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Inflación de marzo 11%

12 de abril de 2024

La inflación de marzo fue de 11% y registró en los últimos 12 meses un alza de 287,9%, informó este viernes el Indec. En el primer trimestre del año, de esta manera, la suba de precios acumuló un 51,6 por ciento. La inflación núcleo, que es la que mide la variación de precios sin tomar en consideración los valores estacionales o regulados, estuvo en el terreno de un dígito mensual y fue de 9,4 por ciento.

La inflación mostró una desaceleración en marzo. REUTERS La inflación mostró una desaceleración en marzo. REUTERS

El IPC del tercer mes del año marcó, así, la tercera desaceleración en términos mensuales tras el pico de 25,5% que marcó diciembre, el primer mes de mandato del gobierno de Javier Milei tras la liberación de precios y del salto cambiario. En enero el índice oficial había sido de 20,7% y en febrero, de 13,2 por ciento.

El ministro de Economía Luis Caputo había anticipado la semana pasada que el índice de precios estaría más cerca de 10% que del 13,2% de febrero, aún tomando en consideración que marzo suele ser un mes con un componente estacional muy alto por el inicio del ciclo lectivo que suele empujar hacia arriba la tasa de variación de precios del rubro Educación.

En un contexto de marcada recesión y de caída del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, la inflación volvió a ceder y tuvo entonces en marzo un ritmo menor. El mercado espera que desde mayo el IPC comience a mostrar un dígito mensual. La expectativa de inflación para 2024 tuvo un claro recálculo en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que hace el Banco Central, que pasó de 203,8% para todo 2024 hasta poco menos de 190 por ciento.

En abril comenzará a tener preponderancia otro componente esencial de la canasta que mide el Indec, que son los precios de los servicios públicos, principalmente la energía eléctrica y el gas, que tendrán fuertes aumentos en las boletas para usuarios residenciales y comerciales. Ese reajuste de tarifas amenaza con sumar algunos puntos porcentuales extra al IPC de los próximos meses.

Con todo, algunos indicadores clave empiezan a propiciar una baja de la nominalidad. Ante esa expectativa de una inflación más lenta, y con indicadores propios que ratificaron esa misma tendencia, el Banco Central se anticipó esta semana y en el marco de su estrategia de tasa de interés negativa, aplicó un nuevo recorte para dejarla en 70% nominal anual, lo que equivale a una tasa mensual de 5,8% nominal.

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Diputados debate Ley Malvinas

El recinto de la Cámara de Diputados abrirá este miércoles para sesionar en torno a un menú de proyectos impulsados por el Gobierno, entre los que se destacan la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La sesión especial, pedida por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y por otros diputados del oficialismo, comenzará a las 12 del mediodía y se espera un largo debate que culminará a altas horas de la madrugada.

El temario también incluye los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de delitos de menores y de los delitos contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio –AELC– y el Mercado Común del Sur –MERCOSUR–, y la enmienda al Protocolo de Montevideo.

Ley Malvinas
El oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar en general el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, también conocido como "Ley Malvinas", pero podría sufrir la amputación de un capítulo entero que es resistido por sectores dialoguistas.

El jueves pasado el oficialismo intentó alinear a sus aliados en un encuentro a puertas cerradas en el Salón de Honor, y se llevó reacciones diversas: el PRO y la UCR se comprometieron a apoyar el texto con o sin modificaciones, mientras que Provincias Unidas, Argentina Federal y hasta la monobloquista radical Karina Banfi exigieron cirugía mayor en el capítulo 7 a cambio de los votos.

El oficialismo solamente prometió retoques menores, lo que maximiza el riesgo de que el capítulo entero sea guillotinado en la votación en particular.

Una vez que se vote en general, se pasará al desglose por capítulos y el 7 en particular necesita una mayoría especial de 129 votos para su aprobación porque propone, entre otros elementos, cambios al sistema electoral (aplica multas a extranjeros que financien campañas electorales).

Esa cantidad de votos no está garantizada y por ese motivo no se descarta que el Gobierno acepte a último momento quitar el capítulo para aglutinar respaldo amplio en torno al núcleo duro de sanciones a empresas petroleras que operan sin autorización argentina en el Atlántico Sur.

