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A lo Trump, Milei impulsa el ‘cierre’ del Gobierno
17 de julio de 2026
El presidente Javier Milei impulsa un proyecto de ley denominado Shutdown, en el cual se “cierra” el gobierno y queda paralizado, a imagen y semejanza del sistema estadounidense.
Durante una entrevista en un streaming, el mandatario adelantó las reformas que impulsa aprobar en el Congreso. Una de ellas es la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Pero la que más llama la atención es el shutdown de la administración pública.
“En el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, de la política, cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, dijo el mandatario.
Esta política se produce en Estados Unidos. El último se produjo a fines de 2025, siendo el número 15 desde 1981 y transformándose en el más largo de su historia.
En concreto, el shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto necesarias para que el Estado se mantenga en funciones. En nuestro caso, ocurriría cuando el Poder Legislativo no aprobase el Presupuesto nacional.
La reforma a la Carta Orgánica y el shutdown van de la mano, dado que son dos de los proyectos en los que más hincapié hizo Milei con su armado libertario. En particular, este lunes mantuvo un encuentro con sus legisladores para brindar una “masterclass” sobre la base del proyecto del BCRA.
Los grises del “cierre” del Estado
Lo cierto es que las dudas aparecen cuando se observa con mayor detalle la “letra chica” del shutdown. Si bien todavía no se conoce el detalle del proyecto, uno de los principales inconvenientes se ubica en el rol de la Ley de Administración Financiera.
Esta ley es la que rige actualmente en suelo argentino. En caso de no conseguir la aprobación del presupuesto para el corriente año, el Gobierno tiene la posibilidad de prorrogar un mismo presupuesto de años anteriores.
“La Ley de Administración Financiera (LAF) quedaría en una irracionalidad. Se podría hablar de que existe una norma irrazonable. La Constitución ilumina todo el ordenamiento jurídico y la normativa tiene que estar de acuerdo con la Constitución. Esta idea de cerrar el gobierno sería, específicamente, una incongruencia con la actual ley”, explicó el abogado constitucionalista Diego Armesto.
También se refirió al funcionamiento de los servicios esenciales: “Hay que ser muy cuidadosos con qué servicios se declaran esenciales. No se puede andar cerrando hospitales, aeropuertos, policía, entre otros. Todo eso no se corta”, advirtió.
En el mismo sentido se expresó Marcelo Elizondo, quien detalló el fin del proyecto que impulsa la Casa Rosada.“Lo que busca el proyecto es no proveer mayor financiamiento al ya pactado en el presupuesto. El Estado no se cierra totalmente, hay áreas que son centrales y esenciales. El resto de las áreas se cerrarán hasta que se asignen nuevos recursos, si es que el Congreso lo decide”.
“Si un área se quedara sin plata disponible, esa área debería cerrar hasta que se apruebe un nuevo presupuesto o nueva financiación presupuestaria. Se tiene que quedar sin funcionar”, argumentó ante esta agencia.
El ejemplo de Estados Unidos
El último shutdown norteamericano se realizó en los primeros días de octubre y fue el de mayor duración para la administración pública. Con un período de 43 días, el mismo se levantó el 12 de noviembre de 2025.
El cierre comenzó horas después de que el Senado de ese país no aprobara un proyecto de ley de gastos a corto plazo que habría mantenido temporalmente el funcionamiento del Gobierno.
La resolución propuesta por los republicanos del Senado fue bloqueada por los demócratas, al no alcanzar los 60 votos necesarios para su aprobación.
En ese contexto, el fin se dio cuando el Senado estadounidense destrabó las negociaciones y la Cámara de Representantes aprobó una extensión presupuestaria temporal.
“Lo que sucede en Estados Unidos es que hay sectores del gobierno federal que tienen —por ejemplo— US$100 para gastar. Una vez que los gastó, ya no hay forma de reasignar partidas, que es la atribución que hoy tiene el Jefe de Gabinete. Es decir, se termina la discrecionalidad”, manifestó Armesto.
