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Mayo sin MESA
2 de mayo de 2026
usto en tiempos en que el consumo, el salario y el empleo retroceden en casi todo el país, la administración de Axel Kicillof suspenderá a partir de mayo y por 90 días la entrega del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA). La medida afecta a 2 millones de alumnos bonaerenses que llevan a sus casas unua caja que mensualmente contiene:una docena de huevos, una botella de aceite, un paquete de arroz, leche, levadura y harina, más una lata de tomate triturado, una de lentejas y otra de arvejas.
En efecto, desde el inicio de este mes y por 90 días, Kicillof suspendió la entrega del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA). La medida afecta a 2 millones de alumnos bonaerenses que llevan a sus casas una caja que mensualmente contiene alimentos básicos por unos $15.000.
La decisión fue formalizada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, mediante una resolución que establece una “reasignación de partidas” para garantizar el funcionamiento del sistema alimentario escolar considerado esencial. Todo en medio de una fuerte polémica con el Gobierno nacional por el recorte de fondos y en una creciente preocupación de los intendentes por la situación que atraviesan miles de familias en los municipios.
De hecho, en Ramallo la comuna avanza en la implementación de un programa alimentario propio para garantizar la asistencia a las familias del distrito. En este sentido, el intendente Mauro Poletti instruyó a las áreas municipales a diseñar un esquema de emergencia que garantice la continuidad del acompañamiento a las familias que más lo necesitan.
La medida se inscribe en el marco de la emergencia económica provincial y, según el texto oficial, responde a la “profunda recesión” y al “incumplimiento de transferencias automáticas y no automáticas” por parte del Estado nacional. Pese a esto, el Gobierno bonaerense anunció días atrás un aumento de los fondos para el Servicio Alimentario Escolar (SAE), la asistencia alimentaria a los municipios y un conjunto de programas sociales.
“El Gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles”, dijo Kicillof, y apuntó a la deuda de unos $220.000 millones que su ministro de Desarrollo Social le reclama a Sandra Pettovello, en conceptos de transferencia para financiar el SAE.
Estos dichos fueron tras la marcha de intendentes bonaerenses junto a la vicegobernadora Verónica Magario y Larroque a Capital Humano para reclamar el envío de fondos adeudados por el Gobierno nacional destinados al servicio alimentario de millones de chicos. Todos los alcaldes que estuvieron allí mostraron su preocupación porque entienden que cada vez es más complicada la situación de miles de familias vulnerables y con esta medida se agrava el panorama.
Sin embargo, la ministra evitó recibir la nota de reclamo y los recibió con un cartel frente a la sede porteña. “Intendentes diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben”, rezaba el texto sobre un cartel de 2 por 3 metros que tapaba una puerta.
Los detalles del MESA
Frente al recorte del MESA, la Provincia avanzó con otras medidas de alivio. Incrementó el 30% del SAE, por el cual 2.500.000 de alumnos de todos los niveles de escuelas públicas reciben desayuno, almuerzo y merienda, lo que requiere una inversión de 13 mil millones adicionales todos los meses. También subió un 25% lo destinado a programas sociales como el ENVION o Más VIDA y se duplican las transferencias para asistencia alimentaria que se entregan a municipios.
En 2020, durante la pandemia de Covid-19, el Plan Mesa fue lanzado como un refuerzo alimentario para suplir la falta de acceso a comedores escolares. La cantidad de productos se redujo notablemente, cuando en los primeros envíos, cada caja se conformaba de dos paquetes de harina, dos de arroz, dos de lentejas, fideos, dos aceites, dos sachets de leche, arvejas, una docena de huevos, levadura y salsa de tomate.
En la actualidad, contenía menos productos, pero era esperada por 2.070.000 personas, el total de cajas que se repartía. En localidades del conurbano como Tigre, llegaba a 40 mil familias, en algunas grandes del interior como San Nicolás a 14.000 mientras que en más pequeñas como Azul a 8.000 y Balcarce a unas 3.000.
Desde la Provincia argumentaron que el presupuesto necesario para sostener la asistencia hasta fin de año asciende a unos 200 mil millones de pesos. Algo que Nación, por el momento, no está dispuesto a liberar. dib
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Rescatan unas 150 personas que eran explotadas y vivían hacinadas
Unas 150 personas fueron halladas en un predio de La Plata, ubicado en las calles 185 y 80 en la localidad de Los Hornos, en condiciones de explotación laboral y vulnerabilidad, por la precariedad de las viviendas en las que estaban hacinadas varias familias.
El operativo fue llevado a cabo por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen organizado y la causa, a cargo de la UFI Nº15 de La Plata fue caratulada como "trata de personas – trabajo infantil".
La denuncia del caso fue presentada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), que advirtió sobre la presencia de una menor de 14 años trabajando en la cosecha de tomate. Lo cierto es que, al momento, confirmaron que había en el lugar 99 adultos y 51 menores explotados.
Durante la inspección, los agentes identificaron a una niña en silla de ruedas, quien fue trasladada junto a su madre con intervención del área local de Niñez y Adolescencia. También encontraron a un hombre de unos 30 años, con una situación de retraso madurativo, con la puerta de su vivienda cerrada con cadena y candado.
