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Eliminan restricciones para la exportación e importación de alimentos
20 de enero de 2025
El Gobierno flexibilizó las importaciones de alimentos pata forzar una baja de precios internos, al tiempo que removió trámites para facilitar la exportación y apuntalar la producción local. Lo hizo a través del Decreto 35/24 publicado este lunes en el Boletín Oficial.
El principal objetivo de la resolución es facilitar los controles comerciales e incentivar el comercio y la industria, y deriva en la modificación del Código Alimentario Argentino (CAA). El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, calificó a la medida como una “revolucionaria desregulación”.
“Buscamos alimentos más baratos para los argentinos y más alimentos argentinos para el mundo”, resumió el funcionario en la red social X.
En lo que respecta a las importaciones, el decreto establece que los alimentos con certificación en países de alta vigilancia podrán atravesar las fronteras de Argentina sin restricciones y serán automáticamente incorporados al CAA. Así, se eliminan las obligaciones de registrar y autorizar muestras, productos, establecimientos, depósitos, utensilios y envases que, según Sturzenegger, eran “32 hojas de trámites”.
En el Anexo III del decreto se enumeró los países que cuentan con certificaciones emitidas para los productos que se venden y que, por ello, quedarán eximidos de las exigencias tradicionales: Australia, Canadá, Confederación Suiza, Estados Unidos de América, Nueva Zelanda, Estado De Israel, Japón, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. También se incluyó a los integrantes de la Unión Europa.
El texto del decreto argumenta la medida busca evitar duplicar controles ya realizados en los países de origen, disminuir costos y agilizar los tiempos para los importadores.
“En los casos de importaciones desde países con los que rijan tratados de integración económica o acuerdos de reciprocidad, la Autoridad Sanitaria Nacional podrá también considerar satisfechas las exigencias de este Código, previa evaluación del sistema de control alimentario en cada país de origen”, se explica en uno de los enunciados del texto oficial.
Para el caso de las exportaciones, prosiguió el ministro en su explicación de la medida, se levantaron “todas las mochilas que le imponía el Estado argentino a los productores de alimentos”. Y agregó: “De ahora en más, no podrá pedirles nada, y solo estará para emitir los certificados que el productor le requiera por ser requerimientos del país importador. El Estado deja de molestar para ponerse al servicio del productor”.
Entre las medidas tomadas, el Gobierno destacó la inscripción en los Registros Nacionales de Productos Alimenticios (RNPA) y la declaración de sellos y advertencias nutricionales, en donde solo se debe completar una declaración jurada de importación.
“En estos meses, innumerables empresas nos comentaron las increíbles peripecias que tenían que sortear para satisfacer requerimientos locales que no eran solicitados por el mercado destino. A un productor que necesitaba certificar una muestra para ver si podía abrir el mercado de Estados Unidos le pedíamos que primero montara la fábrica. A vendedores de ajo que se iba a usar para hacer pasta en Asia les hacíamos medir el tamaño de cada cabeza (sic). En fin….El mandato de Milei es el de sacar al Estado del medio y facilitar la producción”, cerró Sturzenegger.
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Productores proponen administrar los caminos rurales
La Sociedad Rural de 9 de Julio presentó un proyecto a los bloques de concejales de ese distrito bonaerense para crear una Comisión Vial para la gestión de los caminos rurales. Estaría integrada por representantes de entidades agropecuarias y chacareros, la Cámara de Comercio local y funcionarios municipales, para administrar las obras viales y la red hidráulica rural del partido.
Para eso, el proyecto contempla la gestión del 85% de lo recaudado por el gobierno municipal del concepto de tasa vial y el 100% de los fondos provinciales asignados al partido para obras, informó La Nueva.
El presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enriquez, comentó que la presentación se desprende de un trabajo de cinco meses en donde se recolectó información de municipios en donde se llevaron a cabo proyectos similares, como Trenque Lauquen y Benito Juárez, y se lo adaptó a las necesidades locales.
“La idea es crear comisión de trabajo conformada por los productores, representados por las entidades, con un gerente técnico a cargo elegido por concurso y que esa comisión determine los fondos y ejecución de obras de toda la parte hidráulica y vial del partido, independientemente del municipio, con los fondos de la tasa vial y los afectados de la provincia a la parte vial”, agregó Enriquez, quien señaló que los concejales se interesaron en el proyecto.
Enrique señaló que “la gente que vive en la ciudad también trabaja en el sector rural de distintas formas y los recursos económicos que genera el campo se vuelcan en la ciudad. Además, dentro del sector rural hay pueblos, escuelas y muchas actividades que dependen de esos caminos”.DIB
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‘Las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre’
Durante la inauguración oficial de la 138 Exposición Rural de Palermo, el titular de la entidad, Nicolás Pino, protagonizó un fuerte discurso en el que exigió que las retenciones al agro dejen de existir “por ley y para siempre”. Tras recibir al presidente Javier Milei con un cálido abrazo, el dirigente agropecuario destacó los principales logros de la actual administración económica.
