El titular de la AJB, Hugo Russo, habló del impacto negativo de las casi 800 vacantes que tiene la Justicia bonaerense y volvió a reclamar una silla para el gremio en el Consejo de la Magistratura.

Categorías:Provincia14 noviembre, 2023

El secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Hugo Russo, salió a marcar posición sobre el impacto negativo que generan las casi 800 vacantes que arrastra la Justicia de la provincia de Buenos Aires, reclamó una silla para el gremio en el Consejo de la Magistratura, órgano a cargo de seleccionar a los postulantes a magistrados, y volvió a quejarse por la falta de presupuesto, que se profundizó durante la gestión de la exgobernadora de Cambiemos, María Eugenia Vidal.

“Son unas 800 las vacantes que tenemos en la provincia de Buenos Aires, es un retraso que nunca hubo en el tema de nombramientos. Faltan tres miembros de la Corte Suprema de Justicia, jueces de primera instancia, de segunda instancia, faltan fiscales y también defensores oficiales. Eso redunda en un deficiente servicio de justicia y además una recarga laboral para los trabajadores”, explicó Russo en una entrevista con Diputados Bonaerenses.-

En este sentido, el titular de la AJB marcó como principal preocupación el impacto que tienen las vacantes en el servicio de justicia que reciben los habitantes de la provincia de Buenos Aires, pero también reparó en las la sobrecarga laboral en la que redundan para los trabajadores judiciales que, en la mayoría de casos, deben quedarse más de su horario laboral para colaborar con la labor de los magistrados subrogantes.

“Estamos con un atraso considerable en la fijación de audiencias, porque para integrarlas es muy complicado. Con lo cual también estamos teniendo un déficit en esta materia lo que obviamente se traslada en una recarga laboral para nosotros, pero también un mal servicio de justicia”, ahondó Hugo Russo

Así, como viene dando cuenta este medio, el cuello de botella para la tan necesaria designación de jueces, fiscales y defensores oficiales se ubica en el Senado bonaerense, cuerpo encargado de prestar acuerdos para el avance de ese trámite, donde el diálogo entre el oficialismo y la oposición de Juntos por el Cambio se dificulta considerablemente.

Ocurre que, en lo que va del primer mandato del gobernador Axel Kicillof que terminará el 10 de diciembre que viene, el Senado bonaerense apenas prestó acuerdo para el avance de unos 92 pliegos judiciales, de los cuales 41 fueron aprobados en soledad por Juntos por el Cambio, cuando ostentaba la mayoría de bancas en la Cámara alta.-

Este tema fue motivo de varias quejas del reelecto Gobernador, que en varias oportunidades criticó públicamente a la oposición parlamentaria por “trabar” el tratamiento de los pliegos judiciales girados a la Legislatura bonaerense. La última vez que se refirió al tema fue en la conferencia de prensa que brindó a horas del triunfo electoral del 22 de octubre pasado.

Consejo de la Magistratura

En este contexto, el secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense también volvió a reclamar que el gremio tenga representación en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, actualmente integrado únicamente por representantes del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Colegio de Abogados.

“Nosotros no somos parte del Consejo de la Magistratura por una decisión del establishment. El gremio tendría que estar sentado hoy. Sin embargo, nosotros a fuerza de voluntad y de pedido estamos participando de la opinión sobre los pliegos. Es importante para nosotros sentar posición porque hay mucha gente de carrera, que ha hecho un largo recorrido, con 20, 25 o 30 años de experiencia, que deben ser reconocidos”, destacó Russo

Del mismo modo, el titular de la AJB objetó que la designación de magistrados, a diferencia de lo que ocurre con los cargos ejecutivos o legislativos, este “vedada para el pueblo”. “Los Consejos de la Magistratura del país funcionan así, son organismos cerrados por el establishment. Tenemos que ir a una reforma y opinar considerablemente”, reforzó.

“Vos preguntas a la gente quién es el comisario de la zona y lo conoce, también al consejero escolar, en cambio le preguntas quién es su juez y no lo conoce nadie… entonces así funciona la justicia, porque se hace todo a puertas cerradas”, opinó Russo.

Falta de presupuesto

Al mismo tiempo, Russo sostuvo que otro agravante del preocupante cuadro que atraviesa la Justicia bonaerense es la falta de presupuesto, que se profundizó de manera considerable durante la gestión de la exgobernadora de Cambiemos, María Eugenia Vidal.