“En Estados Unidos los servicios esenciales no se cortan. Lo que pasa es que, al quedarse sin plata, no pagan los sueldos; una vez aprobado el presupuesto, les pagan los retroactivos”, concluyó. (NA)
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Crean un plan nacional para reducir las muertes por infartos
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, anunció la creación del Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030, una iniciativa que busca articular las capacidades y los programas existentes para reducir la mortalidad prematura, la enfermedad y la discapacidad vascular en todo el país.
Durante el Congreso Argentino de Cardiología, Lugones presentó el plan que propone trabajar de manera integral sobre la salud vascular, desde la prevención de los factores de riesgo hasta la detección temprana, el tratamiento oportuno, la rehabilitación y el seguimiento a largo plazo.
Entre sus principales líneas de acción se encuentran el fortalecimiento de la prevención y el control de factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y la enfermedad renal crónica; el desarrollo de redes para la atención de eventos agudos; y la mejora de la continuidad de los cuidados, incluida la rehabilitación.
"Lanzamos el Plan Nacional de Salud Vascular para dejar de pensar al cerebro y al corazón como dos órganos que requieren dos políticas separadas. La enfermedad vascular es un problema único y necesita una misma lógica de respuesta en todo el territorio nacional”, aseguró el ministro.
Además, anunció que el infarto agudo de miocardio se incorporará como evento de notificación obligatoria en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. La medida se suma a la incorporación del accidente cerebrovascular (ACV) y la insuficiencia cardíaca, anunciada el último 20 de agosto.
“La notificación obligatoria del infarto nos va a dar, por primera vez, un registro nacional real. Y con su incorporación a la Stroke App, la misma herramienta que hoy coordina la respuesta ante un ACV va a coordinar también la respuesta ante un infarto: un único sistema para dos emergencias en las que cada minuto cuenta”, afirmó.
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Caputo negocia financiamiento por US$ 10.000 millones
El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió hoy con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y con las autoridades de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el brazo del organismo que le presta al sector privado, con el objetivo de sumar nuevos proyectos y ampliar los fondos de financiamiento disponibles para la Argentina.
“Excelente reunión con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, con la vicepresidente para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra y con el vicepresidente para Europa, América Latina y el Caribe del IFC, Alfonso García Mora, en la que avanzamos en nuevos proyectos con financiamiento del organismo y analizamos la posibilidad de ampliar los fondos disponibles para la Argentina”, escribió Caputo en la red social X, en el marco de las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial que se desarrollan en la capital de Tailandia.
Según el ministro, en el encuentro también se identificaron oportunidades de inversión privada en sectores estratégicos, con potencial para generar empleo, desarrollar cadenas de valor y estimular la inclusión financiera de las pymes. Caputo precisó que el Gobierno trabaja para “viabilizar nuevas inversiones en el sector privado” por US$10.000 millones, aunque no detalló en qué sectores ni con qué plazos.
No se trataría de un préstamo, sino del monto que la IFC manejaría en inversiones con el sector privado en la Argentina durante los próximos meses, entre inversiones propias y movilización de capital.
Uno de los anuncios concretos es que el Banco Mundial brindará asistencia técnica para el monitoreo y la ejecución de proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el esquema de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que el Gobierno busca usar como motor para atraer capitales a la minería y la energía.
“Esta agenda integral busca seguir potenciando nuestros recursos mineros y energéticos para generar más inversiones, exportaciones, empleo y crecimiento económico”, sostuvo el ministro.
Además, Caputo señaló que conversaron sobre el desarrollo de una estrategia de inteligencia artificial, con un proyecto que pueda ampliarse a distintos sectores y regiones con la participación de diferentes agencias del Banco Mundial.
