Provincia
Libertad Avanza propone eliminar el impuesto de sellos
16 de mayo de 2026
El bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense presentó un proyecto de ley para eliminar el impuesto de sellos sobre las operaciones realizadas con tarjeta de crédito en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, que parte del bahiense Oscar Liberman y fue firmada por 17 diputados del espacio, apunta a reducir una carga tributaria que “encarece el consumo formal y estimula la informalidad económica”.
Liberman, el autor de la propuesta, sostuvo que se trata de “un alivio fiscal para los contribuyentes que tendrá un impacto positivo en el consumo formal”. La medida busca derogar el artículo 252 del Código Fiscal bonaerense (Ley N° 10.397), que actualmente grava con una alícuota del 1,2% todos los débitos o cargos del período formalizados mediante tarjetas de crédito. Según el legislador, ese porcentaje eleva los costos de cada transacción y empuja a los usuarios hacia canales no declarados.
El proyecto también modifica el artículo 258 del mismo código y la Ley Impositiva vigente (Ley 15.558), en los tramos referidos al impuesto de sellos sobre este tipo de operaciones.
El argumento de Liberman también es de orden jurídico. El legislador señaló que el resumen de tarjeta de crédito no reúne las condiciones que la propia Ley de Coparticipación Federal exige para que un documento quede alcanzado por el gravamen. Según el artículo 9, inciso b, apartado 2 de esa norma, un instrumento sujeto al impuesto de sellos debe revestir “los caracteres exteriores de un título jurídico por el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente realicen los contribuyentes”.
Liberman afirmó que el resumen periódico de una tarjeta no cumple ese requisito porque no está firmado ni reconocido por su titular, y porque la Ley Nacional de Tarjeta de Crédito 25.065 establece en su artículo 39 que el emisor necesita documentación adicional para ejecutar un saldo impago.
“Del propio régimen legal de tarjetas de crédito se deduce que la liquidación o resumen periódico no constituye título suficiente para iniciar una acción judicial”, precisó el diputado.
A partir de ese razonamiento, Liberman concluyó que “la provincia de Buenos Aires no tiene potestad alguna para apartarse de la definición” que fija la coparticipación federal.
En esa línea, calificó el proyecto como “una corrección jurídica hacia un sistema tributario más justo” y rechazó que el fisco provincial deba intervenir en cada transacción privada: “El Estado no puede seguir viendo cada operación privada como una oportunidad para cobrar un impuesto más”.
La iniciativa fue acompañada por otros 16 legisladores del bloque libertario: Juan Osaba, Agustín Romo, Francisco Adorni, Maximiliano Bondarenko, Nahuel Sotelo Larcher, Geraldine Calvella, María Fernanda Coitinho, Oriana Colugnatti, Analía Corvino, Pablo Morillo, Luis Ontiveros, Sofía Pomponio, Carla Pannelli, Florencia Retamoso, Gastón Abonjo y Vera Chávez Ramón.
La presentación del proyecto se enmarca en una agenda más amplia de La Libertad Avanza orientada a la desregulación fiscal y la reducción del gasto estatal.
Provincia
AySA vuelve a manos privadas por US$340 millones
La empresa abastece de agua a más de 14 millones de personas. El grupo Rowing-Arcos-Transclor-PHX superó la oferta del otro postulante, Roggio S.A., que había propuesto por AySA US$285 millones.
Este jueves se conocieron las ofertas por el 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), y la propuesta más alta fue la del consorcio que encabeza Rowing, la empresa de Walter Román, y Transclor, de Mauricio Filiberti, con US$340,2 millones.
El otro postulante a quedarse con la empresa que brinda agua potable a más de 14 millones de personas en el AMBA era el grupo liderado por Roggio SA, que propuso un pago de U$S285 millones. De acuerdo a información de NA, ambas ofertas están por debajo de los 450 millones que pretendía el Gobierno nacional.
Agua y Saneamientos Argentinos opera en 27 jurisdicciones: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 26 partidos del conurbano bonaerense.
