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Vialidad: Fiscal pidió que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años

26 de febrero de 2024

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, reclamó hoy que se condene a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como «jefa de asociación ilícita» y se le fije una pena de 12 años de prisión, en base a lo reclamado durante el juicio en la causa «Vialidad».

Villar solicitó al máximo tribunal penal federal del país que «se condene a Cristina Kirchner como jefa de asociación ilícita», delito por el cual resultó absuelta en 2022, al término del juicio por el desvío de obra pública nacional a favor del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante su gobierno.

La exvicepresidenta resultó condenada a seis años de prisión por «administración fraudulenta agravada» pero el Tribunal Oral Federal 2 la absolvió en voto dividido por el cargo de asociación ilícita.

El fiscal que actuó en el juicio Diego Luciani había reclamado doce años de cárcel.

Ahora, al fundamentar y mantener la apelación para agravar la condena a la ex Presidenta, Villar reclamó también que se condene como organizadores de la asociación ilícita al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al empresario Báez y al exsecretario de Obras Públicas José López

En el caso de De Vido resultó absuelto por todos los delitos en el juicio, mientras que los restantes recibieron condenas por «administración fraudulenta»

Villar reclamó al cerrar su exposición, que comenzó a las 11 y finalizó poco antes de las 13, que se revoquen las absoluciones a otros dos exfuncionarios, Abel Fatala y Carlos Kirchner;, que se confirme la condena a todos los demás imputados por administración fraudulenta y que quede firme el decomiso de dinero ordenado por el Tribunal Oral Federal 2.

Al inicio de su exposición, Villar afirmó que durante el gobierno de Cristina Kirchner hubo «una verdadera asociación criminal» integrada por funcionarios del Estado Nacional, quienes decidieron «desviar fondos hacia ellos mismos»

Lo hizo al comenzar a exponer ante la Sala IV del máximo tribunal penal del país, en la primera audiencia de revisión de la condena a seis años de prisión para la expresidenta por administración fraudulenta y ratificó que pediría que también recibiera pena por «asociación ilícita».

Además, cuestionó la absolución en el juicio por desvío de la obra pública en Santa Cruz del exministro De Vido, también apelada por la fiscalía.

«Cada ministro es responsable de los actos que legaliza», es decir «que tiene responsabilidad por las resoluciones de su competencia», remarcó Villar.

«Ratifico el delito de asociación ilícita, integrada por Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti y Lázaro Báez», sostuvo el fiscal en relación a esta calificación por la cual los cinco resultaron absueltos al término de un juicio oral.

La expresidenta y el empresario Báez resultaron condenados a 6 años de prisión por administración fraudulenta pero la fiscalía de juicio, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, había reclamado 12 años al incluir la «asociación ilícita».

En la etapa de revisión en Casación que comenzó hoy, el fiscal Villar mantuvo la apelación de sus pares ante el Tribunal Oral Federal 2 y sostuvo que la asociación ilícita «realizó los desvíos» de dinero y «se organizó para realizar estas defraudaciones»

Ante los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, el fiscal remarcó que las empresas de Lázaro Báez se adjudicaron 51 licitaciones entre 2003 y 2015 cuando «funcionarios en las estructuras formales del Estado crearon una asociación ilícita para el desvío de los fondos del Estado» hacia el dueño de Austral Construcciones.

«Para ello la obra vial se pone bajo la órbita del Ministerio de Planificación y se designa a Julio De Vido», el exministro que resultó absuelto en el juicio por el TOF 2 pero que la fiscalía pidió ahora condenar.

Báez «se convirtió en uno de los participantes, quien recibiría el dinero por la supuesta obra pública. Se necesitaba un empresario que estuviera dispuesto», dijo el fiscal al exponer en la sala AMIA del edificio judicial de Comodoro Py 2002, en un trámite presencial al que asistieron los defensores de los imputados.

Subrayó que para lograr «el fin delictivo» se «construyó un esquema de corrupción para manipulación de la obra pública en Santa Cruz» y el Tribunal Oral Federal 2 incurrió en un «razonamiento arbitrario» al descartar la asociación ilícita «a los cinco miembros»

El 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral 2 dio a conocer la primera condena a la expresidenta, cuyos fundamentos se difundieron al año siguiente, y se abrió así el período para las apelaciones presentadas por la fiscalía y las defensas.

Se trató de un veredicto dividido en lo relativo a la condena pedida por el delito de «asociación ilícita»: los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a Fernández de Kirchner, a Báez y a otros imputados por este delito, en tanto el tercer magistrado, Andrés Basso, votó a favor de la condena.

