El presidente Javier Milei impulsa un proyecto de ley denominado Shutdown, en el cual se “cierra” el gobierno y queda paralizado, a imagen y semejanza del sistema estadounidense.

Durante una entrevista en un streaming, el mandatario adelantó las reformas que impulsa aprobar en el Congreso. Una de ellas es la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Pero la que más llama la atención es el shutdown de la administración pública.

“En el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, de la política, cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, dijo el mandatario.

Esta política se produce en Estados Unidos. El último se produjo a fines de 2025, siendo el número 15 desde 1981 y transformándose en el más largo de su historia.

En concreto, el shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto necesarias para que el Estado se mantenga en funciones. En nuestro caso, ocurriría cuando el Poder Legislativo no aprobase el Presupuesto nacional.

La reforma a la Carta Orgánica y el shutdown van de la mano, dado que son dos de los proyectos en los que más hincapié hizo Milei con su armado libertario. En particular, este lunes mantuvo un encuentro con sus legisladores para brindar una “masterclass” sobre la base del proyecto del BCRA.

Los grises del “cierre” del Estado 

Lo cierto es que las dudas aparecen cuando se observa con mayor detalle la “letra chica” del shutdown. Si bien todavía no se conoce el detalle del proyecto, uno de los principales inconvenientes se ubica en el rol de la Ley de Administración Financiera.

Esta ley es la que rige actualmente en suelo argentino. En caso de no conseguir la aprobación del presupuesto para el corriente año, el Gobierno tiene la posibilidad de prorrogar un mismo presupuesto de años anteriores.

“La Ley de Administración Financiera (LAF) quedaría en una irracionalidad. Se podría hablar de que existe una norma irrazonable. La Constitución ilumina todo el ordenamiento jurídico y la normativa tiene que estar de acuerdo con la Constitución. Esta idea de cerrar el gobierno sería, específicamente, una incongruencia con la actual ley”, explicó el abogado constitucionalista Diego Armesto.

También se refirió al funcionamiento de los servicios esenciales: “Hay que ser muy cuidadosos con qué servicios se declaran esenciales. No se puede andar cerrando hospitales, aeropuertos, policía, entre otros. Todo eso no se corta”, advirtió.

En el mismo sentido se expresó Marcelo Elizondo, quien detalló el fin del proyecto que impulsa la Casa Rosada.“Lo que busca el proyecto es no proveer mayor financiamiento al ya pactado en el presupuesto. El Estado no se cierra totalmente, hay áreas que son centrales y esenciales. El resto de las áreas se cerrarán hasta que se asignen nuevos recursos, si es que el Congreso lo decide”.

“Si un área se quedara sin plata disponible, esa área debería cerrar hasta que se apruebe un nuevo presupuesto o nueva financiación presupuestaria. Se tiene que quedar sin funcionar”, argumentó ante esta agencia.

El ejemplo de Estados Unidos 

El último shutdown norteamericano se realizó en los primeros días de octubre y fue el de mayor duración para la administración pública. Con un período de 43 días, el mismo se levantó el 12 de noviembre de 2025.

El cierre comenzó horas después de que el Senado de ese país no aprobara un proyecto de ley de gastos a corto plazo que habría mantenido temporalmente el funcionamiento del Gobierno.

La resolución propuesta por los republicanos del Senado fue bloqueada por los demócratas, al no alcanzar los 60 votos necesarios para su aprobación.

En ese contexto, el fin se dio cuando el Senado estadounidense destrabó las negociaciones y la Cámara de Representantes aprobó una extensión presupuestaria temporal.

“Lo que sucede en Estados Unidos es que hay sectores del gobierno federal que tienen —por ejemplo— US$100 para gastar. Una vez que los gastó, ya no hay forma de reasignar partidas, que es la atribución que hoy tiene el Jefe de Gabinete. Es decir, se termina la discrecionalidad”, manifestó Armesto.

“En Estados Unidos los servicios esenciales no se cortan. Lo que pasa es que, al quedarse sin plata, no pagan los sueldos; una vez aprobado el presupuesto, les pagan los retroactivos”, concluyó. (NA)

El día después de la histórica clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, el Gobierno ya trabaja en el operativo de seguridad para el retorno al país del plantel que se medirá este domingo contra España. 

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, está a cargo de la tarea y la desarrolla en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y bajo la supervisión del jefe de Gabinete, Diego Santilli.Noticias Relacionadas

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reveló ante el portal MDZ Online que la Ciudad "está preparada" para recibir a la Selección que aspira a conquistar el bicampeona. "Nos encantaría recibirlos, depende más de ellos que de nosotros y para mí amerita un festejo más allá del resultado del domingo", planteó además. 

Fuentes de la administración porteña revelaron que el presidente Javier Milei aún no oficializó el ofrecimiento de la Casa Rosada para los eventuales festejos, en caso de que los jugadores accedan, sin la presencia de funcionarios y empleados. "No tengo nada que hacer en esa foto", expresó el mandatario. 

Asimismo, descuenta que el mega evento desbordará los operativos en los que trabajan junto a la Nación y se encuentran expectantes para empezar a trazar los planes. "Estamos esperando las alternativas de lugares y ahí veremos que hacemos", subrayaron.

Según contó el propio Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habilitó a Casa Militar a que diseñe el protocolo de seguridad que aplicará en Balcarce 50 en caso de que los campeones del mundo en 2022 accedan a los festejos en el Palacio de Gobierno. 

En varios despachos de Balcarce 50 el clima mundialista se vive con intensidad, y como el libertario, quien reveló respetar las cábalas, hay quienes evitan hablar del tema antes del domingo. 

"Es muy mufa planificar demasiado. Los jugadores sé que no quieren hablar de nada hasta el domingo y está muy bien", plantearon desde una de las oficinas. 

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) plantearon que "aun no se hará nada", y si bien admiten contactos incipientes con el Poder Ejecutivo, evitan dar detalles del tema. (NA)

La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios "deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor" y que no podrán contener "sumas o conceptos ajenos" a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional.

Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas "no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados".

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de "recomendación" hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional. DIB