El juez Maximiliano Savarino, titular del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, declaró la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en virtud de que la magistrada Julieta Makintach protagonizaba un documental del caso sin consentimiento de las partes y “género múltiples discusiones en los cuartos intermedios y con los testigos y abogados”. Ahora deberá realizarse otro juicio, con nuevos jueces.

El juez Savarino afirmó que el juicio “no corresponde que se reanude” con la magistrada Verónica Di Tomasso. “Los suscriptos no podemos asumir nuevamente el debate porque escuchamos a 40 testigos y una imputada”, señaló.

“La única responsable es la jueza apartada”, dijo Savarino, a la vez que indicó: “Es una decisión ingrata”.

 También dijo que todo se retrotraerá a la audiencia del 338, que es la etapa de presentación de pruebas. Además, marcó que tendrá que haber nuevos jueces: “Creemos que la causa tiene que sortearse en otro tribunal”.

Por su parte, la jueza Verónica Di Tomasso recurrió a una frase de Maradona para asegurar que el Poder Judicial no tiene la culpa de la nulidad: “La Justicia no se mancha”.

La decisión fue escuchada por los siete imputados y los familiares de Diego en una sala tan tensionada como conmocionada por el repentino final del proceso. Con esta definición, el debate deberá reiniciarse desde cero.

Jana, Dalma y Gianinna Maradona escucharon la decisión de los jueces sentadas una al lado de la otra junto a Verónica Ojeda.

Luego de la resolución, el imputado Leopoldo Luque le dijo a los periodistas acreditados en la sala: “Supongo que es lo que tenía que pasar”.

Después cuestionó a la jueza Di Tommaso por afirmar en su breve intervención que el episodio de Makintach no representa a la Justicia: “La jueza diciendo la ‘la Justicia no se mancha’ mirando a las hijas de Maradona es una joda”.

Foto: Julieta Makintach, tercera de izquierda a derecha, quedó en el ojo de la tormenta por haber supuestamente autorizado el ingreso de cámaras durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, para un documental de una productora vinculada a su hermano.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro define por estas horas si anula el juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona, a raíz del escandaloso documental protagonizado por la jueza Julieta Makintach.

La audiencia comenzó a las 10:30, donde los siete acusados por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Maradona comparecieron para definir su futuro procesal.

Los implicados en este caso son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y su jefe, Mariano Perroni.

Si prosperara la anulación del juicio, se prevé que el debate oral y público se reanude en 2026, según lo destacado por Rodolfo Baqué, defensor de la auxiliar de enfermería, Dahiana Gisela Madrid.

La jueza Makintach se vio inmersa en una controversia tras la divulgación de videos, editados y grabados en crudo, donde ella participó en un proyecto audiovisual realizado por la productora Pegsa y la cadena británica BBC. Esto motivó la necesidad de tratar su recusación.

Asimismo, había asumido la presidencia del tribunal, en lugar del magistrado Maximiliano Savarino, pero fue removida tras una solicitud del defensor de Leopoldo Luque, Julio Rivas.

La audiencia arrancó con Makintach, quien pidió la palabra: “No hay irregularidad, no hay delito, pero si puede haber es una gran operación mediática”

Según publicó Infobae, la jueza señaló : “No veo hechos precisos, claros, potencialmente ilícitos penalmente relevante del cual yo pueda darle alguna explicación”. “No hay sospecha ninguna de falta de neutralidad”, agregó.

“Yo no quiero ser una causa mal utilizada y tergiversada de este debate. Yo no me voy a apartar", enfatizó.

El video que complica la situación de la jueza en el Tribunal.

Un proyecto de ley impulsado por la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Marcela Pagano busca establecer el libre ejercicio notarial de los abogados. De esta manera, el objetivo es que cualquier letrado matriculado pueda ejercer como escribano público sin necesidad de realizar una carrera específica, rendir exámenes corporativos o someterse a cupos impuestos por colegios notariales ni exámenes adicionales.

"Toda persona con título de abogado expedido por universidad argentina reconocida o debidamente revalidado conforme a la normativa vigente, queda habilitada para ejercer la función de escribano público, sin necesidad de cursar carreras adicionales, rendir exámenes corporativos o someterse a cupos cerrados impuestos por colegios notariales u organismos intermedios", establece el artículo 1º del proyecto que fue girado a la comisión de Justicia y apunta a desregular el actual sistema notarial.

Asimismo, el artículo 2º establece que los abogados matriculados podrán ejercer funciones de fe pública, autorizando instrumentos públicos "conforme a la legislación vigente, debiendo cumplir los mismos estándares técnicos, registrales y de responsabilidad profesional que rigen para los escribanos públicos"

"Quedan sin efecto todas las disposiciones normativas, reglamentarias o estatutarias que restringen el ejercicio notarial exclusivamente a quienes posean título de escribano o pertenezcan a un colegio notarial en carácter cerrado. El título de abogado será título habilitante suficiente", versa el artículo 3º.

En la fundamentación presentada por la diputada libertaria se sostiene que el objetivo es "garantizar el libre ejercicio profesional de los abogados de la República Argentina, reconociendo su plena capacidad legal para ejercer funciones de fe pública, hoy indebidamente restringidas por estructuras corporativas y normativas heredadas de modelos cerrados".

"En gran parte del país, la función notarial está reservada a cupos limitados bajo control exclusivo de colegios notariales, que imponen condiciones restrictivas, exámenes internos o cargos vitalicios, que impiden el acceso de miles de abogados al ejercicio público de sus funciones profesionales", afirma el proyecto.

"Esta situación no solo restringe derechos laborales y profesionales, sino que encarece y limita el acceso de la población a servicios notariales, concentrados en pocas manos y distribuidos de forma desigual en el territorio nacional. En sistemas jurídicos modernos y democráticos —como Estados Unidos, Canadá o Reino Unido—, los abogados ejercen funciones notariales sin necesidad de pertenecer a una estructura corporativa separada, garantizando el acceso ciudadano a servicios jurídicos simples, descentralizados y fiscalizados".

"Este proyecto propone una solución concreta y sencilla: reconocer que el título de abogado habilita a ejercer como escribano público, con las mismas obligaciones legales, fiscales y técnicas que ya establece la normativa notarial vigente. Se trata de desbloquear el acceso a una función pública, ampliar la competencia profesional, fomentar el federalismo profesional y eliminar privilegios gremiales que distorsionan el mercado de servicios legales y públicos", concluye.