En el procedimiento, la fiscal María Cecilia Corfield ordenó el secuestro de cuatro teléfonos celulares pertenecientes a la asistente social Verónica Tumori (54), y a Fabio Agostinelli (54) y Tiziano Agostinelli (52) integrantes de la familia propietaria del lugar. Los tres presentan distintos grados de responsabilidad en la logística del predio y las condiciones en las que estaban las personas. Dib
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Libertad Avanza propone eliminar el impuesto de sellos
El bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense presentó un proyecto de ley para eliminar el impuesto de sellos sobre las operaciones realizadas con tarjeta de crédito en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, que parte del bahiense Oscar Liberman y fue firmada por 17 diputados del espacio, apunta a reducir una carga tributaria que “encarece el consumo formal y estimula la informalidad económica”.
Liberman, el autor de la propuesta, sostuvo que se trata de “un alivio fiscal para los contribuyentes que tendrá un impacto positivo en el consumo formal”. La medida busca derogar el artículo 252 del Código Fiscal bonaerense (Ley N° 10.397), que actualmente grava con una alícuota del 1,2% todos los débitos o cargos del período formalizados mediante tarjetas de crédito. Según el legislador, ese porcentaje eleva los costos de cada transacción y empuja a los usuarios hacia canales no declarados.
El proyecto también modifica el artículo 258 del mismo código y la Ley Impositiva vigente (Ley 15.558), en los tramos referidos al impuesto de sellos sobre este tipo de operaciones.
El argumento de Liberman también es de orden jurídico. El legislador señaló que el resumen de tarjeta de crédito no reúne las condiciones que la propia Ley de Coparticipación Federal exige para que un documento quede alcanzado por el gravamen. Según el artículo 9, inciso b, apartado 2 de esa norma, un instrumento sujeto al impuesto de sellos debe revestir “los caracteres exteriores de un título jurídico por el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente realicen los contribuyentes”.
Liberman afirmó que el resumen periódico de una tarjeta no cumple ese requisito porque no está firmado ni reconocido por su titular, y porque la Ley Nacional de Tarjeta de Crédito 25.065 establece en su artículo 39 que el emisor necesita documentación adicional para ejecutar un saldo impago.
“Del propio régimen legal de tarjetas de crédito se deduce que la liquidación o resumen periódico no constituye título suficiente para iniciar una acción judicial”, precisó el diputado.
A partir de ese razonamiento, Liberman concluyó que “la provincia de Buenos Aires no tiene potestad alguna para apartarse de la definición” que fija la coparticipación federal.
En esa línea, calificó el proyecto como “una corrección jurídica hacia un sistema tributario más justo” y rechazó que el fisco provincial deba intervenir en cada transacción privada: “El Estado no puede seguir viendo cada operación privada como una oportunidad para cobrar un impuesto más”.
La iniciativa fue acompañada por otros 16 legisladores del bloque libertario: Juan Osaba, Agustín Romo, Francisco Adorni, Maximiliano Bondarenko, Nahuel Sotelo Larcher, Geraldine Calvella, María Fernanda Coitinho, Oriana Colugnatti, Analía Corvino, Pablo Morillo, Luis Ontiveros, Sofía Pomponio, Carla Pannelli, Florencia Retamoso, Gastón Abonjo y Vera Chávez Ramón.
La presentación del proyecto se enmarca en una agenda más amplia de La Libertad Avanza orientada a la desregulación fiscal y la reducción del gasto estatal.
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Repudian ‘persecución política’ a universitarios liberales
Diputados y senadores provinciales de La Libertad Avanza (LLA) recibieron en la Legislatura bonaerense a un grupo de más de 50 estudiantes universitarios y militantes del espacio, quienes se acercaron para denunciar una “sistemática ola de persecución y hechos de violencia física e ideológica sufridos en distintas facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)”, según un comunicado. Los legisladores adelantaron que se presentará un proyecto de repudio contra estos hechos.
Al encuentro asistieron estudiantes de agrupaciones liberales que están presentes en 13 facultades de la UNLP, quienes contaron “cómo las agrupaciones y militantes de izquierda y del kirchnerismo intentan cancelar y amedrentar a quienes piensan distinto”.
Los legisladores y referentes de la juventud de LLA “se comprometieron a dialogar con las autoridades para erradicar la violencia política en los claustros y adelantaron que la semana próxima presentarán un proyecto de repudio por la seguidilla de hechos”.
“Es importante que sigamos dando la batalla en la Universidad. Les agradezco a todos los estudiantes que hoy se acercaron y que pese a estos hechos siguen defendiendo las ideas de la libertad de nuestro presidente Javier Milei”, dijo el vicepresidente de la Cámara de Diputados por LLA, Juanes Osaba.
Por su parte, el presidente del bloque de senadores de LLA, Carlos Curestis, destacó “el valor de los jóvenes que, a pesar de los intentos de amedrentamiento por parte de grupos violentos de izquierda, mantienen firmes las ideas de la libertad”. “Me siento orgulloso de ustedes que ante la adversidad siguen defendiendo sus convicciones”, dijo Curestis.
En el encuentro, además de Osaba y Curestis, estuvieron presentes los diputados Pablo Morillo, Geraldine Calvella, Analía Corvino y Maximiliano Bondarenko; el senador Matías de Urraza; el coordinador de la juventud del espacio, Sebastián Acuña, y la coordinadora nacional de juventud de LLA, Rocío Gómez.
“La universidad pública tiene que ser un faro de libertad y debate, no un aguantadero de violentos que actúan como dueños de un pensamiento único. Es importante que sigamos trabajando para que en unos años seamos muchos más los que defendamos las ideas de nuestro presidente Milei”, concluyó Acuña.