El capítulo también aplica penas por organizar o colaborar con operaciones de inteligencia a cuenta de un Estado extranjero contra la seguridad nacional argentina, por revelar secretos de Estado a un país extranjero, y por participar de campañas de sabotaje contra el Gobierno o la población nacional.

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A raíz de la lluvia de críticas que recibió en su momento el proyecto, el Gobierno aceptó dejar afuera de cualquier tipo de persecución penal o económica a la actividad diplomática, el ejercicio periodístico, la investigación académica y el lobby regulado.

El proyecto propone un régimen sancionatorio (penal y económica) por la explotación sin autorización argentina de recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas, con penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas de empresas, socios y proveedores (se deja afuera a los accionistas con participaciones de hasta un 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta en las operaciones).

Si bien esta parte de la ley es aceptada por la oposición dura, no sucede lo mismo respecto con el resto del proyecto, especialmente con la propuesta de aumentar de las competencias del Poder Ejecutivo para actuar ante la irrupción de una vagamente definida "amenaza externa".

Para el peronismo y la izquierda, el proyecto del Gobierno es un "caballo de Troya" que esconde una inédita concentración de poder en el Poder Ejecutivo para que tome medidas de excepción como si fueran normales.

Esto se refleja en las funciones que adquiere el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano nuevo encargado de coordinar la estrategia unificada de seguridad, defensa e inteligencia estatégica que será presidido por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.

A pedido de bloques aliados, el oficialismo aceptó ampliar la integración del Consejo con la incorporación como miembros no permanentes del presidente de la Cámara de Diputados, del presidente provisional del Senado y de gobernadores.

Entre sus funciones se encuentra la protección de infraestructuras críticas y podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza externa grave, como por ejemplo restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.

El protocolo para el derribo de aeronaves y hundimiento de buques y la autorización para que las Fuerzas Armadas puedan participar en "operaciones no convencionales" son algunos de los puntos más controversiales que se mantienen en pie en la reforma.

Este elemento es uno de los que más levanta críticas por el hecho de que se desdibuja la separación de las funciones y facultades entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, permitiendo que estas últimas se desempeñen en Seguridad Interior.

Una modificación que el oficialismo concedió a pedido del diputado Eduardo Falcone (MID) es la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento dentro del Congreso encargada de auditar y monitorear las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional.

Según se establece en el articulado, el Poder Ejecutivo deberá informar a la bicameral las medidas tomadas en el ámbito del Consejo en un plazo máximo de 48 horas.

Un punto polémico de la reforma es que le da rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y habilita la inscripción de organizaciones en esa lista negra solamente si hay "motivos razonables para sospechar".

Para la oposición, los conceptos de "terrorismo" y "amenaza externa" aparecen en el proyecto con una definición muy laxa, sin precisión técnica y abren la puerta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para perseguir la disidencia legítima y restringir libertades civiles y políticas.

Reforma del Banco Central
El otro tema que demandará varias horas de debate durante la sesión es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Al oficialismo no le dio la nafta para poder firmar en comisiones un dictamen insistiendo con la redacción original aprobada en Diputados, que establecía una suerte de cerrojo institucional para que en un futuro no viniera una administración de otro signo político y pudiera remover directores con facilidad y volver a "prender la maquinita" de la emisión "inflacionaria".

Aquella media sanción establecía el requisito de una mayoría de las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras para poder remover directores del Banco Central.

El Senado corrigió ese mecanismo y lo reemplazó por una mayoría absoluta únicamente del pleno de la Cámara alta para poder sacar integrantes del directorio.

Después de amagar con volver al proyecto original, el oficialismo en Diputados tuvo que aceptar a regañadientes los cambios aplicados en el Senado, que le quitan a Diputados voz y voto en la designación y remoción de funcionarios del Banco Central.

Al margen de los cambios en el mecanismo de integración del directorio y de las mayorías necesarias para incorporar o remover a sus miembros, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica busca consolidar como principio rector la idea de "emisión cero".

