de este Gobierno de garantizar un sistema de movilidad previsional justo y equitativo, donde los jubilados nunca más pierdan contra la inflación, evitándoles el flagelo que han padecido en los últimos 22 años”.
“No hay posibilidad de mejorar el sistema jubilatorio argentino sino es a través del crecimiento de la economía. Si seguimos con una relación de trabajadores informales superior a los trabajadores formales del sector privado es impensable mejorar el sistema previsional, impensable crear más puestos de trabajo sino es a partir de la estabilidad, del equilibrio fiscal, de generar confianza y darle libertad a todos los argentinos”, finalizó.
Francos expuso estos conceptos en un discurso que se prolongó por 45 minutos en la sesión informativa que presidió el titular de la Cámara baja, Martín Menem, con la presencia de 134 legisladores.
El ministro coordinador había llegado a las 10.30 acompañado de sus colaboradores y mantuvo encuentro con Menem. Comenzó a las 11.30 su mensaje, en el que recordó la campaña electoral del presidente Javier Milei y destacó «su intención de luchar fuertemente contra el gasto del estado y buscar el equilibrio fiscal y luchar contra la inseguridad».
Macroeconomía
Francos realizó una fuerte defensa de la gestión del Gobierno y destacó el ordenamiento de la macroeconomía, al exponer por primera vez en Diputados, donde denunció que al asumir la gestión se encontraron con «una bomba de tiempo» y un Estado «elefantiásico, ineficiente y corrupto».
«Asumimos el 10 de diciembre y nos encontramos con una bomba de tiempo. Teníamos una inflación minorista que se movía con un alza del 1% diario. Un desequilibrio fiscal a nivel del Tesoro de 5 puntos del PBI, y a nivel del Banco Central de 10 puntos del PBI.
«Registrábamos una deuda por veinte mil millones de dólares cuyos pasivos remunerados los tenedores podían ejecutar al día siguiente; un vencimiento de deuda de ocho mil millones de dólares a los 10 días siguientes a la asunción», expresó Francos.
«Estos números son el correlato de un Estado elefantiásico, ineficiente y corrupto, que prestaba servicios de muy mala calidad a la ciudadanía y garantizaba negocios para unos pocos a costa de todos los argentinos de bien», enfatizó.
Nuevo orden en las calles
En tanto, resaltó que, pese a «esta herencia caótica» y de encontrarse en una situación de clara minoría parlamentaria y política, se empezaron a construir «las bases de una nueva Argentina».
Cuando aún no se habían producido los incidentes afuera del Congreso, Francos destacó el orden establecido en las calles y se lo atribuyó al «nuevo protocolo antipiquetes».
«Se ordenaron las manifestaciones y con la extorsión violenta de quienes se creían dueños de la calle. Desde diciembre de 2023, se terminaron los cortes y los piquetes, y las movilizaciones se realizan respetando el protocolo. Ahora se garantiza el derecho a la libre circulación de todos los ciudadanos», afirmó.
Ley de Bases y paquete fiscal
Sobre la sanción de las Ley de Bases y el paquete fiscal, las consideró «un enorme hito en la gestión» y señaló que «no existe en el mundo un gobierno que haya logrado sacar adelante leyes que cambian al país de una manera tan profunda, y establecer los cimientos para el crecimiento y la estabilidad de los próximos años».
También resaltó que, gracias a las primeras medidas adoptadas por el Gobierno, se logró «evitar la mayor crisis de la historia argentina, que combinaba lo peor de varias crisis anteriores: el Rodrigazo, lo peor de la hiperinflación de 1989 y lo peor de la crisis de 2001 y 2002».
«Además, logramos superávit fiscal en tiempo récord, pasando de un déficit descontrolado del 4.6% del PBI a un superávit de 0.4% acumulado en seis meses de gobierno. En materia de superávit financiero, entre enero y julio éste fue de prácticamente 2 billones de pesos, equivalente a casi 0.4% del PIB», indicó.
En su parecer, a partir de estas medidas fue posible «revertir la senda hiperinflacionaria» que encontró el Gobierno «al asumir», iniciando «un proceso de fuerte desaceleración».
En esa línea, Francos destacó que «por primera vez en mucho tiempo los salarios le ganaron a la inflación: en los primeros seis meses de 2024, el aumento de salarios fue de 84.3%; 4.5 puntos porcentuales por encima de la inflación, que fue de 79.8%».
Sobre la obra pública, Francos dijo que se llevó «adelante una auditoría sobre las cerca de cuatro mil obras públicas realizadas por el Estado Nacional».
«Por décadas, las obras públicas fueron utilizadas para defraudar al Estado, perjudicando a los contribuyentes y beneficiando a ciertas empresas y algunos funcionarios públicos», agregó.