Pino subrayó que el sector productivo aportó más de 83.000 millones de dólares al país, divididos en 40.000 millones de la agricultura, 34.000 millones de la ganadería y 11.500 millones de las economías regionales. Además, recordó que desde 2002 el Estado acumuló unos 215.000 millones de dólares por este tributo, aunque ponderó que este Gobierno redujo la recaudación en unos 6.000 millones de dólares, fondos que según el sector se destinaron a reinversión y empleo.
En su alocución, el referente ruralista cuestionó con dureza a gobernadores e intendentes por el peso de los impuestos provinciales y tasas municipales. Denunció la existencia de aduanas internas por cobros al traslado de mercadería entre jurisdicciones y exigió frenar el manejo arbitrario del impuesto sobre los ingresos brutos para incentivar el arraigo rural.
El dirigente valoró los notables logros macroeconómicos, como la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria y la reducción del riesgo país, remarcando que la actividad genera más de 4 millones de empleos. Sin embargo, alertó sobre el mal estado de los caminos rurales, la necesidad de reactivar trenes y puertos, y reclamó un plan de infraestructura para prevenir inundaciones en la cuenca del Salado.
Hacia el cierre, Nicolás Pino defendió que los servicios ecosistémicos pertenecen legítimamente a la propiedad privada del productor agropecuario.
Sostuvo que en el país no existen los denominados “bienes comunes”, sino únicamente bienes públicos o privados, y concluyó pidiendo confianza en un sector que proyecta una revolución agropecuaria digital basada en tecnología y datos.
Gentileza radio Mitre
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‘No tendría problemas en venderle tierras a un extranjero’
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, respaldó la posibilidad de que inversores extranjeros compren tierras en el país. “No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero”, afirmó, y agregó que esas personas “no se van a llevar un pedazo de tierra para algún lado”.
El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone modificar la actual Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Esa norma establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada departamento o municipio, y que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo.
La versión más reciente de la reforma elimina esos límites para personas físicas y jurídicas extranjeras, aunque exige una autorización conjunta de la Nación y de la provincia correspondiente cuando la compradora sea una empresa con participación de Estados extranjeros.
Ese capítulo sobre la “extranjerización” de tierras es, según reconoce el propio oficialismo, el principal obstáculo para reunir los votos necesarios en el Senado. El tratamiento del proyecto se postergó la semana pasada ante la falta de respaldos y quedó reprogramado para el 6 de agosto.
La discusión interna llegó a escalar en un cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se manifestó en contra de ese punto de la reforma, y la senadora Patricia Bullrich, uno de cuyos asesores llegó a denunciar por amenazas a un colaborador de Villarruel.
En ese contexto se enmarca el respaldo de la Sociedad Rural. Pino ya había defendido la iniciativa la semana pasada, tras la primera postergación del debate: “Una vez más, el Poder Legislativo está frenando algo que es necesario. Es un proyecto muy necesario, no solo para el campo pero es necesario para toda la Argentina”, había dicho entonces. Sobre el punto específico de la compra de tierras por extranjeros, sostuvo que “esto ya ocurrió en los siglos XIX y XX; la Argentina también fue hecha por extranjeros, así que no hay que tener miedo”.
El titular de la entidad rural matizó, de todos modos, que pueden existir situaciones puntuales que ameriten alguna regulación, como la adquisición de campos para destinarlos a parques o reservas naturales, en referencia a casos en la Patagonia donde la expansión de fauna silvestre en tierras no productivas afecta a la ganadería ovina de los campos vecinos.
Desde el Gobierno remarcan que la apertura no alcanza a los Estados extranjeros como tales, sino únicamente a inversores privados, y que el objetivo de la reforma es atraer inversiones y dar mayor previsibilidad jurídica a la propiedad privada.
Sin embargo, el capítulo despertó resistencia que excede al kirchnerismo y la izquierda: sectores de la oposición dialoguista y varios gobernadores plantearon objeciones sobre el alcance de los cambios y sobre qué margen deberían conservar las provincias para regular el uso de sus tierras, un debate que se sostiene desde hace semanas y que todavía no está saldado dentro del propio oficialismo.
Con la letra del proyecto en revisión y la nueva fecha de tratamiento fijada para el 6 de agosto, en la mesa política del Gobierno se muestran confiados en destrabar esta vez la sanción: “Los votos van a estar”, aseguró uno de sus integrantes.
