País
Vialidad: Fiscal pidió que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años
26 de febrero de 2024
El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, reclamó hoy que se condene a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como «jefa de asociación ilícita» y se le fije una pena de 12 años de prisión, en base a lo reclamado durante el juicio en la causa «Vialidad».
Villar solicitó al máximo tribunal penal federal del país que «se condene a Cristina Kirchner como jefa de asociación ilícita», delito por el cual resultó absuelta en 2022, al término del juicio por el desvío de obra pública nacional a favor del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante su gobierno.
La exvicepresidenta resultó condenada a seis años de prisión por «administración fraudulenta agravada» pero el Tribunal Oral Federal 2 la absolvió en voto dividido por el cargo de asociación ilícita.
El fiscal que actuó en el juicio Diego Luciani había reclamado doce años de cárcel.
Ahora, al fundamentar y mantener la apelación para agravar la condena a la ex Presidenta, Villar reclamó también que se condene como organizadores de la asociación ilícita al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al empresario Báez y al exsecretario de Obras Públicas José López
En el caso de De Vido resultó absuelto por todos los delitos en el juicio, mientras que los restantes recibieron condenas por «administración fraudulenta»
Villar reclamó al cerrar su exposición, que comenzó a las 11 y finalizó poco antes de las 13, que se revoquen las absoluciones a otros dos exfuncionarios, Abel Fatala y Carlos Kirchner;, que se confirme la condena a todos los demás imputados por administración fraudulenta y que quede firme el decomiso de dinero ordenado por el Tribunal Oral Federal 2.
Al inicio de su exposición, Villar afirmó que durante el gobierno de Cristina Kirchner hubo «una verdadera asociación criminal» integrada por funcionarios del Estado Nacional, quienes decidieron «desviar fondos hacia ellos mismos»
Lo hizo al comenzar a exponer ante la Sala IV del máximo tribunal penal del país, en la primera audiencia de revisión de la condena a seis años de prisión para la expresidenta por administración fraudulenta y ratificó que pediría que también recibiera pena por «asociación ilícita».
Además, cuestionó la absolución en el juicio por desvío de la obra pública en Santa Cruz del exministro De Vido, también apelada por la fiscalía.
«Cada ministro es responsable de los actos que legaliza», es decir «que tiene responsabilidad por las resoluciones de su competencia», remarcó Villar.
«Ratifico el delito de asociación ilícita, integrada por Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti y Lázaro Báez», sostuvo el fiscal en relación a esta calificación por la cual los cinco resultaron absueltos al término de un juicio oral.
La expresidenta y el empresario Báez resultaron condenados a 6 años de prisión por administración fraudulenta pero la fiscalía de juicio, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, había reclamado 12 años al incluir la «asociación ilícita».
En la etapa de revisión en Casación que comenzó hoy, el fiscal Villar mantuvo la apelación de sus pares ante el Tribunal Oral Federal 2 y sostuvo que la asociación ilícita «realizó los desvíos» de dinero y «se organizó para realizar estas defraudaciones»
Ante los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, el fiscal remarcó que las empresas de Lázaro Báez se adjudicaron 51 licitaciones entre 2003 y 2015 cuando «funcionarios en las estructuras formales del Estado crearon una asociación ilícita para el desvío de los fondos del Estado» hacia el dueño de Austral Construcciones.
«Para ello la obra vial se pone bajo la órbita del Ministerio de Planificación y se designa a Julio De Vido», el exministro que resultó absuelto en el juicio por el TOF 2 pero que la fiscalía pidió ahora condenar.
Báez «se convirtió en uno de los participantes, quien recibiría el dinero por la supuesta obra pública. Se necesitaba un empresario que estuviera dispuesto», dijo el fiscal al exponer en la sala AMIA del edificio judicial de Comodoro Py 2002, en un trámite presencial al que asistieron los defensores de los imputados.
Subrayó que para lograr «el fin delictivo» se «construyó un esquema de corrupción para manipulación de la obra pública en Santa Cruz» y el Tribunal Oral Federal 2 incurrió en un «razonamiento arbitrario» al descartar la asociación ilícita «a los cinco miembros»
El 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral 2 dio a conocer la primera condena a la expresidenta, cuyos fundamentos se difundieron al año siguiente, y se abrió así el período para las apelaciones presentadas por la fiscalía y las defensas.
Se trató de un veredicto dividido en lo relativo a la condena pedida por el delito de «asociación ilícita»: los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a Fernández de Kirchner, a Báez y a otros imputados por este delito, en tanto el tercer magistrado, Andrés Basso, votó a favor de la condena.
Los tres jueces coincidieron en que existió un delito de «administración fraudulenta» en la adjudicación a empresas de Báez, entre ellas «Austral Construcciones», de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y constituyó «un hecho de corrupción estatal» que derivó en un «perjuicio descomunal» a las arcas públicas, indicaron.
Las penas también alcanzaron a los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez; todos recibieron condenas de entre 3 y 6 años de prisión.
Al igual que la expresidenta, fueron condenados a seis años de prisión Báez -como partícipe necesario de la defraudación- Periotti y López.
Según la acusación, el 80% de la obra vial fue asignada a empresas del grupo Báez y se cometieron irregularidades como el pago de sobreprecios y la falta de controles.
El juicio se inició el 21 de mayo de 2019 y tanto Cristina Kirchner como Báez llegaron a ese momento procesados por presunta «asociación ilícita agravada por su calidad de jefe» y «administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública».
Las audiencias ante Casación continuarán el 29 de febrero con el inicio de la exposición de las defensas, en tanto los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, expondrán el 7 de marzo desde las 10.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