En ese sentido, manifestó que «durante la administración anterior, se destinaron recursos económicos y personal del Estado Nacional para llevar adelante obras menores, mientras tanto obras estratégicas como rutas nacionales, acueductos, redes y sistemas de distribución de agua potable, plantas potabilizadoras y colegios se encontraban paralizadas por falta de pago».
También defendió la creación de la nueva estructura de la SIDE y señaló que «durante años, muchos de los fondos que debían destinarse a garantizar la seguridad de los argentinos fueron utilizados para el espionaje político, la persecución ideológica y el tráfico de influencias.
«Vinimos a modernizar el sistema de inteligencia y alejarlo de cualquier interés personal y partidario de la administración de turno. Por eso, enviamos sendos DNUs al Congreso para discutir el presupuesto que requiere la nueva SIDE, con una suma completamente razonable para montar un sistema de inteligencia que verdaderamente proteja a los argentinos», aseguró Francos.
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Malvinas: La Rosada cuestiona al Reino Unido y escala la tensión
El Gobierno manifestó su rechazo a la guía que presentó el Reino Unido para proteger a las empresas que operen en las Islas Malvinas, en medio de las tensiones que crecen entre los británicos y la Argentina por las sanciones que anunció Javier Milei.
A través de un comunicado, la Cancillería expresó “su más enérgico rechazo” a la publicación que realizó el gobierno británico titulada “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”. En este escrito, apuntan a que se pueda promover la actividad comercial e hidrocarburífera en la zona del archipiélago como de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sus espacios marítimos.
“La República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido”, señaló el escrito que envió el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El documento británico, difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del gobierno de Londres, sostiene que la legislación argentina no tiene aplicación dentro de las islas ni sobre las compañías o personas que realizan negocios allí. “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland (SIC)”, afirma el texto.
Además, descarta que tribunales fuera de Argentina puedan ejecutar válidamente las medidas que Buenos Aires adopte, y traza tres líneas de acción para las empresas: declara legítimas las actividades reguladas por la legislación de las islas, recomienda asesoramiento legal independiente a quienes reciban presiones de las autoridades argentinas, y ofrece intervención directa del gobierno británico cuando alguna compañía o proveedor enfrente ese tipo de presiones en un tercer país.
La Argentina presentó notas de protesta ante los embajadores del Reino Unido e Israel por el avance del proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas.
La Argentina presentó notas de protesta ante los embajadores del Reino Unido e Israel por el avance del proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas.
Como respuesta a esto, la Cancillería argentina convocó a los embajadores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del Estado de Israel para hacerles entrega en mano de notas de protesta formal.
El principal reclamo es el avance del proyecto “Sea Lion” y la totalidad de los actos conexos: la emisión de normativas que Buenos Aires considera ilegítimas, las licencias otorgadas de manera unilateral, los llamados a contratar proveedores y los incentivos comerciales impulsados por el gobierno británico.
Según el comunicado oficial, estas acciones vulneran la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que insta a ambos países a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de resolución.
El proyecto Sea Lion es el eje central del conflicto. Se trata de un yacimiento de petróleo en aguas profundas ubicado a unos 220 kilómetros (140 millas) al norte del archipiélago, cuya explotación está en manos del consorcio formado por Rockhopper Exploration Plc —de origen británico— y Navitas Petroleum Lp —de origen israelí—. Ambas compañías anunciaron lo que denominaron una “Decisión Final de Inversión”, y el proyecto contempla extraer en una primera fase 170 millones de barriles.
El consorcio prevé iniciar la extracción en 2028. La administración Milei calificó ese yacimiento como “un peligro claro e inmediato” para los intereses del país, al tiempo que señaló que las licencias bajo las cuales operan estas firmas son ilegítimas por carecer de autorización del Estado argentino.
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Tensión por Malvinas: Reino Unido protegerá a las empresas en las islas
Gran Bretaña escala la tensión con la Argentina y ofrece apoyo a las empresas que operan en Malvinas. Se trata de la primera medida oficial británica, luego del endurecimiento las sanciones para las empresas que se dediquen a la extracción de petróleo en las islas.
La publicación, titulada “Doing business with the Falkland Islands” (“Haciendo negocios con las Islas Falkland”), es la primera respuesta oficial británica después de que Javier Milei anunciara un endurecimiento de las sanciones para las empresas y proveedores vinculados a la extracción de petróleo y a la actividad pesquera en el archipiélago.
El mandatario había firmado un DNU en ese sentido y prometió enviar al Congreso proyectos de ley para reforzar las restricciones, aunque hasta este martes esas iniciativas no habían llegado al Parlamento.
La guía afirma que “el Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las Islas Falkland y celebra el interés y la participación continuos del sector privado”. Está dirigida a las empresas que desarrollen actividades comerciales, que suministren bienes o servicios al archipiélago, o que participen de cualquier modo en el desarrollo de su economía, incluida la explotación de sus recursos naturales.
“El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio. Esto constituye una parte integral de su derecho a la autodeterminación”, sostiene el texto oficial.
