El gobernador  Axel Kicillof, promulgó la Ley 15.520 para fortalecer la autonomía económica de las mujeres y su derecho a exigir el cumplimiento de la cuota alimentaria.

En la Provincia de Buenos Aires, siete de cada 10 mujeres no reciben aportes de parte del progenitor de sus hijos e hijas. Gracias a esta reforma se agilizan los procedimientos judiciales y podrán inscribirlos en el registro como deudores desde el primer incumplimiento.

“Esta ley garantiza equidad, fortalece el derecho de las mujeres y los niños y, como dijo el Gobernador, nos convierte en una provincia más justa”, expresó la Ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz.

“Promulgamos la ley que actualiza el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, un importante avance que es producto del esfuerzo y la articulación de todos los poderes del Estado para abordar una problemática que atenta contra los derechos de las mujeres y los chicos”, aseveró el Gobernador.

Durante el acto, llevado a cabo en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kicillof señaló: “La Argentina está atravesando una situación muy difícil: el fracaso del Gobierno nacional llevó a que el FMI tome nuevamente el control de la política económica para impulsar, como ya hemos visto muchas veces, reformas previsionales y laborales”. Y añadió: “Ante esa situación, y aunque soplen vientos hacia otra dirección, en la provincia de Buenos Aires seguimos plantando la bandera de las políticas de cuidado y de lucha contra la desigualdad en todas sus formas”.

Por su parte, Estela Díaz remarcó: “Apuntamos a una provincia donde sea total el cumplimiento de las cuotas alimentarias porque trabajamos sobre el cuidado de los chicos, las chicas, y porque nos importa la independencia económica de las mujeres: cuando mejoran nuestras condiciones de vida y nuestros ingresos, logramos bienestar en las familias y en los ámbitos en los que nos desarrollamos”.

Esta actualización tiene como antecedente la promulgación de la Ley 15.513, en diciembre 2024, que permitió simplificar y agilizar los procedimientos judiciales en el reclamo de alimentos: estableció parámetros para determinar los montos, impulsó la reducción de litigios para lograr una resolución rápida y estipuló multas ante la ausencia sin justificación a audiencias judiciales.

Los cambios

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) tiene como objetivo registrar a todas las personas obligadas al pago de alimentos por sentencia firme o convenio homologado que adeuden un determinado número de cuotas y establece las consecuencias derivadas de tal incumplimiento.

La legislación permitirá inscribir al deudor desde el primer incumplimiento, se trate de los alimentos definitivos o provisorios. Actualmente, solo pueden inscribirse a deudores desde el tercer incumplimiento consecutivo o quinto alternado y no se incluyen los alimentos provisorios.

Otra de las innovaciones incorporadas es que no sólo se podrá inscribir en el RDAM a los progenitores, sino que también serán alcanzados los empleadores o acreedores que hayan sido intimados previamente por orden judicial y sean responsables solidarios del pago como lo dispone el Código Civil y Comercial de la Nación.

Además, se modifican algunas sanciones como la suspensión de trámites de habilitación de comercios y/o industrias contemplando que si el deudor alimentario no tuviese otra fuente de ingresos se le otorgará provisoriamente el permiso bajo la obligación de regularizar la situación. En este punto, se añade el impedimento de inscribirse en el Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

Por último, se incorpora como requisito presentar el certificado de libre deuda expedido por el RDAM para las designaciones de magistrados, funcionarios o empleados bajo cualquier modalidad y categoría en cualquiera de los poderes del Estado provincial y municipal, organismos descentralizados, como así también en las empresas y sociedades estatales y con participación del Estado provincial así como también para la diplomación de los candidatos electos para cualquier cargo provincial o municipal.

Este proyecto continúa la iniciativa presentada en el Poder Legislativo provincial y que fuera sancionada en diciembre de 2024: la ley que simplifica los procesos judiciales para el reclamo de alimentos.

Ambas iniciativas fueron redactadas en el marco de la Mesa de Trabajo sobre Obligación Alimentaria, creada tras la presentación del informe “Incumplimiento de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género” del año 2022, tomando también iniciativas de la senadora Sofía Vannelli y la diputada Lucía Iáñez.

Días atrás, el Obispado de San Justo, los Hogares de Cristo y la Procuración General de Justicia de la provincia de Buenos Aires firmaron un convenio mediante el cual se abrirá la primera oficina de atención de dicha Procuración en barrios populares y villas de emergencia bonaerenses.