Para el Gobierno, no alcanza con sanear el balance del Banco Central en la actualidad si una gestión futura puede "volver a prender la maquinita" y generar inflación.

De esta manera, la iniciativa elimina la multiplicidad de propósitos que estaba presente en la ley 26.739 de 2012, sancionada a instancias del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para pasar a un modelo de mandato único: la preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento al Tesoro. NA

Foto Gentileza Agencia NA (DANIEL VIDES)

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Yerba mate y vino, 30 y 45 meses en rojo

Ocho de las 19 economías regionales que sigue la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) continúan en rojo, según su último Semáforo: la yerba mate acumula 30 meses en esa zona y la vitivinicultura, 45.

El tablero casi no cambió respecto de agosto: cinco actividades están en verde, seis en amarillo y ocho en rojo. La única novedad fue la de las hortalizas, que salieron de la zona crítica por una mejora en su rentabilidad. Además de yerba y vino, están en rojo el arroz, el mosto, el algodón, la leche, la mandioca, la actividad forestal y los cítricos dulces.

La paradoja yerbatera
Pese a que el consumo interno subió a 6,2 kilos por habitante por año y las exportaciones crecieron 10%, hasta US$132 millones, la tonelada de hoja verde se paga alrededor de $280.000, lo mismo que un año atrás. Con una inflación interanual de 33,4%, eso implica una pérdida real cercana al 25%, y la participación del productor en el precio final cayó al 16%, frente a un promedio histórico del 21%.

Un relevamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate estimó que producir un kilo de hoja verde cuesta $473,70, mientras que los secaderos pagaban entre $240 y $300.

Desregulación y reclamos
El sector atribuye parte del problema a la desregulación: el DNU 70/2023 y el decreto 812/2025 quitaron al instituto la facultad de fijar el precio de la materia prima. El ministro Federico Sturzenegger sostiene que el organismo debe ocuparse de la calidad y la promoción. En Misiones, el ministro del Agro, Facundo López Sartori, calculó que la economía yerbatera perdió más de $1,44 billones desde diciembre de 2023.

En el caso del vino, la actividad no sale de la zona crítica desde enero de 2023 y, desde 2018, estuvo en rojo en siete de cada diez meses.

Leé también: En Argentina cayó el consumo de la yerba y la carne, pero el vino resistió

Fuente: Coninagro

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‘Hay que cambiar el chip’, sin odio ni lenguaje violento

En el vuelo de regreso a Roma, León XIV habló de una polarización «intencionalmente provocada» y alimentada por algoritmos, y contó cómo fueron sus charlas con Milei.

El papa León XIV pidió «cambiar el chip» en la Argentina y apuntar al diálogo, durante la conferencia de prensa que ofreció a bordo del avión que lo llevó de Lima a Roma al cierre de su gira por Uruguay, Argentina y Perú.

«Va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento», dijo el Pontífice ante unos 80 periodistas, según relataron La Nación e Infobae. También advirtió que la polarización no es casual: habló de una sociedad que se dejó llevar por algoritmos y de una grieta que, en muchas situaciones, fue «intencionalmente provocada».

CON MILEI

León XIV repasó sus reuniones con el presidente Javier Milei y aclaró que su mensaje no es político ni de derecha ni de izquierda. Contó que conversaron sobre su encíclica Magnifica humanitas, sobre economía y sobre el respeto por el ser humano en todas sus etapas, y que lo animó a «tomar más en consideración, sobre todo, a los más necesitados dentro de la sociedad argentina».

El Papa destacó además la apertura del mandatario a escuchar ese mensaje, tanto en la llegada como en la despedida. Recordó que Milei y Francisco representaban «líneas políticas muy distintas» y, sin embargo, se llevaban bien. Prefirió no responder por qué Francisco no viajó a la Argentina durante su pontificado.

Desde la doctrina social de la Iglesia, planteó la necesidad de una distribución más equitativa de la riqueza para evitar fenómenos como la reducción o eliminación de la clase media, y de fortalecer a la clase obrera para que pueda vivir con más dignidad. Pidió además que la dirigencia política trabaje unida para mejorar las condiciones de vida de todo el pueblo.

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