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Buscan prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas
15 de julio de 2026
La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.
En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.
Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios «deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor» y que no podrán contener «sumas o conceptos ajenos» a esa prestación.
La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.
En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.
En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.
En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas «no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados».
Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de «recomendación» hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional. DIB
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Fracasó la reunión del Consejo del Salario
El Consejo del Salario no logró un acuerdo para establecer el nuevo mínimo en las remuneraciones y el nuevo mínimo será establecido por el Gobierno.
Los gremios solicitaron un mínimo de $ 911.000, mientras que los empresarios ofrecieron $ 400.000.
A la fecha el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) es de $376.600, cifra a la que se llegó aplicando el cronograma de ajustes que se había fijado en la reunión de noviembre de 2025.
Este valor es una referencia que, además de fijar una remuneración básica, sirve para la determinación de algunos programas sociales, prestaciones y subsidios.
La conversación se dio en medio de una solapada intención del gobierno nacional de lograr que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $ 800.000, lo que representaría un bruto cercano a $ 1.100.000.
Si bien este tema no estuvo en la agenda del encuentro que se realizó este mediodía, la discusión quedó flotando luego que en las últimas horas la Secretaría de Trabajo hiciera trascender la intención del gobierno nacional
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El Gobierno evalúa fijar un salario mínimo superior a $1.000.000
El Gobierno evalúa impulsar un salario mínimo superior a $1.000.000 para agosto de 2026, en medio de las negociaciones salariales con sindicatos y cámaras empresariales. La Secretaría de Trabajo analiza la propuesta y este viernes el Consejo del Salario tendrá una reunión clave para discutir los nuevos montos y los criterios de aplicación.
La iniciativa apunta principalmente a los trabajadores que cobran salarios bajos dentro de determinados convenios colectivos. Fuentes oficiales le confirmaron a TN que el objetivo consiste en elevar los ingresos de sectores que actualmente se encuentran por debajo de ese nivel, aunque la definición final dependerá de las negociaciones entre las organizaciones sindicales y las cámaras empresarias
Entre los sectores mencionados por el Gobierno aparecen Maestranza, la UOCRA y Sanidad, cuyos salarios se encuentran entre los que podrían beneficiarse de una actualización. La Secretaría de Trabajo deberá luego homologar los acuerdos alcanzados entre las partes para que los nuevos valores tengan aplicación efectiva.
La propuesta oficial no equivale al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Este último funciona como el piso legal para los trabajadores que no cuentan con un convenio colectivo y en agosto de 2026 se ubicó en $376.600. En cambio, el Gobierno busca promover ingresos superiores a $1.000.000 mediante negociaciones específicas dentro de determinados sectores.
Las centrales sindicales cuestionaron la estrategia y reclamaron una actualización mayor. La CGT y las dos CTA solicitaron que el encuentro del Consejo del Salario se realizara de manera presencial, pero la Secretaría de Trabajo rechazó el pedido. Los sindicatos sostienen que el ingreso mínimo debería acercarse al valor de la canasta familiar, calculada en $1.564.716.
La discusión también tendrá impacto sobre otras prestaciones vinculadas al salario mínimo. Entre ellas figura la prestación por desempleo, cuyo monto equivale al 75% de la mejor remuneración de los seis meses anteriores.
Además, el Gobierno convocó a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para discutir una nueva actualización para el personal doméstico.
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En lo que va de 2026, ya se recortaron 14.500 puestos estatales
El Gobierno de Javier Milei avanzó en lo que va del año con su plan motosierra en la administración pública nacional. Y en medio de su idea de achicar el Estado, desvinculó a casi 15.000 trabajadores desde enero, algo así como 70 por día.
De acuerdo a un informe del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la cantidad de empleados del Sector Público Nacional (SPN) tuvo una reducción sólo en julio de 4.607 agentes. Pero si el período se extiende a 2026 el número se ubica en 14.559.
Sturzenegger celebró en redes sociales la reducción del gasto público que implican esas desvinculaciones, que incluyen despidos, contratos no renovados, renuncias, retiros voluntarios y jubilaciones como las principales modalidades. "Bajar el gasto público es la única manera sustentable de bajar la carga impositiva y remover ese yunque que aprieta los salarios de los argentinos", planteó.
Asimismo, instó a las provincias a que "hagan lo mismo", lo que redundará en "menos gasto y menos impuestos". "Ya vendrá", pronosticó, en vistas a las renovaciones en las administraciones provinciales que podrían darse a fin del año que viene.
Desde que asumió Javier Milei, siempre de acuerdo a datos del Gobierno libertario, se recortaron un total de 76.216 puestos. De este total, unos 44 mil correspondieron a la administración centralizada y descentralizada; unos 11 mil a personal militar y de seguridad y el resto a empresas del Estado.