Según el convenio, “se celebrarán reuniones bilaterales periódicas sobre asuntos de interés común, de conformidad con la agenda previamente acordada entre las partes, con el propósito de desarrollar y supervisar proyectos de colaboración”. Está previsto que esta iniciativa que llegue también a otros distintos lugares de la provincia.

Un avance en la dignificación de la vida de nuestros hermanos

“La firma de este convenio es un paso más en este esfuerzo que hacemos en los barrios por concretar Tierra-Techo-Trabajo porque la urbanización no solo son ladrillos, cloacas y techos. También es el acceso a la justicia y a otros bienes esenciales como educación y salud. Tener una oficina en nuestros barrios —lugares asediados por la violencia, el narco, las amenazas, los asesinatos; y también problemas familiares— donde los vecinos puedan llevar sus inquietudes y situaciones, es un avance en el proceso de dignificación de la vida de nuestros hermanos. Estamos contentos porque este trabajo mancomunado de la Iglesia y la comunidad organizada con el Estado es un paso dado en el camino de la esperanza para alcanzar la vida digna”, señaló monseñor García al término de esta fructífera reunión.

La primera sede de dicha repartición judicial estará ubicada en la Parroquia San José de La Matanza, lugar donde ayer se llevó a cabo la reunión de la que participaron el obispo de San Justo, monseñor Eduardo Horacio García; el párroco, presbítero Nicolás “Tano” Angelotti, el procurador general del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires Dr. Julio Conte Grand quien concurrió acompañado por el Secretario de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, Dr. Miguel de Lezica, y el Dr. Mateo Laborde, Secretario de la Secretaría de Desarrollo y Seguimiento del Proyecto Institucional del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Argentina, entre otros funcionarios provinciales.

Durante el encuentro se abordaron temas que aquejan a la población de los barrios populares y villas en el Conurbano Bonaerense: el narcotráfico, la necesidad de implementar políticas públicas para las adicciones y la presencia del Estado como llave fundamental para el desarrollo de la sociedad.

La centralidad de las conversaciones pasó por los más frágiles del tejido social: personas en situación de calle, la emergencia en salud mental, el abandono progresivo de abuelos, menores desprotegidos y en conflicto con la ley, y la reinserción de liberados en la sociedad.

Escrituraciones

En declaraciones al multimedio comunitario La Voz de San José, el Dr. Conte Grand respondió a una de las mayores inquietudes de los vecinos del barrio, las escrituraciones del Barrio 17 de Marzo: “No es un área que incumba al precisamente Poder Judicial sino que es una tarea del Ministerio de Justicia. Pero nosotros seguimos con interés esta situación porque, efectivamente, la entrega de viviendas regularizadas desde el punto de vista dominial es un paso muy importante para consolidar la presencia del Estado en aquellos ámbitos donde el crimen organizado combate con herramientas muy fuertes”.

Prensa Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de la Argentina 

Se trata de las salas de Necochea, Miramar, Tandil, Sasso, Hermitage, Mar de Ajo y Sierra de la Ventana.

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos llama a licitación para la modernización de siete casinos emplazados en diferentes puntos de la provincia y que, hasta el momento, funcionaban con una prórroga en su concesión. Se trata de las salas de juego de las ciudades de Necochea, Miramar, Tandil, Mar de Ajo y Sierra de la Ventana, y de las salas del Sasso y Hermitage de Mar del Plata.

Con esta nueva licitación, se busca que los oferentes inviertan en mejoras edilicias, modernicen las salas y la oferta de máquinas tragamonedas e impulsen espacios de entretenimiento competitivos turísticamente con ofertas gastronómicas y de espectáculos durante todo el año.

Se prevé un período de explotación por veinte años, con posibilidad de extenderse por uno más. La apertura de sobres está programada para el 8 de julio al mediodía en La Plata.

“Esto es un paso fundamental para la modernización y competitividad de los casinos de la provincia, a partir de un compromiso asumido en conjunto con la Provincia”, afirmó Gonzalo Atanasof, presidente del Instituto, y agregó: “No solo buscamos garantizar la continuidad de los trabajadores y mejorar sus condiciones laborales, sino también inversiones que ayuden a capitalizar el potencial turístico y de entretenimiento de cada sala”