País
Judiciales reclaman por 800 vacantes
16 de noviembre de 2023
El titular de la AJB, Hugo Russo, habló del impacto negativo de las casi 800 vacantes que tiene la Justicia bonaerense y volvió a reclamar una silla para el gremio en el Consejo de la Magistratura.
El secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Hugo Russo, salió a marcar posición sobre el impacto negativo que generan las casi 800 vacantes que arrastra la Justicia de la provincia de Buenos Aires, reclamó una silla para el gremio en el Consejo de la Magistratura, órgano a cargo de seleccionar a los postulantes a magistrados, y volvió a quejarse por la falta de presupuesto, que se profundizó durante la gestión de la exgobernadora de Cambiemos, María Eugenia Vidal.
“Son unas 800 las vacantes que tenemos en la provincia de Buenos Aires, es un retraso que nunca hubo en el tema de nombramientos. Faltan tres miembros de la Corte Suprema de Justicia, jueces de primera instancia, de segunda instancia, faltan fiscales y también defensores oficiales. Eso redunda en un deficiente servicio de justicia y además una recarga laboral para los trabajadores”, explicó Russo en una entrevista con Diputados Bonaerenses.-
En este sentido, el titular de la AJB marcó como principal preocupación el impacto que tienen las vacantes en el servicio de justicia que reciben los habitantes de la provincia de Buenos Aires, pero también reparó en las la sobrecarga laboral en la que redundan para los trabajadores judiciales que, en la mayoría de casos, deben quedarse más de su horario laboral para colaborar con la labor de los magistrados subrogantes.
“Estamos con un atraso considerable en la fijación de audiencias, porque para integrarlas es muy complicado. Con lo cual también estamos teniendo un déficit en esta materia lo que obviamente se traslada en una recarga laboral para nosotros, pero también un mal servicio de justicia”, ahondó Hugo Russo
Así, como viene dando cuenta este medio, el cuello de botella para la tan necesaria designación de jueces, fiscales y defensores oficiales se ubica en el Senado bonaerense, cuerpo encargado de prestar acuerdos para el avance de ese trámite, donde el diálogo entre el oficialismo y la oposición de Juntos por el Cambio se dificulta considerablemente.
Ocurre que, en lo que va del primer mandato del gobernador Axel Kicillof que terminará el 10 de diciembre que viene, el Senado bonaerense apenas prestó acuerdo para el avance de unos 92 pliegos judiciales, de los cuales 41 fueron aprobados en soledad por Juntos por el Cambio, cuando ostentaba la mayoría de bancas en la Cámara alta.-
Este tema fue motivo de varias quejas del reelecto Gobernador, que en varias oportunidades criticó públicamente a la oposición parlamentaria por “trabar” el tratamiento de los pliegos judiciales girados a la Legislatura bonaerense. La última vez que se refirió al tema fue en la conferencia de prensa que brindó a horas del triunfo electoral del 22 de octubre pasado.
Consejo de la Magistratura
En este contexto, el secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense también volvió a reclamar que el gremio tenga representación en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, actualmente integrado únicamente por representantes del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Colegio de Abogados.
“Nosotros no somos parte del Consejo de la Magistratura por una decisión del establishment. El gremio tendría que estar sentado hoy. Sin embargo, nosotros a fuerza de voluntad y de pedido estamos participando de la opinión sobre los pliegos. Es importante para nosotros sentar posición porque hay mucha gente de carrera, que ha hecho un largo recorrido, con 20, 25 o 30 años de experiencia, que deben ser reconocidos”, destacó Russo
Del mismo modo, el titular de la AJB objetó que la designación de magistrados, a diferencia de lo que ocurre con los cargos ejecutivos o legislativos, este “vedada para el pueblo”. “Los Consejos de la Magistratura del país funcionan así, son organismos cerrados por el establishment. Tenemos que ir a una reforma y opinar considerablemente”, reforzó.
“Vos preguntas a la gente quién es el comisario de la zona y lo conoce, también al consejero escolar, en cambio le preguntas quién es su juez y no lo conoce nadie… entonces así funciona la justicia, porque se hace todo a puertas cerradas”, opinó Russo.
Falta de presupuesto
Al mismo tiempo, Russo sostuvo que otro agravante del preocupante cuadro que atraviesa la Justicia bonaerense es la falta de presupuesto, que se profundizó de manera considerable durante la gestión de la exgobernadora de Cambiemos, María Eugenia Vidal.
“El presupuesto últimamente viene a la baja, con al Corte Suprema bonaerense como una de las responsables de esta situación. Aunque celebramos el incremento en materia sanitaria y educativa, producto de la respuesta a la pandemia, hay que decir que nuestro presupuesto viene cayendo. Los instrumentos tecnológicos incorporados necesitan insumos. Hay juzgados de paz donde hay que pedir prestado WiFi”, ejemplificó.
En paralelo, Russo criticó al gobierno de Vidal a quien sindicó como otra de las “principales responsables” de la falta de presupuesto de la Justicia bonaerense y generó expectativas sobre la posibilidad de que la gestión de Kicillof, pasada la pandemia, se ocupe de este tema.
País
Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
