País
Reestructuran organismos clave para el agro y la industria
8 de julio de 2025
A través del Decreto 462/2025, el Gobierno nacional dispuso, entre las medidas más destacables, la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en un organismo desconcentrado que dependerá de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Además, se elimina su histórica conducción colegiada, que será reemplazada por un Presidente designado por el Ejecutivo y un Consejo Técnico ad honorem que garantizará la representación del sector productivo.
“Con esta reforma, se busca reencauzar al organismo en su misión original: la investigación y el desarrollo tecnológico al servicio del campo argentino y del complejo agroindustrial”, resaltó el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
“La medida pone fin a una estructura sobredimensionada y opaca. En abril de 2025, el INTA contaba con 6.059 empleados (el doble que hace unos pocos años), 2.403 vehículos (uno cada 2,5 agentes), 1.611 celulares, 932 cargos jerárquicos (¡más que cualquier ministerio nacional!), y 450 sedes entre Centros Regionales, Centros e Institutos de Investigación, Estaciones Experimentales, Unidades de Extensión y Centros de Experimentación”, agregó.
Además, el INTA posee más de 110.000 hectáreas distribuidas en todo el país, de las cuales sólo 45.000 están siendo utilizadas para experimentación con fines comerciales y productivos.
Un informe de la SIGEN realizado en 2023 reveló importantes deficiencias en el control del organismo: viviendas usurpadas, bienes sin inventariar ni asignar, donaciones sin registrar, compras y viáticos sin documentación mínima, asociaciones cooperadoras sin balances ni supervisión.
Asimismo, el INTA creó y controla una empresa (INTEA S.A.) y una fundación (ArgenINTA), estructuras que operan por fuera del régimen de contrataciones y control del Estado.
La reforma llevada adelante mediante el Decreto 462/2025 permitirá echar luz sobre estas estructuras y transparentar el destino de los recursos generados por la explotación de los campos bajo su administración.
La transformación del INTA en un organismo desconcentrado preserva íntegramente sus capacidades técnicas, reduce la burocracia y refuerza los mecanismos de control y transparencia.
Además de los cambios en el INTA, el decreto dispone la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE), del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y de la Agencia Regulatoria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). En tanto, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) se reorganiza como organismo desconcentrado, con mayor independencia técnica.
En el caso de ARICCAME, la normativa implica la redistribución de competencias en materia de regulación y control del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. La decisión responde a objetivos de simplificación administrativa, reducción del gasto público y mayor eficiencia en la gestión del Estado. El Ministro Federico Sturzenegger, destacó: “Desde ahora, ANMAT se encargará del cannabis medicinal, de la misma manera que regula el resto de las drogas medicinales, la Secretaría de Industria regulará el cáñamo con destino industrial, y la Secretaría de Agricultura regulará la parte de las semillas y propagación vegetal de la planta de Cannabis”.
En referencia al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el mismo se transforma en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, pero mantendrá su nombre por su reconocimiento internacional. El Ministro Sturzenegger se expresó sobre un cambio clave de esta reforma: “El INV dejará de ejercer controles obligatorios sobre las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo (como la propiedad de los viñedos, la cosecha, la elaboración, el fraccionamiento, el transporte), y se concentrará exclusivamente en el tramo final de la cadena, en la góndola, donde controlará la aptitud para el consumo y que los productos no estén adulterados ni manipulados de forma indebida (los controles también se podrán hacer de manera privada)”.
La nueva norma también reforma el INTI, convirtiéndolo en una unidad organizativa dentro del Ministerio de Economía, con el fin de hacer más eficiente su estructura. La transformación del INTI en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio implica la eliminación de estructuras administrativas sobredimensionadas, conservando exclusivamente al personal técnico necesario para cumplir con sus funciones esenciales.
“El INTI fue creado para impulsar el desarrollo tecnológico de la industria, pero como un instituto independiente de las universidades argentinas que concentran el conocimiento necesario para ese desarrollo. El resultado, dramático y trágico a la vez, es que en los hechos fue utilizado por la burocracia para hacer todo lo contrario: generar trabas, regulaciones técnicas innecesarias y procesos engorrosos que perjudicaban a las empresas. El certificado CHAS para autopartes (ya desaparecido pero todavía ofrecido en la página del organismo), los controles para balanzas, o los requisitos sobre tanques -todas normativas que fuimos eliminando a lo largo de este último año-, son apenas algunos ejemplos del sinsentido de muchos de los requisitos del organismo y que le costaban millones a nuestra industria y otro tanto a todos los argentinos”, señaló el Ministro Sturzenegger.
