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Carrefour busca un comprador
8 de julio de 2025
La cadena de supermercados francesa Carrefour inició un proceso de búsqueda para encontrar un posible comprador o un socio que se sume a la operación de su negocio en la Argentina. En noviembre pasado, había anunciado una inversión de u$s300 millones en el país. Hoy, Carrefour cuenta con más de 680 sucursales en 22 provincias.
La búsqueda de un comprador para una empresa del tamaño de Carrefour resultará un proceso largo, que podía demorar varios meses y en algunos casos más de un año. Los argentinos que estarían interesados en los activos locales de Carrefour, con 17.000 empleados y ventas anuales por u$s 6.000 millones, estarían la familia Braun con La Anónima; De Narváez con Changomás; Galperín con Mercado Librre; y el fondo Inverlat, según reveló La Capital de Rosario.
El grupo dio mandato al Deutsche Bank para evaluar los activos de Carrefour Argentina y comenzar la búsqueda de eventuales compradores interesados en quedarse con una de las grandes cadenas de supermercado del país. La firma francesa desembarcó en la Argentina en 1982.
La búsqueda de un comprador total o parcial de la filial en la Argentina forma parte del plan de revisión estratégica de todos los negocios de la compañía, de acuerdo a lo que informó la compañía. No obstante, se estima que la eventual venta o suma de un nuevo socio no afectará la continuidad operativa del supermercado en el país y que la marca podría incluso formar parte del paquete transaccional.
Siempre de acuerdo al sito rosarino, el proceso de venta de Carrefour se desarrollará en etapas. En primer lugar, la operación incluye el otorgamiento de un mandato de venta, mediante el Deutsche Bank, para que evalúe el valor de sus activos y realice una lista de potenciales interesados.
Luego, creará un data room con información financiera y operativa de la compañía, a la que accederán los candidatos seleccionados.Una vez cumplidas estas etapas, se podrán recibir las ofertas concretas. Este proceso se podría extender varios meses.
Según trascendió, la operación podría incluir el traspaso de la marca y no se descartó que Carrefour eligiera una venta parcial de su negocio, lo que en la práctica significaría que los franceses permanecieran en el mercado argentino pero con un socio local. Ese esquema se aplicó en una docena de mercados en Asia y África, donde Carrefour optó por compartir la propiedad de sus filiales con actores locales.
En la empresa no hicieron comentarios sobre la operación en curso. La búsqueda de un comprador total o parcial de la filial en la Argentina formó parte del plan de revisión estratégica de todos los negocios de la compañía que anunció en febrero el CEO global, Alexandre Bompard. El ejecutivo francés comunicó que la empresa analizaba desprenderse de activos y filiales consideradas como no estratégicas para financiar sus inversiones en los mercados core: Francia, España y Brasil.
Carrefour llegó en 1982 a Argentina. El liderazgo de Carrefour en el mercado argentino se consolidó con el tiempo. La compañía llegó a la Argentina en 1982 con la apertura de su primer hipermercado en San Isidro. Desde entonces se convirtió en una de las cadenas líderes del mercado local. Durante la década del 90, aprovechó el esquema de convertibilidad y el auge del consumo para expandirse y afianzar su posición. El negocio de Carrefour Argentina se transformó en uno de los más rentables para el grupo francés a nivel mundial. En ese período, el Carrefour de Quilmes alcanzó el récord de ser la tienda con mayor volumen de ventas de toda la cadena en el mundo.
En la actualidad, Carrefour exhibió ventas anuales cercanas a los US$6.000 millones y empleó a más de 17.000 personas en todo el país. La cadena mantuvo la mayor presencia nacional dentro del sector, con más de 680 tiendas distribuidas en todas las provincias argentinas, salvo Tierra del Fuego. Entre sus formatos figuraron los híper y supermercados tradicionales, locales Express y espacios mayoristas, lo que le permitió cubrir diversos segmentos de consumo.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