Los tres jueces coincidieron en que existió un delito de «administración fraudulenta» en la adjudicación a empresas de Báez, entre ellas «Austral Construcciones», de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y constituyó «un hecho de corrupción estatal» que derivó en un «perjuicio descomunal» a las arcas públicas, indicaron.

Las penas también alcanzaron a los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez; todos recibieron condenas de entre 3 y 6 años de prisión.

Al igual que la expresidenta, fueron condenados a seis años de prisión Báez -como partícipe necesario de la defraudación- Periotti y López.

Según la acusación, el 80% de la obra vial fue asignada a empresas del grupo Báez y se cometieron irregularidades como el pago de sobreprecios y la falta de controles.

El juicio se inició el 21 de mayo de 2019 y tanto Cristina Kirchner como Báez llegaron a ese momento procesados por presunta «asociación ilícita agravada por su calidad de jefe» y «administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública».

Las audiencias ante Casación continuarán el 29 de febrero con el inicio de la exposición de las defensas, en tanto los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, expondrán el 7 de marzo desde las 10.

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Arde Chubut: evacúan otra localidad y cierran un tramo de la Ruta 40

El distrito de El Hoyo, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales de Chubut, ordenó la autoevacuación preventiva del paraje El Pedregoso, así como otras zonas con pobladores como callejón de Núñez y sectores de Aldea San Francisco, ante el avance del fuego que se inició el 5 de enero en la región andino-patagónica y que ya afectó a más de 5.000 hectáreas

El operativo de emergencia, coordinado por Protección Civil, incluyó la disposición de micros en puntos estratégicos para el traslado de residentes hacia la Escuela Nº 223, ubicada con salida a la Ruta Nacional 40. Se indicó a la población evacuar únicamente con pertenencias esenciales y seguir las instrucciones del personal de emergencia.

Como ocurrió en otras localidades de Chubut, la medida apunta a resguardar la integridad de los habitantes, que en los últimos días superó los 3000 evacuados.

El Pedregoso se ubica en la zona que lo cruza el homónimo arroyo. Está en el departamento Cushamen, a pocos kilómetros al sur de El Hoyo. Durante muchos años, fue considerada un paraje rural con población dispersa y escasa relevancia demográfica, aunque muy afectada por los incendios forestales en los últimos años.

La medida apunta a mitigar las llamas que irradiaron desde las inmediaciones de Puerto Patriada y el lago Epuyén, y que se expandió rápidamente por la sequedad de los matorrales y el bosque andino-patagónico.

El avance de las llamas obligó a evacuar a más de 3.000 personas y destruyó al menos diez viviendas en Epuyén, confirmó el secretario de Bosques, Abel Nievas. Miles de residentes y turistas permanecen fuera de sus hogares mientras continúa el despliegue de recursos para intentar contener el avance del fuego. Según la información oficial, el desastre ya consumió 3.500 hectáreas de bosque nativo.

Este sábado, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, consideró que este fenómeno se agravó por la “mayor sequía desde 1965”, según explicó al canal TN. El mandatario describió la situación como “una de las peores emergencias ambientales que recuerda la provincia”.

En la provincia, más de 300 brigadistas, voluntarios y vecinos que desde hace días combaten el fuego en condiciones extremas. “Hoy estamos todos, espalda con espalda, para defender la localidad de El Hoyo”, enfatizó el mandatario. “Todos los años hay incendios, accidentales o intencionales, pero ahora cualquier foco que inicie tiene un crecimiento exponencial que es muy difícil de controlar”, caracterizó Torres. Y añadió que las condiciones meteorológicas tampoco colaboran: “Ayer sabíamos que estas 48 horas eran críticas, más allá de la temperatura. Ayer el viento no ayudó, hoy van a ser ráfagas de entre 60 y 70 kilómetros por hora”.

En cuanto a los recursos desplegados, Torres informó que el operativo cuenta con apoyo de brigadistas provenientes de varias provincias y de Chile, así como medios aéreos destacados, entre ellos el Boeing 737 Fireliner, capaz de descargar 15.000 litros de agua por vuelo. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta naranja por calor extremo en el oeste provincial, con temperaturas superiores a 25 °C y vientos sostenidos de hasta 41 km/h registrados en la zona.

Sobre el origen del incendio, el gobernador señaló que en el Parque Nacional Los Alerces, el fuego fue provocado por una tormenta eléctrica, producto de un rayo. Sin embargo, en El Hoyo y Puerto Patriada, la investigación apunta a un inicio intencional. “La fiscalía encontró acelerante, concretamente combustible, y se está trabajando con seriedad en la investigación”, precisó. El gobernador insistió en que “este incendio no puede quedar en la nada” y subrayó que la sociedad exigirá una sanción ejemplificadora.

El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, calificó la situación en Puerto Patriada como de “alerta permanente” y confirmó que la investigación judicial se centra en determinar responsabilidades por la presunta intencionalidad del fuego.