Actualmente el INTI cuenta con 2.356 empleados y más de 250 reparticiones; el 20% de sus departamentos son puramente administrativos, y su área de administración concentra el 30% del personal, muy por encima de los estándares habituales para este tipo de organizaciones.
Repercusiones
En opinión de Luis Pablo Panatti, presidente del Consejo Regional del Centro Regional Córdoba del INTA, se “rompe con un sistema de gobernanza con un Consejo Directivo Nacional que representa a productores y la comunidad científica”.
“Quiénes mejores que ellos para saber qué puede brindar el INTA a la producción del país en todo su territorio, sistema que, además, ha durado casi 70 años y ha sido totalmente virtuoso, llevando al INTA a ser la institución de prestigio que es hoy en día y hacerla totalmente independiente del color político de turno”, agregó.
Remarcó: “Creo que se pierde una excelente oportunidad de reformar al INTA pero para bien, con una propuesta de adecuación que fue presentada, pero trabajada y consensuada desde el territorio, para eficientizar procesos, eliminar burocracia, y mejorar el uso de los recursos”.
Añadió: “Siempre estaremos dispuestos a dialogar para construir un INTA mejor, pero necesitamos que la política nos escuche y entienda las consecuencias que esto puede traer en el sistema productivo, que no se pierda más de lo que se ahorra”.
País
Reforma Laboral: la Corte rechazó el per saltum que planteó el gobierno
La Corte Suprema rechazó el pedido del gobierno nacional de aplicar un per saltum para que la discusión judicial por el debate judicial en torno a la reforma laboral, que la CGT cuestionó por inconstitucional, luego de que fuera aprobada el febrero pasado en el Congreso.
La decisión de la Corte se conoce luego de que la Cámara de Trabajo enviara la causa al Fuero Contencioso Administrativo, lo que en principio fue un revés para la central sindical, que buscaba que la causa se sustancie en el fuero laboral.
La Corte, en cambio, le dio una mala noticia, aunque relatiuva, al Ejecutivo, que buscaba el salto de instancia para acelerar un proceso que con apelaciones y contra apelaciones probablemente termine en el máximo tribunal, aunque demore para ello más tiempo.
La Secretaría de Trabajo, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, había presentado a mediados de abril el per saltum para revertir la sentencia del juez laboral Raúl Ojeda, que dictó una cautelar que suspendió 82 artículos de la ley sancionada por el Congreso.
Pero antes del fallo de la Corte de hoy, la Cámara de Trabajo ya había puesto en vigencia nuevamente los artículos suspendidos. Es porque los jueces Arturo Pesino y María González rechazaron el efecto suspensivo que el juez Ojeda le había dado a la apelación.
El per saltum es saltar una instancia judicial para que la Corte Suprema intervenga directamente en una causa. El gobierno de Javier Milei había alegado, entre otros argumentos, que el juez Ojeda no era el competente para intervenir y por eso reclamaba la urgente intervención del máximo tribunal ante la suspensión de parte de la norma.
En el fallo que se conoció este jueves, la Corte Suprema sostuvo que a juicio de la Corte "no se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la vía cuya apertura se promueve mediante el recurso por salto de instancia".
Ante esto, concluyó que "se declara inadmisible el recurso interpuesto" por el Gobierno el pasado 16 de abril.
¿Qué dispone la reforma?
Entre los 80 artículos suspendidos y puestos otra vez en vigencia por la Cámara de Trabajo se encuentran el de Indemnizaciones y Contratos (Ley 20.744), que modifica el cálculo de indemnizaciones e implica la extensión del período de prueba.
También el ítem Solidaridad y Tercerización, que limita la responsabilidad de las empresas en casos de tercerización (artículos 16, 17 y 18 de la norma), manteniendo la solidaridad amplia.
Además están incluidos el banco de horas y las nuevas regulaciones sobre horas extras; a lo que se suma la facultad unilateral del empleador para modificar condiciones de trabajo.
La ley de reforma laboral se aprobó el 27 de febrero y se promulgó el 6 de marzo. El proyecto de reforma laboral había recibido media sanción en la Cámara alta el 12 de febrero. Pero la inclusión del famoso artículo 44, sobre las licencias laborales por enfermedad, levantó polémica y el oficialismo lo sacó antes del tratamiento en Diputados.