“El presupuesto últimamente viene a la baja, con al Corte Suprema bonaerense como una de las responsables de esta situación. Aunque celebramos el incremento en materia sanitaria y educativa, producto de la respuesta a la pandemia, hay que decir que nuestro presupuesto viene cayendo. Los instrumentos tecnológicos incorporados necesitan insumos. Hay juzgados de paz donde hay que pedir prestado WiFi”, ejemplificó.

En paralelo, Russo criticó al gobierno de Vidal a quien sindicó como otra de las “principales responsables” de la falta de presupuesto de la Justicia bonaerense y generó expectativas sobre la posibilidad de que la gestión de Kicillof, pasada la pandemia, se ocupe de este tema.

Un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) reveló que la pobreza ascendió en octubre a 42,9%. Alrededor de 43% de las personas viven en hogares de bajos recursos.

La población urbana de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en el primer semestre de 2023 se ubicó en torno al 40,1%. De acuerdo con el informe, de un total de 29.4 millones de personas, alrededor de 12.5 millones viven en hogares urbanos pobres, según el INDEC.

Por su parte, la proyección de pobreza elaborada por la UTDT estima la incidencia de esta variable, medida en términos del porcentaje de personas que viven en hogares pobres, en forma semestral. Se actualiza todos los meses y la estimación está basada en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC junto a proyecciones de la canasta básica total (CBT) utilizando el Índice de Precios al Consumidor y a proyecciones de los deciles de ingreso total familiar.

La CBT promedio de la región del Gran Buenos Aires (GBA) para el semestre de referencia se estimó en $89.013 por adulto equivalente, lo que representa un aumento interanual de 134.8%.

En base a estos datos, se proyectó que el promedio del ingreso total familiar (ITF) del semestre alcanzaría un incremento interanual de 111.3%, es decir 23,5 puntos porcentuales por debajo del valor del costo de vida de los argentinos.

Aumento de la pobreza

La incidencia proyectada es un promedio ponderado de una tasa de pobreza estimada en 41,6% para el bimestre mayo-junio de 2023, 42,6% para el tercer trimestre de 2023 y 46,6% para octubre de 2023.

Ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer el dato de inflación de octubre. Si bien continúa alta, se desaceleró hasta el 8,3%, después de marcar cifras récord de 12,4% en agosto y 12,7% en septiembre, como consecuencia de la devaluación post PASO.

Este miércoles se espera el dato de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) del mes pasado, donde se podrá observar el impacto de la suba de precios, aunque de manera más moderada que meses anteriores.

Con información de agencia Télam

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para establecer un plazo de duración a las inspecciones que realiza la AFIP en las pequeñas, medianas y grandes empresas, de manera que no supere el año de acuerdo al tamaño de la firma relevada por el organismo recaudador.

La iniciativa fue elaborada por el diputado de Evolución Radical, Martín Tetaz, y cuenta con el aval de sus pares del interbloque Juntos por el Cambio (JXC) Héctor Stefani, Graciela Ocaña, Manuel Aguirre, Fernando Carbajal, Mario Barletta, Gerardo Cipolini, Marilú Quiroz, Ana Clara Romero, Pablo Torello, Carlos Zapata y Gabriela Lena.

El proyecto propone modificar la Ley de Procedimiento Tributario, de manera de establecer plazos máximos de fiscalización de ente 6 y 12 meses de acuerdo al tamaño de la empresa.

En ese sentido, la iniciativa postula que "el plazo general de una inspección dependerá del tipo de contribuyente sujeto a fiscalización, teniendo en cuenta la caracterización del mismo consignada en el sistema registral del organismo recaudador a la fecha de inicio de inspección".

En el caso de los pequeños contribuyentes: personas humanas y sucesiones indivisas caracterizadas en el Sistema Registral como “pequeño contribuyente”, el plazo máximo sería de 6, contados desde la notificación de inicio del procedimiento.

La iniciativa prevé la posibilidad de ampliar ese plazo si el contribuyente solicitó prórroga para otorgar la documentación requerida y la misma fue otorgada.

También puede ampliarse si se detecta en el proceso de fiscalización, la utilización de facturas apócrifas o existe la presunción de la configuración de delitos tales como lavado de activos, defraudación fiscal, entre otros delitos tipificados en las legislaciones vigentes.

Tetaz, en un comunicado, señaló que "esta medida va a hacer que el sistema tributario sea más eficiente y previsible. Necesitamos construir orden y confianza en el Estado para poder sacar a la Argentina adelante".