El monitoreo de la Ruta 40 y la vigilancia sobre otros focos en Río Negro, Neuquén y Santa Cruz continúan bajo la supervisión del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, que recomendó a la población circular solo ante necesidad extrema.

El actual incendio en la región se desarrolla en un contexto de sequía extrema, marcado como el verano más seco de la última década. Las condiciones climáticas excepcionales han elevado el riesgo de propagación de focos, con temperaturas elevadas y un nivel de humedad notablemente bajo que favorecen la inflamabilidad del terreno.

El antecedente más cercano de incendios forestales se registró hace solo un año, cuando Epuyén sufrió un incendio que devastó entre 2.300 y 3.000 hectáreas, obligando a la evacuación de más de 200 familias y dejando decenas de viviendas afectadas.

Un grupo de casin una veintena de organizaciones ambientalistas responsabilizó al Gobierno por la magnitud de los incendios forestales en Chubut, al denunciar recortes y subejecución de fondos en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y otras áreas de prevención.

En el documento, que lleva la firma Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace Argentina, Observatorio Petrolero Sur (OPSur) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, entre otras, se denuncia la “inacción climática estatal” y el ajuste en el gasto público que agrava la situación de los incendios en la Patagonia.

El texto, titulado “La inacción climática estatal vuelve a empeorar los incendios en la Patagonia”, advierte que estos megaincendios “son consecuencia directa de decisiones humanas” y no hechos aislados, y subrayan que “los incendios que actualmente atraviesan la Patagonia son otro de los síntomas alarmantes de los impactos de la crisis climática global, cuya causa principal es la quema de combustibles fósiles”.

Las organizaciones destacan que “la inacción estatal en materia de mitigación y prevención” agrava la situación, y critican el “crecimiento desmedido de extensas plantaciones forestales con especies exóticas invasoras y profundamente adaptadas a un régimen mayor de incendios, como los pinos, sumado al desmanejo y la falta de regulación respecto de estos pinares”.

“El crecimiento demográfico exponencial y la falta de planificación urbana, la desinformación y los reiterados intentos de modificar la legislación respecto del uso del suelo, con marcados intereses inmobiliarios y de otro tipo, crean las condiciones para agravar los efectos devastadores del fuego”, agrega el texto.

La declaración denuncia el “desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que pone en riesgo la estructura del organismo responsable no solo de la supresión y el combate de incendios, sino también de las indispensables tareas de prevención”. Precisan que en 2024, “el Gobierno ejecutó apenas el 22% del presupuesto estatal asignado” al área, pese a que fue “el año con la mayor cantidad de focos ígneos de al menos los últimos ocho años”.

En 2025, “la subejecución presupuestaria volvió a repetirse: el SNMF dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignados, lo que equivale a casi $20.000 millones que podrían haberse destinado a mejorar la infraestructura, el equipamiento, las capacitaciones y las condiciones laborales de las y los brigadistas”.El incendio forestal mantiene enEl incendio forestal mantiene en alerta a miles de residentes y turistas.

Según las entidades, “durante la última temporada de incendios en la Patagonia, la superficie de bosques afectados por incendios forestales se cuadruplicó: pasó de 7.747 hectáreas entre octubre de 2023 y marzo de 2024, a 31.722 hectáreas entre octubre de 2024 y marzo de 2025”. Además, citan advertencias de investigadores del CONICET, quienes sostienen que “esta tendencia creciente aumentaría por seis hacia fines del siglo XXI”.

Ante el 2026, las ONGs remarcaron que la partida presupuestaria del SNMF contará con $20.131 millones, lo que implica “una caída real del 69% con respecto a 2023 y del 78,5% con respecto a 2025”. A esto se suma la reducción en “las horas de vuelo previstas y ejecutadas” y en los “informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios”, instrumentos que califican de “clave para un enfoque preventivo”. Infobae/TN

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Megaproyectos minerales

En el marco de la presentación de megaproyectos minerales para la Argentina, el presidente Javier Milei recibió este jueves a los ejecutivos del proyecto Vicuña, que explotará una de las mayores reservas de cobre, oro y plata del mundo, en la provincia de San Juan.

La empresa incluye una alianza de dos gigantes de la minería como BHP -la más grande del mundo- y Lundin Mining, y aplicaron al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Vicuña trabaja a más de 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar en los depósitos Josemaria y Filo del Sol.

Ahora, busca que el Gobierno lo declare como un Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) para proteger jurídicamente su actividad y destinar unos 2.000 millones de dólares en los primeros dos años a partir de que se apruebe su solicitud de RIGI.