En el Norte, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, San Martín, Escobar, San Miguel, Malvinas Argentinas, Pilar y José C. Paz. En el Oeste, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Merlo, Moreno y La Matanza. Y en el Sur, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela y Presidente Perón.
De todos modos se trata de la mayor privatización de la era Milei en términos de ingresos concretos para el Estado. Por otra parte, el 10% restante del capital de AySA seguirá en manos de los trabajadores, a través del programa de propiedad participada, que lo gestiona el sindicato, a cargo de José Luis Lingeri.
La concesión es por treinta años -vence en 2056-, con opción de prórroga de diez años más. Entre los compromisos de los nuevos adjudicatarios están la inversión total de U$S 15.040 millones y aumentar el alcance de los servicios del 75,3% actual al 78,9%, en el caso del suministro de agua, y del 63,9% al 65,3%, en las cloacas.
La empresa de suministro de agua vuelve a manos privadas dos décadas, después de que el gobierno de Néstor Kirchner rescindiera el contrato con el grupo francés Suez, que la operaba desde la privatización de 1993 -en la presidencia de Carlos Menem- bajo el nombre de Aguas Argentinas.
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Prohíben usar el celular en secundarias públicas y privadas
La iniciativa establece que los estudiantes no podrán utilizar estos dispositivos durante la jornada educativa, salvo cuando exista un requerimiento o una autorización explícita del docente y su utilización tenga objetivos pedagógicos.
La norma busca promover un uso seguro y responsable de celulares y otras pantallas dentro de las aulas y extiende al nivel secundario un criterio similar al que ya se encuentra vigente para las escuelas primarias bonaerenses.
Según el texto aprobado, el concepto de “uso responsable” implica que los dispositivos permanezcan sin utilizar durante el horario escolar, excepto en aquellas situaciones en las que sean necesarios para desarrollar alguna actividad educativa.
Ahora será el Poder Ejecutivo provincial el encargado de determinar cuál será la autoridad de aplicación. Ese organismo deberá elaborar protocolos, instrucciones y recomendaciones para establecer de qué manera se implementará la medida en los establecimientos.
Tal como publica DIB, la normativa también invita a los municipios bonaerenses a adherir y comenzará a implementarse una vez que sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante el tratamiento legislativo también se vinculó la regulación con otras problemáticas que afectan a los adolescentes, entre ellas la ludopatía y el acceso permanente a plataformas digitales desde los teléfonos celulares-
Foto: En muchos colegios, los chicos no pueden usar los celulares durante las horas de clase Ricardo Pristupluk
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DOCENTES NO VAN A CASES
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su adhesión al paro provincial de este miércoles, en reclamo por la situación salarial del sector, por lo que una vez más numerosos establecimientos públicos de la ciudad de los niveles Inicial, Primario y Secundario tendrán su actividad parcial o totalmente interrumpida, según la cantidad de adhesiones del personal no docente a la medida de fuerza.
"Paro Provincial, 7/10. La plata no alcanza. Que la crisis no la paguen los trabajadores. Los y las trabajadores/as paramos por salarios dignos y pase a planta permanente", anunciaron desde el sindicato en sus redes sociales.
"El salario no puede seguir perdiendo frente al costo de vida y el Gobierno Nacional debe reconocer que le adeuda recursos a la Provincia de Buenos Aires, fondos que impactan en las políticas públicas y en las condiciones de trabajo", completaron.
El calendario escolar acumulará de esta manera 26 jornadas sin clases en lo que va de 2026 en Bahía Blanca, producto de distintas medidas de fuerza -paros, jornadas o asambleas impulsadas por los diferentes gremios.
A esas jornadas se suman las huelgas llevadas adelante por la Sección Educación de ATE (24 y 25 de junio, y 30 de septiembre), el paro nacional de la CTERA (3 de agosto) y el provincial del Frente de Unidad Docente Bonaerense (1 de octubre).