País
Escándalo en la AFA: los veedores judiciales no pudieron entrar
Los técnicos del Ministerio de Justicia se encontraron con la sede de Viamonte cerrada y un cartel que derivaba la atención a Pilar. La IGJ investiga inconsistencias por USD 450 millones en los balances de la gestión de Claudio Tapia.
En un nuevo capítulo de la creciente tensión entre la Casa Rosada y la conducción de Claudio "Chiqui" Tapia, los veedores designados por el Ministerio de Justicia de la Nación no pudieron ingresar este miércoles a la sede histórica de la calle Viamonte. El operativo, que buscaba dar inicio a una fiscalización de 180 días sobre los balances y contratos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), terminó con una nota dejada por debajo de la puerta y un conflicto de jurisdicciones que promete escalar a la Justicia.
El abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena, enviados oficiales del Gobierno, llegaron a las 13 a la sede central con el objetivo de requerir documentación contable y administrativa. Sin embargo, se encontraron con el edificio cerrado y un cartel que indicaba que la administración debía buscarse en un predio de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.
El conflicto por el domicilio y los US$ 450 millones
La Inspección General de Justicia (IGJ) sostiene que la AFA ha fallado en explicar inconsistencias por USD 450 millones en sus balances de los últimos ocho años. Además, el Gobierno investiga la creación de una universidad no registrada y contratos con empresas bajo la lupa por presunto lavado de dinero, como TourProdEnter y SurFinanzas.
El intento de la AFA de trasladar su sede social a Pilar es visto por el Ministerio de Justicia como una "maniobra de evasión" para salir de la órbita de control de la IGJ (que tiene competencia en CABA) y pasar a la jurisdicción bonaerense. Esta mudanza ya había sido rechazada por el organismo estatal al constatar que en el predio de Pilar no existen instalaciones administrativas operativas.
PUERTAS CERRADAS. El abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena llegaron a la sede de la AFA para iniciar la veeduría, pero debieron dejar el pedido bajo la puerta al no ser recibidos por ninguna autoridad.
Fotos: RSFotos
País
Pesqueros extranjeros ingresan a Mar Argentino en busca de resguardo
La Prefectura Naval Argentina monitorea el ingreso de más de 140 buques pesqueros extranjeros a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) ante el fuerte temporal pronosticado para el Atlántico Sur.
La tarea fue adoptada luego de que distintas empresas y asociaciones pesqueras solicitaran refugio preventivo frente a las condiciones meteorológicas adversas previstas para los próximos días. En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de temporal para la región, difundido a la comunidad marítima a través de las estaciones costeras de la Prefectura Naval Argentina desplegadas sobre el litoral marítimo.
Las embarcaciones permanecerán en sectores determinados de la ZEEA durante aproximadamente tres días.
La Prefectura estableció que los buques deberán cumplir estrictamente las disposiciones establecidas por el Régimen Federal de Pesca y por el “Procedimiento de actuación ante solicitud de la flota pesquera extranjera para ingresar a la Zona Económica Exclusiva Argentina en busca de resguardo por condiciones meteorológicas desfavorables”, implementado en el marco de las facultades del Estado ribereño y de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Entre las medidas impuestas se encuentra la prohibición absoluta de realizar tareas de pesca, investigación o exploración mientras permanezcan dentro de aguas jurisdiccionales argentinas. Asimismo, las embarcaciones deberán mantener sus artes de pesca aseguradas sobre cubierta, conservar apagadas las luces vinculadas a maniobras pesqueras y mantener activos de forma permanente los sistemas AIS de identificación y posicionamiento para permitir el monitoreo continuo por parte de la Autoridad Marítima.
Además, los capitanes deberán, por razones de seguridad de la navegación y preservación de la vida humana en el mar, mantener escucha radial permanente con la estación costera correspondiente e informar periódicamente su posición durante toda la permanencia en la zona de abrigo.
En paralelo, la flota pesquera nacional también adoptó medidas preventivas y se desplazó hacia áreas seguras para evitar los efectos del temporal.
La Prefectura Naval Argentina informó que continuará realizando el seguimiento permanente de las embarcaciones mediante el Sistema Guardacostas y las distintas estaciones costeras desplegadas a lo largo del litoral marítimo, manteniendo informadas a las autoridades nacionales competentes sobre la evolución de la situación.