Sobre la soberanía, el documento repite la postura histórica de Londres: “Las Islas Falkland son un Territorio Británico de Ultramar. El Gobierno del Reino Unido no tiene ninguna duda sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Falkland y las áreas marítimas circundantes. No discutiremos la soberanía a menos que y hasta que los isleños así lo deseen”.
Y agrega que “las Islas Falkland han sido administradas pacífica y eficazmente por el Reino Unido desde 1833, salvo una breve interrupción en 1982. Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland. La legislación argentina no se aplica dentro de las Islas”.
El texto también advierte que las compañías podrían recibir notificaciones judiciales de la Argentina, pero les resta peso: “La posición del Gobierno británico es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Falkland ni a aplicar su legislación interna dentro de las Islas, ni tampoco respecto de empresas o particulares que desarrollen actividades comerciales en las Islas o vinculadas con ellas”.
Sobre las sanciones impulsadas por gobiernos anteriores y ahora reactivadas por Milei, sostiene que esas medidas “no han impedido que los habitantes de las Islas desarrollen una economía exitosa” pese a estar vigentes desde hace años.
El Reino Unido ofrece además asesoramiento a las empresas que reciban amenazas legales desde la Argentina —aclarando que no se trata de asesoramiento jurídico formal— y pone a disposición a la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) para intervenir directamente ante terceros países en caso de que una compañía vinculada a las islas sea presionada por sus negocios allí.
El giro de Milei incluye trabas administrativas para operar en el territorio continental —como el veto a futuros contratos en Vaca Muerta— y también avanzó en la Justicia: este martes el fiscal Carlos Stornelli imputó a varios directivos de las empresas sancionadas por el Gobierno argentino.
La tensión también está atravesada por las declaraciones de Donald Trump, que en las últimas semanas utilizó la disputa por Malvinas para presionar al gobierno laborista británico por su bajo aporte económico a la OTAN, y llegó a decir que podría revisar la posición de neutralidad de Washington en el conflicto. Consultado sobre la posibilidad de una nueva confrontación bilateral como la de 1982, Trump respondió: “Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”. (TN)
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Anticipan que la pobreza creció en el primer semestre
La pobreza en la Argentina habría crecido en el primer semestre del año, cayendo bajo esa condición 1,7 millones de personas más y rompiendo con tres periodos de baja seguidos, de acuerdo a estimaciones privadas.
La medición de la consultora ExQuanti, elaborada en base a datos del INDEC, reveló que con el avance de los primeros seis meses del año la cantidad de personas afectadas por este flagelo alcanzaría 15,1 millones.
El cambio de tendencia ya se había empezado a vislumbrar en el último trimestre del año pasado y se estaría reafirmando en la primera mitad del 2026. De esta manera, el país habría sumado a 2,9 millones de pobres entre octubre de 2025 y junio de este año.
Al puntualizar en el impacto de la suba, la consultora remarcó que “el incremento de pobres ha sido lo suficientemente importante como para eclipsar la caída que se había producido en dos de los tres semestres en que se redujo desde el extremo ocurrido a inicios de 2024”.
Asimismo, advirtió que “la pobreza semestral alcanza niveles más altos que los mostrados no solo en el último semestre, sino inclusive los alcanzados hace un año”, trazando un panorama preocupante para el Gobierno, que asegura haber “sacado de la pobreza a 14 millones de argentinos”.
En la misma línea, desde ExQuanti señalaron que “los niveles de pobreza en el semestre, también, evidencian un deterioro de crecimiento que alcanza niveles similares a lo ocurrido cuando se generó la crisis durante el gobierno del presidente Mauricio Macri y la pobreza comenzó a subir aceleradamente, luego de haber llegado a los niveles más bajos de la última década” y alertaron: “La pobreza semestral está a los niveles en que los dejó el presidente Macri luego de la estampida que le precedió al fin de su mandato”.
En paralelo, el nowcast de pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella proyectó una tasa de 31,6% para el primer semestre de 2026, igualando el dato del mismo período del año pasado, contra el 28,2% del último semestre de 2025 y 31,6% de un año atrás.
En tanto que el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), en base a datos del Indec, también coincidió en que la pobreza aumentó y estimó que se ubicó en un 30% durante los primeros tres meses de 2026.
El índice oficial de pobreza del primer semestre será informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el próximo jueves 24 de septiembre. Anteriormente, el organismo reveló que en 2025 el país terminó con 28,2% de pobres, lo que representa a 8,5 millones de personas.
La cifra significó un descenso en relación al primer semestre, donde el indicador se ubicó en 31,6%, siendo afectadas 9,5 millones de personas. Al final del 2023, la pobreza estaba en 41,7% alcanzando 12,3 millones de argentinos, por lo que en la gestión Milei salieron de dicha condición 3,8 millones de personas, según las estadísticas oficiales. (NA)