La ronda con los multilaterales incluyó también al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Caputo se reunió con su presidente, Ilan Goldfajn, con quien analizó la cartera actual de proyectos y las perspectivas de financiamiento para el año próximo. “Conversamos sobre el importante respaldo del organismo al desarrollo de la Argentina y al proceso de reformas que estamos llevando adelante”, dijo.
La revisión pendiente con el FMI
Las reuniones con el Banco Mundial y el BID se dieron un día después del encuentro de Caputo con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, del que también participó el presidente del BCRA, Santiago Bausili. “Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales”, escribió el ministro.
Georgieva, por su parte, destacó “las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal, mientras muchos países luchan con altos déficits”, y agregó que los equipos de ambas partes siguen trabajando.
Sin embargo, todavía no se anunció un acuerdo a nivel técnico para completar la tercera revisión del programa, que habilitaría un desembolso de aproximadamente US$869 millones.
Esos fondos permitirían compensar el pago de US$795 millones que la Argentina realizó recientemente al organismo. Para lo que resta del año, el país enfrenta otros vencimientos con el FMI por US$865 millones en noviembre y US$340 millones en diciembre.
Uno de los puntos sensibles de la revisión es el resultado fiscal del primer semestre. La Argentina registró un superávit primario de $6,29 billones, por debajo de la meta de $6,86 billones, por lo que deberá solicitar una dispensa al Fondo, conocida como waiver. En cambio, cumplió la meta de reservas netas de junio, luego de que el organismo flexibilizara la exigencia.
La búsqueda de financiamiento llega, además, en un contexto de dudas sobre la economía. La caída mensual de 2,9% de la actividad en julio llevó a distintas consultoras privadas a recortar sus estimaciones de crecimiento para este año.
En la previa de las reuniones en Bangkok, el FMI rebajó 1,4 puntos su pronóstico de expansión para la Argentina en 2026, a 2,1%, y el Banco Mundial también lo redujo a 2,1%, desde el 3,6% que estimaba en junio.
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El Gobierno promulgó la Ley 27.828, que modifica el régimen de Zona Fría
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.828, que modifica el régimen de Zona Fría y establece nuevos criterios para acceder a los descuentos en las facturas de gas.
La normativa fue publicada en el Boletín Oficial, luego de su aprobación en el Congreso el 24 de septiembre, y mantiene el beneficio permanente para la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna.
En cambio, las localidades incorporadas al régimen mediante la ampliación de 2021 dejarán de recibir la bonificación de manera generalizada. El cambio podría afectar a unos 3,35 millones de usuarios en todo el país, incluidos residentes de ciudades bonaerenses como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Necochea, Pergamino y San Nicolás.
Los usuarios que pierdan el descuento automático podrán solicitar una bonificación adicional si están inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados y cumplen con los requisitos establecidos. Además, deberán acreditar su situación socioeconómica y residir en las zonas contempladas por la normativa. La secretaría de Energía será la encargada de reglamentar el procedimiento de inscripción y validación.
Cuáles son los requisitos para mantener el subsidio de gas
Para acceder al beneficio, los usuarios deberán cumplir las condiciones previstas en la ley.
Entre los principales criterios se encuentran:
Correo electrónico
Registrar
• Ingresos familiares: no superar el equivalente a tres canastas básicas totales para un Hogar 2.
• Certificado Único de Discapacidad (CUD): contar con al menos un integrante del grupo familiar con certificado vigente.
• Certificado de Vivienda Familiar: tener un integrante del hogar con inscripción en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
• Veteranos de Malvinas: contar con una persona que perciba una pensión vitalicia como veterano de la Guerra de Malvinas.
• Residencia: vivir en las subzonas bioambientales alcanzadas por los criterios establecidos en la normativa.
La ley también modifica la forma de calcular el descuento: la bonificación se aplicará únicamente sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST). De esta manera, los costos de transporte, distribución e impuestos quedarán fuera del cálculo, lo que podría incrementar el importe final de las facturas. El régimen tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031 y se financiará mediante un recargo de hasta el 7,5 % sobre el precio del gas natural. (GN)