El total de la inversión garantizada rondaría los US$ 15.000 millones, una de las mayores inversiones extranjeras directas de la historia argentina, pero el número certero se conocerá a lo largo de este año.

En el primer trimestre de 2026, Vicuña presentará un informe técnico donde se definirá cómo funcionará el proyecto, las campañas de perforación, los objetivos, la infraestructura necesaria y otros servicios asociados.

En 2025, las mineras BHP (Australia) y Lundin Mining (Canadá) desembolsaron unos US$ 400 millones en San Juan, cifra que aproximadamente duplicó lo del año anterior y que en 2026 podría volver a duplicarse.

Los fondos serán destinados a campañas de perforación; trabajos previos necesarios antes de comenzar la pre-construcción, como, por ejemplo, caminos hacia la mina y el campamento-; y la contratación de proveedores, en gran parte locales, como el servicio de catering, que fue adjudicado a la sanjuanina Caterwest, del empresario Martín Ossa.

Junto a Milei en Casa Rosada estuvo el canciller, Pablo Quirno, y por parte de las empresas participaron Jack Lundin, CEO de Lundin Mining; Carlos Ramírez, vicepresidente en BHP de la Joint Venture Vicuña y presidente del Directorio; Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp.; y José Morea, director para Argentina y Chile de Vicuña Corp.

Según se comunicó, "durante el encuentro se destacó la importancia de continuar avanzando con la agenda de reformas para acelerar inversiones de gran escala, con previsibilidad y reglas claras".

Entre ellas está la adaptación de la "Ley de Glaciares", cuya discusión se reactivará en el Congreso a partir de febrero.

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Nuevo régimen para los subsidios de luz y gas

Con la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el gobierno conformó un nuevo esquema de unificación para los subsidios de luz y gas. Este sistema incluye a los servicios de energía eléctrica, gas propano indiluido, gas natural por red y garrafas de gas licuado de petróleo hasta 10 kilos.

La política quedó oficializada el pasado viernes 2 de enero en Boletín Oficial. Son los subsidios energéticos de jurisdicción nacional los que se verán unificados. Esta medida redefine los criterios de acceso y de exclusión a la hora de acceder a este beneficio y también los porcentajes de asistencia.

Aquellas personas que ya estaban inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) no necesitan realizar nuevamente el trámite, ya que los datos migran automáticamente al nuevo registro con posibilidad de actualización mediante declaración jurada.

Sin embargo, los antiguos beneficiarios del Programa Hogar, personas que acceden a la Tarifa Social de gas y los usuarios de garrafas sí deben inscribirse en el nuevo registro para continuar recibiendo el beneficio.

Los usuarios pueden inscribirse en www.argentina.gob.ar/subsidios.

El trámite requiere de los siguientes elementos:

  • Número de medidor y/o número de cliente o servicio
  • DNI vigente de los integrantes del hogar
  • CUIL de las personas mayores a 18 años
  • Dirección de correo electrónico
  • El detalle sobre los ingresos familiares y servicios utilizados

En particular, la nueva normativa elimina el esquema anterior de segmentación de subsidios en tres niveles de ingresos (N1, N2, N3) y unifica a todos los beneficiarios en una sola categoría de usuarios residenciales que requieren asistencias.

Es que el nuevo régimen oficializado por el gobierno contempla solo dos grupos de usuarios: hogares con subsidio y hogares sin subsidio.

El objetivo del nuevo esquema es "trasladar a los usuarios los costos reales de la energía; promover la eficiencia energética y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado”, según detalla el Decreto 943/2025.

Los hogares que podrán solicitar esta asistencia social serán aquellos cuyos ingresos netos totales, teniendo en cuenta a todos sus integrantes, sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 (un monto estimado de $3.771.987 según datos a noviembre de 2025 del Indec).

Mientras tanto, se encuentra habilitado un espacio de consulta pública sobre el nuevo régimen, donde cualquier persona puede expresar opiniones u observaciones: 

En la medida se establecen bloques de consumo base subsidiado para la energía eléctrica: 300 kWh para los meses de mayor demanda (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre) y 150 kWh para el resto del año. En electricidad, la asistencial estatal base cubrirá el 50% del costo sobre el bloque subsidiado.

Para las tarifas de gas, la bonificación también será del 50% para los meses de mayor consumo (entre abril y septiembre). En los meses de bajo consumo, no habrá subsidios.

Según se expresa en el decreto publicado este viernes, durante el mes de enero habrá una bonificación adicional del 25% para la energía eléctrica y el gas natural de forma excepcional.

De este modo, las tarifas de luz tendrán un subsidio total del 75%, y el gas, que no tiene subsidios durante el verano, un descuento del 25% durante el primer mes del año. Ese plus se reducirá gradualmente en un 2% mensual hasta desaparecer en diciembre de 2026.

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