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El Gobierno evalúa fijar un salario mínimo superior a $1.000.000
28 de agosto de 2026
El Gobierno evalúa impulsar un salario mínimo superior a $1.000.000 para agosto de 2026, en medio de las negociaciones salariales con sindicatos y cámaras empresariales. La Secretaría de Trabajo analiza la propuesta y este viernes el Consejo del Salario tendrá una reunión clave para discutir los nuevos montos y los criterios de aplicación.
La iniciativa apunta principalmente a los trabajadores que cobran salarios bajos dentro de determinados convenios colectivos. Fuentes oficiales le confirmaron a TN que el objetivo consiste en elevar los ingresos de sectores que actualmente se encuentran por debajo de ese nivel, aunque la definición final dependerá de las negociaciones entre las organizaciones sindicales y las cámaras empresarias
Entre los sectores mencionados por el Gobierno aparecen Maestranza, la UOCRA y Sanidad, cuyos salarios se encuentran entre los que podrían beneficiarse de una actualización. La Secretaría de Trabajo deberá luego homologar los acuerdos alcanzados entre las partes para que los nuevos valores tengan aplicación efectiva.
La propuesta oficial no equivale al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Este último funciona como el piso legal para los trabajadores que no cuentan con un convenio colectivo y en agosto de 2026 se ubicó en $376.600. En cambio, el Gobierno busca promover ingresos superiores a $1.000.000 mediante negociaciones específicas dentro de determinados sectores.
Las centrales sindicales cuestionaron la estrategia y reclamaron una actualización mayor. La CGT y las dos CTA solicitaron que el encuentro del Consejo del Salario se realizara de manera presencial, pero la Secretaría de Trabajo rechazó el pedido. Los sindicatos sostienen que el ingreso mínimo debería acercarse al valor de la canasta familiar, calculada en $1.564.716.
La discusión también tendrá impacto sobre otras prestaciones vinculadas al salario mínimo. Entre ellas figura la prestación por desempleo, cuyo monto equivale al 75% de la mejor remuneración de los seis meses anteriores.
Además, el Gobierno convocó a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para discutir una nueva actualización para el personal doméstico.
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Fracasó la reunión del Consejo del Salario
El Consejo del Salario no logró un acuerdo para establecer el nuevo mínimo en las remuneraciones y el nuevo mínimo será establecido por el Gobierno.
Los gremios solicitaron un mínimo de $ 911.000, mientras que los empresarios ofrecieron $ 400.000.
A la fecha el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) es de $376.600, cifra a la que se llegó aplicando el cronograma de ajustes que se había fijado en la reunión de noviembre de 2025.
Este valor es una referencia que, además de fijar una remuneración básica, sirve para la determinación de algunos programas sociales, prestaciones y subsidios.
La conversación se dio en medio de una solapada intención del gobierno nacional de lograr que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $ 800.000, lo que representaría un bruto cercano a $ 1.100.000.
Si bien este tema no estuvo en la agenda del encuentro que se realizó este mediodía, la discusión quedó flotando luego que en las últimas horas la Secretaría de Trabajo hiciera trascender la intención del gobierno nacional
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En lo que va de 2026, ya se recortaron 14.500 puestos estatales
El Gobierno de Javier Milei avanzó en lo que va del año con su plan motosierra en la administración pública nacional. Y en medio de su idea de achicar el Estado, desvinculó a casi 15.000 trabajadores desde enero, algo así como 70 por día.
De acuerdo a un informe del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la cantidad de empleados del Sector Público Nacional (SPN) tuvo una reducción sólo en julio de 4.607 agentes. Pero si el período se extiende a 2026 el número se ubica en 14.559.
Sturzenegger celebró en redes sociales la reducción del gasto público que implican esas desvinculaciones, que incluyen despidos, contratos no renovados, renuncias, retiros voluntarios y jubilaciones como las principales modalidades. "Bajar el gasto público es la única manera sustentable de bajar la carga impositiva y remover ese yunque que aprieta los salarios de los argentinos", planteó.
Asimismo, instó a las provincias a que "hagan lo mismo", lo que redundará en "menos gasto y menos impuestos". "Ya vendrá", pronosticó, en vistas a las renovaciones en las administraciones provinciales que podrían darse a fin del año que viene.
Desde que asumió Javier Milei, siempre de acuerdo a datos del Gobierno libertario, se recortaron un total de 76.216 puestos. De este total, unos 44 mil correspondieron a la administración centralizada y descentralizada; unos 11 mil a personal militar y de seguridad y el resto a empresas del Estado.
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La Industria Naval pide priorizar el trabajo en astilleros argentinos
La Cámara de la Industria Naval como parte integrante de FINA (Federación de la Industria Naval Argentina) adhiere al recurso interpuesto contra la importación y fabricación en China de 18 buques poteros, alertando sobre el severo impacto en el empleo local y las Pymes del sector.
El pasado 21 de agosto, la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) y la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA) presentaron formalmente ante el Consejo Federal Pesquero un recurso de reconsideración contra el Acta CFP N° 21/2026, mediante la cual se adjudicaron 18 nuevos permisos de pesca de calamar sin que ninguno contemple la construcción de buques en astilleros argentinos: siete corresponden a embarcaciones usadas importadas del exterior y once a
buques nuevos a construirse en astilleros extranjeros, en su mayoría de la República Popular China.
La CIN ratifica que esta decisión vulnera los principios de la Ley Federal de Pesca que exige expresamente, en su art 26, otorgar preferencia a los proyectos que contemplen la construcción de buques en astilleros nacionales, prioridad que fue omitida en el proceso. El escrito manifiesta que fijar solo 20 días para la formulación de proyectos técnicos convirtió la preferencia legal en un enunciado formal sin aplicabilidad real.
"Apoyamos la gestión de FINA porque defender la construcción naval argentina no significa oponerse al desarrollo pesquero, sino garantizar que la riqueza de nuestros recursos marinos impulse la industria, la tecnología y el empleo calificado en nuestro propio país."
Ejes del reclamo:
- Suspensión preventiva: Frenar la entrega definitiva de permisos de pesca hasta tanto se resuelva el recurso presentado.
- Convocatoria Complementaria (180 días): Establecer un plazo técnicamente viable para la confección y presentación de proyectos con construcción en astilleros nacionales.
- Reserva de Cupo Industrial: Garantizar una cuota de permisos destinada exclusivamente a buques a fabricarse en el país.
- Mesa Institucional de Diálogo: Convocar a la Comisión Asesora del CFP (Art. 10 Ley 24.922) y a las entidades de la industria naval para consensuar una salida constructiva.
Este reclamo busca frenar la parálisis del sector y en particular en la construcción de nuevas embarcaciones para la flota pesquera, remarcando que reservar una cuota de permisos para la
industria nacional habría reactivado de inmediato el empleo y la economía de los astilleros en todo el país.
La Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata confía en que el Consejo Federal Pesquero evaluará el recurso presentado por ABIN y FINA y encontrará una solución que permita articular el crecimiento de la flota potera con la participación efectiva de la Industria Naval Argentina.
